El costo de un evento climático extremo como el de un fenómeno de El Niño no se mide únicamente en infraestructura destruida, en vidas y capital social amenazado, sino en los días en que los negocios dejan de operar y vender, en un potencial impacto económico para Ecuador.

En el devastador El Niño 1997-1998 (que según las autoridades registra similitudes de calentamiento oceánico al evento actual de 2026, a la espera de un acoplamiento atmosférico pleno) el sector productivo absorbió 52,8% de las pérdidas nacionales, de un total de USD 2.869 millones.

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Ante este escenario, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), en alianza con la Cámara de la Construcción de Guayaquil, realizó el encuentro ‘El Niño 360°: Anticiparse es la mejor estrategia’, a inicios de septiembre de 2026.

La jornada reunió a oceanógrafos, académicos y representantes del sector empresarial con el objetivo de dotar al sector productivo de herramientas técnicas para anticipar riesgos, fortalecer la resiliencia operativa y estructurar planes de contingencia frente a la amenaza de El Niño 2026-2027.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los principales centros internacionales prevén que El Niño continúe fortaleciéndose durante los próximos meses, con “posibilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte a finales de 2026”. El climax del evento podría registrarse entre octubre y diciembre.

Los paralelos con la factura económica de 1997-1998
Los impactos del evento 97-98 representaron el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador. Los sectores productivos -agricultura, ganadería, pesca, industria, comercio y turismo- concentraron la mayor tajada de la destrucción, acumulando USD 1.515 millones, el 52,8% de las pérdidas totales.

• La oceanógrafa Maria del Pilar Cornejo, docente e investigadora de la Espol, expuso durante su ponencia que en un escenario optimista basado en eventos históricos, el porcentaje estimado de pérdida para Ecuador sería del 9% al 12% del PIB, entre USD 9.600 millones a USD 14.000 millones. El tiempo de recuperación sería de 2 a 3 años.
• En un escenario severo o pesimista el porcentaje estimado de pérdidas podría alcanzar del 15% al 20%, aproximadamente entre USD 18.000 a USD 24.000 millones, con un tiempo estimado de recuperación de más de 5 años, dijo.

Vista general del desarrollo del foro “El Niño 360°: Anticiparse es la mejor estrategia”, organizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), en un hotel del norte de Guayaquil, el jueves 10 de septiembre de 2026.PRIMICIAS

En 97-98 por cada dólar de daño material directo por El Niño, el Ecuador experimentó unos USD 2,66 en pérdidas indirectas o ingresos no percibidos por lucro cesante, de acuerdo a los datos del Plan de Acción Nacional ante el Evento El Niño 2026-2027, de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

El economista Daniel Lemus, académico y director del Centro de Políticas Públicas de la Espol, enfatizó que, históricamente, el mayor impacto económico de un desastre para las empresas no proviene de la destrucción física de infraestructura, sino del lucro cesante y los sobrecostos operativos.

Lemus dijo que mientras en el terremoto de 2016 la parálisis operativa y los gastos adicionales para mantener la operación representaron la mitad de las pérdidas para empresas ubicadas en 10 cantones afectados por el sismo, en El Niño de 97-98 alcanzó las tres cuartas partes (75%) del impacto total.

Lemus indicó que en este tipo de emergencias los recursos públicos se priorizan en atención sanitaria y en la emergencia humanitaria, y la asistencia financiera para el sector productivo suele llegar con retrasos frente a las urgencias de caja de las empresas.

«No esperemos tanto del Estado (…) no porque no tenga una obligación, sino porque la ayuda no necesariamente va a llegar acorde con los flujos y tiempos de la empresa». Daniel Lemus, director del Centro de Políticas Públicas de la Espol.

El economista recomendó a las organizaciones seguir cinco pasos para diagnosticar sus riesgos, proteger su flujo de caja y asegurar su continuidad en un potencial impacto «muy fuerte» de El Niño.

Una grúa transporta un vehículo liviano en un tramo inundado de la vía Jujan-Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, el 27 de febrero del 2025.API

1.- Identificar los rubros críticos y asignar un área responsable:

• El riesgo debe gestionarse repartiendo responsabilidades dentro del organigrama de la empresa, en el diagnóstico. El área comercial debe calcular el impacto de potenciales días sin producción e incumplimiento de contratos por falta de insumos o de personal en medio de un posible escenario de lluvias e inundaciones prolongadas; Operaciones debe prever el alza en insumos y fletes; Finanzas debe velar por el capital de trabajo y la cartera castigada; Mantenimiento debe proteger la planta y equipos; y Compras/Logística debe diagnosticar las vulnerabilidades de los proveedores y determinar vías alternas de provisión si se interrumpen las carreteras habituales.

