Nacionales
MIES atendió a 248 personas adultas mayores en Yantzaza
Con una inversión que supera los USD 175 500 y a través de convenios de cooperación, con el Municipio de Yantzaza y la Asociación Femenina Pro Desarrollo de Yantzaza (AFPRODY), el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) atiende a 248 personas adultas mayores en 8 unidades de servicio.
Leticia Jiménez Abad, directora del MIES en el distrito Zamora, indicó que a través de los programas de inclusión social y económica que ejecuta esta cartera de Estado se contribuye a mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos de las personas adultas mayores, enfatizando en quienes viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.
La autoridad del MIES, en la provincia, informó que, en la modalidad residencial, como es el caso de AFPRODY en Yantzaza, se brinda servicios de acogida para la atención y cuidado integral a 11 personas adultas mayores sin referente familiar. Con ellos se realizan, entre otras, actividades: rehabilitación, estimulación, nutrición adecuada, jornadas de recreación, controles de salud preventivos y curativos.
Al ser un servicio residencial, las usuarias y usuarios permanecen en el Centro los 365 días, las 24 horas, bajo el cuidado de un equipo profesional, capacitado, cuyos salarios, al ser atención bajo convenio, son cancelados por el MIES, previa presentación oportuna de toda la documentación habilitante.
Amelia Reyes, adulta mayor de 102 años es usuaria del Centro Gerontológico Residencial, ella resaltó el cariño que siente por quienes la cuidan, afirmó sentirse cómoda y disfrutar de la compañía de sus amigos, con quienes sostiene pláticas amenas sobre sus mejores épocas, “tengo una mayor participación social, gracias a las cuidadoras y técnicas que han sido buenas conmigo, todos siempre se preocupan por nuestro bienestar”, mencionó.
En la provincia de Zamora Chinchipe, a través de 43 unidades de servicio, el MIES atiende a 1 531 personas adultas mayores, con una inversión del Gobierno Nacional superior al USD 1 000 000. Además, 2 518 usuarias y usuarios acceden a bonos y pensiones, con una inversión aproximada de USD 3 000 000.
Nacionales
Ecuador rompe el diálogo con Colombia y extiende la guerra arancelaria “por tiempo indefinido”
El Gobierno de Ecuador rompió el diálogo con Colombia y advirtió que la llamada “guerra arancelaria” se mantendrá por tiempo indefinido, hasta que Bogotá adopte “acciones” para reforzar el control fronterizo frente a grupos armados vinculados al narcotráfico y la minería ilegal, según declaraciones del ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, en entrevista con Ecuavisa.
Jaramillo aseguró que “no hay diálogo en este momento” y afirmó que la comunicación “se ha cortado” debido a que, pese a contactos previos, no recibieron una respuesta favorable del Gobierno colombiano. En ese contexto, atribuyó la escalada a la decisión de Colombia de restringir el ingreso por vía terrestre de un grupo de productos ecuatorianos, lo que —dijo— afectó de forma importante al sector y se aplicó sin un plazo de reacción para evitar que mercancías queden detenidas en frontera.
Como respuesta, el ministro confirmó que Ecuador elevó los aranceles a importaciones colombianas del 30% al 50%, y recalcó que la medida se adoptó por razones de seguridad, al sostener que “no puede haber comercio sostenible si no hay control en frontera y seguridad”. Añadió que la “pelota está en la cancha de Colombia” y que la desescalada dependerá de una señal política concreta del vecino país para reforzar controles fronterizos.
En medio de la preocupación empresarial por el impacto económico, Jaramillo reconoció que, por las restricciones actuales, se vería afectado un tercio de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia y estimó un volumen de entre 6 y 7 millones de dólares mensuales (con base en datos del año pasado). En contraste, planteó que el encarecimiento de importaciones desde Colombia podría convertirse en una “oportunidad” para sustituir compras externas con producción local y, a mediano plazo, reducir el déficit comercial, aunque insistió en que ese no es el “espíritu” central de la decisión.
El ministro también vinculó el pulso comercial con la “tasa de seguridad” aplicada por Ecuador, al sostener que se requieren recursos para mayor presencia en frontera —personal, logística y equipamiento— y reiteró que el desenlace dependerá de una respuesta favorable de Colombia en materia de control fronterizo. Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Hospital Clínica San Agustín: primeros en Ecuador y segundos en Sudamérica en obtener la certificación ISO 7101
Nacionales
Asamblea aprobó ley urgente de minería y energía
Con 77 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la mayoría del articulado de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, tramitada con carácter económico urgente. La votación se realizó en dos bloques y el Legislativo resolvió excluir el artículo 29, que quedó fuera del texto final.
La normativa plantea cambios para endurecer controles ambientales, ajustar el régimen de regalías y su distribución hacia los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), además de incorporar reglas específicas para la pequeña minería y la minería artesanal, con el argumento de mejorar sostenibilidad, seguridad jurídica y desarrollo territorial.
En el frente energético, el proyecto reforma la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para actualizar figuras como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos, e introduce mecanismos como el Mercado de Capacidad para apuntalar la seguridad y confiabilidad del sistema.
La eliminación del artículo 29 se dio tras objeciones de varios legisladores que pidieron votarlo por separado; el debate se centró en su impacto sobre la distribución de recursos vinculados al superávit de empresas públicas en determinadas circunscripciones.
Tras la sesión, la bancada oficialista ADN defendió la aprobación como una medida para “poner orden”, cerrar el paso a mafias y garantizar que las regalías se inviertan en los territorios, no en economías criminales.
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