Nacionales
Ecuador tiene tres caminos para responder a pedido de la CAN por aranceles a Colombia
La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) dio plazo hasta este 21 de mayo a Ecuador y a Colombia para que levanten los aranceles recíprocos, tras considerarlos un gravamen al comercio bilateral.
Ante la inminencia del plazo dado, Ecuador tiene tres caminos: levantar los aranceles, presentar una reconsideración o acción de nulidad a las resoluciones de la CAN o, en un caso extremo, salir del bloque subregional.
La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró el 19 de mayo de 2026, en una entrevista con Ecuavisa, que el país está preparando una respuesta a la Comunidad Andina, que se entregará en los próximos dos días, aunque sin mayor detalle. «Ecuador siempre estará defendiendo sus intereses y en eso se enfoca la respuesta», añadió en una entrevista con Ecuavisa.
Sommerfeld sostuvo que el país tiene suficiente evidencia para justificar la tasa de seguridad impuesta a Colombia, que actualmente es de 100%.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre este tema que está dispuesto a levantar los aranceles si Ecuador también lo hace.
Escenario 1: Levantar aranceles
El 21 de enero de 2026, el gobierno de Daniel Noboa anunció la imposición de una denominada «tasa de seguridad» a los productos provenientes de Colombia, con el argumento de que Colombia no ha colaborado en el control del narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
La medida inicial fue un arancel de 30%, que comenzó a cobrarse desde el 1 de febrero. Colombia respondió de forma recíproca, con un arancel de 30% a las importaciones de Ecuador, a partir del 24 de febrero.
Pero la tensión entre los dos países fue escalando. Y desde el 1 de mayo, Ecuador cobra un arancel de 100% a las importaciones de Colombia. Aunque, está previsto que a partir del 1 de junio, baje a 75%.
Mientras tanto, Colombia está cobrando aranceles, que van desde 35% hasta 75%, a 191 productos importados de Ecuador, desde finales de abril.
Uno de los caminos que podría tomar Ecuador es levantar el arancel impuesto a los productos importados de Colombia, dentro del plazo de 10 días dado por la Secretaría General de la CAN, en una resolución emitida el 7 de mayo.
Escenario 2: Demandar las resoluciones
El Gobierno de Daniel Noboa podría presentar un Recurso de Reconsideración ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) de la Resolución 2582, en la que ordena a Ecuador el levantamiento de la denominada ‘tasa de seguridad’ con la que los productos importados de Colombia están gravados actualmente con un arancel de 100%.
Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, explica que el objeto de un Recurso de Reconsideración es solicitar la modificación, revocatoria, aclaración o reconsideración de una resolución de la Secretaría. Pero, no suspende automáticamente los efectos de la resolución.
En la Resolución 2582, emitida el 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de la CAN calificó la ‘tasa de servicio de control aduanero’ como un «gravamen» a las importaciones de Colombia, que «vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena».
Además podría presentar un Recurso de Reconsideración de la Resolución N° 2581, emitida el mismo día, en la que se ordena a Ecuador que retire la restricción de habilitar el Puente Internacional de Rumichaca como único punto de ingreso de mercancías procedentes de Colombia, vía terrestre.
Para el levantamiento de las dos medidas, la CAN concedió un plazo de 10 días hábiles a Ecuador, contados desde el día siguiente de la publicación de estas resoluciones.
Sin embargo, si se presenta una acción por parte de Ecuador, la Secretaría General de la CAN tendría 30 días hábiles para pronunciarse.
Otra vía jurídica podría ser presentar una Acción de Nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN).
Rivadeneira explica que una Acción de Nulidad se presenta si se considera que una resolución de la Secretaría General viola el ordenamiento jurídico andino.
El pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre una Acción de Nulidad podría demorar más de dos años, explica el exministro de Comercio Exterior.
Escenario 3: Salirse de la CAN
Un escenario extremo podría ser que Ecuador salga de la Comunidad Andina (CAN), presentando una denuncia del Acuerdo de Cartagena, constitutivo del bloque.
Sin embargo, los efectos de la salida de un país de la CAN se dan de manera progresiva, primero el país demandante deja de tener obligaciones institucionales con el bloque. Y luego, en un lapso de hasta cinco años, pierde los derechos de libre comercio.
El único país que ha salida hasta ahora de la CAN es Venezuela, que presentó su demanda en 2006, pero mantuvo los beneficios de libre comercio hasta 2011. Fuente: Primicias
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
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