Nacionales
Cayó la máscara
Este es el momento donde se requiere de la unidad de los ecuatorianos para defender la frágil institucionalidad y con apoyo ciudadano contrarrestar las intentonas golpistas. Hoy es el momento de defender nuestra herida democracia. Ya habrá tiempo para discrepar. Ya nadie cree que sea un pliego de peticiones, el que mueve a la Confederación de Nacionalidades Indígenas, (Conaie) en un paro de actividades. La máscara cayó.
Qué decir de una Asamblea Nacional desacreditada que no aporta para fortalecer los cambios requeridos en función de sus electores. Tenían los votos y con ellos, revocaron el decreto de estado de excepción-455- promulgado por el ejecutivo como consecuencia del paro.
Silencio de la Corte Constitucional y reacción inmediata desde Carondelet al lanzar una boya con un nuevo decreto de excepción ampliado -459- a 6 provincias: Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza. Deja a la Asamblea sin piso, al menos por un tiempo. Los hechos encadenados demuestran que la hoja de ruta trazada por la oposición, se cumple a raja tabla. Cada movimiento, convertido en cálculo político.
En audios que circulan, se escuchó a dirigentes decir que: «bajar al presidente de la República no va a ser nada fácil con una movilización, sino realmente con una medida de hecho muy contundente». Las afirmaciones reflejan intenciones antidemocráticas, tendenciosas y sediciosas. La frágil institucionalidad está en peligro y solo el apoyo ciudadano puede contrarrestar los vientos golpistas.
Desde luego, muchos de los reclamos obedecen a una falta de reacción oportuna del gobierno de Guillermo Lasso, quien recibió un país en condiciones críticas luego de más de una década de un gobierno autoritario. Sin duda, el mandatario debe atender las demandas de sectores vulnerables con respeto a la diversidad y desde la otra orilla, mostrar voluntad de auténtico diálogo, sin imposiciones para asumir responsabilidad frente a la pobreza que afecta a nuestro pueblo. Corrupción, impunidad, inseguridad y narcotráfico también ponen alerta a la población.
Nadie piensa en Juan pueblo, cortado las alas para trabajar día a día y llevar sustento a su hogar. Ese mismo ciudadano de a pie que se revela ante un país que no aplasta el acelerador para avanzar porque las instituciones del Estado están atrapadas en las telarañas de las disputas políticas, lo que merma credibilidad. La crisis social y económica que vive nuestro país, provoca malestar en varios segmentos de la población. Hay problemáticas que debieron, en su momento, ser solucionadas y/o mejoradas por el gobierno como administrador del estado. Las cifras lo demuestran: sólo 3 de cada 10 ecuatorianos tiene empleo pleno.
Todo esfuerzo por defender los derechos humanos, conversar y llegar a acuerdos es válido como también las gestiones que realizan Conferencia Episcopal, Asociación de Municipalidades, representantes de algunas universidades, uno que otro organismo internacional, cámaras, ONGs y líderes ciudadanos, al aportar propuestas y ofrecerse como mediadores .
Por los hechos, parecería que, los ecuatorianos no entendemos nuestra problemática. Asumimos que cada vez que llega un nuevo gobierno, se resolverán todos los inconvenientes y que el bienestar, como arte de magia, llegará para cada uno de nosotros. No conozco ni un solo gobierno qué en cuatro años, lo haya logrado. Lleva décadas derrotar la pobreza, siempre y cuando esté acompañada de una política económica correcta.
Afirman los estudiosos que, el paro nacional, provocó que el riesgo país suba 100 puntos, razón por la cual el estado ecuatoriano debe pagar por intereses, más de 200 millones de dólares adicionales. ¿Era mejor usar ese monto en salud y educación? A pesar de ser un país fragmentado, debería importarnos. ¿Es así cómo se ama el país? Las formas lo dicen todo, lo hicieron ya en octubre 2019. Parecería que la violencia, asalto, amenaza, chantaje y el abuso, son impronta de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales que comparten el estilo de combatir el descontento.
