El Consejo de la Judicatura resolvió destituir a la jueza María Daniela Ayala, quien estaba a cargo del proceso judicial por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
La decisión fue tomada por el pleno del organismo el 21 de mayo de 2026, en el marco de un expediente disciplinario abierto en su contra.
Nadia Larco Bravo
Cuestionamientos por decisiones en audiencia clave
La sanción se relaciona con la actuación de la magistrada durante la audiencia de formulación de cargos del caso, en la que optó por no dictar prisión preventiva para algunos procesados señalados como presuntos autores intelectuales.
En su lugar, Ayala dispuso medidas alternativas, como la presentación periódica ante autoridades consulares en el exterior para José Serrano y Xavier Jordán.
Según el análisis del organismo disciplinario, la jueza habría actuado con irregularidades al no acoger el pedido de la Fiscalía, lo que generó cuestionamientos sobre la fundamentación de su decisión.
Magnicidio. El expediente fiscal del caso Villavicencio está compuesto por versiones, pericias, chats, etc.
Antecedentes del proceso disciplinario
La destitución se produce tras una serie de acciones previas contra la funcionaria. En 2025, la jueza había sido suspendida de manera temporal mientras se investigaba su actuación durante la misma audiencia, luego de una denuncia presentada por la Fiscalía.
En ese proceso también se analizaron expresiones emitidas por la magistrada durante la diligencia, consideradas fuera de su rol dentro del sistema judicial. Estas actuaciones dieron paso a un sumario administrativo que culminó con la sanción definitiva.
Caso Villavicencio sigue en investigación
El proceso penal por el asesinato de Fernando Villavicencio continúa en curso y busca determinar responsabilidades sobre la autoría intelectual del crimen, ocurrido en agosto de 2023 durante un acto de campaña en Quito.
La investigación involucra a figuras políticas y empresariales, y ha estado marcada por decisiones judiciales que han generado polémica pública y debate en torno a la independencia de la justicia. Fuente: Expreso
