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Judicatura sometida al control político de la Asamblea Nacional

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Hasta el momento aún es un misterio si la oposición tiene los 92 votos para censurar y destituir al Consejo de la Judicatura (CJ). Mientras la nueva mayoría abraza esa intención el oficialismo dice que no tienen los votos. En medio de acusaciones de parte y parte de pretender tomarse la justicia, se convocó para hoy,jueves 1 de septiembre, la continuidad de la sesión 797, a partir de las 10h00.

Ayer, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el juicio político en contra de Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura y de la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la ley.

En la sesión de este miércoles se expusieron las pruebas de cargo por parte de los asambleístas interpelantes Viviana Veloz y Luis Almeida; y, de descargo.

La asambleísta Viviana Veloz, señaló que el juicio político tiene como objetivo que la justicia recupere su autonomía e independencia. En sus argumentos precisó que el Consejo de la Judicatura incumplió sus funciones al no llamar a concurso de méritos y oposición para cubrir el déficit de 400 jueces y fiscales.

Mencionó que a través de 100 pruebas documentales y testimoniales demostró que la evaluación de jueces y conjueces estuvo llena de falencias, ilegalidades e irregularidades, así como en la selección de fiscales provinciales. Afirmó que hubo violación a la seguridad jurídica en el proceso de evaluación de 16 de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia. La norma dice que se debe evaluar por tercios, cada tres años, pero se lo hizo a casi su totalidad, es decir no se respetó el debido proceso ni se lo hizo en el momento oportuno.

Viviana Veloz enfatizó que no existe la figura de conjueces temporales a la que acudieron los actuales vocales del Consejo de la Judicatura para llenar las vacantes que se produjeron con la ilegal separación de los jueces que no superaron la fase de evaluación. Se incumplió el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial al no tomar en cuenta el banco de elegibles, subrayó.

Aseveró que al dejar en manos de una Comisión o un Comité de Apoyo la evaluación se contravinieron expresas normas legales que prohíben la delegación de las funciones del Consejo. Se violó el principio de legalidad, dijo Viviana Veloz al señalar que demostró de forma técnica y jurídica el incumplimiento de funciones.

De conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Viviana Veloz mocionó la censura de María del Carmen Mandonado, extitular del Consejo de la Judicatura y la censura y destitución de los vocales Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno por haber incumplido sus funciones.

De inmediato, el parlamentario Luis Almeida habló de la serie de incumplimientos del Consejo de la Judicatura, que no quiso solucionar los problemas que tiene la justicia ecuatoriana. Mencionó que el vocal Morillo manejó el sistema de administración de sorteos y citaciones donde desaparecían demandas. Indicó que el Parlamento debe liberar a la justicia. Hago mías las expresiones y moción de la legisladora Viviana Veloz, indicó Luis Almeida, al señalar que hace falta la evaluación de jueces a nivel nacional.

Luego, le tocó el turno a Fausto Murillo, actual presidente del Consejo de la Judicatura, quien recordó que el juicio político tiene reglas mínimas y su deber es defender la gestión llevada adelante. Seguidamente, expuso las normas y resoluciones que facultan a este organismo a evaluar el desempeño de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, proceso que nace de un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

Dijo que de conformidad con la Constitución, el Consejo de la Judicatura se encargó de evaluar a los jueces con el apoyo de un comité de expertos que brindaba asistencia técnica, pero jamás delegó esta competencia. La evaluación a los jueces se lo hizo de forma técnica y objetiva para remover a aquellos funcionarios que no alcanzaron un puntaje de 80%, es decir, jueces incompetentes que no estaban capacitados para administrar justicia. Aclaró que los jueces removidos no tienen derecho a una segunda oportunidad porque están fuera de la carrera judicial.

Murillo señaló que para no suspender el sistema nacional de justicia, porque el 80% de jueces no superó las pruebas de evaluación, nombró a conjueces, de conformidad con lo que establece el artículo 40, numeral 2 del Código de la Función Judicial. Sobre el nombramiento de fiscales provinciales, señaló que se declaró la nulidad de ese concurso, porque la Contraloría observó que el sistema no daba seguridad ni transparencia. Indicó que sobre la base de los argumentos expuestos y al no haber causal alguna solicita archivar el juicio político.

De inmediato expuso su defensa el vocal Juan José Morillo, quien subrayó que no existe argumento alguno que demuestre el incumplimiento de funciones. Precisó que el Consejo de la Judicatura realizó un proceso de evaluación al amparo de lo que dispone la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial.

Mencionó que debido al incremento de patrimonios injustificados el Consejo de la Judicatura solicitó a la Contraloría realice un examen especial del patrimonio de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Por último, solicitó archivar el juicio político, ya que -a su criterio- no han incumplido sus funciones.

Después, Maribel Barreno se refirió a las siete acusaciones de los interpelantes. Entre otros, aspectos, justificó la asistencia técnica, jurídica y metodológica del Comité de Apoyo a la Evaluación y dijo que en ningún momento el Consejo delegó sus facultades. La mejor defensa de los interpelados sobre este particular es la sentencia de la Corte Constitucional que determinó que no se evidencia delegación de facultades al Comité de Apoyo, es decir, una cosa juzgada no debe revisarse en el ámbito político, agregó.