El panorama genera inquietud. Cual colmena de abejas deberíamos no sabotear la producción y trabajar por la recuperación económica del país. Cuando se analizan cifras y estadísticas, duele comprobar que los distintos gobiernos entregaron a precios de hoy, más de 80 mil millones de dólares en subsidios a lo largo de cuatro décadas, mucho más que la deuda pública, con la dolorosa conclusión que toda esa deuda sirvió para subsidiar los combustibles. ¿Cómo sociedad entendemos el hecho? Si lo hacemos, huelgas y paros en nuestro territorio no deben tener cabida, para algún día, abrigar la esperanza de que el bienestar de todos y cada uno de nosotros (micro economía) trabaje.
También hiere que la capital de los ecuatorianos, otra hora digno referente del país al liderar gestas que le mereció el título de Quito luz de América, a sus autoridades y ediles enmarañados en burocracia y cálculos electoreros, les invada el silencio, estimulen el caos y en algunos casos hasta se disculpen con los violentos, quienes trapean el piso con el principio de autoridad.
Sorprende que las vedetes en las redes sociales son los bulos y noticias falsas, mientras la opinión se convierte en telaraña. La intransigencia, el cálculo y la violencia parecen determinar la doctrina; la racionalidad, solidaridad, empatía y tolerancia en el tacho de basura, mientras la prepotencia de unos, acoquina del miedo a los otros. La Constitución que declara al Ecuador como un ‘Estado de derechos y justicia’ y que su primer deber es la defensa de las garantías y las libertades, es letra muerta. Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Unidad Popular y Construye cuestionan informe del CNE que busca cancelarlos por ‘no cumplir mínimo de afiliados’
El Consejo Nacional Electoral (CNE) difundió informes técnico-jurídicos que recomiendan iniciar el proceso de cancelación de dos organizaciones políticas por no cumplir con el mínimo de afiliados o adherentes permanentes: Unidad Popular y el movimiento Construye.
Según el organismo electoral, la medida se basa en el artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia, que establece la cancelación cuando el número de afiliados cae por debajo del 50% requerido para mantenerse en el registro oficial de organizaciones políticas.
En su comunicado, el CNE detalló que los informes recomiendan el inicio del procedimiento administrativo contra ambas agrupaciones.
Intentos fallidos en el pleno del CNE
La primera sesión para aprobar el informe sobre la cancelación de los partidos se realizó el 20 de marzo, pero no alcanzó los votos necesarios. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero José Merino votaron a favor, mientras que Elena Nájera se abstuvo.
Ese mismo día, en una segunda convocatoria virtual, no hubo quórum en el pleno, ya que únicamente se conectaron Atamaint y Merino. Una nueva sesión convocada el domingo también fue cancelada.
Movilización de Unidad Popular
Este lunes 23 de marzo, militantes de Unidad Popular se movilizaron en rechazo al proceso impulsado por el CNE. Su director, Geovanny Atarihuana, acudió al organismo electoral junto a simpatizantes para solicitar la certificación de la base de datos de afiliaciones y desafiliaciones.
La organización pidió archivar el informe, al que calificó como “fraudulento”, y aseguró que el documento no ha sido aprobado por el pleno ni tiene sustento legal. Además, denunció la supuesta invalidación de cerca de 175.000 afiliados, a quienes califican como “afiliados desaparecidos”.
Unidad Popular advirtió que, de avanzar el proceso, acudirá al Tribunal Contencioso Electoral para ejercer su defensa.
Construye denuncia persecución política
Por su parte, el movimiento Construye emitió un pronunciamiento en el que cuestiona la actuación del CNE y del Gobierno. La organización sostiene que enfrenta una “arremetida” desde hace más de dos años y acusa al Ejecutivo de intentar su “extinción política”.
