Nacionales
Captadoras ilegales de dinero tienen nexos con el narcotráfico
Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarcóticos revelan que en el Viejo Continente un kilo de cocaína puede venderse desde USD 55 000. Eso quiere decir que, por unas 7 toneladas (que es lo que ha sido incautado este año) las mafias pudieron haber ganado al menos USD 385 millones. Esta cantidad decomisada se ha considerado la más grande durante este año.
Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la Policía. Geovanny Ponce, director nacional de Antinarcóticos, revela pistas de cómo se camufla el dinero sucio en territorio nacional.
El alto oficial dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, además de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captación de dinero sin autorización de los entes de control respectivos.
Esto último ha levantado las alertas durante los años más recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferación de estas actividades desde 2017.
Según datos oficiales, desde ese año en el país se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Aunque no existe un monto específico de cuánto dinero captaron, agentes que investigan estos casos calculan que estas organizaciones pueden llegar a mover USD 10 millones en un trimestre.
Por eso, los uniformados dicen que redes del narcotráfico estarían detrás de estos ilícitos para blanquear las ganancias de la droga.
El esquema con el que funcionan es complejo. Según los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del país.
¿Cómo las mafias recuperan el dinero invertido?
Un agente de la unidad de lavados de activos de la Policía dice que el negocio está en que se pierda el rastro del dinero ilegal. Mientras ellos se llevan el dinero legal que deja la gente, ellos entregan dinero ilegal para que automáticamente se blanquee. Pero para que esto ocurra, se tiene que tener un gran número de supuestos inversores o accionistas.
“Por eso los intereses que ofrecen son tan elevados. La idea es que la gente ingrese masivamente, para que identificar el dinero ilegal resulte más difícil cuando ingrese a las cuentas legales”.
Incluso, los agentes dicen que a las mafias de narcotraficantes les llama la atención invertir en estas actividades, porque entre los inversores también hay funcionarios públicos, políticos, policías y miembros de Fuerzas Armadas.
Eso, por ejemplo, sucedió con Big Money. El Ministerio de Gobierno ha informado que al menos 300 policías fueron parte de esta red ilegal. Fuerzas Armadas no ha entregado datos de los miembros que fueron parte de esta actividad ilícita. Sin embargo, la Policía tiene información que señalaría a uniformados que laboran en el Ministerio de Defensa.
De hecho, una de las últimas apariciones de Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, acudió a esa dependencia. La Policía dice que habría llegado con maletas repletas de fajos de dinero. Una semana después fue asesinado.
En otra captadora ilegal de dinero, que funcionaba en Zamora Chinchipe, también se tienen datos sobre nexos con el narcotráfico. Los agentes señalan que, a través de la compra de maquinaria pesada, las mafias ofertaban ganancias mensuales a sus inversionistas. Allí se sospecha que se movieron más de USD 5 millones.
Por todos estos hechos, las autoridades han iniciado un trabajo conjunto con unidades financieras y la Superintendencia de Compañías para detectar más captadoras. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) también levanta información de movimientos inusuales en todas las provincias del país. Esos datos se mantienen en reserva. (El Comercio)
Nacionales
Aquiles Alvarez sobre eliminación al subsidio del diésel: ‘No se subirá un centavo el pasaje’
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se pronunció este lunes sobre las declaraciones del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en relación con la eventual decisión de los municipios de aumentar o no la tarifa del transporte urbano, ante la eliminación del subsidio al diésel.
En una entrevista en el programa televisivo Contacto Directo, el titular de dicha cartera explicó que el programa de compensaciones económicas a transportistas propuesto junto a la medida, que consiste de pagos mensuales de entre USD 400 A USD 1.000 dependiendo de la actividad a la que se dedican, se extenderá ocho meses, con opción a una prórroga de cuatro meses adicionales.
Luego de ello, explicó Luque, serán los gobiernos autónomos descentralizados las instituciones que deberán regular los precios del transporte público. El Gobierno únicamente resolvería si habría un alza en el sector de transporte intraprovincial e interprovincial.
El burgomaestre recalcó que “Guayaquil es autónoma” e indicó que, aunque el tema aún no se ha tratado en el Concejo Municipal, se ha evaluado la posibilidad de dividir el transporte urbano en dos modalidades: una clase popular, que mantendría la tarifa actual de 30 centavos, y una clase ejecutiva, con un costo de 45 centavos, cuyas unidades estarían equipadas con aire acondicionado y Wi-Fi.
Alvarez reiteró que utilizar la clase ejecutiva sería optativa y detalló que existen casi 2.600 buses urbanos en Guayaquil, de los cuales únicamente el 5% podría acogerse a esta modalidad si la medida llegase a ser aplicada. No obstante, para ello, acotó, «falta mucho todavía».
Advertencia de organizaciones sociales
Varias organizaciones sociales, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), anunciaron este lunes 15 de septiembre medidas de protesta a lo largo del país contra la eliminación del subsidio al diésel.
Según cálculos oficiales, supondría un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares al año y un golpe a economías criminales, que, sostiene el Ejecutivo, se beneficiaban de la diferencia de costes para crear millonarias tramas de contrabando transfronterizo.
“Vamos a radicalizar las acciones. Habrá plantones y movilizaciones el 17 y 18 de septiembre”, confirmó Edwin Bedoya, presidente del FUT, en una rueda de prensa realizada junto a otros líderes sindicales.
