Nacionales
Ecuador: el narcotráfico pone a los civiles en la mira de sus ataques
Por primera vez en el país, los atentados ligados a bandas del narcotráfico tuvieron como objetivo un centro comercial y hasta un dispensario de salud. Durante la primera semana de noviembre de 2022, Ecuador vivió conmocionado por el caos que el narcotráfico y el crimen organizado generó en varias ciudades.
Coches bombas, explosiones a gasolineras, atentados a las unidades de Policía, seis uniformados asesinados, ataques en un centro comercial, en el edificio municipal de Durán (Guayas) y balaceras frente a un centro de salud.
Las bandas delictivas cruzaron una línea roja, que incluso se respeta en las guerras: no atacar a la población civil.
Tras los disparos contra el centro médico tipo C en Bastión Popular en Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública (MSP) calificó el hecho como “un acto de barbarie”. Producto del ataque, una persona falleció y otra resultó herida.
El MSP recordó que los centros de salud son zonas de paz y están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, que juzgan estos atentados como crímenes de guerra.
Miedo entre la población civil Los ataques a la población civil, en centros comerciales o lugares públicos, son un libreto ya conocido por países de la región como Colombia y México.
“En México lo que ocurrió es que estos grupos, ante la ausencia del Estado, comenzaron una destrucción de la sociedad”, explica el investigador y especialista en Derechos Humanos de México, Jacobo Dayán.
Según Dayán, la intención es que las escenas de terror no solo sean una ofensa al Estado, sino a la sociedad entera. “Generan temor y la sociedad ante cualquier amenaza empieza a ceder”, añade.
En efecto, el analista colombiano de seguridad Hugo Acero señala que el miedo provoca que la población “termine presionando a las autoridades para que no toque a los delincuentes”.
“En Colombia tuvimos circunstancias en que los propios ciudadanos decían que no ataquen más a estos delincuentes, porque nos van a matar a todos”. Hugo Acero, experto colombiano.
Ambos analistas coinciden en que la respuesta del Estado debe ser contundente, pero hay que atacar el problema de raíz: retomar el control de las cárceles.
“Si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad y el control en un espacio confinado como una prisión, ¿Qué se puede esperar del resto del país?”, dice Dayán.
A Dayán le preocupa que estos episodios de violencia extrema generan que la población y la clase política pidan militarizar la seguridad. “Está comprobado, en cualquier parte del mundo, que eso solo logra que el Estado entre en una fase de guerra y de más violencia”, agrega el experto mexicano.
Militares en las calles
Militares en las calles hasta ahora, las acciones del Gobierno apuntan a enviar a los militares a las calles y asignarles tareas de seguridad en las cárceles, a través de los estados de excepción.
Solo en el gobierno del presidente Guillermo Lasso se han decretado seis medidas de este tipo, para paliar la crisis de seguridad.
El analista colombiano comenta que en su país, el Gobierno reaccionaba a los atentados con acciones de Inteligencia Policial, haciendo allanamientos y capturando a los responsables.
“Aún así sucedían hechos de terrorismo, pero contábamos con un elemento importante y era la participación de los ciudadanos, porque ellos tienen la información”, dice Acero. Por el momento, el Gobierno ha informado que los operativos a raíz del estado de excepción han detenido más de 1.000 personas en el país, hasta el 5 de noviembre.
Incluso se habilitó una línea exclusiva para que los ciudadanos denuncien a los agresores, y se activó un plan de recompensa. Además, se anunció la inversión de USD 58 millones para equipar a la Policía, con uniformes, chalecos antibalas y nuevos vehículos. Y el Gobierno prometió USD 159 millones para la construcción de nuevas unidades policiales. Pero, Dayán sostiene que parte del trabajo debe apuntar a fortalecer las Fiscalías y a eliminar los vínculos criminales con la clase política. Fuente: Primicias
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
El gigante petrolero estadounidense Chevron y su filial TexPet abrieron un nuevo frente judicial contra el Estado ecuatoriano. El 17 de julio de 2026, las empresas presentaron una petición formal ante la Corte del Distrito de Columbia.
El objetivo principal de esta acción legal es lograr que la justicia norteamericana reconozca y ejecute las obligaciones compensatorias impuestas a las petroleras. Este laudo fue emitido en La Haya el 17 de noviembre de 2025.
Según los documentos ingresados al proceso, el monto adeudado asciende a USD 224,3 millones. Esta cifra incluye los daños, los intereses previos a la decisión arbitral y los recargos acumulados generados hasta el mes en que se inició la causa.
Las compañías demandantes aseguran que Ecuador se ha negado por completo a pagar estos valores. Por este motivo, decidieron acudir a las cortes para cobrar la deuda derivada de esta compleja disputa que ha durado más de 17 años. Fuente: Primicias
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