“Nosotras y nosotros, el pueblo soberano de la provincia de Napo, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando la naturaleza, la pachamama de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, bajo la potestad y el poder que le enviste la Constitución de la República del Ecuador”. Es la consigna que caracteriza a la población napense.

Federico Tapuy es el actual presidente y vocero de Federación de Organizaciones Indígenas (FOIN) y Nacionalidad Kichwa Amazónica del Napo (NAKIAN), quien asumió el cargo desde el 05 de agosto de 2022. En conjunto con otros movimientos sociales y ambientales como ‘Napo resiste’, se encuentran en la lucha de la defensa de las cuencas hidrográficas y de la naturaleza de esta provincia y su principal objetivo es la finalización de la extracción aurífera por parte de empresas mineras.

El contexto define a esta situación como el incumplimiento de una resolución dictada por la Corte Provincia de Justicia de Napo con el fallo a favor de la acción y protección de los colectivos que defienden la naturaleza y el medio ambiente. Además, exigen que se declare a esta provincia en estado de emergencia ambiental por la vulneración de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero sobre todo de la naturaleza.

En una entrevista para Diario El Amazónico, Tapuy, indicó que: “El 75% de la población Kichwa está preocupada e indignada frente a lo sucedido en nuestra provincia con respecto a la minería”. Añade el presidente, al asistir a los medios de comunicación para dar a conocer el sentir de la ciudadanía napense.

Como organizaciones hace 20 días, realizaron una marcha ante las autoridades competentes, en ese caso ante el gobernador de la provincia de Napo, Alirio Grefa, para que escuche la petición de la ciudadanía de declarar en estado de emergencia ambiental a la provincia de Napo. Como colectivos presentaron la petición, pero las autoridades hicieron caso omiso.

Hace 15 días hicieron una marcha en la ciudad de Quito frente al Ministerio del Ambiente, donde los recibió el viceministro de esta cartera de estado, Oscar Rojas. Haciéndole llegar el pedido, pero no como colectivo, sino como provincia, donde les manifestó su apoyo, pero hasta el momento no ha resaltado tal ofrecimiento.

Adicionalmente, han solicitado la inspección inmediata de la zona de influencia. Por ejemplo, el río Huapuno de la parroquia Ahuano es un recurso hídrico que se ha visto afectado por las prácticas mineras.

La ciudadanía ha evidenciado que las marchas pacíficas realizadas, no han generado mayor repercusión, pues no han tenido respuestas positivas de parte de las autoridades. Pero seguirán exigiendo hasta que se les cumpla sus requerimientos, y en el caso de que no ocurra así, acudirán a instancias internacionales. El abogado defensor de la organización, Julio Cerda, está en coordinación con el resto de organizaciones. En el caso de no haber soluciones, están dispuestos a tomar otras acciones en conjunto con los movimientos sociales.

Conocen de la intención de ingreso de empresas a las comunidades, pero estarán alerta para establecer diálogos y que eso no se concrete. Piden que las empresas mineras acantonadas en estos sectores, realicen sus actividades mineras con responsabilidad ambiental y social.

Palpan un desastre natural en las comunidades y en la provincia de Napo, donde existe desesperación e incertidumbre por la contaminación que generan en el medio ambiente, especialmente de los afluentes caudalosos que la atraviesan.

Definen a los recursos hídricos como: “el origen inicia con la creación del agua, seguida por los bosques, las plantas, los animales y finalmente los humanos. Para las comunidades y nacionalidades, la vida comenzó en el agua, convirtiéndose en la sangre vital de la tierra”. También se basan en el art. 250 de la Constitución del Ecuador, donde reza que, “las provincias amazónicas forman parte del ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta”.  Convirtiéndose en un derecho fundamental de la conservación del medio ambiente, razón por la cual los pueblos, nacionalidades, movimientos sociales y ambientales exigen su cumplimiento.

Los sectores mayormente contaminados son el río Napo, Anzu, Huapuno, entre otros. Dicen estar alertas porque tienen conocimiento de que algunas comunidades están negociando internamente para que ciertas empresas puedan ingresar a operar, pero el resto de comunidades no lo está.

La Federación de Organizaciones Indígenas se creó precisamente para evidenciar el abuso y vulneración de los derechos que se está cometiendo en contra de la naturaleza y de los pueblos indígenas en las zonas de influencia y extracción, concluyó Tapuy.