La comunidad intercultural Ortega Alto, perteneciente a la parroquia Tutupali del cantón Yacuambi, desarrolló una rueda de prensa para informar a la ciudadanía sobre el fallo favorable obtenido dentro de la acción de protección presentada en defensa del río Ortega y los derechos colectivos de las comunidades asentadas en este territorio.

El encuentro contó con la participación del presidente de la comunidad de Ortega Alto, Osvaldo Aguilar; el presidente de Zamaskijá, Carlos Gualán; integrantes del equipo jurídico; dirigentes comunitarios y moradores del sector, quienes calificaron esta resolución como un “triunfo histórico” para la provincia de Zamora Chinchipe y para la defensa del agua y la naturaleza.

Durante su intervención, Osvaldo Aguilar agradeció el respaldo recibido por parte de comunidades, organizaciones sociales y dirigentes de la provincia que acompañaron el proceso legal y comunitario.

“Esta es una acción de protección importantísima que se ganó ahora en Ortega Alto. Debemos estar unidos siempre porque el agua es vida”, manifestó el dirigente comunitario, quien además invitó a la ciudadanía a participar de la celebración del Inti Raymi prevista para el próximo 13 de julio en Ortega Alto.

Por su parte, Carlos Gualán, presidente de Zamaskijá, destacó que la resolución judicial representa un precedente importante para los pueblos y nacionalidades indígenas en la defensa de sus territorios y fuentes hídricas.

“Hoy es un día histórico para nosotros, para los pueblos y nacionalidades, sobre todo en la defensa del agua”, expresó, señalando además que la organización continuará brindando acompañamiento a otras comunidades que enfrentan conflictos similares relacionados con actividades extractivas.

El dirigente informó que el festejo comunitario y acto de agradecimiento a la naturaleza se desarrollará en el sector del río Ortega, como símbolo de la resistencia y protección del agua.

Desde el ámbito jurídico, el abogado Luis Medina explicó que la acción de protección fue presentada debido a la vulneración de derechos constitucionales relacionados con el acceso al agua, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la falta de consulta previa, libre e informada a la comunidad.

Según detalló el jurista, Ortega Alto es una comunidad intercultural integrada por familias del pueblo Kichwa-Saraguro y población mestiza, cuyos derechos colectivos habrían sido vulnerados al otorgarse concesiones mineras sin cumplir los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El abogado informó que el miércoles 27 de mayo de 2026 el juez constitucional de Yantzaza aceptó la acción de protección presentada por la comunidad, disponiendo varias medidas de cumplimiento obligatorio.

Entre las principales resoluciones judiciales constan:
• El inicio, en un plazo de 10 días, de procesos administrativos por parte del Ministerio del Ambiente y el ARCOM para anular las autorizaciones y concesiones mineras otorgadas en la zona.
• La ejecución, en un plazo de 72 horas, del desalojo de maquinaria utilizada en actividades mineras dentro del territorio comunitario.
• La realización de inspecciones ambientales para determinar posibles daños ocasionados en el ecosistema de Ortega Alto.
• La declaratoria de la comunidad de Ortega Alto como “guardianes del río Ortega” y territorio libre de actividad minera.

El equipo jurídico indicó que, aunque la sentencia corresponde a una primera instancia, durante la audiencia las entidades accionadas —entre ellas el Ministerio del Ambiente, ARCOM y la Procuraduría General del Estado— anunciaron verbalmente su intención de apelar la resolución.

No obstante, los abogados aseguraron que continuarán acompañando el proceso judicial en todas las instancias necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

“Las pruebas testimoniales, periciales, imágenes y documentación presentada demostraron la vulneración de derechos constitucionales de la comunidad”, afirmó Medina.

El abogado también explicó la importancia geográfica y ambiental del río Ortega, señalando que está conformado por varios afluentes, entre ellos los ríos Campana urko, Espadillas, Lavaderos y Tres de Mayo, los cuales posteriormente se unen con el río Zabala para formar el río Yacuambi, afluente fundamental de la provincia.

Por su parte, el doctor Carlos Sarango manifestó que el equipo jurídico y las organizaciones sociales permanecerán vigilantes para exigir que las autoridades cumplan de manera efectiva las disposiciones emitidas por el juez constitucional.

“Vamos a estar pendientes y realizaremos todas las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de esta sentencia”, sostuvo.

La moradora de la comunidad, Claudia Puglia, expresó su satisfacción y orgullo por el resultado obtenido, destacando el valor espiritual, ambiental y social que representa el río Ortega para las familias del sector.

“El agua es un tesoro que vale más que el oro”, manifestó emocionada durante la rueda de prensa.

Puglia señaló que el río constituye una fuente de vida, recreación, pesca deportiva y consumo humano para la comunidad y visitantes, destacando además la importancia cultural del lugar en ceremonias ancestrales como el Inti Raymi y rituales de purificación y sanación.

Asimismo, reconoció la necesidad de fortalecer procesos de capacitación ambiental para las familias asentadas en las riberas del río, con el fin de garantizar prácticas sostenibles y la conservación integral de las fuentes hídricas.

Finalmente, los dirigentes y moradores reiteraron que la defensa del río Ortega representa una causa colectiva que busca preservar el agua, la naturaleza y los derechos de las futuras generaciones en la provincia de Zamora Chinchipe.