Nacionales
Plazo de 48 horas para que Guillermo Lasso ejecute los pedidos concluye y movimiento indígena alistaría su llegada a Quito para extremar acciones del paro
Las estructuras del movimiento indígena estarían preparándose para su arribo a la ciudad de Quito para radicalizar el paro nacional en exigencia de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumpla una propuesta de diez demandas en materia económica y social.
Las tres organizaciones indígenas que impulsan el paro nacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), dieron el pasado viernes un plazo de 48 horas al presidente Guillermo Lasso para que cumpla su pliego de diez demandas.
Ese plazo se cumpliría este lunes, por lo que amenazaron con trasladar a la capital las manifestaciones territoriales que se han sucedido en los últimos siete días con bloqueos de carreteras en varias provincias.
Con ello, las bases estarían alistando su llegada. Por ejemplo, la Federación de los Pueblos Kichwas de la Sierra Norte, filial de la Ecuarunari, que a su vez es parte de la Conaie, resolvió realizar la movilización a Quito desde este domingo, 19 de junio, a las 14:00.
Señalaron que el objeto es exigir el cumplimiento de las diez demandas al Gobierno y de no existir respuesta se debe “solicitar la destitución (de Guillermo Lasso) por incumplimiento del mandato”, cita el documento de su resolución.
De igual forma, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), como parte de su planificación, decidió concentrar a su delegación desde este lunes, a las 10:00, en el sector de Cutuglagua, zona ubicada en el sur de Quito.
La Fenocin prepara la logística para recibir a sus huestes, para lo que abrió como punto de recepción de alimentos y medicinas, colchones, ropa, alcohol, su sede ubicada en las calles Carrión y Versalles.
Se estima que las delegaciones de los tres movimientos sociales se concentren en el parque El Arbolito, en el centro norte de la capital, y sea la Casa de la Cultura Ecuatoriana el punto de encuentro para la socialización de las acciones de hecho.
Justamente, este inmueble fue allanado la mañana de este 19 de junio por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, al recibir una denuncia anónima de que un grupo de 30 personas, presuntamente de nacionalidad venezolana y ecuatoriana, habrían almacenado material bélico como explosivos y armas artesanales que pretendían ser usados en las protestas.
La Fiscalía informó en horas de la tarde que luego de esta diligencia “no se incautaron indicios ni se registraron detenidos”.
En un video que circula en redes sociales, de una reunión entre el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y otros dirigentes, este les informa que la Casa de la Cultura los recibirá y garantizará el audio para la proclamación de las consignas.
En tanto, a lo largo de los siete días del paro nacional las protestas se han mantenido en las carreteras.
Se han reportado decenas de plantones, marchas y bloqueos viales en unas 22 provincias; pero en Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Chimborazo y la Amazonía las manifestaciones tuvieron más fuerza.
En Cotopaxi, provincia de la que es oriundo Leonidas Iza, los propietarios de negocios han cerrado sus puertas por temor a ser agredidos, pues grupos de líderes comunitarios los amedrentaban con palos para que se unan a la paralización.
Su capital, Latacunga, es el centro de coordinación de acciones de Iza, quien se traslada a las comunidades indígenas para propagar el mensaje de los diez puntos de la agenda que exigen sean cumplidos por Lasso.
En Chimborazo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Chimborazo (Comich) protagonizó fuertes manifestaciones en los exteriores de la Gobernación para rechazar la agresión policial.
Se cerraron negocios y con una caravana de camiones y motocicletas manifestantes recorrían las calles del cantón Guano rechazando la gestión del jefe de Estado.
En Ibarra (Imbabura), también los manifestantes caminaban por las avenidas, mientras que los negocios cerraban para evitar afectaciones.
En Pichincha se han producido marchas diarias por gremios de estudiantes, trabajadores y maestros que terminaron en enfrentamientos con la Policía Nacional. En tanto, en los ingresos por el sector sur y norte se mantienen bloqueos de vías parciales.
En la Amazonía, las acciones se coordinan desde Pastaza en donde está el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), filial de la Conaie, Marlon Vargas, quien este domingo invitó a los ciudadanos a “luchar con convicción”.
En un mensaje público invitó a la ciudadanía a mantener las medidas de hecho y les adelantó que, en una reunión con los dirigentes, analizarían su participación en las protestas en Quito y la habilitación de un corredor humanitario.
“¡Si el Gobierno no da resultados a nuestras propuestas, que se preparen porque vamos a batallar largamente! Vamos a resistir, nosotros no nos hacemos problema porque tenemos comida, agua, petróleo… Y si hay que caminar, caminaremos a Quito”, expresó a los protestantes concentrados en Puyo (Pastaza).
