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Fiscalía ya ha allanado a jueces de la Corte Nacional antes y no ha obtenido resultados

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Caso Confourtable. Con ese nombre bautizó Fiscalía a una investigación por presunto cohecho abierta en 2024 en contra de dos juezas de la Corte Nacional de JusticiaEnma Tapia y Katerine Muñoz, por haber emitido un veredicto que permitió el cambio de carcél de Wilman Terán, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Metástasis.

Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, se encontraba recluido en la Cárcel 4 de Quito, pero fue llevado hasta La Roca, entonces la de máxima seguridad en Ecuador, por decisión del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

El caso tuvo el nombre de Confourtable, que hace referencia a la confortabilidad que recibiría Terán, porque se ordenó que tenga acceso a internet, salidas al patio, revisiones médicas, entre otros beneficios penitenciarios.

Aunque el fallo de las juezas fue cuestionado, el allanamiento también recibió críticas del círculo de abogados, cuestionando la independencia judicial. El jurista Felipe Rodríguez escribió una columna de opinión al respecto, en la que explicó que el veredicto de las magistradas estaba apegado a derecho.

Y enfatizó que más bien el SNAI no empleó una defensa adecuada y no pudo sostener cuál era el motivo para trasladar a alias Diablo a La Roca, por lo que, en sus palabras, no les quedaba más opción que devolver a Terán a Quito.

El caso Confourtable está cerca de cumplir dos años, pero no se ha conocido ningún avance o tentativa para formular cargos.

La tarde del miércoles 29 de julio de 2026, Fiscalía informó que, en el marco de una investigación previa por presunto cohecho, “ejecutó varios allanamientos a inmuebles ubicados al norte de Quito, con el objetivo de recabar indicios”.

La diligencia se realizó en contra de tres jueces de la Corte Nacional de Justicia: Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco. Ellos fueron los magistrados que integraron un Tribunal para resolver un recurso de casación en una controversia entre el Ministerio de Educación y la empresa china Railway.

Ambas partes tenían un contrato firmado en el gobierno de Rafael Correa para que la empresa china construya escuelas de milenio. Pero en 2018, el Ministerio de Educación decidió de forma unilateral terminar con el contrato.

Una de las acciones ejecutadas por la investigación previa por presunto cohecho. (Fiscalía)

Educación y la Procuraduría General del Estado apelaron esa decisión y el caso subió a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, donde debía resolverse el recurso de casación, instancia donde solo se puede analizar la aplicación del derecho, mas no las pruebas que se ventilaron en instancias previas.

El Tribunal de casación tuvo como juez ponente a Milton Rodríguez. Completaron el tribunal Patricio Secaira e Iván Larco. Por unanimidad, el 14 de diciembre de 2023, los jueces aceptaron parcialmente el recurso de casación pretendido por el Ministerio de Educación, dejando el pago no en USD 67 millones, sino en USD 59 millones.

Juez Velásquez recibe apoyo

El propio juez Milton Velásquez reveló en un comunicado que Fiscalía le abrió una investigación por ese fallo en 2024, y le causó “extrañeza” que un allanamiento se realice dos años después, en julio de 2026, sobre todo porque aseguró que siempre ha colaborado con las autoridades. Resaltó que no participa ni ha participado en alguna trama de corrupción e invitó al público en general a revisar su sentencia.

El juez Milton Velásquez recibió el respaldo de abogados y letrados que lo han conocido, destacando su profesionalismo y trayectoria sin tacha.

La abogada Antonella Gil puso en discusión si el allanamiento nuevamente va en detrimento de la independencia judicial. “¿Los allanamientos pueden generar cuestionamientos? Sí. Pero entonces, entre las preguntas que deberían hacerse, están: ¿a qué presiones podrían no estar cediendo los jueces? (…) De los doctores Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco he tenido la oportunidad de aprender al compartir en espacios académicos. Toda mi solidaridad y apoyo. Confío en su trabajo porque lo conozco y porque en el ejercicio diario de mi profesión, leo sus sentencias”.

