Noticias Zamora
Moradores de la urbanización Romero Mejía solicitan socialización sobre traslado de vehículos retenidos
La mañana del jueves 28 de mayo de 2026 se dialogó con el presidente de la urbanización Romero Mejía, Joffre Conde, y con el morador Oswaldo Pineda, quienes expresaron la preocupación de los habitantes del sector frente al proyecto de traslado de vehículos retenidos hacia esta zona del cantón Zamora.
Los dirigentes y moradores señalaron que no se oponen a la ejecución del proyecto; sin embargo, solicitaron a las autoridades municipales y a la Policía Nacional que se realice un proceso de socialización y coordinación previa con la comunidad antes de la implementación definitiva del nuevo patio de retención vehicular.
Durante la entrevista, Joffre Conde manifestó que la principal preocupación de los habitantes radica en la falta de información oficial sobre el proyecto, sus alcances, la infraestructura prevista y las condiciones de seguridad que tendrá el lugar.
“Nosotros no queremos generar problemas ni polémica. Sabemos que va a ser el patio de retención vehicular aquí y no nos hemos opuesto, porque incluso podría representar beneficios para nuestro barrio, pero exigimos que se nos informe y se socialice cómo se va a ejecutar este proyecto”, expresó.
Conde indicó que los moradores conocieron de los trabajos únicamente cuando maquinaria comenzó a intervenir el terreno, sin que previamente existiera una reunión o explicación técnica con los habitantes del sector.
Según explicó, el Municipio de Zamora actualmente ejecuta trabajos de adecuación del terreno mediante el uso de maquinaria y material pétreo, mientras que la Policía Nacional tendría plazo hasta el 1 de junio para trasladar los vehículos siniestrados al nuevo espacio.
El presidente barrial advirtió que la instalación apresurada del patio vehicular podría generar problemas de inseguridad, insalubridad y afectaciones a las viviendas cercanas si no se ejecuta una infraestructura adecuada.
“Si únicamente colocan los vehículos aquí, sin cerramiento, sin seguridad y sin planificación, esto puede convertirse en un problema para el barrio y también para los propietarios de los automotores retenidos”, sostuvo.
Asimismo, indicó que actualmente la urbanización carece de varios servicios básicos, entre ellos alumbrado público y redes eléctricas adecuadas, situación que preocupa aún más a los moradores considerando el tipo de actividad que se pretende desarrollar en el sector.
Conde señaló que la urbanización todavía consta como privada dentro de los registros municipales, lo que ha dificultado el acceso a servicios básicos por parte de instituciones como la empresa eléctrica.
“Hemos solicitado acometidas y alumbrado público, pero nos indican que al ser una urbanización privada no pueden intervenir. Sin embargo, el Municipio sí está realizando trabajos aquí, entonces necesitamos que se regularice esta situación”, manifestó.
Pese a ello, aseguró que la comunidad está dispuesta a colaborar con las autoridades y con el personal que eventualmente trabaje en el lugar, siempre y cuando exista coordinación y planificación.
“Estamos prestos a ayudar en lo que sea necesario, pero queremos que las cosas se hagan de manera ordenada para evitar problemas futuros”, enfatizó.
Por su parte, el morador Oswaldo Pineda coincidió en que la principal molestia de la ciudadanía es la ausencia de diálogo y socialización previa sobre el proyecto.
“No nos han informado nada. Nos enteramos por los medios de comunicación cuando el alcalde mencionó que hasta el 1 de junio debían trasladarse los vehículos. Nunca imaginamos que sería en nuestra urbanización”, indicó.
Pineda explicó que actualmente los habitantes obtienen energía eléctrica mediante conexiones improvisadas desde sectores vecinos, situación que limita el uso adecuado de electrodomésticos y otros servicios esenciales.
Además, expresó preocupación por la posibilidad de que el patio vehicular funcione sin cerramiento ni infraestructura de seguridad, lo cual podría ocasionar robos, daños a vehículos retenidos y riesgos para la comunidad.
“Si solo hacen el terraplén y colocan los carros sin seguridad, esto puede convertirse en un problema mayor”, señaló.
Los moradores también alertaron sobre posibles afectaciones ambientales y de drenaje en el sector, debido a la presencia de una pequeña quebrada que atraviesa la zona donde actualmente se realizan trabajos de relleno con material pétreo.
Según indicaron, durante temporadas de lluvia el agua se desborda y afecta viviendas cercanas, por lo que solicitaron que se implementen soluciones técnicas adecuadas, como sistemas de tubería y drenaje, antes de continuar con las obras.
Finalmente, los habitantes de la urbanización Romero Mejía reiteraron su disposición al diálogo con la Policía Nacional, el Municipio de Zamora y demás instituciones competentes, insistiendo en la necesidad de una planificación integral que garantice seguridad, orden y bienestar para los moradores del sector.
Noticias Zamora
Habilitan la vía en el sector La Florida en la vía Zumbi-Paquisha, tras varios días de trabajo
Un trabajo coordinado entre operadores de maquinaria, trabajadores e instituciones públicas y privadas permitió avanzar en la limpieza y retiro de material en el sector La Florida, logrando restablecer la movilidad en esta zona.
Desde las 17:00 de este martes 21 de julio, el paso vehicular fue habilitado de manera controlada, permitiendo recuperar la conectividad para los usuarios de esta vía.
Las autoridades exhortan a conducir con precaución debido a las lluvias constantes y posibles riesgos en la carretera. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante condiciones climáticas adversas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.
Noticias Zamora
CNE conforma Junta Electoral de Zamora Chinchipe para comicios 2027
CNE designa integrantes de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a las y los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales que estarán a cargo de la organización, administración y vigilancia de las actividades correspondientes a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
Estas instancias electorales cumplen un rol fundamental dentro del sistema democrático ecuatoriano, al ser responsables de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales en cada jurisdicción provincial, bajo principios de transparencia, imparcialidad, legalidad y participación ciudadana.
Para la provincia de Zamora Chinchipe, el CNE designó como integrantes de la Junta Provincial Electoral a:
- Diego Israel Aldean Jaramillo
- Ligia Zoraida Punina Chela
- Efrén Joselito Ruiz Valdivieso
- Mariana del Rocío Seminario Ramón
- Galo Patricio Mena Pérez
Los nuevos integrantes tendrán la responsabilidad de acompañar las diferentes fases del proceso electoral, entre ellas la planificación, coordinación y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el organismo electoral nacional, garantizando que las próximas elecciones se desarrollen con apego a la normativa vigente.
La conformación de las Juntas Provinciales Electorales constituye un paso previo dentro de la preparación institucional hacia los comicios de 2027, en los que la ciudadanía ecuatoriana elegirá autoridades seccionales y participará en la renovación de representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
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