Connect with us

Nacionales

Cómo el movimiento indígena se vuelve capaz de desestabilizar presidentes

Publicado

on

El movimiento indígena del Ecuador está marcado por las movilizaciones generalmente violentas impulsadas como medidas de resistencia a la exclusión y a la pobreza. La Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) tiene 35 años de existencia jurídica y más de 40 de organización, pero esto no quiere decir que el movimiento indígena data de su existencia social desde entonces. Los antecedentes de los levantamientos indígenas se rastrean a la llegada de los europeos peninsulares en el siglo XVI al continente. Desde entonces se contabilizan innumerables movilizaciones y protestas, muchas de estas sediciosas, que tuvieron la capacidad de arrinconar a los poderes constituidos.

Más de 60 levantamientos se han reportado desde el primer tercio del s. XVI hasta el mismo periodo del siglo XX, en 400 años, lo que indica una regularidad de 7 años entre cada levantamiento indígena. Durante todo este tiempo han evolucionado los repertorios de la protesta, las demandas de los movilizados e incluso la complejidad de las organizaciones indígenas. Pero desde el retorno a la democracia esta periodicidad se ha estrechado y las protestas indígenas suceden más frecuentemente por cada gobierno en funciones, con la capacidad de empujarlo a las cuerdas del cuadrilátero de la historia. ¿Cómo pueden leerse las recientes movilizaciones de la CONAIE en un contexto más amplio?

La resistencia empezó en la colonia

La historia de las sublevaciones en el Ecuador inició cuando los pueblos indígenas rechazaron a los españoles. Los líderes de esa resistencia fueron los generales incas Rumiñahui, Quizquiz, Calicuchima, o Zopozopangui, cacique de Mocha e hijo de Huayna Cápac.

Otros grupos étnicos los Huancavilcas, entre 1535 y 1542, quemaron por tres ocasiones la ciudad de Guayaquil. Los Mantas y los Caráquez también se opusieron a los ejércitos españoles en la misma época para impedir la fundación de la actual ciudad de Portoviejo, en Manabí. En Esmeraldas, al norte del Ecuador, en 1568, se registró otra sublevación en contra de los españoles.

Todos estos levantamientos son parte de la resistencia indígena durante los siglos XVI y XVII.

Para luchar en contra de los impuestos, del despojo de tierras, los trabajos obligatorios gestados en Otavalo, entre 1559 y 1615. La resistencia en el Corregimiento de Otavalo formado por las actuales Cotacachi, Otavalo, San Pablo, Cayambe, fue de las más importantes en 1777.

Fernando Daquilema, un líder indígena procedente de la etnia Puruhá que se enfrentó a la opresión del gobierno conservador del entonces presidente Gabriel García Moreno.

La sobre explotación a los trabajadores indígenas suscitó otra serie de levantamientos en el siglo XIX, sucedieron en Cañar, en 1862, en Imbabura y Guano, en 1868, Chimborazo, en 1871, y en Napo, en 1892. La represión en contra de los manifestantes fue brutal. Uno de los nombres más recordados es el de Fernando Daquilema, el líder procedente de la etnia Puruhá se enfrentó a la opresión del gobierno conservador del entonces presidente Gabriel García Moreno.

Es en ese año cuando se creó la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC), que luego se denominó Confederación de Organizaciones Clasistas. La Iglesia influyó en esta organización para contrarrestar la creciente influencia de la izquierda y, en la década de los 60, influyó en el sector campesino a través de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC).

Con el desarrollo del capitalismo, en las décadas del 50 y 60, hubo una época intensa para el movimiento campesino indígena, representado por la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador (FEI), antes conocida como la Federación Ecuatoriana de Indios en la Sierra.

En las décadas del 50 y 60 (caracterizadas por un mayor desarrollo del capitalismo), se vivió una época de efervescencia del movimiento campesino indígena articulado por la FEI en la Sierra y por la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral (FETAL) en la Costa.

Para rechazar el censo agropecuario, varias comunidades indígenas de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo se levantaron. Los enfrentamientos de 1961, terminaron con el asesinato de dos campesinos y varios manifestantes presos.