La organización no gubernamental Amazon Front Lines informó que desde que se inició el paro nacional, se han registrado 37 vulneraciones de derechos humanos, 52 detenciones y 43 personas heridas.
Por su parte, la noche del sábado, los presidentes de la Conaie, Leonidas Iza; de la Fenocin, Gary Espinoza, y Samuel Lema, de la Feine, se pronunciaron sobre el decreto ejecutivo 456 que suscribió el presidente de la República el 18 de junio, disponiendo siete medidas económicas para el sector indígena y agricultor.
Leonidas Iza resaltó que gracias a su “lucha” el Ejecutivo ha tomado acciones, que “por más mínimos que sean los resultados son muy importantes porque son fruto de la lucha, porque en un año no tuvimos resultados”.
Insistió en que se debe atender su agenda de diez puntos para “paliar la pobreza. (…) En el momento que dijimos diez puntos, son diez puntos”, añadió el dirigente.
El principal de estos temas es la reducción de los precios de la gasolina extra a $ 2,10 y el diésel a $ 1,50, pues “es importante para poder garantizar el resto de las economías, necesitamos los precios de sustentación”.
Sobre el subsidio del 50 % al fertilizante urea para el sector agricultor, dijo que la “producción nacional no se hace solo con la urea, por lo que no resuelve el problema”.
Exigen que se firmen decretos ejecutivos en los que se garantice que no se van a privatizar empresas públicas para que Lasso “honre su palabra” y que no haya minería en áreas protegidas, en zonas de recarga hídrica y territorios indígenas. “Debe garantizar la consulta previa, con una decisión firme”, enfatizó Iza.
Estas demandas se articulan con la decisión de Lasso de disponer mediante decreto que el Ministerio de Educación duplique el presupuesto para la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación.
Al Ministerio de Agricultura y Ganadería mandó a que implemente un subsidio del 50 % en el precio de la urea para pequeños y medianos productores a partir del 1 de julio de 2022.
Al Ministerio de Inclusión Económica y Social que ejecute el incremento del bono de desarrollo humano a $ 55.
Al BanEcuador que instrumentalice la reducción de las tasas de interés del 10 % al 5 % para los créditos vigentes por montos de hasta $ 3.000 y la condonación de todos los créditos vencidos al 31 de mayo de 2022 por valores de hasta $ 3.000.
Asimismo, que abra líneas de créditos con un monto de $ 100 millones para los pequeños y medianos productores. Estos créditos deben ser por hasta $ 20.000 al 5 % de interés anual y hasta diez años plazo.
Se ordenó al BanEcuador que se requiera a la Junta de Política y Regulación Financiera el establecimiento de una tasa de interés máxima para créditos de interés social pertenecientes al segmento de microcréditos al 5 % anual y hasta diez años plazo.
En el decreto se dispone al Ministerio de Economía y Finanzas que entregue los recursos correspondientes que requieran los ministerios a cargo de cumplir estos mandatos presidenciales. (I)
El Universo
Nacionales
Cómo gastan el dinero los municipios y las prefecturas y qué cambiaría con la reforma que plantea Noboa
Una nueva reforma legal pone la lupa sobre lo que están haciendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con los recursos que reciben del Presupuesto General del Estado.
Según el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deben recibir:
21% de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado, que son los generados por recaudación de impuestos y tasas.
Y un 10% de los ingresos no permanentes del Estado, es decir, aquellos por venta de petróleo o venta de bienes del Estado o concesiones.
Pero esto podría cambiar con el Proyecto de Ley Reformatoria al Cootad para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, presentado el 28 de enero de 2026, con carácter económico urgente.
El proyecto plantea que los GAD destinen el 70% de sus presupuestos anuales a inversión y obra pública. Y da plazo para conseguir este objetivo: hasta 2029 para los municipios y prefecturas y hasta 2030 para las juntas parroquiales rurales.
El proyecto advierte que, si no cumplen ese porcentaje de inversión, las asignaciones bajarían a los mínimos que dispone la Constitución:
15% por ingresos permanentes.
5% de asignaciones no permanentes.
Según el Gobierno, las actas de la Asamblea Constituyente muestran que las asignaciones a los GAD buscaban evitar el gasto en actividades vitrina y priorizar servicios públicos urgentes.
De ahí que el Ejecutivo cuestione que buena parte del dinero que manejan los gobiernos seccionales se destina al pago de sueldos y salarios. Y, aún peor, para eventos artísticos, culturales, recreativos o de entretenimiento.
«Estos gastos no promueven la dinamización de la economía en contextos donde persisten brechas significativas en la provisión de servicios básicos e infraestructura esencial». Proyecto de ley para reformar el Cootad.
¿En qué gastan los gobiernos seccionales en Ecuador?
