Nacionales
‘Un expresidente sentenciado por corrupción, busca alterar el orden público’

El presidente Guillermo Lasso habló sobre la cantidad de droga que ha sido incautada desde el inicio de su gestión.
En su cuenta de Twitter, Lasso publicó un video en el que detalla que la cantidad de droga incautada durante su gestión en la Presidencia es mayor al promedio de años anteriores.
Lasso dijo que se han incautado 300 toneladas de drogas, cuando el promedio en los últimos años ha sido entre 50 y 60 toneladas de estupefacientes.
“Esto es lo que le ha dolido en el bolsillo a aquellos narcotraficantes que, vinculados o la política ecuatoriana, han querido desestabilizar la democracia”, dice el Presidente.
El mandatario ecuatoriano recibió a Infobae en el salón amarillo del Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito.
—Ecuador experimentó protestas que paralizaron al país por 18 días y que terminaron gracias a la firma de un acta de acuerdos entre el gobierno y el movimiento indígena, ¿cuáles son las lecciones aprendidas luego del paro nacional?
—Yo quisiera primero hacer un corto análisis, que yo llamaría “separando la paja del trigo”. ¿Qué es el trigo? El trigo son las causas justas de los pueblos y nacionalidades indígenas y también campesinos del Ecuador. Cuando digo pueblos y nacionalidades indígenas me refiero a la ruralidad en la Sierra Central del Ecuador y a los campesinos de la costa.
Yo creo que hay causas justas, reclamos justos, de atención, puesto que en los últimos 40 años en el Ecuador ha predominado una visión de desarrollo urbano postergando el desarrollo rural y campesino. Entonces hay reclamos en cuanto agua, educación intercultural bilingüe, salud más cercana a las poblaciones rurales, obras de infraestructura como caminos vecinales. Creo que son causas justas, las reconozco como tales y he venido planteando eso desde hace ya algunos años en mi plan de gobierno. Ese es el trigo. ¿Dónde está la paja? La paja está en fabricar una protesta violenta con fines políticos para derrocar a un gobierno legalmente constituido.
Esta es una alianza con el correísmo y en esta alianza participa un tercer actor, que es el que pone el dinero para las protestas, que habrán costado cerca de USD 15 millones durante 18 días. Este actor es el narcotráfico en el Ecuador. Esa es la paja. Ese es el accionar político de un ex presidente sentenciado por corrupción, que vive prófugo en Bélgica, que busca alterar el orden público, aliado con determinados líderes políticos que utilizan a los indígenas como una suerte de parapeto para decir ‘esto es una protesta social’.
UNES (Unión por la Esperanza), el partido o los asambleístas de (Rafael) Correa en la Asamblea Nacional plantearon la aplicación del artículo 130 de la Constitución que no es sino un juicio político contra el Presidente de la República buscando su destitución. No lo lograron porque no obtuvieron 92 votos, que son los dos tercios de la Asamblea Nacional. Apenas alcanzaron 80 votos. En segundo lugar, la acción en las calles coordinada entre el señor (Leonidas) Iza y el señor Correa buscaban la desestabilización del país. Se ha firmado un acta de paz con la mediación de la Iglesia Católica que ha actuado de una manera muy generosa con el Ecuador. Desde hoy comienzan diálogos para tocar cada uno de los 10 puntos planteados por la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).
—Usted se ha referido a esos intentos por destituirlo, por convocar a elecciones anticipadas impulsada por la bancada opositora. También se ha referido a Rafael Correa, quien de forma pública ha dicho que al no conseguir los votos en la Asamblea habrá que optar por la revocatoria del mandato. En este escenario, ¿Cómo va a lidiar su gobierno para poder administrar sin estas presiones de la oposición?
—En primer lugar el artículo 130 de la Constitución se aplica una sola vez durante el mandato, ya lo aplicaron y fracasaron y ya no lo pueden volver a aplicar. En segundo lugar, (gobernaremos) trabajando con el pueblo, trabajando con las comunidades, trabajando en los barrios, trabajando en las calles.
En nuestro primer año de gobierno logramos importantes objetivos. Salvamos la vida de 18 millones de ecuatorianos a través de un proceso de vacunación exitoso que fue reconocido a nivel mundial. Veo todavía algunos países que anuncian recién la vacunación de niños, nosotros estamos vacunando a los niños desde los 3 años de edad desde hace más de cuatro o cinco meses. Hemos logrado poner en orden la economía. Recibimos un país con un déficit fiscal equivalente a 7 puntos del PIB y logramos en siete meses de gestión del año 2021 reducir ese déficit a 4 puntos del PIB. Proyectamos en 2022 un déficit de 2 puntos del Producto Interno Bruto, lo cual es un avance importante, poner la casa en orden.
En el año 2021 tuvimos la inflación más baja de América Latina y aún en este mes de junio impactado por el paro de 18 días, tenemos la inflación más baja de América Latina. Se han alcanzado logros importantes en el campo social, desde el primer día de gestión de nuestro gobierno creamos la Secretaría de lucha contra la desnutrición infantil. Esto es muy importante porque los indicadores de desnutrición crónica infantil en el Ecuador son los más altos de la región, con un promedio de un 29% e impacta fundamentalmente a los niños de la sierra central, fundamentalmente niños de familias indígenas donde los promedios pasan del 34%.