Asimismo, durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, el movimiento indígena presentó su rechazo al decreto que traspasó la Misión Andina, la única entidad que trabajaba con los indígenas, al Ministerio de Agricultura. En esa ocasión, los manifestantes tomaron las oficinas de la institución en Cañar. La medida de hecho, que duró cinco días, se replicó en Loja, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi.

Órganos de representación colectiva

Los levantamientos indígenas, hasta inicios del siglo anterior, habían sucedido de manera aislada y las sublevaciones habían sido reprimidas con el uso de la fuerza. Pero, en la década de 1920, el movimiento indígena articulado dentro del movimiento campesino, creó los primeros sindicatos campesinos, que fueron las bases para la creación de la FEI, y de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc).

No fue sino en los 70, cuando se buscó la unidad del movimiento indígena por medio de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) en la sierra, y en 1980, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae). La unidad del movimiento indígena dependía también de que, al interior de la organización, se comprendieran los distintos pedidos y problemas de cada región. Por ejemplo, los levantamientos en la Sierra y en la Costa pedían la ejecución de una reforma agraria, pero en la Amazonía era prioritario que se eliminaran los proyectos colonizadores y se diera paso a una legislación que velara por los asentamientos indígenas.

Cuando Ecuador retornó a la democracia en 1978, la Ecuarunari convocó al Quinto Congreso Nacional, en Pichincha. El encuentro sucedió entre el 4 y el 8 de septiembre de 1979, con la participación de 350 delegados, en representación de una decena de provincias y de organizaciones como la FEI, FENOC y CTE.

Una mujer indígena durante las manifestaciones de junio de 2022. REUTERS/Adriano Machado

Dos años después, en 1980, los líderes de la Ecuarunari y de la Confeniae impulsaron el Primer Encuentro de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En esa reunión se constituyó el Consejo de Coordinación, que sentó las bases para la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Ese consejo servía como una instancia de coordinación que permitía canalizar las demandas de las diferentes organizaciones indígenas.

En octubre de 1980, el movimiento indígena realizó la Marcha Nacional Indígena y Campesina “Mártires de Aztra”, que exigía la derogatoria de la Ley de Seguridad Nacional, la nacionalización del petróleo, la derogatoria de la Ley de Fomento Agropecuario, la destitución del ministro de Agricultura, entre otros. Más de 10.000 campesinos-indígenas del país se unieron a la medida. Antes, en mayo de ese mismo año, el movimiento indígena había participado en la Huelga Nacional que rechazaba las medidas económicas decretadas por el gobierno Jaime Roldós, el primer presidente del retorno a la democracia en Ecuador.

Seis años después de la creación del Consejo de Coordinación, se realizó el primer congreso de la Conaie, en noviembre de 1986. Nueve nacionalidades indígenas, de 27 organizaciones y con 500 delegados participaron.

35 años de la Conaie

La Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador tiene una estructura organizativa conformada por 53 organizaciones de base de las tres regiones del Ecuador: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), que agrupan a los 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas del Ecuador, según se lee en la página web de la Conaie.

Sus objetivos principales buscan la consolidación de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, integrar a las mujeres indígenas y jóvenes en los espacios de poder organizativos y políticos, la lucha permanente en defensa de las tierras, territorios ancestrales y los recursos naturales, el fortalecimiento de la identidad, formas de organización social y autodeterminación de los pueblos y nacionalidades, entre otros.

Actualmente, la Conaie está presidida por Leonidas Iza, quien lideró el paro nacional que mantuvo en vilo al Ecuador durante 18 días y que culminó con un acuerdo entre las organizaciones indígenas y el gobierno para que se atiendan 10 pedidos planteados por la Conaie, como la moratoria de un año para los préstamos en el sistema financiero público y privado, la focalización de los subsidios de los combustibles, entre otros.

La Conaie es un actor político con gran poder de convocatoria. Su ala electoral es Pachakutik, cuyo candidato presidencial obtuvo el tercer lugar en las elecciones de 2021 y cuyos asambleístas conforman la segunda bancada más grande en la Legislatura.

