Por Alcibar Lupercio, periodista.

La aplicación de la Ley de Alivio Financiero, a través de la resolución 2025-0145 emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera, marca un punto de inflexión en la relación entre el sistema financiero y los ciudadanos ecuatorianos. No se trata simplemente de una medida técnica de diferimiento de pagos, sino de un instrumento de política pública con fuerte carga social y sentido de justicia económica.

En medio de una coyuntura marcada por la pérdida de ingresos, el desempleo y el aumento de la morosidad en créditos de consumo —que ya supera el 6,5 %—, la posibilidad de postergar el pago de deudas hasta por 180 días constituye un respiro legítimo y necesario. Su impacto no es menor: preserva la estabilidad de los hogares y previene el colapso de su economía familiar, sin que esto implique costos por mora ni cargos legales.

Desde una perspectiva política, esta medida ratifica la capacidad del Estado para intervenir cuando el bienestar de la población lo exige, protegiendo a quienes han cumplido con sus obligaciones crediticias y que, a pesar de ello, hoy necesitan una pausa. Pero también revela una realidad preocupante: algunas entidades financieras niegan este derecho o informan de manera incorrecta, contraviniendo no solo la resolución oficial sino el principio de transparencia al que están obligadas.

Por ello, es imprescindible recordar que este beneficio aplica en todo el sistema financiero: bancos públicos, privados y cooperativas, y que ninguna entidad puede negarse a otorgarlo si se cumplen las condiciones establecidas. En caso de negativa, el camino correcto es presentar una queja formal ante la Junta de Política y Regulación Financiera o ante las Superintendencias correspondientes. El silencio o el rechazo infundado es una falta institucional que debe ser corregida.

Sin embargo, postergar no significa olvidar. El alivio financiero no es una condonación, sino un diferimiento que extiende el plazo del crédito: por ejemplo, si un préstamo finalizaba en diciembre de 2026, tras acogerse a los seis meses de alivio, se terminará de pagar en junio de 2027. Este acuerdo, voluntario y claro, debe formar parte de una estrategia de reorganización financiera responsable, tanto por parte del ciudadano como de las entidades.

En síntesis, el alivio financiero es una oportunidad que demanda corresponsabilidad. Su éxito depende de usuarios informados, bancos comprometidos y autoridades vigilantes. Solo así, esta política podrá cumplir su verdadero objetivo: garantizar una recuperación económica con rostro humano, centrada en la dignidad de quienes siguen apostando por cumplir, aun en medio de la adversidad.

La mañana de este miércoles 30 de abril, la ciudadanía del cantón Yantzaza protagonizó una marcha pacífica y multitudinaria en rechazo a la minería ilegal y a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del cantón. Barrios como La Floresta, La Florida, Gran Colombia, Playa Rica, Piedra Liza y otros de la ciudad de Yantzaza se unieron en una sola voz para exigir atención inmediata por parte de las autoridades del Gobierno Nacional y de los organismos de control, frente a una situación que consideran crítica y desbordada.

La jornada, llegó con el cierre de la vía troncal amazónica a la altura del sector Piedra Liza, estuvo marcada por testimonios conmovedores de los habitantes cuyas propiedades agrícolas y formas de vida se han visto gravemente afectadas por la presencia de minería ilegal en las riberas del río Zamora. “Nos están dejando sin tierras para producir. Aquí sembramos yuca, plátano, maíz, frejol, papaya, cacao… de todo. Ya no tenemos escuela, no tenemos luz ni vía. Nos están destruyendo”, expresó una moradora del sector entre lágrimas, reflejando la indignación compartida por cientos de familias.

Durante la manifestación, se denunció que desde hace más de medio año, las operaciones ilegales se han intensificado de forma alarmante, provocando desplazamiento de tierras, afectación directa a las riberas del río y amenazas al equilibrio ambiental. “La minería irresponsable no solo contamina, sino que desestructura nuestras comunidades. El río está cambiando su curso y eso podría arrasar barrios enteros como La Florida y La Floresta”, mencionó otro de los manifestantes.

Las comunidades presentes, agrupadas bajo el Frente en Defensa de las Riberas del Río Zamora, sostienen que han presentado reiteradas denuncias ante la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCOM), sin recibir hasta la fecha una respuesta efectiva. De hecho, acusan filtraciones internas que permiten a los operadores ilegales retirar maquinaria antes de los operativos oficiales. “Cuando vienen los controles, las máquinas ya no están. Alguien les avisa. Hay corresponsabilidad en las instituciones del Estado”, subrayó el secretario del Frente.

A esto se suma el pronunciamiento del jefe político del cantón Yantzaza, quien reconoció el derecho a la resistencia de los ciudadanos y afirmó que se han extendido invitaciones a representantes de ARCOM y del Ministerio del Ambiente para que dialoguen directamente con las comunidades. No obstante, insistió en la necesidad de mantener abiertas las vías de comunicación y evitar medidas que afecten la libre movilidad. “No estamos en contra de la minería. Estamos en contra de la minería irresponsable que atenta contra el derecho a vivir en un ambiente sano”, afirmó.

La situación en Yantzaza evidencia una problemática estructural que combina la permisividad institucional, la falta de regulación oportuna y el debilitamiento del control estatal sobre actividades extractivas no autorizadas. La ciudadanía, cansada de esperar respuestas, ha decidido actuar bajo el amparo del artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce el derecho a la resistencia frente a actos u omisiones de autoridades públicas que vulneren derechos constitucionales.

La exigencia principal es clara: la presencia urgente de autoridades competentes, entre ellas la gobernadora de Zamora Chinchipe, representantes de ARCOM y del Ministerio de Ambiente y Agua, para establecer un diálogo directo y soluciones efectivas. Los manifestantes advierten que las medidas adoptadas continuarán de manera indefinida hasta recibir una respuesta oficial que garantice el respeto a sus derechos territoriales, ambientales y humanos.
Este hecho representa un momento histórico en la organización ciudadana del sur amazónico y una alerta urgente para las autoridades del Estado. El clamor de las comunidades es contundente: no más minería ilegal, no más indiferencia institucional, no más abandono.