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Subcomisión evalúa procesos de inscripción de títulos de universidades extranjeras

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Este jueves, 21 de abril del 2022, la Subcomisión para Investigar los Títulos Extranjeros no Registrados en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, reunió a los profesionales afectados con los representantes de las instituciones competentes, con la finalidad encontrar soluciones a estas problemáticas que vienen postergándose varios años.

La Subcomisión presidida por la asambleísta Isabel Enrríquez, se centró en escuchar a los profesionales que cursaron estudios superiores en universidades de Perú, Venezuela, Argentina, Rusia, España e Italia. A todas sus quejas e inquietudes de manera individual, fueron obteniendo respuestas de Alexandra Navarrete, Directora de Registro de Títulos del SENESCYT y de Paúl Leonardo Medina Vásquez, Presidente de la Comisión Permanente de Doctorados del Consejo de Educación Superior, CES.

Según las exposiciones de los casos y las respuestas de los funcionarios del CES y la SENESCYT, las soluciones deben darse de manera individual, en función de las universidades internacionales en las que los profesionales ecuatorianos postularon sus potsgrados. Es así que se observará la subsanación del proceso documental, las certificaciones de las universidades que proporcionaron dichos títulos, las rectificaciones a posibles errores que estarían cometiendo dentro de la institución encargada de registrarlos e incluso, se habló de realizar reformas al reglamento por parte del CES.

Isabel Enrríquez, conminó a que se presenten soluciones oportunas en vista de que, “esta problemática no es nueva, todo se tiene que dar en el marco de la Ley y la transparencia”. Esto lo dijo en vista de los rumores en torno a que varios títulos se habrían inscrito mediante el tráfico de influencias o compensaciones económicas.

La Subcomisión se ha comprometido en evaluar los avances de las instituciones competentes, en un plazo de 15 días, donde volverán a convocar a las partes.

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Detección de presunto transporte ilegal de material aurífero en Zamora Chinchipe

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El Bloque de Seguridad del Estado ecuatoriano, a través de un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAAE) y la Policía Nacional (PoliciaEcuador), logró identificar un presunto caso de transporte ilegal de material aurífero en la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

Durante la operación, se detectó a dos ciudadanos que trasladaban una maleta negra con material mineralizado, presuntamente oro, cuyo valor estimado asciende a los 150.000 dólares. Los involucrados no portaban la documentación legal correspondiente para justificar el origen y destino del cargamento.

De manera preliminar, se presume que una avioneta habría aterrizado en la pista de Cumbaratza con la intención de recoger el material, motivo por el cual se han intensificado las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles redes delictivas vinculadas al tráfico de recursos estratégicos.

El procedimiento técnico fue ejecutado por el personal de la Unidad de Control Militar (UCM) y la Unidad de Investigación de Delitos Mineros (UNIDCAM), quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos. Asimismo, se notificó oportunamente al ECU 911 y al fiscal de turno, garantizando así la actuación conforme al marco legal.

El Estado ecuatoriano reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales y estratégicos de la Nación, y continuará fortaleciendo las acciones de control y vigilancia en todo el territorio nacional.

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Marihuana, dinero y balanza digital: Policía desmantela presunto punto de microtráfico en Zamora Ch.

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La lucha frontal contra el microtráfico de drogas en la provincia de Zamora Chinchipe arroja un nuevo resultado contundente. En un operativo desarrollado con precisión y respuesta inmediata, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona Zamora Chinchipe – distrito Yantzaza, logró la aprehensión en flagrancia de un ciudadano implicado en el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Porvenir, en la intersección de las calles Adelaida Marcillo y Zamora, luego de que un ciudadano anónimo alertara sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. De manera inmediata, el personal policial en patrullaje preventivo actuó con profesionalismo y rigor táctico.

Durante el registro corporal y la inspección de una mochila, se halló una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, lo que motivó la aprehensión inmediata del ciudadano identificado como:

  • Joel T., ecuatoriano, de 26 años de edad.

Entre los indicios incautados constan:

  • 548 gramos de marihuana, equivalentes a aproximadamente 1.096 dosis.

  • 1 balanza digital presuntamente utilizada para la dosificación.

  • Dinero en efectivo, cuya procedencia es materia de investigación.

  • 1 teléfono móvil, que podría contener información clave sobre la red de distribución.

La intervención fue notificada al fiscal de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, en aras de garantizar el debido proceso y la correcta judicialización del caso.

Este nuevo golpe al microtráfico no solo representa un logro operativo, sino también un paso firme en la construcción de barrios seguros y libres de violencia. La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso inquebrantable de continuar ejecutando acciones estratégicas que permitan neutralizar a quienes atentan contra la salud pública y la paz ciudadana.

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Gobernadora verifica daños ambientales tras protesta ciudadana en Yantzaza

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En respuesta a las crecientes denuncias sobre los efectos socioambientales de la minería ilegal en el cantón Yantzaza, este 1 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de verificación en territorio, con la participación activa de moradores, autoridades locales y representantes del Comité en Defensa del Río Zamora.

La visita técnica al sector La Floresta y su zona de influencia fue encabezada por la gobernadora de la provincia, Ivonne Panchi, quien acudió al sitio cumpliendo con el compromiso asumido en la mesa de diálogo celebrada el pasado 30 de abril, tras una manifestación pacífica que recorrió desde el parque central de Yantzaza hasta Piedra Liza.

Durante el recorrido, el abogado Hernán Camacho, vocero de la comunidad, expresó: “Constatamos que algunas máquinas han cesado su operación, sin embargo, persisten motores activos en algunos pozos, lo que indica una posible intención de reanudar labores una vez que disminuya la presión ciudadana”. Ante ello, la gobernadora anunció la implementación de patrullajes permanentes para impedir la reactivación de actividades extractivas no autorizadas.

El Comité en Defensa de las Riberas del Río Zamora, conformado por representantes de los barrios La Floresta, Gran Colombia, La Florida, Los Achos y Playa de la Florida, también expuso la crítica situación que atraviesan sus territorios, donde la erosión provocada por el desvío del río amenaza con socavar infraestructura clave, incluida una unidad educativa del sector.

Uno de los puntos clave planteados fue la necesidad urgente de ejecutar un enrocamiento en la zona afectada. “El río se nos viene encima.

Este daño ambiental no solo impacta el ecosistema, sino que pone en riesgo a la población”, enfatizó uno de los dirigentes barriales.

La presencia de la Policía Nacional fue destacada, aunque los líderes comunitarios solicitaron también la intervención de las Fuerzas Armadas. “Los mineros ilegales muestran mayor respeto hacia los militares. Su presencia disuasiva sería clave para evitar nuevos intentos de ocupación del territorio”, indicaron.

Finalmente, la comunidad reiteró su voluntad de mantenerse vigilante, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados: la paralización total de la minería en el Cantón Yantzaza y la intervención estatal para mitigar los efectos del daño ambiental. “La lucha por el respeto a la naturaleza y por la vida de quienes habitamos estas zonas apenas comienza”, concluyó Camacho.

Este hecho refleja el ejercicio activo de una ciudadanía organizada que exige respuestas efectivas del Estado frente a actividades que vulneran los derechos colectivos y atentan contra la sostenibilidad de los territorios de esta provincia.

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