“Inaudito lo que ocurre en el país. Mi solidaridad con usted, doctor Velásquez. Ojalá se aclare lo antes posible este asunto y los operadores de la justicia penal, se centren -de una buena vez- en los que deben”, comentó la abogada y docente María Paulina Araujo.

“No es época para ‘poner las manos en el fuego’ por alguien, pero Milton Velásquez es de aquellas personas en las que puede confiar en su honestidad, espero que se aclare pronto todo esto”, comentó el jurista Farith Simon.

¿Por qué se investiga a los tres jueces?

El motivo de la investigación quedó claro: la sentencia de Milton Velásquez y compañía supuestamente perjudicó al Estado ecuatoriano al ordenar el pago de USD 59 millones a la empresa china. Al hablar de cohecho, se presume que habría un soborno de por medio.

Fiscalía agregó en julio 2026 que la noticia del delito tiene como antecedente el testimonio anticipado de Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura, sentenciado en 2024 en el caso Plaga.

Para tener una pena de cárcel menor (ya la cumplió en 2025), Hernández dio un testimonio anticipado en el que salpicó a varios jueces de estar inmiscuidos en casos de corrupción, entre ellos Iván Saquicela y Felipe Córdova, quienes desestimaron las acusaciones.

Hernández también contó que por versiones de terceros conoció que supuestamente hubo conversaciones con Velásquez para que convoque a la audiencia de casación.

En todo este contexto, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, lanzó una advertencia a los jueces: “O se enderezan y se corrigen, o van a terminar presos”.

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Siete médicos del MSP, detenidos por fingir que un narco albanés fuera del país seguía en Ecuador

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Siete médicos y un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) fueron detenidos durante la madrugada en Guayaquil, Quito y Macas. Según el ministro del Interior, John Reimberg, integraban una red que ayudó a Dritan Rexhepi, capo de la mafia albanesa, a aparentar que seguía en Ecuador, pese a que había salido del país en 2022.

La operación la ejecutaron la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, con 11 allanamientos. Cuatro de las detenciones se registraron en Guayaquil, tres en Quito y una en Macas. Los detenidos son investigados por presunta delincuencia organizada y por delitos como fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos, y perjurio.

«Cuello blanco o no, no hay impunidad. Todo siempre es cuestión de tiempo», afirmó Reimberg en rueda de prensa en el Cuartel Modelo de Guayaquil.

Un narco fuera del país que seguía «presentándose»

Rexhepi fue condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico. Sin embargo, no estaba en la cárcel, sino bajo la medida de presentaciones periódicas ante la justicia.

De acuerdo con el Ministro, el albanés salió del país por el puente internacional de Rumichaca el 7 de septiembre de 2022, con una identidad falsa. En noviembre de 2023 fue detenido en Turquía. A inicios de 2025, fue extraditado a su natal Albania.

Médicos del MSP y un servidor del SNAI, la red que encubrió con un guante a un narco albanés

Aun así, en Ecuador seguían registrándose presentaciones a su nombre ante el SNAI, además de certificados médicos. Para justificarlas, la estructura habría usado documentos fraudulentos, firmas falsas, certificados irregulares y registros falsos de asistencia.

El elemento más llamativo del caso es un guante de látex con la huella dactilar de Rexhepi. «Con la vinculación de una persona del SNAI, tenían dentro de un guante de látex la huella dactilar de la persona para también hacer la presentación y así poder justificar que se encontraba aquí, cuando él seguía en actividades de narcotráfico», explicó Reimberg.

El funcionario del SNAI detenido sería quien facilitaba el uso del guante en el momento de cada presentación.

Un caso que estaba «en el cajón del olvido»

La investigación duró más de ocho meses. El Ministro aseguró que el expediente estuvo estancado hasta que la Policía pidió un cambio de fiscal. «Esta investigación estaba en el cajón del olvido, donde pensaban guardarlo hasta que esto se cierre», dijo. El caso pasó luego a una unidad especializada.