El movimiento indígena y los derrocamientos

En una entrevista con Infobae, el legislador Fernando Villavicencio dijo que el movimiento indígena ha participado en el derrocamiento de tres presidentes, pero “nunca ha puesto ninguno”. Los gobiernos de Abdalá Bucaram, de Jamil Mahuad y de Lucio Gutierrez, terminaron luego de fuertes conmociones sociales en las que participaron distintos actores del movimiento indígena.

En 1997, cuando cayó Bucaram, los indígenas apoyaron las movilizaciones lideradas por el Frente Unitario de Trabajadores. A Bucaram lo sucedió Fabián Alarcon, del Frente Radical Alfarista. Las protestas incluyeron el levantamiento indígena, la toma de iglesias, huelgas, marchas, ocupación de espacios públicos y subversión de símbolos de poder. Los manifestantes pedían intolerancia ante la corrupción, que no se aceptara el neoliberalismo y se oponían al estilo de Bucaram.

En el 2000, la Conaie lideró las movilizaciones que terminaron con la caída de Jamil Mahuad. El levantamiento indígena estaba abanderado por la lucha contra la corrupción, el no al neoliberalismo y el pedido de refundar la democracia. A Mahuad lo sustituyó Gustavo Noboa, un político independiente.

En la caída de Lucio Gutierrez, que llegó al poder apoyado por el ala electoral de la Conaie, Pachakutik, también participó una organización indígena: la Feine. Los pedidos de las protestas que se tomaron espacios públicos, que realizaron cacerolazos y marchas nocturnas, eran que no se firme el tratado de libre comercio con Estados Unidos, que se luche contra el autoritarismo y que se condene la corrupción. A la conmoción social que derrocó a Gutierrez se conoce como la rebelión de los forajidos. A Gutierrez lo reemplazó su vicepresidente Alfredo Palacio, que gobernó hasta que fue sucedido por Rafael Correa, que asumió el cargo en 2007.

En octubre de 2019 hubo un levantamiento indígena liderado por la Conaie en oposición a la decisión del expresidente Lenín Moreno de que el gobierno dejara de subsidiar los combustibles. La protesta duró 11 días y por primera vez alcanzó niveles de violencia nunca antes vistos. La Conaie habló de infiltrados. Para terminar con la medida de hecho, Moreno acudió a una mesa de diálogo con los líderes indígenas.

Tres años después, el 13 de junio de 2022, la Conaie impulsó el más reciente paro nacional que duró 18 días en el país. Durante las manifestaciones, hubo un intento de destituir al presidente Guillermo Lasso. El proceso iniciado por la bancada afín a Rafael Correa no obtuvo los votos necesarios para la destitución.
Aunque la versión gubernamental señala que detrás de los reclamos legítimos había una agenda de desestabilización, esto ha sido desmentido por la Conaie. En una entrevista con Infobae, el presidente Guillermo Lasso aseguró que “la acción en las calles coordinada entre el señor (Leonidas) Iza y el señor Correa buscaban la desestabilización del país”. Sin embargo, en conversación con Infobae, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, calificó esa versión como una falacia y dijo que el gobierno pretende deslegitimar la lucha del movimiento indígena.

En ambos levantamientos, el de octubre de 2019 y el de junio de 2022, hubo muertos y centenares de heridos. (Infobae)

Nacionales

Allanan sede del Comité de Trabajadores de CNEL en Guayaquil por presunto desvío de fondos

Publicado

on

La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron la noche del miércoles 17 de septiembre la sede del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), ubicada en el norte de Guayaquil.

La diligencia se ejecutó tras un acto urgente solicitado por la directiva provisional, en el marco de una investigación por el presunto desvío de más de un millón de dólares pertenecientes a los aportes de los trabajadores, reportó Ecuavisa.

Previamente, el secretario general del Comité, Daniel Garcés, denunció al exdirigente sindical Richard Gómez y a otras cuatro personas por presunta delincuencia organizada y mal manejo de los fondos.

Según la acusación, en agosto de 2025 se registraron 205 transferencias que sumaron USD 933 605 y cinco cheques por USD 71 964, lo que representa más de USD 1 millón en movimientos sospechosos.

El Ministerio de Trabajo también señaló a Gómez, quien se desempeñó como secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL, y denunció un presunto desfalco en la cuenta de ahorro de la organización, la cual pasó de más de USD 800.000 a apenas centavos.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, afirmó que el exdirigente era el único autorizado para firmar las transacciones.

