El millonario desvío de fondos desde Petroecuador, ejecutado presuntamente mediante garantías jurisdiccionales ilegales, habría sido solo el primer eslabón de la trama de lavado de activos que involucra a Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas.

Según la Fiscalía, una vez que el dinero de la petrolera estatal ingresó al sistema financiero formal, la estructura criminal supuestamente liderada por Villacís habría activado de inmediato una meticulosa fase de estratificación, que es como se conoce la segunda fase del proceso de lavado de activos, en la que se dispersan los fondos ilícitos.

El objetivo, según la investigación, fue borrar el rastro bancario que vincula los recursos públicos con sus beneficiarios finales.

Los reportes fiscales detallan que la organización habría recurrido al transporte de efectivo en maletas usando camiones blindados, simulaciones comerciales y compras de bienes de lujo.

Pero, además, el Ministerio Público intenta probar que este blanqueo de activos no se limitó a fondos del Estado. Ya que las primeras pericias evidenciarían que la estructura habría cruzado operaciones financieras con dinero producto del narcotráfico, operación que culminó con una fuga de capitales hacia bancos extranjeros.

Las maletas y los blindados
Durante la audiencia de formulación de cargos que terminó en el encarcelamiento del alcalde Villacís y siete personas más, la Fiscalía aseguró que, para evadir la trazabilidad del dinero de Petroecuador en el sistema financiero, la presunta estructura criminal implementó una operación de retiro y transporte de grandes volúmenes de dinero en efectivo.

Según los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que constan en el expediente de la Fiscalía General del Estado, una vez que el abogado Juan Lastre transfirió cientos de miles de dólares a la cuenta personal de Villacís, se activó una fase logística.

Entre enero y marzo de 2023, la red habría coordinado al menos tres retiros que sumaron USD 980.000, fondos que fueron debitados directamente de los depósitos de la autoridad municipal.

Para materializar la entrega sin generar alertas bancarias convencionales, la organización contrató los servicios de una compañía de transporte de valores Fortius, domiciliada en Durán, provincia del Guayas.

Según el relato fiscal, el dinero habría sido empacado en maletas y entregado personalmente a miembros del círculo íntimo del Alcalde en locaciones diferentes a sus domicilios legales.

Las actas de operación de la empresa transportista detallan que Carol Lemos, una de las ocho procesadas por lavado, recibió USD 380.000 en la ciudadela Camino Real de Esmeraldas.

Mientras que el ayudante judicial Diego Montaño Tenorio y Luis Reyna Tenorio, hermano del Alcalde, presuntamente recibieron USD 200.000 y USD 400.000, respectivamente, en habitaciones del Hotel Marriott y el edificio Zoe, ubicados en la ciudad de Quito.

Montaño era ayudante judicial en la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte de Esmeraldas. Específicamente, trabajaba en el despacho del juez provincial Juan S., quien fue uno de los magistrados que validó en segunda instancia los pagos de Petroecuador por USD 17 millones.

El dinero rumbo a Miami
Con el efectivo en poder de la supuesta red, el círculo de Villacís habría iniciado la integración de los fondos en la economía formal a través de la compra de bienes e inmuebles utilizando presuntos testaferros.

Los documentos del Registro de la Propiedad evidencian maniobras inusuales, como la ejecutada por Lemos Hurtado, quien apenas un mes después de recibir los fondos, el 23 de febrero de 2023, adquirió de contado el solar número 11 de la manzana 16 en la urbanización Paradisa, del cantón Daule, por USD 118.000.

Esta misma propiedad protagonizó una presunta operación de ocultamiento cuando, el 23 de noviembre de 2023, fue adquirida por el técnico de ventanilla judicial de Atacames, Jonathan Monte Bagui (también procesado).

La Fiscalía documenta además que, el 3 de diciembre de 2021, Villacís transfirió USD 50.000 a favor de Diana R. L. para justificar un contrato de compraventa de un inmueble en el sector La Florida, en Esmeraldas.

Asimismo, el 11 de septiembre de 2025, Villacís habría simulado la venta de otro bien inmueble en Esmeraldas a favor de Monte.

La estratificación también alcanzó al círculo familiar y empresarial del alcalde de Esmeraldas mediante la adquisición de una flota de vehículos.

Según la información reportada por concesionarias automotrices, el 9 de diciembre de 2020 el funcionario pagó en efectivo USD 34.640 por un vehículo todoterreno tipo motocarro Wildcat XX 1000, facturado a nombre de su hijo, quien en ese momento era menor de edad.

La dinámica de compras continuó el 21 de enero de 2021, cuando Villacís realizó otro pago en efectivo por USD 20.000 por concepto de reserva para la compra de un cabezal modelo HFC4181K3R1.

Adicionalmente, el expediente fiscal incluye una transferencia por USD 20.000 ejecutada el 14 de diciembre de 2021 como abono inicial para la compra de un camión pesado marca JAC, vehículo que finalmente fue adquirido por USD 61.632 y registrado de forma directa a nombre de Reypezpacific S.A., de la que el alcalde Villacís es dueño del 98% de las acciones.

Además, de acuerdo con los movimientos financieros registrados en las cuentas del alcalde Villacís, el 27 de enero de 2025 se ordenó una transferencia bancaria directa por USD 800.000 hacia una cuenta personal en el Truist Bank con sede en la ciudad de Miami.

Finalmente, este esquema de fuga de capitales también se evidenció durante 2024, cuando la estructura envió un total de USD 427.948 hacia las empresas Nantong Amcool y Wangdu Chemical, radicadas en Singapur y China, utilizando una supuesta fachada comercial de importaciones para mover el dinero.

¿Conexión con el narco?
Según la teoría de la Fiscalía, la red que habría comandado el alcalde esmeraldeño habría operado más allá de la corrupción.

El Ministerio identificó operaciones cruzadas entre Reypezpacific -la compañía de Vicko Villacís- y la empresa exportadora Pezymar, una compañía administrada por Gabriela Parrales, procesada en otro caso por delincuencia organizada.

En ese caso, se ha ventilado que Pezymar servía como fachada financiera para Flavio Briones Chiquito, alias ‘Mexicano’, y César Cedeño Muente, alias ‘Tranza’, identificados por las autoridades como miembros de alto rango de grupos criminales organizados como Los Lobos.

Según las facturaciones analizadas, la empresa del alcalde Villacís habría simulado relaciones comerciales y emitió comprobantes a favor de la estructura criminal de alias ‘Mexicano’ por más de USD 158.000, montos que nunca se reflejaron como transferencias reales en el sistema bancario.

Los expedientes de la compañía manabita revelaron que esta entidad reportó ingresos totales por más de USD 13 millones, de los cuales el 75% consistían en ingresos derivados de depósitos en efectivo realizados directamente en ventanillas bancarias. Fuente: Primicias