2.- Ubicar la empresa y su entorno en el mapa de exposición:

• No basta con evaluar el terreno de la fábrica. Mediante herramientas oficiales como el visualizador Alístate Ecuador de la SNGR, las empresas deberían mapear el riesgo de bodegas y plantas, las rutas terrestres hacia los puertos de exportación -por ejemplo-, la ubicación de sus distribuidores y la posición geográfica de sus proveedores clave. Si un insumo proviene de una zona de alta susceptibilidad a inundaciones o deslaves, la operación corre peligro.

3.- Medir los tiempos de resistencia y de recuperación:

• Frente a cada punto crítico identificado en el mapa, la gerencia debe responder dos preguntas esenciales: ¿Cuántos días puede resistir la empresa si ese proveedor o vía colapsa? y ¿Cuántos días tomará restablecer completamente la operación ante este tipo de contingencias?.

4.- Costear el día de interrupción y calcular la pérdida esperada:

• Ponerle un valor monetario exacto a cada día de parálisis permite calcular la «pérdida esperada». Con este número en mano, la gerencia o directiva puede decidir con criterio si el costo de una obra de mitigación privada (como un muro), el pago de una prima de seguro (tardío para el actual Niño), la búsqueda de una nueva ruta/fuente de abastecimiento o la contratación de un generador eléctrico resultan justificables. Si cerrar la brecha cuesta mucho menos que la pérdida esperada de dejar paralizada la empresa, la inversión se justifica plenamente, dijo Lemus.

5.- Decidir la estrategia de gestión ante cada riesgo:

• La empresa debe determinar si va a evitar, reducir, transferir o retener cada riesgo. Entre las acciones recomendadas antes del inicio de las lluvias constan: elevar o trasladar inventarios y maquinaria a cotas altas, adelantar cosechas y despachos, limpiar canales, probar generadores, reforzar muros de contención, fijar por escrito los disparadores de emergencia para activar las medidas y auditar las pólizas de seguro vigentes para verificar si cubren lucro cesante.
• Lemus dice que el objetivo principal de las empresas debe ser proteger el flujo de caja por lo que recomienda asegurar un «colchón» financiero para al menos 90 días, ya sea mediante reservas propias o la negociación de líneas de crédito antes de que inicie una potencial emergencia.

Además de El Niño está el problema de generación eléctrica
Pilar Cornejo, quien fue la primera Secretaria Nacional de Riesgo de Ecuador, advirtió sobre las contingencias paralelas que podrían afectar al sector productivo, destacando la vulnerabilidad en el suministro eléctrico y el déficit de generación.

Señaló que mensajes oficiales como el del autoabastecimiento energético para industrias constituyen señales de que la infraestructura podría enfrentar problemas para operar a plena eficiencia, teniendo en cuenta que El Niño genera sequías en la Amazonía y el Austro, donde se ubican las mayores hidroeléctricas de Ecuador.

«Además de El Niño, tenemos el problema de la generación eléctrica (…) Hay que crear escenarios de cuánto me cuesta invertir como empresa versus cuánto voy a perder».

Pilar Cornejo, experta en gestión del riesgo y desastres de la Espol.

Gobierno anuncia cambios en medio de crisis del sistema de salud

Por: José Benavidez. Estudiante de derecho

La expansión incontrolada de la minería no autorizada en la provincia de Zamora Chinchipe constituye uno de los dilemas socioambientales y dogmáticos más críticos para el Estado ecuatoriano. Ante la evidente insuficiencia del modelo punitivo tradicional del Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuyo enfoque retributivo no logra revertir el colapso ecológico ni tutelar de forma efectiva los derechos del ecosistema, la dogmática penal contemporánea exige una reorientación hacia paradigmas complementarios orientados a la reparación integral y la sostenibilidad.

