Noticias Zamora
Del GAD parroquial a la alcaldía: Roberto Peña precandidato a la alcaldía de Paquisha
Roberto Peña es el actual presidente del GAD parroquial de Nuevo Quito, cantón Paquisha y quien ha sido designado como el precandidato a la alcaldía del cantón Paquisha por el movimiento Pachakutik. En su trayectoria política, fue posicionado como consejero de la provincia en representación de los 29 gobiernos parroquiales, por su arduo trabajo en todas las parroquias.
A partir de las necesidades y prioridades de las parroquias que componen la provincia de Zamora Chinchipe. Por la predisposición de los alcaldes y la ayuda de AGROPZACHIN para incentivar al agricultor y al ganadero. Entre otros aspectos de producción que ha logrado obtener grandes resultados.
La dirigencia cantonal, lo posicionó como precandidato por mayoría de votos por el movimiento Plurinacional Pachakutik. Roberto Peña se considera como un hombre que lucha por el bienestar del minero, ganadero y agricultor. Antes de empezar su recorrido político, fue presidente por dos periodos de Liga Cantonal; vicepresidente de Federación Deportiva de Zamora Chinchipe.
Manifiesta sus ternas de concejales y por su parte a los presidentes de los distintos GADs parroquiales del cantón, con la firme propuesta y convicción de una victoria, tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional Electoral, en lo que respecta, a la juventud y la alternabilidad con mujeres.
En cuanto a las actividades realizadas como presidente del GAD parroquial de Nuevo Quito, ha realizado varias gestiones y obras en su administración. Y enfatiza en que hay obras, pero que la entidad municipal no le está dando el debido mantenimiento y seguimiento.
Asegura que la minería dinamiza la economía, porque es un ente de producción, principalmente en la provincia de Zamora Chinchipe. Enaltece el trabajo que vienen realizando los asambleístas, en especial, Isabel Enríquez, quien ha afrontado la situación de la legalización de los pequeños mineros y mineros artesanales, con la finalidad de que realicen su actividad de forma normal, pero con los debidos procesos para evitar crear impactos negativos en el medio ambiente. En ese caso la Reforma a la Ley de Minería, en El Pleno de la Asamblea Nacional, en tiempo posterior. (I)
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Emilio González Ortega: “La paz es la mayor victoria de los pueblos”
En el cantón Paquisha se desarrolló el Noveno Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra de Ecuador y Perú, en el marco de la conmemoración del cuadragésimo quinto aniversario de la Gesta Heroica de la Cordillera del Cóndor de 1981, evento que reafirmó los valores de memoria histórica, civismo, reconciliación y cultura de paz entre pueblos hermanos.
Así lo dio a conocer Emilio González Ortega, coordinador general del aniversario, quien destacó que esta conmemoración no solo recordó el sacrificio y la lealtad de quienes defendieron la soberanía nacional, sino que también permitió consolidar un mensaje común de unidad y cooperación binacional. “Los viejos soldados de Ecuador y Perú conmemoramos juntos este aniversario, entendiendo que la paz es hoy nuestra mayor victoria”, señaló.
Las actividades conmemorativas se desarrollaron del 20 al 28 de enero de 2026, iniciando en la ciudad de Cuenca, donde el 22 de enero se realizó un evento cultural en la Gobernación del Azuay, en memoria de los 45 años de la gesta y en homenaje al teniente Valencia, piloto herido durante los hechos de 1981. Posteriormente, en Gualaquiza, se llevó a cabo la Novena Copa de la Paz, en conmemoración de los 31 años del Alto Cenepa (1995) y los 45 años de la Cordillera del Cóndor.
El 27 de enero, Paquisha fue sede del evento central. La jornada incluyó una visita protocolaria a la Escuela Héroes de Paquisha, donde, con el apoyo del Distrito de Educación, se desarrolló un concurso de pintura por la paz, con la participación de estudiantes de tres unidades educativas del cantón. Asimismo, se realizó un acto cívico en el museo local, con la colocación de la Bandera de la Paz junto a las placas que recuerdan a los combatientes de 1981.
Como parte de la agenda, las delegaciones realizaron una visita a la zona fronteriza donde funcionaron antiguamente los puestos de mando y abastecimiento, desarrollando una reminiscencia histórica que permitió compartir vivencias y testimonios de los protagonistas. En la noche, se efectuó un evento cultural y un foro por la paz, con la participación de combatientes de los conflictos de 1981 y 1995, donde se reflexionó sobre la importancia del diálogo, la integración y la convivencia pacífica.
Durante el acto nocturno se proyectó un documental histórico, editado por el licenciado Cristian Pacheco, con material recopilado por el suboficial mayor Rogelio León, historiador del comité organizador, que recoge fotografías, relatos y experiencias de los veteranos que participaron en los hechos históricos.
Emilio Ortega informó además sobre el avance del proyecto para la creación de un Centro Histórico Cultural en Paquisha, iniciativa impulsada en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Señaló que el proyecto, iniciado en administraciones anteriores de Ángel Calva, hoy cuenta actualmente con presupuesto asignado bajo la gestión actual del alcalde Paul Rodríguez, y se prevé en los próximos meses la colocación de la primera piedra. Este espacio albergará evidencias históricas, objetos, fotografías, archivos audiovisuales y, de concretarse las gestiones, una aeronave en desuso como símbolo de memoria histórica.