De su lado, el asambleísta de la bancada oficialista ADN, Adrián Castro, también pidió al fiscal general, Wilson Toainga, que inicie acciones contra Gómez, quien también fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por las presuntas irregularidades.

Richard Gómez, quien viajó a Estados Unidos por supuestos motivos médicos, aseguró que el 85 % de los recursos se destinó al pago de proveedores por un contrato de 13.000 botas industriales, aunque estas aún no han sido entregadas a los trabajadores. Fuente: Vistazo

Continuar Leyendo

Nacionales

Gobierno asegura que no habrá alza de precios por la eliminación del subsidio al diésel

Publicado

on

Los titulares de las carteras de Estado: Gobierno, Desarrollo Humano e Infraestructura y Transporte hablaron, este 18 de septiembre de 2025, sobre la eliminación del subsidio al diésel. Los funcionarios enfatizaron que la medida es necesaria y garantizaron que los precios de los productos y los servicios para la ciudadanía no tendrán un alza en los valores.

Una decisión “dura pero necesaria”

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, recordó que durante 50 años el país gastó entre USD 1.100 y USD 1.400 millones anuales en subsidios a los combustibles, dinero que en gran parte terminó beneficiando al contrabando y a la minería ilegal.

“El gobierno busca cerrar brechas utilizando esos recursos para el sector social. Esta es la primera vez que se toma una medida dura que no ha causado conmoción en precios”, señaló Rovira, quien añadió que existe un fuerte control en mercados y carreteras. Hasta la fecha, se han ejecutado 4.760 operativos con 19 locales clausurados y 1.800 funcionarios desplegados para prevenir especulación.

Según la ministra, los principales afectados son las bandas delictivas que se aprovechaban del subsidio.

Compensaciones para el transporte

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, explicó que el gobierno implementó un esquema de compensaciones directas para transportistas con el fin de evitar incrementos en las tarifas.

Los pagos van desde USD 400 hasta 700 para buses urbanos y entre USD 1.200 y 1.800 para transporte provincial. “El usuario no pagará más por el pasaje. Nunca un gobierno había conversado con los transportistas como ahora”, afirmó.

Además, se anunciaron zonas seguras de descanso y recarga eléctrica para transporte pesado, incentivos por USD 30 millones y un plan de renovación de unidades con créditos de hasta USD 20.000. Hasta el momento, 8.000 transportistas se han registrado y los desembolsos se realizan en 24 horas a través de BanEcuador y Banco del Pacífico.

Bono de solidaridad y apoyo social

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, destacó que los recursos liberados con la eliminación del subsidio se redirigirán hacia los sectores más vulnerables.

Actualmente, el Estado destina USD 1.300 millones al bono de la solidaridad, la misma cantidad que antes se perdía en economías ilegales a través del subsidio al diésel. Este año, 55.000 nuevas familias recibirán la ayuda con una inversión de USD 70 millones.

Burbano indicó que existen ventanillas de registro social en cada gobernación, donde las familias que no tengan afiliación pueden inscribirse para ser evaluadas. El criterio de calificación se basa en un índice de pobreza menor a 30 sobre 100.

Gobierno mantiene controles y advierte sanciones

Los ministros coincidieron en que la medida busca justicia social y que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan. Rovira advirtió que quienes intenten cerrar carreteras o paralizar servicios enfrentarán procesos judiciales con penas de hasta tres años de cárcel.

“El presidente tomó una decisión valiente para llevar los recursos de las mafias a los más necesitados”, enfatizó el ministro Luque.

Continuar Leyendo

Nacionales

¿Qué implica para Ecuador ir a una Asamblea Constituyente y cuáles son los pasos y plazos para este proceso?

Publicado

on

En Ecuador solamente existen tres caminos para modificar la Constitución: las enmiendas, las reformas parciales y la Asamblea Constituyente. Cada una sirve para un propósito y, legalmente, no pueden utilizarse al azar o por gusto. El presidente Daniel Noboa ha optado, finalmente, por una Asamblea Constituyente.

