Septiembre trajo malas noticias para uno de los detenidos en la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena. La primera semana, las autoridades ecuatorianas anunciaron que Roberto Carlos Álvarez figura en la lista de extraditables hacia Estados Unidos. Y pocos días después, una sentencia por lavado de activos lo condenó a 13 años de prisión. Vivió en España, se refugió en Dubai, en Ecuador, una veintena de bienes están a su nombre.
A través de una estructura societaria, integrada por cuatro empresas familiares, la actividad económica legal y formal permitió que se licuaran recursos ilícitos, provenientes de la delincuencia organizada.
Según los investigadores, el grupo que blanqueó dólares mal habidos está relacionado con Comandos de la Frontera.
Así empezó la investigación
La investigación previa inició en noviembre de 2024, por un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a la Fiscalía, explicó en entrevista con Vistazo el titular de la fiscalía antilavado número cinco, Santiago Requelme.
En el reporte la persona analizada era Robert Jiménez. La ruta de sus transacciones lo vinculaba con una red de contactos.
También era investigado en una causa por delincuencia organizada, relacionada con Comandos de la Frontera. Este proceso lo inició el fiscal que creó la Unidad de Investigación de Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), Wilson Toainga.
La pista conducía a la figura de Roberto Álvarez, su esposa y sus dos hijos, ambos menores de 30 años de edad.
La esposa y los hijos eran accionistas o fundadores de cuatro empresas familiares: industria agrícola y ganadera Kaeri; Alvial Corp.; constructora Inmob y Ecuabodegas.
Con excepción de la última, las tres primeras tenían una actividad económica significativa.
Al final, el proceso se extendió a 19 personas naturales y cinco jurídicas. Jiménez, el personaje por quien inició el expediente, se encuentra prófugo. La esposa de Alvarez también huyó del país.
Los jueces declararon la inocencia de una pareja que registró transacciones sospechosas: uno de ellos vendía combustible a otro.
Fiscalía, según anunció Requelme, apelará para insistir en que los dos esposos también participaron del esquema de lavado, en el mercado de combustibles.
En un país donde las sentencias por lavado son escasas, por la complejidad de la investigación, el pronunciamiento de los jueces en este caso levantó polémica. Ellos determinaron que el monto de lavado es inferior al que había planteado la tesis fiscal.
¿Por qué resultó controversial decisión de los jueces?
La tesis de Fiscalía plantea que los procesados usaron su actividad económica para mezclar dinero de origen ilícito con recursos legales.
La investigación abarcó el período entre 2015 y 2025.
Sin embargo, los jueces no aceptaron este planteamiento. Ellos dictaminaron que los ingresos no justificados al sistema financiero nacional son la base para establecer el monto lavado.
De este modo, el monto que fue lavado en este período, según la sentencia, representa alrededor de un séptimo de la cifra que en un inicio planteó Fiscalía.
Según Fiscalía, el monto total incluyendo el avalúo de 107 bienes pertenecientes a la estructura superaba USD. 370 millones. Para los jueces la cifra bordea los 50 millones.
Al Fiscal le sorprende que, habiendo operado durante casi una década, la actividad inusual de algunos de sus miembros no hubiera llamado la atención de los sujetos obligados. Solamente fue detectada la operación de Jiménez, quien realizaba depósitos superiores a diez mil dólares, sin justificar el origen de los fondos y la legalidad de las transacciones.
De hecho, la hija de gerente, Kerly Álvarez, empezó a recibir transferencias millonarias apenas cumplió 18 años de edad. Manejó alrededor de 50 millones de dólares desde 2016.
Sorprende la cantidad de inmuebles que Álvarez acumuló, una veintena, en distintos sitios del país. Este avalúo supera los 2,5 millones de dólares.
Álvarez residió en España, en una zona de alto nivel económico en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Administraba dos empresas dedicadas a la compraventa de bienes inmuebles, ambas domiciliadas en Majadahonda, Madrid.
Cuando el proceso en su contra avanzaba, huyó a Dubai. Desde ese país fue extraditado hacia Ecuador a fines de 2025. Desde la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena, espera noticias sobre su extradición hacia Estados Unidos.
¿Por qué este proceso por lavado de activos resulta paradigmático?
Para el fiscal Santiago Requelme, de la fiscalía antilavado número cinco, el caso es singular. Y ésta es la razón:
Hay aprendizajes en un caso de esta complejidad.
- En primer lugar, la legislación debe ser modificada para que la investigación contemple un plazo más amplio que los actuales 90 ó 120 días.
- El país requiere, además, un andamiaje sólido para detectar casos de lavado y lograr la trazabilidad de los recursos.
- Todo esto, porque los actores criminales encuentran mecanismos sofisticados para camuflar el blanqueo de capitales. El Estado debe encontrar asimismo las herramientas para detectarlos.
¿Qué ocurrirá con los 107 bienes decomisados?
Dos haciendas agrícolas y ganaderas forman parte de los bienes de la empresa Kaeri, que perteneció al grupo familiar de Álvarez.
Su especialidad: la crianza de porcinos y ganado vacuno. Localizadas en Santo Domingo de los Tsáchilas y Quinindé, vendían alimentos a grandes cadenas de supermercados.
La gran interrogante es qué pasará con las haciendas, que forman parte del inventario de 107 bienes incautados en este entramado. Además, hay bienes en distintas zonas del país.
Por disposición legal, el administrador y custodio es Inmobiliar, que actualmente es una secretaría adscrita a Presidencia de la República.
¿Quiénes son Comandos de la Frontera?
El antecedente de este grupo se relaciona con las FARC. El grupo La Mafia surgió como una alianza entre los disidentes de las FARC y el grupo desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, La Constru.
A fines de 2020 cambió su nombre a Comandos de la Frontera. Los primeros registros de las actividades de esta organización se remontan a agosto de 2021, cuando en Napo fue detenido un hombre en un vehículo de doble fondo.
Viajaba a Quito, donde debía recibir 80 mil dólares de un ciudadano chino.
En 2023 los investigadores establecieron que el grupo criminal actuaba en Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y Orellana. La droga era enviada a Centro y Norteamérica, además de Europa.
Las actividades delictivas abarcan la producción, el transporte entre Colombia y Ecuador la distribución hacia los mercados finales. Además del lavado.
La captura de ‘Chabalo’ en Manta, en la lujosa propiedad y en posesión de más de medio millón de dólares en efectivo, arrojó nuevas pistas.
A fines de agosto de 2024, la Fiscalía efectuó allanamientos simultáneos en cinco provincias: Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas y Orellana.
En los allanamientos conjuntos, en coordinación con la Policía, las autoridades incautaron siete vehículos de alta gama, 29 terminales móviles, 16 armas, municiones, computadoras, 100 mil dólares en efectivo y otros indicios.
El informe de seguimientos y vigilancias, los reportes telefónicos y el contexto de los diálogos revelan conexiones con tráfico de drogas, armas, sicariato y lavado de activos.
Este fue el antecedente del caso por lavado de activos, que acaba de llegar a sentencia.
En su intento por diversificar su portafolio criminal y extender su dominio a zonas más extensas de la Amazonía ecuatoriana, CDF incursionó además en actividades de minería ilegal. Esa ambición dejó una estela de violencia y crímenes, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, desde inicios de 2024. Fuente: Vistazo