Finalmente, el coordinador del aniversario enfatizó que la conmemoración conjunta de las gestas de 1941, 1981 y 1995 constituye una oportunidad para fortalecer la identidad nacional y reafirmar que la paz es el camino para el desarrollo de los territorios fronterizos. “Hoy entendemos que el enemigo ya no está al otro lado de la frontera; los desafíos actuales son transnacionales y requieren unidad, cohesión social y educación cívica”, expresó. “Memoria histórica, la integración y la paz duradera entre los pueblos”
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Cámara de Minería de Zamora Chinchipe ratifica su autonomía y alerta sobre riesgos de la reforma a la Ley de Minería
En una entrevista, Paúl Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, se pronunció sobre el reciente comunicado emitido por la Cámara de Minería del Ecuador, en el que dicha entidad señala que Pineda no forma parte de su gremio ni ostenta representación del sector minero industrial a nivel nacional.
Al respecto, Pineda aclaró que la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe no pertenece ni responde a la Cámara de Minería del Ecuador, organización con sede en Quito que agrupa exclusivamente a empresas de minería industrial, sino que forma parte de la Cámara Nacional, entidad que articula a las cámaras cantonales y provinciales del país y representa a la pequeña minería y a la minería artesanal.
“El pronunciamiento de la Cámara de Minería del Ecuador carece de sustento jurídico y responde a intereses económicos y políticos. Nuestra organización es autónoma, legítima y representa los derechos de los pequeños mineros y mineros artesanales de la provincia”, sostuvo Pineda, quien recordó que su posesión contó con la presencia del presidente nacional de la Cámara Nacional, ing. Óscar Loor.
Defensa de la minería artesanal y rechazo a la estigmatización
Durante la entrevista, el dirigente enfatizó que la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe no defiende la minería ilegal, sino que promueve una minería formalizada, técnica y ambientalmente responsable, adaptada a la realidad territorial de la provincia.
Asimismo, rechazó los intentos de estigmatización hacia los líderes locales y advirtió sobre un proceso sistemático que, según señaló, busca debilitar a la pequeña minería mediante cargas administrativas, tasas fiscales y reformas legales que podrían derivar en la reversión de concesiones y la posterior entrega de áreas mineras a empresas estatales o transnacionales.
Preocupación por la reforma urgente a la Ley de Minería
Pineda expresó una profunda preocupación frente al proyecto de reforma urgente a la Ley de Minería remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, al considerar que contiene disposiciones que afectarían gravemente a las comunidades, a los mineros artesanales y a los derechos de la naturaleza.
Entre los principales puntos cuestionados mencionó:
• La sustitución de la licencia ambiental por una simple autorización, lo que, a su criterio, debilita los mecanismos de control y la participación comunitaria.
• La limitación de los permisos de minería artesanal a un plazo improrrogable de 10 años, sin posibilidad de renovación.
• La prohibición de agrupación de áreas para transitar al régimen de pequeña minería.
• El uso de Fuerzas Armadas para proteger operaciones mineras estratégicas, lo que, según advirtió, podría derivar en conflictos sociales y despojo territorial.
Llamado a las autoridades y a la ciudadanía
Finalmente, Paúl Pineda hizo un llamado a los asambleístas de Zamora Chinchipe, autoridades locales y provinciales, para que asuman una postura firme en defensa del territorio, y exhortó a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente al trámite legislativo de la reforma.
“La provincia es autónoma y tiene liderazgo propio. No necesitamos que desde Quito se hable por Zamora Chinchipe. Exigimos respeto a nuestra autodeterminación y a los derechos de nuestras comunidades”, concluyó.
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Zamora Chinchipe exige claridad sobre fondos para el nuevo hospital
La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública informó oficialmente que el Gobierno Nacional, presidido por Daniel Noboa Azín, ha asignado los recursos necesarios para el financiamiento de la consultoría destinada a la elaboración de los estudios integrales y los diseños definitivos para la construcción del nuevo Hospital General Julius Doepfner, una obra considerada prioritaria para el fortalecimiento de la red pública de salud en la provincia de Zamora Chinchipe.
De acuerdo con el comunicado oficial, dichos recursos serán ejecutados de manera oportuna una vez que se concrete el proceso de desconcentración territorial, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.º 70 y en estricto apego a los procedimientos administrativos y financieros establecidos por la normativa vigente. La Coordinación Zonal 7 – Salud desmintió categóricamente versiones que señalan una eventual reversión de los fondos al Ministerio de Salud Pública por falta de ejecución inmediata, precisando que toda asignación presupuestaria del Estado debe cumplir etapas técnicas, administrativas y financieras que garanticen transparencia y correcta utilización de los recursos públicos.
No obstante, en el debate público y en redes sociales se ha evidenciado un marcado malestar ciudadano, centrado principalmente en la falta de información detallada respecto a la partida presupuestaria asignada y al monto específico destinado a la contratación de los estudios. Diversos pronunciamientos ciudadanos cuestionan que la comunicación oficial no precise cifras ni cronogramas, lo que genera incertidumbre y alimenta la percepción de una gestión poco transparente.
Entre los comentarios difundidos, se destaca el pronunciamiento de una ciudadana, quien señala que resulta “lamentable no dar a conocer a la ciudadanía que ya existe el dinero para los estudios”, cuestionando además la ausencia de un posicionamiento firme por parte de autoridades provinciales, asambleístas y representantes del Ejecutivo en territorio, frente a una obra considerada estratégica y urgente para la provincia.
En este contexto, colectivos ciudadanos y actores sociales han anunciado que solicitarán por escrito información oficial sobre la partida presupuestaria asignada para la consultoría, así como el cronograma de contratación correspondiente, con el fin de despejar dudas y garantizar el acceso a información completa y verificable.
Finalmente, desde distintos sectores se ha planteado la necesidad de que instituciones como la Gobernación de Zamora Chinchipe, el Distrito de Salud y la Dirección del Hospital Julius Doepfner emitan pronunciamientos complementarios, en los que se detallen los montos asignados y las fechas previstas para la contratación de los estudios, como una medida orientada a fortalecer la confianza ciudadana y el ejercicio del derecho a la información pública.
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