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Selección y notificación de los miembros de las juntas receptoras del voto en Zamora Ch.

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Desde el 20 de octubre, los ecuatorianos podían acceder a la página web del Consejo Nacional Electoral y constatar el lugar de votación, pero sobretodo pueden verificar si son miembros de la Junta Receptora del Voto (JRV). El director de la delegación provincial del CNE, Andersson Silva, determinó que, a partir de ahora, los funcionarios de la institución deben atravesar un trabajo arduo, pues deben recorrer el territorio provincial para notificar a los seleccionados de la JRV de la zona rural, principalmente en las zonas más alejadas de las cabeceras cantonales.

En Zamora Chinchipe existen 371 Juntas Receptoras del Voto (JRV) con 122 recintos electorales, más cantidad de rurales que urbanos. Para ello, necesitan un total 2597 personas, mismos que han sido seleccionados a través de la recolección de información. De un total 4500 datos de información, que fueron tomados de universidades, instituciones públicas, empresas privadas y de los mismos sectores donde están los recintos electorales.

De las 2597 personas; 944 está conformado por estudiantes universitarios, 352 personas que se encuentran en el sector privado, 487 funcionarios públicos, 797 son ciudadanos que residen en las zonas de los recintos electorales y del padrón electoral escogieron 17 personas de toda la provincia de Zamora Chinchipe.

Los próximos días se han plantean recorrer todos los puntos más alejados a la cabecera provincial y de las cabeceras cantonales para hacer llegar la notificación con la finalidad de garantizar la democracia, dice Silva.

A través de los correos electrónicos a estudiantes y servidores públicos, emiten información con la notificación como miembro de la JRV, pero en la provincia existe más JRV en la zona rural, lo que implica que los servidores deben trasladarse hasta el territorio y conlleva más tiempo y esfuerzo.

Como delegación provincial están fomentando la capacitación a los jóvenes colegiales para que tengan una idea de lo que significa ser miembro de la Junta Receptora del Voto, para cuando la edad, así lo disponga, pese a ser convocatorias reiteradas. Las personas que participen como miembros, les será reconocido con compensaciones económicas y día libre.

En las pasadas elecciones generales pudieron palpar que hubo ciertas inconsistencias, entonces es un tema de práctica, mas no de teoría.

Una vez notificado el miembro, si no se presenta a la capacitación y si no asiste el día de las elecciones estará predispuesto a una sanción por dos contravenciones, 1 por no ejercer el voto y otra por abandono de la JRV.

Avances del proceso de candidaturas.

Las organizaciones ya están presentando los RUC, cuentas de banco, proyecciones de gasto de fiscalización. Mientras que la institución está empezando a realizar el monitoreo de vías por el tema de los artículos promocionales. Cerca de 17 medios de comunicación se han registrado.

Estan avanzando en el proceso de calificación, por lo que consideran que, hasta el fin de año, cerraran las cuentas de campaña del proceso anterior. En los próximos días se podrá conocer a los medios de comunicación calificados para este proceso electoral.

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Yantzaza se levanta en defensa del territorio, la seguridad y la vida

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La mañana de este miércoles 30 de abril, la ciudadanía del cantón Yantzaza protagonizó una marcha pacífica y multitudinaria en rechazo a la minería ilegal y a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del cantón. Barrios como La Floresta, La Florida, Gran Colombia, Playa Rica, Piedra Liza y otros de la ciudad de Yantzaza se unieron en una sola voz para exigir atención inmediata por parte de las autoridades del Gobierno Nacional y de los organismos de control, frente a una situación que consideran crítica y desbordada.

La jornada, llegó con el cierre de la vía troncal amazónica a la altura del sector Piedra Liza, estuvo marcada por testimonios conmovedores de los habitantes cuyas propiedades agrícolas y formas de vida se han visto gravemente afectadas por la presencia de minería ilegal en las riberas del río Zamora. “Nos están dejando sin tierras para producir. Aquí sembramos yuca, plátano, maíz, frejol, papaya, cacao… de todo. Ya no tenemos escuela, no tenemos luz ni vía. Nos están destruyendo”, expresó una moradora del sector entre lágrimas, reflejando la indignación compartida por cientos de familias.

Durante la manifestación, se denunció que desde hace más de medio año, las operaciones ilegales se han intensificado de forma alarmante, provocando desplazamiento de tierras, afectación directa a las riberas del río y amenazas al equilibrio ambiental. “La minería irresponsable no solo contamina, sino que desestructura nuestras comunidades. El río está cambiando su curso y eso podría arrasar barrios enteros como La Florida y La Floresta”, mencionó otro de los manifestantes.