Hemos comenzado también con créditos a la base de la pirámide productiva a los microempresarios al 1% de interés a 30 años plazo. Esto no existe en ningún lugar del mundo porque se trata de un subsidio a la base de la pirámide productiva y también trabajamos en la lucha contra la Violencia contra la Mujer. Hemos trabajado en el fortalecimiento institucional o más bien en crear institucionalidad para el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral) que es la institución a cargo del sistema penitenciario en Ecuador
—Usted ha mencionado la desnutrición infantil como una de las intenciones que tiene su gobierno de mejorar la condición de vida de muchos menores, pero ¿Cuáles serían las acciones concretas para lograr que la ruralidad y el campo sean estas prioridades nacionales de las que usted ha hablado?
—Vamos a trabajar en varios objetivos, no es un uno solo. El objetivo de trabajar en el campo es transversal y toca aspectos como el agua: el agua para riego y el agua potable para consumir.
En el primer año de mi gobierno financiamos el proyecto Chiquicagua que es en uno de los páramos entre la provincia de Tungurahua y Chimborazo que va a beneficiar a más de 26.000 familias que viven en la zona. Hemos invertido cerca de USD 2.000 millones en proyectos de sanitarios de agua potable y servicios sanitarios, eso lo vamos a ir desarrollando durante estos tres años.
También en materia de escuelas rurales: el gobierno de Correa cerró 5.000 escuelas rurales causando un problema para la familia que vive en el campo y la ruralidad. En los primeros siete meses de nuestro gobierno hasta el mes de diciembre del año 2021, hemos abierto 100 escuelas rurales y nos hemos planteado durante los cuatro años de gobierno abrir por lo menos 1.000 escuelas rurales. (I)
Ecuadorenvivo
Nacionales
¿Qué implica para Ecuador ir a una Asamblea Constituyente y cuáles son los pasos y plazos para este proceso?

En Ecuador solamente existen tres caminos para modificar la Constitución: las enmiendas, las reformas parciales y la Asamblea Constituyente. Cada una sirve para un propósito y, legalmente, no pueden utilizarse al azar o por gusto. El presidente Daniel Noboa ha optado, finalmente, por una Asamblea Constituyente.
No es una idea nueva de su parte, pues durante la campaña electoral para las elecciones de 2025 habló de una nueva Asamblea Constituyente para «refundar» un país que «necesita cambio». Su propuesta apuntaba a un proceso de redacción de una nueva Constitución, aunque no entregó más detalles de cuándo se podría comenzar este proceso, ni de a qué puntos especiales apuntaría la nueva Carta Magna.
Una Constituyente es un proceso complejo, largo y costoso. Según la Constitución, el proceso de una Constituyente incluye obligatoriamente tres procesos de votación, una primera consulta popular, luego la elección de los asambleístas constituyentes y, finalmente, el referendo para decidir si la nueva Constitución se aprueba o no.
El primer paso: la Corte Constitucional
La primera puerta que deberá tocar es la de la Corte Constitucional. Esta institución deberá hacer, primero, un análisis de la vía para la reforma constitucional, y luego una revisión de la pregunta y la propuesta que haga Noboa para llamar a la Constituyente.
El Presidente deberá presentar a la Corte una propuesta de llamado a Asamblea Constituyente, que justifique su iniciativa y los considerandos, señale cuáles son las modificaciones que busca hacer y proponga un estatuto que establezca cuál sería la forma de elección de los asambleístas constituyentes.
En la primera revisión de la Corte, ésta deberá verificar que los cambios constitucionales propuestos se puedan hacer mediante Asamblea Constituyente, y no sean realizables por la vía de la enmienda o una reforma.
Si la propuesta del Presidente de la República recibe un dictamen favorable de la Corte Constitucional en este primer paso, esa misma institución debe hacer una segunda revisión, de constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
Aquí se deberá revisar la pregunta que se plantearía a los ecuatorianos: que esta no induzca a la respuesta y que los considerandos permitan que el votante elija libremente. La Corte deberá analizar a fondo si la propuesta de Noboa permite una integración democrática de la Asamblea Constituyente.
Si Noboa presenta su iniciativa, el tiempo que dure este proceso en la Corte Constitucional puede llegar a durar entre uno y dos meses, de acuerdo con lo que esa institución ha tomado para otras iniciativas similares.
La convocatoria
Si la iniciativa supera el control de la Corte Constitucional, el Presidente puede convocar, mediante decreto ejecutivo, a una consulta popular para preguntar a los ecuatorianos si desean o no que se instale la Constituyente. En el decreto se debe incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral, según lo ya revisado por la Corte
El Código de la Democracia establece plazos para este proceso. Según estos, tras el decreto presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a la consulta en 15 días, y ésta se debe llevar a cabo en los 60 días siguientes (dos meses).
