El Estado podrá quedarse de forma definitiva con mercancías abandonadas, robadas, recuperadas tras un naufragio, que no salieron del país cuando debían, o productos que ingresaron por contrabando, según una reforma legal aduanera en vigencia desde el 29 de julio de 2026. Esto ocurrirá en cinco casos

Se trata de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, que incluyó artículos para resolver el problema de las mercancías que permanecen durante años almacenadas sin un destino definido, generando costos para el Estado y pérdida de valor de los bienes.

Según el asambleísta Sergio Peña, ponente de la ley, más de 12.000 contenedores ingresan cada año a régimen de abandono, valorados en unos USD 450 millones.

¿Cuándo puede el Estado quedarse con una mercancía?

Para ello, la nueva norma cambia la figura del decomiso administrativo, establecida en el artículo 123. Uno de los cambios más relevantes es que ahora ya no se necesita el dictamen de un juez, sino que ahora estos bienes pasarán al Estado solo por resolución definitiva aduanera, explicó Yael Fierro, experta en temas tributarios y aduaneros.

A continuación se detallan las cinco situaciones específicas en las que el Estado puede apropiarse de la mercancía, detallados en el artículo 123 de la reforma:

Productos abandonados o rezagados

1.- Cuando se desconoce quién es el propietario, quién envió la mercancía (consignante) o quién debía recibirla (consignatario), incluso si los bienes permanecen dentro de la zona primaria aduanera.
2.- Contenedores recuperados tras un naufragio

3.- Mercancías robadas dentro de los recintos Aduaneros y luego recuperadas

4.- Mercancías cuyo reembarque no se realizó

• Cuando la autoridad ordenó que los bienes fueran reembarcados y regresen al país de origen y esa obligación no se cumplió dentro del plazo establecido. El decomiso no elimina el pago de las tasas por los servicios aduaneros utilizados.

5.- Vehículos o medios de transporte que ingresaron evadiendo controles aduaneros

• Si fueron aprehendidos por ingresar al país sin pasar por los controles y, tras notificar al país del que presuntamente provienen, nadie los reclama dentro de los 90 días siguientes, podrán ser decomisados por el Estado.

Carros abandonados también pasarán al Estado

Para la experta, el principal cambio en este artículo es que se incorpora de forma expresa a los medios de transporte, como carros, que ingresen al país evadiendo los controles aduaneros.

Antes, cuando estos vehículos eran retenidos, permanecían durante años en los patios de Senae porque no existía un procedimiento claro para disponer de ellos.

Con la reforma, una vez que el vehículo es aprehendido, el Senae debe notificar al país de origen a través de la Cancillería. Si en un plazo de 90 días nadie lo reclama, el vehículo pasa legalmente a ser propiedad del Estado, que podrá subastarlo o asignarlo para uso público, explicó Fierro.

La experta considera que este cambio brinda seguridad jurídica, ya que establece un plazo definitivo para resolver la situación de los carros y evita que permanezcan abandonados en las bodegas aduaneras.

¿Qué hará el Estado con los bienes decomisados?

La reforma también cambia el destino de las mercancías que pasan a manos del Estado. Una vez que el decomiso administrativo quede en firme, la Aduana deberá dar prioridad a su entrega gratuita a instituciones públicas, incluso si ya se había iniciado un proceso de subasta.

Hay tres posibles destinos para estos productos, según la tributarista Yael Fierro:

Entregarlas gratuitamente a entidades públicas que puedan aprovecharlas.
Si eso no es posible, se deben venderlas en subasta y transferir los recursos a la Cuenta Única del Tesoro.
Y, si están deterioradas o ya no tienen valor comercial, destruirlas conforme a la normativa ambiental.
La norma anterior priorizaba mantener las mercancías almacenadas hasta que terminaran todos los trámites.

Con la reforma, se espera que el Estado reduzca los costos de almacenamiento y que esos bienes pierdan valor, agregó la experta.

Los cambios se aplicarán en un plazo de hasta tres meses: dos meses para la emisión del Reglamento y un mes más para que la Aduana ajuste sus procesos. Fuente: Primicias

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 31 de julio de 2026 la convocatoria para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que se desarrollarán el próximo domingo 29 de noviembre.

De acuerdo con la resolución aprobada en el Pleno de este organismo, 13’827.643 electores están convocados a las urnas para elegir autoridades de los gobiernos locales y a los siete consejeros de Participación Ciudadana.

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La convocatoria será difundida en cadena de radio y televisión a las 21:00 de este sábado 1 de agosto, en la víspera de que arranque la inscripción de candidaturas.

Esta vez, los ecuatorianos elegirán:

23 prefectas o prefectos y viceprefectas o viceprefectos provinciales;
222 alcaldesas y alcaldes municipales;
909 concejalas y concejales urbanos con sus respectivos suplentes;
457 concejalas y concejales rurales con sus respectivos suplentes;
4.131 vocales principales de las juntas parroquiales rurales y sus respectivos suplentes;
7 consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Según el calendario electoral, la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales se efectuará del 2 al 17 de agosto, a través del sistema en línea del CNE. Es decir, las organizaciones políticas no necesitan acudir a las ventanillas para este fin.

Requisitos para inscripción de candidaturas
Entre los primeros requerimientos para iniciar el registro de una candidatura constan: tener 18 años cumplidos y demostrar pertenencia con el lugar por el que buscan ser elegidos.