Resulta complejo conocer a detalle en qué gastan todos los GAD, pues en el país hay 221 municipios, 24 prefecturas y 797 juntas parroquiales. La mayoría no publica el detalle de sus presupuestos y su ejecución de forma actualizada y transparente.
El Banco Central de Ecuador (BCE) consolida información financiera de todos los GAD. Según esos datos, de los USD 5.497 millones que manejaron en 2024, el 24% se destinó a inversión, que incluye formación bruta de capital fijo, obra pública y la adquisición de bienes de larga duración. En 2025, el porcentaje para inversión fue similar, del 25%.
Por ejemplo, en GAD como el Municipio de Guayaquil, de un presupuesto total de USD 1.608 millones en 2025, USD 439 millones o el 27% fue para inversión y obra pública, según los rubros que el Gobierno central plantea que se pueden considerar como tal.
En Quito, de un presupuesto de USD 1.744 millones, unos USD 398 millones, o el 23%, se dirigieron a ese mismo fin. Mientras que en la Prefectura de Pichincha, el 47% de su presupuesto de USD 275 millones se destinó a inversión y obra pública.
¿Cuánto reciben los GAD del Estado?
En el proyecto de ley, el Gobierno de Noboa menciona que la reforma es necesaria por el problema de desequilibrio fiscal del país; es decir, porque los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos del Estado y, como resultado, Ecuador tiene que endeudarse cada vez más.
Y añade que las asignaciones que hace el Estado para los GAD son muy rígidas; es decir, es muy difícil hacer ajustes cuando los ingresos no alcanzan.
Si bien los municipios, las alcaldías y las juntas parroquiales tienen ingresos propios de las tasas y de los impuestos que cobran, una buena parte de su presupuesto se cubre con las asignaciones del Estado.
Y este no es un gasto menor. Por ejemplo, en 2025, el Presupuesto del Estado alcanzó los USD 34.949 millones y, de ese valor, unos USD 3.455 millones fueron transferencias estatales para los GAD; esto es, casi el 10%.
Esto es 17 veces más que lo que se destinó a obra pública en el Presupuesto General del Estado.
Por la fuerte presión, año a año se acumulan millonarios atrasos en las asignaciones a los gobiernos seccionales, como en 2025 cuando sumaron USD 875 millones.
El economista Daniel Lemus, director del centro de políticas públicas de la ESPOL, explica que las asignaciones del Presupuesto del Estado representan entre el 48% y 54% de los ingresos que tienen los GAD, aunque hay algunos que dependen más del Gobierno central.
Por ejemplo, estas transferencias estatales representan menos del 50% de los presupuestos de algunos municipios, mientras que en las prefecturas son del 70%, añade Lemus.
Para Lemus, la reforma es positiva, pero hace falta aclarar detalles sobre cómo se hará el cómputo de ese 70%.
«¿Se computará sobre lo que el GAD haya planificado en el presupuesto o lo que realmente se haya ejecutado? Porque hay obras que se contratan en un año, pero la ejecución ocurre en el siguiente. Y con los anticipos de las obras, ¿qué pasará?», añade.
Para Lemus es importante hacer estas aclaraciones para evitar que solo se asienten cifras en el papel y al final del año, la ejecución real esté lejos de la meta.
¿Qué cambia el proyecto de ley?
Hoy, el Cootad ya pone un candado, pues su artículo 198 dice que las transferencias que se hagan a los GAD podrán financiar hasta el 30% de gastos permanentes (como sueldos de funcionarios), y un mínimo del 70% de gastos de inversión y obra pública.
Además, especifica que las transferencias provenientes principalmente de la venta del petróleo deberán financiar solo inversión y obra pública.
Sin embargo, ahora el Gobierno propone que el 70% de todo el presupuesto de los GAD — no solo de la asignación estatal— sea para inversión y obra pública.
«La reforma es positiva, para mejorar la calidad de gasto y aumentar la inversión, pero tampoco debe servir para ahogar a algunos GAD con porcentajes imposibles de cumplir». Daniel Lemus, economista
Lemus destaca que el proyecto ya define qué rubros son los que se pueden considerar inversión y obra pública, para evitar diferentes interpretaciones. Fuente: Primicias
Nacionales
Cynthia Jacho: sacó una baja calificación, pero ahora es presidenta de la comisión que elegirá al nuevo fiscal
Cynthia Alexandra Jacho Tipán fue designada como presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado. La joven fungió como abogada junior de un bufete quiteño y sacó una de las calificaciones más bajas en la etapa de méritos.
Esta comisión fue creada por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) en medio de cuestionamientos sobre los requisitos de los postulantes y sus calificaciones.
En total son 10 personas las que tienen la misión de encontrar al nuevo líder del Ministerio Público. Entre los integrantes de la comisión hay representantes de la ciudadanía y de las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia y Control Social).
