Nacionales
Jorge Glas, exvicepresidente de la República, recupera su libertad con un ‘habeas corpus’
El juez Javier Moscoso, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Manglaralto del cantón Santa Elena, concedió el habeas corpus al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, porque supuestamente existe un riesgo contra su integridad física y psicológica. Con lo cual queda en libertad luego de permanecer 1.645 días en un centro de privación de la libertad.
El exmandatario Jorge Glas recuperaría este 10 de abril su libertad tras obtener el habeas corpus. El juez dispuso que se debe emitir la providencia con la resolución al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi para su cumplimiento. Pese a eso, tiene prohibido salir del país y deberá presentarse el primer lunes de cada mes en la Unidad Judicial de Guayas.
La Fiscalía General del Estado, en un comunicado emitido este 9 de abril, informó que sobre Jorge Glas pesan tres sentencias, dos de ellas ejecutoriadas, por los delitos de asociación ilícita y cohecho; además de un proceso por peculado, cuya apelación está pendiente de resolver.
En los procesos judiciales referidos, según la Fiscalía, se ha demostrado, más allá de toda duda razonable, la comisión de los delitos señalados y distintos jueces y tribunales nacionales determinaron su responsabilidad penal, por lo cual cumple una pena privativa de libertad de ocho años.
Sin embargo, las acciones constitucionales interpuestas por Glas escapan de la competencia de la Fiscalía, aclara el comunicado.
El habeas corpus fue solicitado por la militante del movimiento correísta Nicol Malavé Illescas, habitante del cantón Santa Elena.
La resolución fue dada a conocer este 9 de abril, a las 19:10, a pesar de que la audiencia comenzó a las 11:00, pero después fue suspendida hasta la tarde. Ni Nicol ni personas que la acompañaron se pronunciaron al salir de la audiencia. Se subieron a una camioneta doble cabina y no hablaron con la prensa.
Édison Loaiza, abogado de Jorge Glas, recordó que como es de conocimiento público se solicitó este recurso, pues cuando se reportaron los amotinamientos en la cárcel de Latacunga, el exvicepresidente, para precautelar su vida, fue sacado del sitio pero se desconocía a dónde lo llevaron ni cuándo lo regresaron.
“De estos amotinamientos lo sacaron del centro, no se sabía a dónde lo trasladaron (…). Eso no solo dijo la defensa técnica, también lo dijo el abogado representante del centro de Rehabilitación Social de Latacunga, consecuentemente, encaja y es procedente esta acción de habeas corpus”, afirmó Édison Loaiza, abogado de Glas, quien agregó que “los amotinamientos de la cárcel han sido el causal de su libertad”.
También afirmó que el juez Moscoso dio paso a esta acción por el quebranto de salud de Glas lo que ha sido demostrado por los médicos del Ministerio de Salud Pública y de organismos internacionales, agregó Loaiza.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República emitió un comunicado de un párrafo sobre la decisión judicial para señalar su rechazo y desacuerdo jurídico, así como expresar su preocupación por el abuso de las acciones constitucionales.
Los procesos judiciales
Jorge Glas se mantiene recluido en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi desde 2018, pero inicialmente guardó prisión en la Cárcel 4, en el norte de Quito, adonde fue llevado luego que se entregó voluntariamente a la justicia en el caso por asociación ilícita, el 2 de octubre de 2017.
Glas en la causa por asociación ilícita relacionada con Odebrecht fue sentenciado a seis años de cárcel el 13 de diciembre de 2017. El fallo en esta causa está en firme desde diciembre de 2019 cuando se negó la casación planteada por el exvicepresidente al definirla como improcedente.
En cambio, desde septiembre de 2020 el exvicepresidente mantiene en firme y en fase de ejecución la sentencia de ocho años por cohecho que comparte con su excompañero de fórmula presidencial Rafael Correa.
Glas también mantiene una sentencia de primera instancia por el delito de peculado en el denominado caso Singue. En ese proceso el exvicepresidente fue sentenciado a ocho años de cárcel como coautor del delito. Para el 11 de mayo próximo se ha definido en la Corte Nacional la audiencia de apelación en este caso.
Con un voto de mayoría en el caso Singue a Glas; los exministros y exviceministro de Hidrocarburos Wilson Pástor, Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente, y César Guerra, gerente del consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue, se los sentenció como coautores a ocho años de cárcel. Para la Fiscalía, todos ellos, como máximas autoridades en el sector petrolero, dispusieron arbitrariamente de recursos del Estado.
En tanto que los exfuncionarios públicos de rango medio Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos recibieron una condena de cuatro años de prisión como cómplices. Según la acusación, las acciones de Cazar, Donoso y Burgos coadyuvaron a la comisión del delito de peculado que fue juzgado.
La Fiscalía demostró en este caso que el delito de peculado se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC). En este caso también se dijo desde Fiscalía que se cometieron irregularidades, incumpliendo requisitos legales.
El perjuicio al Estado se habría producido al fijar un precio de $ 33,5 por barril, cifra que, afirma la Fiscalía, no tomó en cuenta el 100 % de las reservas probadas de hidrocarburo para este campo petrolero. (I) Fuente: El Universo
Una nueva acción policial se desplegó en Esmeraldas, una de las provincias más afectadas por el crimen organizado. El martes, 4 de noviembre de 2025, agentes de la Brigada Anticriminal de la Policía Nacional ejecutaron la Operación ‘Fénix 0333’, en el sector de Valle Hermoso, logrando detener a presuntos integrantes de la organización delictiva ‘Los Lobos’.