Además, la presentación de un formulario que incluye copia de cédula; una fotografía sin accesorios, salvo que sea parte de un atuendo tradicional; hoja de vida; el plan de trabajo; y una declaración juramentada.

Los candidatos deberán especificar su nombre y apellido en no más de 30 caracteres y está prohibido usar apodos, sobrenombres o iniciales para identificarse, regún el reglamento.

En tanto que la publicación del listado oficial de postulantes calificados al Cpccs se realizará el 24 de septiembre, bajo nuevas reglas. Fuente: Primicias

Caso Confourtable. Con ese nombre bautizó Fiscalía a una investigación por presunto cohecho abierta en 2024 en contra de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia, Enma Tapia y Katerine Muñoz, por haber emitido un veredicto que permitió el cambio de carcél de Wilman Terán, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Metástasis.

Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, se encontraba recluido en la Cárcel 4 de Quito, pero fue llevado hasta La Roca, entonces la de máxima seguridad en Ecuador, por decisión del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

El caso tuvo el nombre de Confourtable, que hace referencia a la confortabilidad que recibiría Terán, porque se ordenó que tenga acceso a internet, salidas al patio, revisiones médicas, entre otros beneficios penitenciarios.

Y enfatizó que más bien el SNAI no empleó una defensa adecuada y no pudo sostener cuál era el motivo para trasladar a alias Diablo a La Roca, por lo que, en sus palabras, no les quedaba más opción que devolver a Terán a Quito.

El caso Confourtable está cerca de cumplir dos años, pero no se ha conocido ningún avance o tentativa para formular cargos.

La tarde del miércoles 29 de julio de 2026, Fiscalía informó que, en el marco de una investigación previa por presunto cohecho, “ejecutó varios allanamientos a inmuebles ubicados al norte de Quito, con el objetivo de recabar indicios”.

La diligencia se realizó en contra de tres jueces de la Corte Nacional de Justicia: Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco. Ellos fueron los magistrados que integraron un Tribunal para resolver un recurso de casación en una controversia entre el Ministerio de Educación y la empresa china Railway.

Ambas partes tenían un contrato firmado en el gobierno de Rafael Correa para que la empresa china construya escuelas de milenio. Pero en 2018, el Ministerio de Educación decidió de forma unilateral terminar con el contrato.

Educación y la Procuraduría General del Estado apelaron esa decisión y el caso subió a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, donde debía resolverse el recurso de casación, instancia donde solo se puede analizar la aplicación del derecho, mas no las pruebas que se ventilaron en instancias previas.

El Tribunal de casación tuvo como juez ponente a Milton Rodríguez. Completaron el tribunal Patricio Secaira e Iván Larco. Por unanimidad, el 14 de diciembre de 2023, los jueces aceptaron parcialmente el recurso de casación pretendido por el Ministerio de Educación, dejando el pago no en USD 67 millones, sino en USD 59 millones.

Juez Velásquez recibe apoyo

El propio juez Milton Velásquez reveló en un comunicado que Fiscalía le abrió una investigación por ese fallo en 2024, y le causó “extrañeza” que un allanamiento se realice dos años después, en julio de 2026, sobre todo porque aseguró que siempre ha colaborado con las autoridades. Resaltó que no participa ni ha participado en alguna trama de corrupción e invitó al público en general a revisar su sentencia.

El juez Milton Velásquez recibió el respaldo de abogados y letrados que lo han conocido, destacando su profesionalismo y trayectoria sin tacha.

La abogada Antonella Gil puso en discusión si el allanamiento nuevamente va en detrimento de la independencia judicial. “¿Los allanamientos pueden generar cuestionamientos? Sí. Pero entonces, entre las preguntas que deberían hacerse, están: ¿a qué presiones podrían no estar cediendo los jueces? (…) De los doctores Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco he tenido la oportunidad de aprender al compartir en espacios académicos. Toda mi solidaridad y apoyo. Confío en su trabajo porque lo conozco y porque en el ejercicio diario de mi profesión, leo sus sentencias”.

“Inaudito lo que ocurre en el país. Mi solidaridad con usted, doctor Velásquez. Ojalá se aclare lo antes posible este asunto y los operadores de la justicia penal, se centren -de una buena vez- en los que deben”, comentó la abogada y docente María Paulina Araujo.

“No es época para ‘poner las manos en el fuego’ por alguien, pero Milton Velásquez es de aquellas personas en las que puede confiar en su honestidad, espero que se aclare pronto todo esto”, comentó el jurista Farith Simon.

¿Por qué se investiga a los tres jueces?

El motivo de la investigación quedó claro: la sentencia de Milton Velásquez y compañía supuestamente perjudicó al Estado ecuatoriano al ordenar el pago de USD 59 millones a la empresa china. Al hablar de cohecho, se presume que habría un soborno de por medio.

Fiscalía agregó en julio 2026 que la noticia del delito tiene como antecedente el testimonio anticipado de Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura, sentenciado en 2024 en el caso Plaga.

Para tener una pena de cárcel menor (ya la cumplió en 2025), Hernández dio un testimonio anticipado en el que salpicó a varios jueces de estar inmiscuidos en casos de corrupción, entre ellos Iván Saquicela y Felipe Córdova, quienes desestimaron las acusaciones.

Hernández también contó que por versiones de terceros conoció que supuestamente hubo conversaciones con Velásquez para que convoque a la audiencia de casación.

En todo este contexto, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, lanzó una advertencia a los jueces: “O se enderezan y se corrigen, o van a terminar presos”.