Bedoya manifestó su respaldo a las manifestaciones registradas en Carchi, así como al cierre de vías en a las afueras de Quito, afirmando que «esa es la única forma».
El presidente del FUT señaló que los productores de leche y arroz también se están quejando.
«Es decir, el golpe de la subida afecta a todos: campesinos, pequeñas y medianas empresas. De ellos no se acuerda el Gobierno», afirmó.
Bedoya enfatizó que las radicalizaciones empiezan esta semana con plantones y movilizaciones. De su lado, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, invitó a otras organizaciones a respaldar las medidas de protesta. Fuente: Vistazo
Nacionales
La Corte Constitucional rechaza pregunta de referéndum de Noboa para reducir el número de asambleístas
La Corte Constitucional rechazó la pregunta propuesta por el presidente Daniel Noboa para ser votada en referéndum referida a reducir el número de asambleístas de la Asamblea Nacional, que actualmente cuenta con 151 integrantes, por no cumplir con los requisitos constitucionales de claridad y lealtad hacia el electorado.
Esta es una de las cuatro preguntas para el nuevo referéndum que impulsa Noboa rechazadas por la Corte el pasado 5 de septiembre, pero sobre la que el mandatario había insistido con una nueva reformulación que tampoco ha sido validada por los jueces constitucionales.
El alto tribunal determinó que esta cuestión omitía datos fundamentales, como que la cámara nacional pasaría a tener solo 73 integrantes, y tampoco especificaba los criterios de redistribución de escaños por provincia.
«Esta ausencia de información dificultaba que el electorado comprenda con precisión el alcance de la propuesta«, señaló el máximo tribunal de garantías.
La Corte Constitucional rechazó hace diez días cuatro de las siete preguntas propuestas por Noboa para votar en un referéndum presumiblemente a finales de este año.
Una vez la Asamblea da el visto bueno a las cuestiones, deben ser estudiadas y analizadas por la Constitucional para determinar si son constitucionales o, por el contrario, deben ser modificadas.
Financiamiento de partidos políticos
La pregunta para eliminar la financiación pública a los partidos políticos y a las campañas electorales, así como la contratación por horas de jóvenes que se integran al mercado laboral en el sector turístico sí fueron catalogadas como constitucionales, pero se hicieron algunas modificaciones para evitar la ambigüedad y garantizar la neutralidad de la consulta.
En el caso de la financiación de los partidos, eliminó la intención de reformar el artículo 115 de la constitución porque mezclaba conceptos y afectaba a la igualdad en la difusión de propuestas electorales durante las campañas.
Por tanto, mantuvo la redacción de la pregunta por considerarla «neutral» y sí autorizó la modificación al artículo 110 de la Constitución, que permitiría suprimir la obligación del Estado de financiar a las organizaciones políticas.
La contratación por horas, aunque modificó un par de aspectos por considerarlos «valorativos», también alcanzó el visto bueno del alto tribunal y podrá ser votada en el futuro referéndum, a celebrarse previsiblemente en diciembre. Esta cuestión consiste en permitir que se puedan firmar contratos laborales en el sector turístico, siempre y cuando sea la primera relación laboral entre ambas partes.
Por último, y en relación con la declaratoria del estado de excepción por parte de Noboa en algunas provincias del país a principios de agosto, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la medida en todas excepto en los cantones de La Maná y Las Naves por falta de justificación del presidente. Fuente: Vistazo
Nacionales
CONGOPE se pronuncia ante la eliminación del subsidio al diésel y llama al diálogo para garantizar estabilidad en las provincias
El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), frente a la reciente medida del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio al diésel, expresó su compromiso de velar por la estabilidad y el desarrollo territorial del país, especialmente en el ámbito provincial.
La organización reconoció el esfuerzo gubernamental por democratizar los recursos, los cuales deben destinarse prioritariamente a saldar la deuda histórica con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y a fortalecer áreas estratégicas como seguridad, bienestar social y generación de empleo.
En este sentido, el CONGOPE considera que la medida puede constituirse en una oportunidad para corregir desigualdades, dinamizar la economía, generar empleo y reducir la pobreza, siempre que los incentivos estén debidamente focalizados en los productores, transportistas y familias vulnerables.
Asimismo, la entidad destacó que la eliminación de subsidios mal direccionados, que en gran parte beneficiaban a la minería ilegal y al contrabando, permitirá mitigar estos problemas estructurales a mediano plazo.
No obstante, se advirtió sobre la relevancia de garantizar la continuidad de los sectores productivos y logísticos de las provincias, que dependen del transporte pesado, la maquinaria agrícola y la cadena de suministros para sus actividades cotidianas. En ese marco, el CONGOPE hizo un llamado a la ciudadanía y a los gremios a mantener la calma y evitar medidas de paralización que podrían generar graves impactos sociales y económicos.
El Consorcio reafirmó su voluntad de promover el diálogo y la coordinación interinstitucional con el Gobierno Nacional y los diferentes sectores, a fin de asegurar que los mecanismos redistributivos –como el bono destinado a transportistas– sean suficientes y lleguen oportunamente a los actores directamente involucrados.
Finalmente, el CONGOPE subrayó la importancia de realizar un monitoreo cercano del impacto de esta decisión en las provincias, con el objetivo de mitigar posibles efectos adversos y garantizar la continuidad de la producción, el transporte y la vida cotidiana de los ecuatorianos.
“Las Provincias somos el Ecuador”
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