Marlon Santi y Herman Espinosa analizan la amnistía que otorgó la Asamblea Nacional a 268 personas, 60 pertenecen al caso “judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre 2019 y 153 a defensores de los territorios comunitarios, 12 a administración de justicia indígena y, 43 a defensores de la naturaleza.

Santi, dijo que como movimiento político y en concordancia con la CONAIE presentaron 317 pedidos de amnistía en el cual, el filtro de la Asamblea Nacional otorgó 268 pedidos, este es un conflicto por una decisión de la Asamblea Nacional que tiene la potestad de dar amnistía a los luchadores sociales y otorgó en un plazo normal, en el cual el presidente de la República no está de acuerdo y justifican diciendo que la exministra presentó en la Corte Constitucional una denuncia de que un grupo de 60 compañeros no deberían estar en la lista de amnistiados y esto recae en las cabezas que supuestamente lideraron la marcha de octubre de 2019, según dicen, no cumplen las reglas de amnistía, pero los asambleístas y algunos legistas habían estudiado el tema y concluyeron que la asamblea tenía la oportunidad de dar amnistía y así fue.

Ahora, nosotros conocemos que existen líderes que están procesados y es de conocimiento público que un dirigente fue acribillado en la matanza que hubo en la cárcel de Guayaquil y el camino que siguen los otros líderes es el mismo riesgo, esto debido a que en las cárceles no hay tranquilidad y viven en zozobra por los supuestos grupos delincuenciales internos. Santi se imagina que el gobierno no quiere libres a Jaime Vargas, Leónidas Iza y a Virgilio Hernández, porque seguramente dentro de la hipótesis de ellos estarían convocando nuevamente a una marcha, por lo cual es preferible para el gobierno no dar amnistías y tener procesados a dirigentes indígenas, esto es una hipótesis que se maneja a la interna de la CONAIE, dijo.

El exdirigente indígena explicó que el tema central de los que no quieren que esté en la amnistía es el tema de octubre, los legistas y el gobierno se centran en eso, ellos argumentan que los lideres secuestraron, incendiaron, torturaron, hicieron terrorismo y desvalijaron algunas propiedades, muchos de estos puntos, la fiscalía ya puso su trabajo para iniciar con dicha investigación, nosotros respetamos ese debido proceso, pero decimos al Ecuador y al gobierno que aquí hay un hecho que quieren tapar, aquí no solo los lideres indígenas se movilizaron,  se movilizó el país, no solo la organización indígena expuso Santi. Además, dijo que hubo suficiente tiempo para que la fiscalía haga su trabajo, nadie interfirió pero no se podía vivir en el Ecuador con una justicia que lleve años y cada vez que un dirigente expresa su preocupación en el país, empiecen a levantar ese estigmatismo para tener callados.

Hay informes de la misma Contraloría que dicen que la casa fue incendiada desde adentro, así lo dice una funcionaria en su versión en la fiscalía, entonces hay una situación configurada de culpar a los indígenas de hechos que no se han dado, pero que pasa en el tema de fondo, todos los legistas, abogados, expertos en derecho, estado y ministros se han volcado a satanizar a los lideres indígenas. Y la pregunta es; porque salió el pueblo ecuatoriano a la marcha, la respuesta es clara, hay un hecho y eso se llama 883 y por eso salió a las calles el pueblo ecuatoriano. Aquí debe existir justicia con credibilidad y no parcializada finalizó Marlon Santi.

Por su parte Herman Espinosa, abogado en libre ejercicio expresó que el Artículo 120 de la Constitución de la República, dice; la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de lo que determina la Ley, numeral 13, conceder amnistías por delitos políticos, indulto por motivos humanitarios con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, no se consideran por delito cometidos contra la administración pública, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidios de razones políticas o de conciencia, el Art. 98 de la indicada norma habla sobre el Derecho a la Resistencia y lo que ejerció el pueblo en su momento fue eso, pero vamos a la otra parte, en el momento en que se trasgrede la norma prácticamente este derecho a la resistencia ya no sería el mismo, ahí hablamos de hechos que preocuparon al pueblo de Quito y al Ecuador, estuvo en riesgo la democracia y con pocas excepciones también seudos dirigentes pusieron en jaque la estabilidad del país.

En la marcha de octubre fueron más allá de la resistencia social, hubo delitos de secuestro, asociación ilícita, destrucción al bien público y ajeno, casi le prendieron fuego a la ciudad de Quito, incendiaron a la Contraloría General del Estado, siendo este el órgano más importante del país, donde se controla el uso y el abuso de los dineros públicos de gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales del Ecuador, entonces la pregunta es; ¿que quisieron hacer con esos actos?, ¿borrar alguna evidencia en donde habían glosas confirmadas e incluso de asambleístas que están en el poder actualmente?, es evidente que eso pretendieron hacer expresó el jurista.

Entonces, es ahí donde los ecuatorianos decimos, ¿porque dar amnistía a todos en un mismo saco? Y porque no analizar caso por caso y viendo la prueba de cargo y de descargo y ahí si la Asamblea Nacional tenía la oportunidad de oro de amnistiar a quienes realmente se merecían, y los que transgredieron la norma debían o deben dar cuentas a la justicia con el debido proceso.

Espinosa dice que en este país todos somos iguales, existe una constitución y todos nos cobijamos en ese paraguas de justicia. El Art. 76.2 de la Constitución refiere sobre la presunción de inocencia, y esto está concatenado con lo que dice al Art. 8.2 de la Convención Americana de Derechos y conocido como el pacto de San José de Costa Rica. Entonces que no se diga que están siendo perseguidos políticamente por parte del estado. Hay una presunción de inocencia y luego de una indagación previa, instrucción fiscal, luego de un debido proceso se puede demostrar si realmente cometieron un delito y el Estado tiene la obligación de probar y decir es culpable o inocente, pero eso es a través de la fiscalía y no una Asamblea Nacional poniendo a todos en un mismo grupo.

Finalmente, Espinosa trae a la memoria las palabras de un reconocido administrador de justicia de esta provincia como es Pablo Cueva Ortega, “el en su momento decía, los jueces en el país debemos irnos todos a la casa”, y cuando él decía eso, era porque el veía decisiones que se tomaban en absoluta observancia de la  Ley que van a una instancia superior y son modificadas las sentencias, y claro que se está ejerciendo un derecho a la defensa a recurrir los fallos de los jueces, pero él decía que hay jueces y nosotros vemos que en el país hay jueces que entraron simulando un concurso y  entraron por la ventana, esos son jueces de llamada, que decía a este si y a este no, y ahí coincido con Marlon Santi en esta parte, donde dice que la justicia no es imparcial en el Ecuador, realmente se  movieron los hilos de acuerdo al gobernante de turno. Ustedes recuerdan lo que pasaba con el correato, en una memory flash ya se daba la sentencia al juez para que lleve a su computador y se imprima la sentencia a favor del ex mandatario, así era antes y ahora no puede dar la Asamblea Nacional amnistía a todos en un solo grupo.