El operativo: armas, capturas y menores involucrados
Durante las labores de investigación, la Policía ubicó a un grupo de personas que estaría vinculado a delitos como robo, sicariato, extorsión y tráfico de drogas.
En el operativo se registraron los siguientes resultados:
- Cuatro detenidos, entre ellos un objetivo de intermedio valor identificado como Darío Xavier E. (37 años), con antecedentes por tenencia de armas y destrucción de bienes.
- Otros capturados: Erick Javier C. (18), E. M. M. (16) y C. A. V. (17 años).
- Dos adolescentes fueron aislados por su presunta participación.
Indicios incautados por la Policía
El operativo dejó bajo custodia policial los siguientes elementos vinculados a actividades delictivas:
- Cuatro armas de fuego.
- 42 cartuchos sin percutir.
- Tres cargadores.
- Dos teléfonos móviles.
- Tres motocicletas recuperadas y 1 motocicleta retenida.
- Sustancias sujetas a fiscalización.
Todos estos elementos, junto a los detenidos, fueron puestos a órdenes de la Fiscalía y autoridades judiciales.
Contexto: “Los Lobos”, una banda en expansión
“Los Lobos” es una de las organizaciones delictivas más activas del país, con presencia en Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. Se les vincula con asesinatos por encargo, extorsiones, tráfico de armas y drogas, así como disputas violentas con bandas rivales como “Los Choneros”.
La captura de uno de sus objetivos intermedios en Esmeraldas representa un nuevo intento del Estado por debilitar sus finanzas y estructuras operativas en zonas rurales estratégicas como Valle Hermoso. Fuente: El Telégrafo
El presidente Daniel Noboa firmó este 5 de noviembre de 2025 el Decreto Ejecutivo 202, que declara un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones del país. La medida se da tras los recientes asesinatos y ataques vinculados a estructuras criminales.
¿Dónde rige el estado de excepción?
La medida tendrá vigencia de 60 días en las siguientes jurisdicciones:
- Provincias: Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.
- Cantones: La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
Según el Ejecutivo, estas zonas concentran la mayor actividad de organizaciones criminales que operan con violencia, extorsión, sicariato y tráfico ilegal.
Derechos suspendidos y qué significa para la población
El decreto establece la suspensión parcial de derechos constitucionales para facilitar operaciones policiales y militares:
- Inviolabilidad de domicilio: la Policía y Fuerzas Armadas podrán realizar allanamientos, inspecciones y requisas sin orden judicial previa, con el fin de capturar a integrantes de grupos armados o incautar armas y drogas.
- Inviolabilidad de correspondencia y comunicaciones: se autoriza el control, análisis e interceptación de mensajes, cartas o comunicaciones físicas y electrónicas vinculadas a delitos.
Hechos que motivaron la medida
El Gobierno justifica el estado de excepción con hechos violentos registrados en los últimos días, entre ellos:
- El asesinato de un hombre en una gasolinera de Salinas (Santa Elena), el 28 de octubre.
- El crimen de Fernando Álvarez, administrador de un portal digital en Salitre, Guayas.
Ambos casos, sumados a homicidios, atentados, extorsión y disputas entre bandas, fueron catalogados como señales de “grave conmoción interna”.
¿Qué sigue ahora?
Con esta medida, las fuerzas de seguridad están autorizadas a mantener presencia militar en calles, carreteras, puertos, barrios costeros y zonas fronterizas. El objetivo declarado es desarticular campamentos, detener a cabecillas y frenar la expansión de economías ilegales, especialmente narcotráfico y extorsión.
El decreto deberá llegar a la Corte Constitucional, que evaluará su legalidad mientras la medida sigue vigente. Fuente: El Telégrafo
El Bloque de Seguridad informó que continúan las operaciones en contra de la minería ilegal. Esta vez, el blanco fue La Chonta, en Pucará, en Azuay, donde el Ejército destruyó con artillería pesada campamentos, bocaminas y procesadoras asociadas a redes delictivas. Según fuentes de Defensa, el golpe apunta a cortar la economía que financia a grupos como ‘Los Choneros’.
El operativo
- Militares desplegados: 1.500 efectivos
- Lugar: Sector La Chonta, cantón Pucará, Azuay
- Superficie destruida: 12 hectáreas con explosivos y bombardeos aéreos
- Objetivos destruidos: campamentos, bocaminas, centros de acopio, procesadoras de material aurífero
- Evacuación previa: habitantes de la zona fueron retirados antes del ataque
¿Qué había en la zona?
Informes militares señalan que el sector funcionaba como un centro logístico y financiero de mafias mineras, vinculadas a:
- ‘Los Choneros’, quienes utilizaban la zona para contrabando de armas, microtráfico y extorsión.
- Grupos dedicados al transporte de oro extraído ilegalmente hacia mercados en El Oro y Guayaquil.
- Sistemas de extracción artesanal con maquinaria pesada, dragas, motobombas y generadores diésel sin registro.
El ataque incluyó:
- Fuego directo de artillería pesada y demolición con explosivos.
- Neutralización de 12 hectáreas usadas como ruta de abastecimiento y almacenamiento de combustible, mercurio y armas.
- Uso de drones y helicópteros para identificar blancos antes del bombardeo. Fuente: El Telégrafo
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