Por: Alonzo Cueva Rojas
Las declaraciones del ministro del Interior son una alerta grave. Exigir que alcaldes y prefectos se alineen con el pensamiento oficial es una postura antidemocrática y una muestra de totalitarismo. Una responsabilidad elemental es coordinar acciones por el progreso del país, pero otra actitud muy distinta es intentar anular la diversidad de opinión y la libertad política.
El gobierno central y las autoridades locales (GAD) tienen la obligación de unirse para dar respuestas reales a la población. Esta cooperación técnica e institucional debe enfocarse en áreas urgentes, sin importar banderas partidistas, como: Coordinar planes firmes para devolver la tranquilidad a los territorios, garantizar escuelas dignas, atención médica y medicinas, proteger a los sectores vulnerables y erradicar la pobreza, entre otros.
Ecuador es un país diverso, intercultural y plurinacional, marcado por diferencias geográficas, culturales y generacionales. Cualquier gobernante debe estar listo para ejercer su función dentro de esa diversidad. Querer imponer un pensamiento único es una aberración política que jamás dará resultados positivos. La alienación no es la solución; el camino seguirá siendo el ejercicio democrático del poder.
Detrás del discurso de la alineación opera un crudo condicionamiento. Es un secreto a voces que a los alcaldes y prefectos con altas opciones de reelección se les presiona con una consigna clara: o se postulan con el partido de gobierno, o les congelan los fondos y les arman problemas legales usando de forma selectiva a la justicia.
A esto se suma la proscripción de líderes sociales y la eliminación de organizaciones políticas de oposición. Al dejar a los líderes legítimos sin casillero electoral, el régimen les cierra el camino. Ante este atropello, muchas autoridades terminan claudicando, disimulando su sumisión por temor a perder su libertad o poner en riesgo a sus familias.
Gobernar mediante el miedo y anular a los rivales destruye la libertad de todo el pueblo ecuatoriano.
