Por: Ab. Christian Avilés Jaramillo Msc
En Ecuador, los conflictos derivados de la separación de una pareja suelen trascender la relación sentimental y afectar directamente a quienes menos responsabilidad tienen: los hijos. En ocasiones, los niños, niñas y adolescentes terminan convertidos en instrumentos de presión, mecanismos de venganza o protagonistas involuntarios de disputas por tenencia y régimen de visitas. Esta realidad exige una reflexión jurídica y social: los hijos no pueden pagar las consecuencias de los conflictos de sus progenitores.
El artículo 44 de la Constitución de la República establece que el Estado, la sociedad y la familia deben promover prioritariamente el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, dispone que sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Este mandato se complementa con el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, que reconoce el interés superior del niño como principio orientado a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
Por tanto, las decisiones judiciales sobre tenencia y visitas no pueden responder exclusivamente a las pretensiones de los padres, sino a las necesidades y circunstancias particulares de cada niño.
Un aspecto fundamental es la corresponsabilidad parental. El artículo 100 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que tanto el padre como la madre tienen iguales responsabilidades en la crianza, educación, cuidado y desarrollo integral de sus hijos. La separación de una pareja no extingue las obligaciones parentales ni convierte a uno de los progenitores en propietario de los hijos.
En esta línea, la Corte Constitucional, mediante sentencia 28-15-IN/21, declaró inconstitucional la preferencia legal que favorecía a la madre en la tenencia de los hijos menores de doce años. Este pronunciamiento representa un avance hacia la igualdad y la corresponsabilidad parental. Sin embargo, ello no significa que deba establecerse automáticamente una tenencia compartida: cada caso requiere una valoración individual, atendiendo al bienestar del niño y a sus circunstancias familiares.
También debe garantizarse el derecho de los niños a ser escuchados, reconocido en el artículo 45 de la Constitución. Escucharlos no significa obligarlos a escoger entre sus padres ni trasladarles la responsabilidad de decidir con quién vivir. Significa reconocerlos como sujetos de derechos, cuya opinión debe valorarse conforme a su edad, madurez y condiciones particulares, sin presiones ni manipulaciones.
La administración de justicia tiene, en consecuencia, una responsabilidad trascendental: evitar que los procesos de familia profundicen los conflictos y garantizar decisiones fundamentadas, oportunas y orientadas a la protección integral de la niñez. Naturalmente, preservar los vínculos familiares nunca puede justificar situaciones de violencia o maltrato; la seguridad física y emocional de los niños debe prevalecer.
La verdadera madurez parental no consiste en ganar un juicio de tenencia, impedir una visita o utilizar las pensiones alimenticias como mecanismos de presión. Consiste en comprender que los hijos necesitan protección, estabilidad y afecto, independientemente de que sus progenitores hayan decidido separarse.
La sociedad debe entender que los niños no son objetos de propiedad, sino sujetos de derechos cuya dignidad y desarrollo deben respetarse. Una separación puede terminar una relación de pareja, pero jamás debería terminar el compromiso de ser padres. Porque, en los conflictos familiares, los hijos nunca deben ser los perdedores.