Jacho arrancó en su cargo solicitando al presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, que remita hasta el 29 de enero la terna para elegir al secretario de la comisión. Además, solicitó un equipo técnico.
Tras completar esos requerimientos, los comisionados podrán convocar oficialmente al concurso para escoger al nuevo fiscal.

¿QUIÉN ES CYNTHIA JACHO?
Tiene 26 años, nació en Quito y se graduó como abogada en la Universidad Central del Ecuador en diciembre del 2023, pero su título quedó registrado en la Senescyt en febrero del 2024.
Según la hoja de vida presentada al Cpccs, posee cursos en dignidad humana desde la jurisprudencia constitucional, habeas corpus privación de la libertad legal, arbitraje e ilegítima, teoría del delito y la pena y la prueba en materia laboral.
Todas estas capacitaciones se dieron en julio del 2025, a excepción de la última que tiene como fecha a julio del 2024.
En cuanto a experiencia laboral, Jacho trabajó dos años y 11 meses en el bufete Martínez & Martínez como asistente legal y abogada junior.
Además, la joven destacó que posee experiencia específica en derecho institucional, erradicación para la violencia y relaciones comunitarias.

CUESTIONAMIENTOS
Sin embargo, ha sido cuestionada por sacar 17,5 sobre 50 en el concurso de méritos. Esta fue una de las notas más bajas del grupo por varios motivos: su reciente titulación, su escasa experiencia laboral y la falta de publicaciones académicas.
Aunque justificó dos premios, logrados en junio del 2025, por su defensa en derechos de la mujer y causas sociales y comunitarias.
Por su parte, el asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), recordó en la red social X que alrededor de la nota de Jacho hubo un curioso incidente.
“El equipo técnico tuvo un ‘lapsus calami’ y la calificó con 37,5/50. Ante ello, el Cpccs pidió rectificar la votación para colocar la nota real. La corrección se hizo entre finales de noviembre e inicios de diciembre. ¿El resultado? Con una de las peores calificaciones, terminó dirigiendo la Comisión que decidirá quién será la o el nuevo Fiscal General del Estado”, apuntó el legislador.

PRÓXIMOS PASOS
Una vez que tengan un secretario y un equipo técnico, los comisionados deben hacer un cronograma de trabajo y convocar a los abogados que deseen participar en el concurso. En total son cinco fases:
- Convocatoria y postulación
- Admisibilidad y reconsideración
- Méritos y recalificación
- Escrutinio público e impugnación
- Oposición y recalificación.
Este proceso debe durar cuatro meses, aunque también hay la posibilidad de una prórroga de dos meses más para concluir el concurso que designe al nuevo fiscal. Fuente: vistazo
Nacionales
Ecuador consolida la cooperación con la CAF para los sectores energético, aéreo y bananero
El Gobierno ecuatoriano informó este jueves de que suscribió un instrumento de cooperación técnica no reembolsable con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientado a fortalecer los sectores energético y aéreo.
Además, en el marco del Foro Económico Internacional, en Panamá, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) firmó una carta de intención con el multilateral para implementar un programa de mejoramiento genético del banano.
El instrumento forma parte de la relación estratégica que mantiene el Ecuador con CAF, organismo que ha acompañado al país mediante mecanismos financieros y asistencia técnica en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
Su objetivo es fortalecer las capacidades de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, así como acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión, en favor de la seguridad energética y una transición sostenible.
La cooperación incluye la realización de análisis técnicos y socioambientales, así como la preparación de una cartera de proyectos estratégicos, con estudios de ingeniería y perfiles para financiamiento.
Además, prevé acciones de fortalecimiento institucional orientadas a optimizar procesos, gestión y herramientas tecnológicas, y a destrabar cuellos de botella en la ejecución de proyectos.
En el área aeronáutica, el instrumento, suscrito por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, contempla la asistencia no reembolsable de dos millones de dólares, destinada a fortalecer integralmente la conectividad aérea y la seguridad operacional.
Para ello, se contemplan estudios de factibilidad, la rehabilitación de infraestructura aeronáutica, la adquisición de equipamiento, alianzas público-privadas y acciones de fortalecimiento institucional, con énfasis en el rol del Estado como planificador y regulador del sistema aéreo nacional.
La carta de intención suscrita entre la CAF y AEBE, apunta a financiar el mejoramiento fitogenético del banano productivo, de tal manera que sea resistente a las plagas que regularmente afectan a este cultivo.
La suscripción de estos instrumentos reafirmó el acceso del Ecuador a asistencia técnica especializada de alto nivel, orientada a fortalecer la planificación y la capacidad del Estado en sectores clave para el desarrollo sostenible. Fuente: Vistazo
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