El Código de la Democracia no determina un plazo para el escrutinio y proclamación de resultados. Sin embargo esto puede durar hasta un mes. Pero podría aumentar si hay objeciones al conteo de votos o incluso procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Asambleístas constituyentes
Si el «Sí» obtiene el triunfo en la consulta popular sobre la convocatoria a una Constituyente, se debe llamar a nuevas elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes. Y cuando ellos terminen su trabajo y tengan una propuesta de nueva Constitución, debe haber una tercera votación: un referendo para que la ciudadanía decida si entra en vigencia o no este texto.
Pero los plazos de todo este proceso dependerán del estatuto, redactado por la Presidencia y revisado por la Corte Constitucional.
En 2007, cuando el entonces presidente Rafael Correa llamó a la consulta popular para convocar a la Constituyente de Montecristi, el Decreto Ejecutivo No. 148 estableció un estatuto que decía que la Constituyente tendría una duración máxima de 180 días, es decir seis meses. Aunque realmente esa Constituyente funcionó por poco menos de ocho meses.
Después del tiempo determinado en el estatuto, la Constituyente debe presentar un nuevo texto de Constitución y el CNE debe convocar a un referendo. Nuevamente, no hay plazos, y estos deberán estar incluidos en el estatuto, pero difícilmente serán menores a dos meses, sobre todo porque deberá emprenderse una campaña de difusión de la propuesta.
Es decir que este proceso podría durar entre ocho meses y más de un año, pues incluye dos elecciones con sus respectivas campañas electorales. Fuente: Primicias
Nacionales
Daniel Noboa propone nueva Asamblea Constituyente para ‘liberar’ al Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles su decisión de convocar a una Asamblea Constituyente, alegando que el país se encuentra “secuestrado por instituciones” que han olvidado servir al pueblo.
El comunicado presidencial, difundido bajo el título “Valientes ecuatorianos”, denuncia una parálisis institucional que, según el mandatario, ha impedido consolidar el cambio por el cual votaron los ecuatorianos en las urnas.
“No podemos seguir atrapados en el pasado”, señala Noboa, haciendo referencia a estructuras políticas que —según él— han protegido al crimen organizado y obstaculizado reformas clave.
El Ejecutivo había propuesto previamente una serie de preguntas para una consulta popular y referéndum, previstos para finales de noviembre de este año. Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) rechazó el trámite de una amplia mayoría de estas.

El alto tribunal también suspendió de foma preliminar el pasado mes varios artículos de polémicas leyes impulsada por Noboa, las cuales acumulan decenas de demandas de inconstitucionalidad que advierten sobre la vulneración derechos fundamentales.
¿Qué propuestas rechazó la Corte?
La CC negó a inicios de este mes tres de las siete preguntas enviadas inicialmente por el Gobierno que buscaban permitir el enjuiciamiento político de los magistrados de ese tribunal, eliminar el CPCCS y reabrir los casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas, con la condición de que destinen un 25 % de sus ingresos a programas contra la desnutrición crónica infantil.
Ante ello, el mandatario envió el pasado 8 de septiembre un segundo bloque de preguntas que abordaba aspectos como el registro de personas con sentencias condenatorias ejecutoriadas por violación a menores, los requisitos para que el máximo tribunal declare la inconstitucionalidad de leyes impulsadas por la Presidencia, y la eliminación de la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar autoridades.
El alto tribunal volvió a pronunciarse con respecto a las preguntas enviadas por el mandatario este lunes, cuando rechazó la pregunta referida a reducir el número de legisladores de la Asamblea Nacional, que actualmente cuenta con 151 integrantes, por no cumplir con los requisitos constitucionales de claridad y lealtad hacia el electorado.
La Corte determinó que esta cuestión omitía datos fundamentales, como que la cámara nacional pasaría a tener solo 73 integrantes, y tampoco especificaba los criterios de redistribución de escaños por provincia. Fuente: Vistazo
Nacionales
Noboa dice que las protestas son de mineros ilegales

En entrevista con Radio Gaviota, en Machala, el presidente Daniel Noboa aseguró que los principales contradictores de la medida son traficantes de combustibles y mineros ilegales, quienes se benefician del subsidio e incluso cuentan con respaldo de políticos.
«Traficantes de combustibles y mineros ilegales están queriendo agitar y usan a actores políticos para que hagan relajo, porque son ellos quienes financian sus campañas«, afirmó Noboa.
El mandatario también no tardó en mencionar el correísmo y lo que el llamó «doble discurso». Noboa se refirió concretamente al reciente intento de la RC de impulsar en la Asamblea Nacional una moción de rechazo a la eliminación del subsidio.
“La bancada de la Revolución Ciudadana estaba rasgándose las vestiduras, haciendo relajo. Pero si Correa pasó diciendo en su gobierno que el subsidio era una medida perversa. Su propia gente está yéndose en contra de lo que dice su líder”, cuestionó Noboa.
El presidente así mismo se refirió a Leonidas Iza y dijo:
“Algunos se fueron hasta Azuay a la marcha, pero ahí (en Latacunga) no estaban. Nosotros teníamos a la gente alrededor de la Gobernación cantando el Himno Nacional. Eso no fue pagado”, señaló. (I)
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