Aseguró que la nominación de conjueces temporales se hizo para llenar las vacantes dejadas por los jueces y conjueces que no superaron la evaluación; y, en razón de que estaba agotado el banco de elegibles por efecto de la resolución emitida por Gustavo Jalkh en el 2018. Al finalizar su intervención solicitó archivar el juicio político. Fuente: Ecuador en Vivo

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Caso Narcotentáculos: Allanan domicilios de funcionarios judiciales en Manabí por delincuencia organizada

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La madrugada de este martes 17 de junio, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en la provincia de Manabí como parte del caso ‘Narcotentáculos’, una investigación que apunta a una presunta estructura de delincuencia organizada al interior de la Función Judicial.

Los operativos se realizaron en oficinas y domicilios de funcionarios judiciales de la Corte Provincial de Manabí, para recabar indicios que permitan avanzar en las investigaciones.

La Fiscalía detalló que esta investigación se inició en agosto de 2024, luego de haber receptado los testimonios anticipados de dos exjueces sentenciados dentro del Caso Plaga.

«Mediante acto urgente, se solicitaron las órdenes de allanamiento para incautar evidencias relacionadas con la presunta comisión del delito de delincuencia organizada, respecto a los hechos que investiga», agregó la entidad.

En agosto de 2024, ya se llevaron a cabo allanamientos similares en viviendas y oficinas de jueces y otros funcionarios judiciales de la misma provincia.

En esa ocasión, la Fiscalía indicó que el caso involucra a servidores públicos, abogados en libre ejercicio y particulares, todos presuntamente relacionados con una red que habría manipulado procesos judiciales.

Esta investigación se conecta con los testimonios anticipados del caso ‘Plaga’, otra trama sobre la manipulación de acciones constitucionales en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que favorecieron a personas consideradas de alta peligrosidad. Fuente: Vistazo 

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Jorge Glas sufre depresión, pero está consciente de lo que hace y simula síntomas, según informe psiquiátrico

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El documento tiene 48 páginas y fue realizado por Ángela Salazar, médica con especializaciones en psiquiatría, criminología, neuropsicología y medicina legal. La profesional concluyó que Jorge Glas padece un trastorno depresivo recurrente, simulación consciente y una transformación persistente de la personalidad.

Desde octubre de 2017 y junio de 2025 el ex vicepresidente del correísmo ha estado preso durante 2.280 días, algo más de seis años. La reclusión y los episodios de violencia carcelaria han causado estragos en la salud mental de Glas.

Por esta razón, durante el proceso judicial del caso Reconstrucción de Manabí -en el que Glas debe afrontar un juicio por peculado-, su abogado Andrés Villegas solicitó la aplicación del artículo 76 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ese artículo establece que una persona que es inimputable por un trastorno mental, debe ser internada en un hospital psiquiátrico para que supere su perturbación y logre la inclusión social.

El juzgamiento por esa causa debió instalarse el 6 de junio de 2025. Sin embargo, la jueza Mercedes Caicedo, quien preside el Tribunal, suspendió la diligencia, ya que hasta ese momento no se había presentado el informe del examen psiquiátrico al exfuncionario. Dio un plazo de 10 días para que esto se cumpla.

Finalmente, el 11 de junio de 2025, Ángela Díaz, perito especializada en psiquiatría, presentó su informe en el que concluyó que Glas padece varias afectaciones mentales, pero que su conciencia no se ha visto afectada. Por lo que no recomendó un internamiento psiquiátrico, sino que siga recibiendo atención en la Cárcel La Roca de Guayaquil

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De esta manera, Glas tendrá que acudir el 17 de junio de 2025 a la Corte Nacional de Justicia, dónde afrontará su cuarto juicio en el caso de peculado por la Reconstrucción de Manabí. Antes fue sentenciado en los casos Sobornos y Odebrecht. Mientras que su tercera sentencia por el caso Singue fue anulada en la etapa de casación.

«Yo soy la cabeza de todo porque soy el que está aquí»
«Tengo insomnio crónico, no me atienden, no me dan las medicinas, tengo prohibidas las visitas y el patio desde enero de 2025. Al estar despierto toda la noche me refuerzan las ideas suicidas, el decir: me mato de una vez, así se acabó la historia», es una de las frases que Glas mencionó en la evaluación que duró 36 horas y que consta en el informe que es de acceso público en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje).

En la entrevista con la especialista, Glas recordó que ya trató de suicidarse cuando en abril de 2024 ingirió 60 pastillas y luego fue internado en el Hospital Naval. «Aquí no hay justicia, me llevan a juicio cuando yo ni siquiera compre un lápiz (…) hay persecución, un exterminio a un partido político y yo soy la cabeza de todo porque soy el que está aquí», dijo sobre su situación jurídica.

Durante la pericia, hizo un repaso de toda su vida empezando por su niñez que fue marcada por el divorcio de sus padres y un traumatismo cráneo-encefálico por un accidente de tránsito, cuando tenía 12 años.