No es una idea nueva de su parte, pues durante la campaña electoral para las elecciones de 2025 habló de una nueva Asamblea Constituyente para «refundar» un país que «necesita cambio». Su propuesta apuntaba a un proceso de redacción de una nueva Constitución, aunque no entregó más detalles de cuándo se podría comenzar este proceso, ni de a qué puntos especiales apuntaría la nueva Carta Magna.

Una Constituyente es un proceso complejo, largo y costoso. Según la Constitución, el proceso de una Constituyente incluye obligatoriamente tres procesos de votación, una primera consulta popular, luego la elección de los asambleístas constituyentes y, finalmente, el referendo para decidir si la nueva Constitución se aprueba o no.

El primer paso: la Corte Constitucional
La primera puerta que deberá tocar es la de la Corte Constitucional. Esta institución deberá hacer, primero, un análisis de la vía para la reforma constitucional, y luego una revisión de la pregunta y la propuesta que haga Noboa para llamar a la Constituyente.

El Presidente deberá presentar a la Corte una propuesta de llamado a Asamblea Constituyente, que justifique su iniciativa y los considerandos, señale cuáles son las modificaciones que busca hacer y proponga un estatuto que establezca cuál sería la forma de elección de los asambleístas constituyentes.

En la primera revisión de la Corte, ésta deberá verificar que los cambios constitucionales propuestos se puedan hacer mediante Asamblea Constituyente, y no sean realizables por la vía de la enmienda o una reforma.

Si la propuesta del Presidente de la República recibe un dictamen favorable de la Corte Constitucional en este primer paso, esa misma institución debe hacer una segunda revisión, de constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Aquí se deberá revisar la pregunta que se plantearía a los ecuatorianos: que esta no induzca a la respuesta y que los considerandos permitan que el votante elija libremente. La Corte deberá analizar a fondo si la propuesta de Noboa permite una integración democrática de la Asamblea Constituyente.

Si Noboa presenta su iniciativa, el tiempo que dure este proceso en la Corte Constitucional puede llegar a durar entre uno y dos meses, de acuerdo con lo que esa institución ha tomado para otras iniciativas similares.

La convocatoria
Si la iniciativa supera el control de la Corte Constitucional, el Presidente puede convocar, mediante decreto ejecutivo, a una consulta popular para preguntar a los ecuatorianos si desean o no que se instale la Constituyente. En el decreto se debe incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral, según lo ya revisado por la Corte

El Código de la Democracia establece plazos para este proceso. Según estos, tras el decreto presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a la consulta en 15 días, y ésta se debe llevar a cabo en los 60 días siguientes (dos meses).

El Código de la Democracia no determina un plazo para el escrutinio y proclamación de resultados. Sin embargo esto puede durar hasta un mes. Pero podría aumentar si hay objeciones al conteo de votos o incluso procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Asambleístas constituyentes
Si el «Sí» obtiene el triunfo en la consulta popular sobre la convocatoria a una Constituyente, se debe llamar a nuevas elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes. Y cuando ellos terminen su trabajo y tengan una propuesta de nueva Constitución, debe haber una tercera votación: un referendo para que la ciudadanía decida si entra en vigencia o no este texto.

Pero los plazos de todo este proceso dependerán del estatuto, redactado por la Presidencia y revisado por la Corte Constitucional.

En 2007, cuando el entonces presidente Rafael Correa llamó a la consulta popular para convocar a la Constituyente de Montecristi, el Decreto Ejecutivo No. 148 estableció un estatuto que decía que la Constituyente tendría una duración máxima de 180 días, es decir seis meses. Aunque realmente esa Constituyente funcionó por poco menos de ocho meses.

Después del tiempo determinado en el estatuto, la Constituyente debe presentar un nuevo texto de Constitución y el CNE debe convocar a un referendo. Nuevamente, no hay plazos, y estos deberán estar incluidos en el estatuto, pero difícilmente serán menores a dos meses, sobre todo porque deberá emprenderse una campaña de difusión de la propuesta.

Es decir que este proceso podría durar entre ocho meses y más de un año, pues incluye dos elecciones con sus respectivas campañas electorales. Fuente: Primicias 

Continuar Leyendo

Trending

Derechos reservados El Amazonico