Las comunidades presentes, agrupadas bajo el Frente en Defensa de las Riberas del Río Zamora, sostienen que han presentado reiteradas denuncias ante la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCOM), sin recibir hasta la fecha una respuesta efectiva. De hecho, acusan filtraciones internas que permiten a los operadores ilegales retirar maquinaria antes de los operativos oficiales. “Cuando vienen los controles, las máquinas ya no están. Alguien les avisa. Hay corresponsabilidad en las instituciones del Estado”, subrayó el secretario del Frente.

A esto se suma el pronunciamiento del jefe político del cantón Yantzaza, quien reconoció el derecho a la resistencia de los ciudadanos y afirmó que se han extendido invitaciones a representantes de ARCOM y del Ministerio del Ambiente para que dialoguen directamente con las comunidades. No obstante, insistió en la necesidad de mantener abiertas las vías de comunicación y evitar medidas que afecten la libre movilidad. “No estamos en contra de la minería. Estamos en contra de la minería irresponsable que atenta contra el derecho a vivir en un ambiente sano”, afirmó.

La situación en Yantzaza evidencia una problemática estructural que combina la permisividad institucional, la falta de regulación oportuna y el debilitamiento del control estatal sobre actividades extractivas no autorizadas. La ciudadanía, cansada de esperar respuestas, ha decidido actuar bajo el amparo del artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce el derecho a la resistencia frente a actos u omisiones de autoridades públicas que vulneren derechos constitucionales.

La exigencia principal es clara: la presencia urgente de autoridades competentes, entre ellas la gobernadora de Zamora Chinchipe, representantes de ARCOM y del Ministerio de Ambiente y Agua, para establecer un diálogo directo y soluciones efectivas. Los manifestantes advierten que las medidas adoptadas continuarán de manera indefinida hasta recibir una respuesta oficial que garantice el respeto a sus derechos territoriales, ambientales y humanos.
Este hecho representa un momento histórico en la organización ciudadana del sur amazónico y una alerta urgente para las autoridades del Estado. El clamor de las comunidades es contundente: no más minería ilegal, no más indiferencia institucional, no más abandono.

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«Premian a Lundin Gold por liderazgo en sostenibilidad minera»

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Juan José Herrera, líder del equipo de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, empresa canadiense operadora de la mina de oro subterránea a gran escala Fruta del Norte, ubicada en Zamora Chinchipe, recibió el galardón “Visionarios de la Sostenibilidad”, durante la Cumbre de Sostenibilidad ESG 2025, organizada por Grupo EKOS. Esta distinción destaca el enfoque estratégico de la Compañía en el desarrollo de una minería responsable que se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El reconocimiento fue entregado a Juan José Herrera, director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, quien lidera la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad de la Compañía. “Este es un reconocimiento al trabajo de todo un equipo comprometido con hacer las cosas bien y generar valor compartido. Fruta del Norte es un modelo en la excelencia operacional que fomenta el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Zamora Chinchipe y el Ecuador. En Lundin Gold la sostenibilidad es un eje central de nuestra cultura organizacional que transparenta nuestra gestión con una visión de largo plazo”.
A lo largo de esta década en el país, Lundin Gold ha demostrado que la minería industrial bien hecha se fundamenta en el Trabajo con Seguridad, Cuidado del Ambiente y Respeto, los tres principios fundamentales de la Compañía.
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Ejército asesta nuevo golpe a la minería ilegal en Zamora Chinchipe

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A través de una publicación oficial en su página institucional, el Ejército Ecuatoriano informó sobre la ejecución de un nuevo operativo militar en contra de la minería ilegal en la provincia de Zamora Chinchipe, específicamente en los cantones de Yacuambi y Yantzaza.

Estas acciones forman parte de una estrategia interinstitucional que involucra a las Fuerzas Armadas en coordinación con otras entidades del Estado, con el objetivo de contrarrestar los crecientes impactos legales, sociales y ambientales derivados de la extracción ilegal de minerales en esta zona del país.

Durante la operación, el personal militar procedió al decomiso de maquinaria y equipos utilizados para actividades extractivas no autorizadas, entre ellos:
• 2 excavadoras
• 3 motores de succión
• 2 clasificadoras tipo Z
• 2 motores de luz

Las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes para el desarrollo de los respectivos trámites legales, conforme lo establece la normativa vigente en materia de delitos ambientales y minería ilegal.

El Ejército Ecuatoriano reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y la protección de los recursos naturales, especialmente en territorios altamente vulnerables como Zamora Chinchipe, donde la minería ilegal representa una amenaza creciente para los ecosistemas, las fuentes hídricas y las comunidades locales.

Estas operaciones también buscan reforzar el principio constitucional de sostenibilidad ambiental y garantizar que los recursos naturales sean aprovechados bajo condiciones legales, técnicas y con responsabilidad social.

Las instituciones involucradas hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de actividades ilícitas, y exhortan a las autoridades competentes a mantener un seguimiento riguroso de los casos detectados, con el fin de evitar que estos hechos queden en la impunidad.

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