Sobre si hay funcionarios de la Fiscalía bajo sospecha, Reimberg indicó que aún se investiga quiénes permitieron que esto ocurriera. Añadió que los allanamientos también dejaron evidencias sobre otros posibles casos de corrupción en el sistema de salud pública.

Tampoco se precisó cuántas veces se usó el guante desde 2022, ya que eso depende de la frecuencia de las presentaciones que había dispuesto el juez. Fuente: Vistazo

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Tras la detención de Xavier Jordán, ¿quiénes siguen prófugos en los casos Metástasis y Fernando Villavicencio?

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Tras la detención de Xavier Jordán en Estados Unidos por temas migratorios, los casos Metástasis y Fernando Villavicencio vuelven al centro del escenario.

En el caso Metástasis, Jordán fue señalado como uno de los supuestos administradores de los bienes del narcotraficante Leandro Norero (+). Tiene pendiente la audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada desde 2024.

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que lo deportarán, aunque aún no hay una fecha para ello. Por su parte, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, estimó que esto se daría en unos 15 días aproximadamente.

Ronny Aleaga

En el primer caso, Aleaga es acusado de actuar como el operador político de Leandro Norero y Xavier Jordán en la Asamblea Nacional. Según Fiscalía, él es alias El Ruso en las conversaciones que se encontraron en el celular del narcotraficante. Tras destaparse el caso Metástasis, salió del país a finales de diciembre 2023 rumbo a Colombia y el último paradero que se le conoció fue Venezuela.

En julio de 2026, el presidente subrogante encargado de la Corte Nacional de Justicia, Alejandro Arteaga, solicitó formalmente a Venezuela la extradición de Aleaga.

Mientras que en el caso Magnicidio FV, el exasambleísta habría fungido como un nexo para conectar la esfera política y financiera con la criminal.

Caso Metástasis

Además de Aleaga, en el caso Metástasis siguen prófugos seis personas más, uno de los cuales tenía un alto perfil mediático. Se trata del abogado Cristian Romero, quien defendía a Leandro Norero y sus familiares. Para lograr recursos favorables sobornaba a jueces.

Romero también lideraba una estructura criminal para liberar presos a cambio de dinero, pagando favores a funcionarios del sistema judicial. El caso se llama Plaga y tiene suspendido el juicio por presunta delincuencia organizada. Se desconoce su paradero. Fuente: Vistazo

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Apagón voluntario en Ecuador: 150 industrias dejarán de producir un día a la semana

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Hay preocupación en el Gobierno por la constante disminución de los embalses en complejos como Mazar. Por eso, busca ahorrar agua en las hidroeléctricas para extender la entrega de energía al menos hasta octubre.

De otro lado, se ha insistido que no habrá apagones. Hay medidas como el apagón voluntario que regirá un día en la semana que está por empezar.

En Pichincha, Cuenca y Tungurahua se reparte el otro 10 % de empresas que este fin de semana esperan ponerse de acuerdo en el día en que pararan su producción. Unos 35 MW día de ahorro significaría el apagón voluntario, de ahí que surgen las críticas a la medida.

“Si bien es lo políticamente dañino para el Gobierno, estructuralmente es lo peor que le puede pasar al país. El mensaje que damos es de una infraestructura sumamente vulnerable”, Pablo Landázuri, empresario industrial.

En otra medida, hay un plazo que de cierre hasta el 15 de diciembre, fecha final en la que las empresas AV1 y AV2, que son las que mas energía consumen en el país deberán tener listos sus propios planes y sistemas de generación porque es el día en que el Gobierno los desconectara.

A dos meses y medio, empresarios y el Gobierno esperan que quienes no tengan como generar energía contraten una de las barcazas que ya no tiene contratos con el Estado. Sería una de las pocas alternativas que les queda para no cerrar. Fuente: Vistazo

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