En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.

María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.

“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.

En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.

La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.

En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.

Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.

La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.

Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.

El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.

La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.

Gobierno evalúa acciones frente al aluvión en Zamora. (Foto: Ministerio de Transporte )

Militares ayudan en rescate de víctimas

Por fuera de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) no hubo otros ganadores en las elecciones generales de 2025. Estas dos agrupaciones concentraron el 88% de votos presidenciales y de las curules en la Asamblea.

Mientras tanto, Pachakutik, con un 5% de votación presidencial y nueve legisladores, y el Partido Social Cristiano (PSC), con cuatro asambleístas, consiguieron a duras penas sobrevivir. Los demás partidos y movimientos nacionales quedaron damnificados y a la espera de una segunda oportunidad.

Para estos partidos y movimientos, los resultados que obtengan en las elecciones seccionales adelantadas para noviembre de 2026 marcarán su futuro. Un mal resultado los encaminaría a su eventual eliminación del registro de organizaciones políticas, y su desaparición.

Por ejemplo, una docena de los binomios no alcanzaron ni el 1% de respaldos, mientras que el sorpresivo cuarto lugar de Sociedad Patriótica (PSP) le representó apenas el 2,7% y un asambleísta. Mientras que Unidad Popular y el extinto Construye se quedaron con una curul cada uno.

Esto, de acuerdo al Código de la Democracia vigente en 2025, les costará a 11 organizaciones una ‘amonestación’ inicial, debido a que los requisitos legales mínimos para que puedan seguir existiendo eran conseguir al menos el 4% de votación o tres legisladores. Y en caso de un nuevo resultado negativo, en las seccionales, serían eliminados y desaparecerán del tablero electoral.

A la vez, esa norma establecía que las agrupaciones que conformen alianzas se adjudiquen todas el mismo porcentaje. Eso venía salvando a varios partidos y movimientos que tradicionalmente se unían a otras tiendas políticas con verdadero respaldo, como el correísmo. En las últimas elecciones esa lista fue Renovación Total (RETO).

Ahora, tras la reforma aprobada entre ADN y el correísmo, las nuevas reglas establecen que «se tomará la totalidad de dignidades electas o el porcentaje de votación obtenida por la alianza, para ser dividida en partes iguales para cada una de las organizaciones políticas participantes en la alianza».

Es por eso que, para las seccionales 2027, adelantadas para el 29 de noviembre de 2026, las agrupaciones nacionales están analizando con cautela y calculadora en mano sus posibles alianzas, puesto que necesitarán mejores resultados para mantenerse vigentes.

En las seccionales de 2023, por ejemplo, la única organización que consiguió obtener por sí sola el mínimo de alcaldías requerido (18 de 221) fue Pachakutik. Ni siquiera la Revolución Ciudadana, que obtuvo 17 propias y 33 en alianzas.

Es por eso que las alianzas múltiples, hasta con seis, siete y ocho listas en una misma casilla, podrían dejar de ser comunes de ahora en adelante en las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales, donde los partidos han demostrado que las ideologías y propuestas no son el hilo conductor, sino los cálculos electorales.

El escenario electoral
El politólogo y docente universitario César Ulloa considera que estas elecciones 2027 serán determinantes. Y recuerda que la fidelización del voto en Ecuador se concentra solo en cuatro organizaciones políticas: la Revolución Ciudadana (con cualquier membrete, en este caso Amigo), ADN (por la maquinaria que le respalda), el Partido Social Cristiano y Pachakutik.

Por lo tanto, con el escenario partidista en crisis, «indudablemente» habrá agrupaciones nacionales que pierdan su personería jurídica después de la votación de noviembre, afirma. Y considera que ese es el objetivo «evidente» de la reforma electoral aprobada por ADN y la RC, a quienes «no les interesa que exista una tercera fuerza».

«También habría que considerar en la lógica local y seccional hay una serie de alianzas, entre el agua y el aceite, que permite la supervivencia de las organizaciones políticas», explica el politólogo y agrega que esto es muy común en todas las provincias, debido a que no hay polarización en la elección de autoridades locales.

Ulloa aclara que, aunque las alianzas ya no tendrán el mismo impacto en los cálculos para la continuidad de los partidos y movimientos, «es mejor tener pocos a no tener nada», especialmente para las agrupaciones minúsculas, con poco financiamiento, con poca capacidad organizativa, sin exposición pública de sus cuadros.

Además, recuerda que en las elecciones locales se juegan mucho más que votos. Puesto que «cuando se juntan varios grupos, finalmente la autoridad electa reparte los cargos a todos los que participaron en la alianza…». Y vaticina que será lo que suceda con Amigo, el auspiciante del correísmo, que pedirá una ‘cuota’.

Y, a la vez, el politólogo advierte sobre el futuro del oficialismo: «no sé si ADN, realmente, sobreviva una elección más», por la baja de aceptación del presidente Daniel Noboa, la derrota en el referendo y consulta de noviembre de 2025, los débiles cuadros planteados para Quito y Guayaquil. Y recuerda que podría pasarle lo que le pasó al Prian en su momento, el partido de Álvaro Noboa (padre del Presidente), que se quedó atorado en una representación parlamentaria hasta desaparecer. Fuente: Primicias