El proceso de juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, por presunto incumplimiento de funciones relacionado con el caso Progen , continuaría vigente en la Asamblea Nacional, según aseguró este lunes 8 de junio la bancada de Revolución Ciudadana (RC).
A través de un comunicado, el movimiento correísta sostuvo que la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización realizada el pasado 6 de junio «no produjo una resolución definitiva» sobre el enjuiciamiento político en contra de la exfuncionaria.
La organización política cuestionó la actuación de varios legisladores de ADN, quienes se abstuvieron durante la votación. Según RC, los asambleístas Ferdinan Álvarez, Ana Belén Tapia, Luigi García, José Nango, Fabiola Sanmartín y María Paula Villacreses «intentaron bloquear el control político y proteger a una funcionaria vinculada al escandaloso caso Progen».
Argumento de Revolución Ciudadana
La bancada correísta sostiene que el juicio político debe continuar su trámite en el Legislativo. Como argumento, citó el artículo 142, inciso sexto, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que establece:
RC afirma que al no haberse alcanzado una votación definitiva en la Comisión de Fiscalización, «el juicio político sigue vivo y debe pasar obligatoriamente al Pleno de la Asamblea Nacional».
Por último, la bancada enfatizó que ahora la responsabilidad recae sobre el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen. «El Ecuador estará vigilante de si prevalece la ley o el conocido pacto de impunidad del oficialismo», concluyó.
El pedido de juicio político contra Manzano está relacionado con procesos de contratación realizados durante la emergencia energética declarada por el Gobierno de Daniel Noboa.
Según los proponentes de la solicitud, la exministra habría tenido participación en decisiones relacionadas con contratos adjudicados a la empresa Progen, caso que actualmente es investigado por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de peculado.
Revolución Ciudadana sostiene que dichas contrataciones habrían ocasionado un perjuicio económico para el Estado de entre USD 100 millones y USD 150 millones. Fuente: Vistazo