Contexto socio ambiental en Zamora Chinchipe

Zamora Chinchipe alberga importantes cuencas hidrográficas como los ríos Zamora, Bombuscaro, Nangaritza y Yacuambi, y ecosistemas de alta biodiversidad. Sin embargo, la proliferación de minería no regularizada en sectores como Yantzaza, El Pangui y la cuenca del Nangaritza ha derivado en:

1.- Degradación sistémica del suelo: Destrucción de la capa vegetal, deforestación masiva y alteración del cauce de los ríos por el uso de maquinaria pesada

2.- Contaminación por metales pesados: Vertimiento irrestricto de mercurio y cianuro, afectando la calidad del agua y la fauna acuática.

3.- Impacto comunitario y social: Desplazamiento de economías tradicionales, conflictividad social e intromisión en territorios de comunidades indígenas y locales.

El modelo punitivo actual y sus limitaciones

El ordenamiento jurídico ecuatoriano tipifica los delitos contra los recursos naturales y la minería ilegal en el COIP. No obstante, la vía penal ordinaria presenta serias limitaciones operativas frente a los daños ambientales de Zamora Chinchipe:

1.- Insuficiencia de la pena privativa de libertad: La prisión del infractor de último eslabón no logra la remediación del ecosistema ni la compensación a las comunidades afectadas.

2.- Incapacidad de remediación técnica: Las sentencias penales tradicionales priorizan la sanción retributiva, dejando en segundo plano los planes de manejo ambiental y la restauración ecológica a largo plazo.

3.- Saturación del sistema de justicia: La persecución penal individualizada no desarticula las redes financieras detrás del extractivismo ilegal ni ofrece respuestas oportunas a las zonas impactadas.

3. Marco conceptual de la justicia restaurativa ambiental

A diferencia de la justicia retributiva centrada en el castigo estatal al infractor, la justicia restaurativa en materia ambiental redefine el concepto de «víctima», incluyendo tanto a las comunidades locales como a la propia naturaleza o Pachamama, reconocida como sujeto de derechos en el artículo 71 de la Constitución del Ecuador.

En lugar de contraponer la sanción a la reparación mediante un esquema tabular, la tutela penal ambiental contemporánea exige integrar ambos enfoques: mientras la justicia retributiva tradicional focaliza su mecanismo en el juicio penal adversarial para sancionar al infractor con la privación de libertad y tutelar el cumplimiento abstracto de la norma estatal, la justicia restaurativa ambiental desplaza el centro de gravedad procesal hacia la Naturaleza y las comunidades afectadas como sujetos protegidos, priorizando acuerdos reparatorios y planes de remediación técnica cuyos resultados concretos trascienden el mero cumplimiento de una condena, garantizando la reforestación, la descontaminación y la efectiva restauración de los ecosistemas impactados.

Viabilidad de aplicación en Zamora Chinchipe

Para que la justicia restaurativa sea aplicable en casos de minería ilegal en Zamora Chinchipe, la doctrina y la praxis penal exigen diferenciar la tipología de los actores involucrados:

Minera artesanal / de pequeña escala no regularizada: Mecanismo: Acuerdos de mediación penal ambiental u homologación de planes de reparación.

Acciones: Obligación técnica de reforestación de riberas, descontaminación de pasivos ambientales, sustitución gradual de tecnologías, eliminación del mercurio y trabajo comunitario de restauración.

Minería a gran escala no autorizada:

Mecanismo: Vía penal estrictamente retributiva, con decomiso de bienes y activos para financiar fondos públicos de reparación ambiental en la provincia. Consideraciones finales y propuestas de reforma La aplicación rigurosa de la justicia restaurativa en Zamora Chinchipe no implica impunidad ante la minería ilegal ni una concesión de lenidad hacia el infractor; por el contrario, representa una reorientación estratégica y pragmática de la tutela judicial efectiva. El castigo punitivo tradicional y el encarcelamiento no sanan las cuencas hidrográficas contaminadas ni devuelven la cobertura vegetal destruida; por ello, el sistema procesal debe trascender la fijación dogmática con la pena y enfocarse en una retribución directa, tangible y obligatoria hacia la sociedad y la Naturaleza.

Para materializar este cambio de paradigma, se requiere una articulación técnica e interdisciplinaria entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la fiscalía general del Estado, la judicatura y las comunidades locales afectadas. Convertir la remediación ecológica, el trabajo comunitario especializado y la restitución del tejido social en la máxima prioridad del proceso penal es el único camino jurídicamente viable para frenar el colapso ambiental en la Amazonía sur.