«El gobierno atacó a dirigentes y asambleístas, y utilizó el CNE —con Diana Atamaint a la cabeza— para intentar nuestra extinción política. Mientras unos asambleístas fueron intimidados, otros fueron cooptados con prebendas y pasaron a engrosar sus filas», apuntó Construye.
En su comunicado, también señala que existe un modelo de autoritarismo en el país, con falta de independencia de poderes, corrupción estructural y persecución a actores políticos, periodistas y organizaciones sociales.
Por último, Construye afirmó que se pronunciará oficialmente una vez que sea notificado formalmente y anticipó que ejercerá su derecho a la defensa. Fuente: Vistazo
Nacionales
Avión con más de 100 soldados colombianos se accidenta en Putumayo: ¿Qué se sabe?
En la mañana del lunes 23 de marzo, un avión Hércules del Ejército colombiano se estrelló en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. La aeronave transportaba a 110 soldados de la fuerza pública, pertenecientes al Batallón de Selva 49, quienes se dirigían hacia el municipio de Puerto Asís.
El accidente ocurrió alrededor de las 09:00, cuando el avión intentaba despegar de la pista. Las primeras versiones indican que la aeronave colisionó en el momento del despegue, provocando un siniestro de gran magnitud.
Ministro de Defensa de Colombia confirma el hecho
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la tragedia a través de una publicación en su cuenta de X. En su mensaje expresó: “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”.
El alto funcionario añadió que se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, además de la investigación correspondiente. También pidió evitar especulaciones hasta contar con información oficial.

Avión choca con camión en el aeropuerto LaGuardia en New York: más de 40 heridos
Rescate y atención médica
De manera preliminar, se conoce que 20 uniformados fueron rescatados con vida y trasladados de urgencia a la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, para recibir atención médica especializada.
Las autoridades continúan trabajando en el lugar del accidente para identificar el número total de víctimas y brindar asistencia a los sobrevivientes. El Ejército confirmó que unidades militares y equipos de emergencia se encuentran desplegados en la zona para apoyar las labores de rescate. Fuente: Expreso.ec
Nacionales
Jueza falla a favor de Alexandra Villacís, quien debería asumir el puesto de Mario Godoy en la Judicatura
La polémica alrededor de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) continúa. El 23 de marzo de 2026, la jueza Viviana Pila favoreció a Alexandra Villacís en una acción de habeas data que había interpuesto contra el Ministerio del Trabajo.
Villacís, vocal suplente del CJ, solicitó que se corrija un impedimento de ejercer cargo público que el Ministerio del Trabajo registraba en su contra, por una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Ese impedimento obstaculizó que Villacís asumiera temporalmente la presidencia de la Judicatura desde el 9 de febrero, cuando Mario Godoy solicitó una licencia sin sueldo. Y, de manera definitiva, desde el 18 de febrero, cuando Godoy fue destituido por la Asamblea Nacional.
Según la Constitución de Ecuador, la Judicatura debe ser presidida por el vocal representante de la Corte Nacional de Justicia. Ese lugar lo ocupaba Godoy y su suplente era Villacís, por lo que, por sucesión, ese cargo le correspondería a Villacís.
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Pero, ante el impedimento registrado por el Ministerio del Trabajo, la Judicatura declaró vacante esa vocalía suplente y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social empezó un proceso para nombrar a un nuevo representante alterno de la Corte.
Ese proceso de designación, posteriormente, se unificó con el proceso para nombrar también al reemplazo de Godoy.
Ahora, ante la decisión de la jueza Pila todavía no se conoce la posición de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana para saber si se deja sin efecto el proceso de designación y Villacís asume la titularidad de la Judicatura.
Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura es presidido de manera interina por Damián Larco, exdirector del SRI del Gobierno de Daniel Noboa y quien es el representante del Ejecutivo en el organismo judicial. Fuente: Primicias
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