Sobre su vida familiar actual, en cambio, mencionó que está divorciado y tiene dos hijos. Pero que no ha podido ver a sus familiares desde enero de 2025, ya que tiene las visitas suspendidas en la Cárcel La Roca de Guayaquil. «Me parece que en cierta forma ha sido positivo para ellos, porque ya se han olvidado de mí», indicó.

Riesgo alto de suicidio
Según el informe, a Glas le aplicaron cinco test psicométricos que evaluaron una posible demencia, el riesgo suicida, el nivel de ansiedad, la presencia de depresión y el nivel de funcionamiento social, ocupacional y psicológico.

Durante la aplicación de estos exámenes, Glas se mostró «decaído, triste e irritable». Aseguró que mientras estuvo detenido en la Cárcel de Latacunga vivió motines y descuartizamientos, incluso que una vez se resbaló con un charco de sangre. Y desde ese momento empezó a ver «charcos de sangre con babosas, también alucinaciones auditivas, siempre relacionadas con la sangre».

Una de las constantes, en las diferentes valoraciones -según el informe- está relacionado con las ideas de muerte. Cuando la médica le preguntó si ha pensado cómo hacerlo, contestó: «sí, pero no le voy a contestar eso».

Además, Glas indicó que no puede conciliar el sueño por las noches y tiene sueños con personas muertas como su padre. «Me invitan a a morirme, como que me dicen ya pues, ven», señaló.

Tras la aplicación de los test, la médica psiquiátrica hizo 23 conclusiones. Por ejemplo, se estableció que tiene funciones cognitivas dentro de los parámetros de la normalidad.

Sobre la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik-Van Praag, que es un instrumento psicológico desarrollado para evaluar el riesgo de conducta suicida, el reporte señaló que Glas obtuvo un puntaje de 13 sobre 15 puntos. Lo que significa que tiene un alto nivel de riesgo y necesita una intervención.

Respecto a la Escala de ansiedad, el exvicepresidente tuvo 18 puntos, lo que se considera una ansiedad de leve a moderada. Además, se determinó que tiene una depresión grave.

Así, Glas fue diagnosticado con dos síndromes clínicos y un trastorno de personalidad:

Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas psicóticos: Es decir, una depresión severa, pero que no incluye alucinaciones o delirios.

Simulación Consciente: Persona que finge síntomas o una enfermedad para obtener algún beneficio.

Transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica: Cambios duraderos de la personalidad, no atribuibles a daño cerebral ni enfermedad.

«Jorge Glas presenta una enfermedad mental grave, (…), que puede mejorar con el tratamiento, que no le afecta la conciencia, ni la inteligencia, sin embargo, sí le afecta la voluntad en forma disminuida para las actividades cotidianas», concluye el estudio.

Por tal razón, la experta recomendó que urgentemente haya una junta médica con todos los médicos tratantes de Glas, ya que tiene varias afecciones físicas y toma varias medicinas. De manera, que se le realicen varios estudios y se haga un reajuste de las medicaciones.

También que se haga un control estricto de la administración de las medicinas en la Cárcel de La Roca, así como que continúe recibiendo tratamiento psiquiátrico y psicológico de manera permanente en centro penitenciario. Es decir, no se recomendó un internamiento psiquiátrico. Fuente: Primicias

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Ministra de Energía: “La minería necesita una regulación para captar inversiones”

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«Esto es un hito para el sector, hoy se materializa la apertura del Catastro Minero (…) La minería necesita una regulación para captar inversiones y viabilizar un desarrollo responsable con el ambiente y con las comunidades». Estas fueron las palabras de Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, durante la rueda de prensa sobre el proceso de apertura del Catastro Minero Nacional. 

En este espacio, que se realizó este lunes 16 de junio de 2025, Manzano detalló que este lunes comenzó con la apertura para la pequeña minería no metálica, lo cual promueve el desarrollo de la industria de la cerámica, por ejemplo.

“Hemos mejorado las regulaciones, expediremos instructivos que viabilicen el correcto desarrollo de la cadena de valor de la minería», detalló la titular del ramo.

Manzano también señaló que Ecuador tiene una “política ambiental y minera que debe cumplirse”. Para ello se coordinarán las acciones necesarias entre el Ministerio del ramo y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).

En ese marco, la ministra Manzano suscribió un Acuerdo Ministerial que dispone a la Arcom la emisión del acto administrativo para la apertura del Catastro Minero por fases.

En la primera vocería de Carondelet -2 de junio de 2025-, Carolina Jaramillo, portavoz, sostuvo que la segunda será en septiembre para la pequeña minería metálica; y a finales de año se aperturará todo el catastro minero.

Ese día también se anunció la creación de la primera tasa de fiscalización para el sector minero, la cual se implementará para financiar el control técnico y ambiental. Aplica para la pequeña, mediana y gran minería.

Con esta tasa se espera recaudar USD 200 millones para fortalecer el control y la vigilancia; asimismo el combate contra la minería ilegal. Fuente: El Telégrafo 

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