El asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladarez, realizó una evaluación de su primer año de gestión legislativa correspondiente al periodo 2025–2029, abordando temas relacionados con la situación política nacional, la fiscalización de recursos amazónicos, presuntos actos de corrupción y problemáticas vinculadas a la minería y el transporte pesado en la provincia.
Durante la entrevista en Diario El Amazónico, Valladarez recordó que el pasado 14 de mayo se cumplió un año desde el inicio del actual periodo legislativo y aseguró que la dinámica de la Asamblea Nacional cambió radicalmente tras la conformación de la nueva mayoría parlamentaria.
El legislador criticó el funcionamiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), señalando que el oficialismo habría incorporado a exintegrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana que posteriormente se declararon independientes. Según indicó, esta situación habría alterado la representación política dentro del Parlamento.
“Estamos frente a un régimen que no respeta ni la ética, ni la moral, ni la Constitución. Han cooptado la Asamblea Nacional y bloqueado la fiscalización”, sostuvo.
Valladarez afirmó que actualmente existen restricciones para la participación de legisladores de oposición en el pleno, denunciando limitaciones en el uso de la palabra y un control político ejercido desde la mayoría legislativa.
En el ámbito de fiscalización, el asambleísta aseguró que uno de los principales temas investigados durante este periodo corresponde al manejo de los recursos amazónicos. Explicó que, tras analizar los ingresos generados por la actividad minera y energética en la región, se detectaron presuntas inconsistencias en la distribución de recursos contemplados en la Ley Amazónica.
De acuerdo con sus declaraciones, los ingresos provenientes de regalías mineras, hidroeléctricas y utilidades relacionadas con proyectos extractivos habrían superado los 360 millones de dólares anuales, cifra que, según indicó, podría alcanzar los 400 millones si se incluyen otros rubros energéticos.
El legislador sostuvo que, pese a esos montos, la Amazonía únicamente habría recibido cerca de 100 millones de dólares, situación que motivó nuevas acciones de fiscalización y solicitudes de exámenes especiales ante la Contraloría General del Estado.
En ese contexto, informó que se solicitó una revisión patrimonial a exautoridades y actuales representantes del Consejo Amazónico y de la Secretaría Técnica Amazónica, con el objetivo de transparentar el manejo de dichos recursos.
Asimismo, Valladarez indicó que también impulsó denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), señalando supuestos cobros ilegales que afectarían a mineros artesanales y pequeños productores de la provincia.
El asambleísta manifestó que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y espera que el proceso investigativo determine responsabilidades dentro de una presunta red de corrupción vinculada al sector minero.
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el caso Progen, relacionado con contratos energéticos suscritos durante la crisis eléctrica de 2024. Valladarez cuestionó el pago anticipado de aproximadamente 110 millones de dólares para proyectos que, según afirmó, hasta la fecha no habrían generado energía para el país.
Además, expresó preocupación por el acuerdo comercial firmado entre Ecuador y Estados Unidos, señalando posibles afectaciones al sector agrícola nacional debido al ingreso de productos subsidiados provenientes del mercado estadounidense.
En materia provincial, el legislador informó que inició procesos de fiscalización relacionados con contratos de transporte pesado vinculados a la empresa minera ECSA, tras recibir denuncias de transportistas locales sobre retrasos en pagos, presuntas amenazas y afectaciones económicas.
Según indicó, transportistas habrían denunciado que empresas subcontratistas de origen extranjero estarían desplazando a operadores locales mediante la importación de maquinaria pesada usada.
“No podemos permitir que se lleven la riqueza de la provincia mientras nuestros emprendedores y trabajadores son perjudicados”, expresó.
Valladarez insistió en que la provincia de Zamora Chinchipe genera importantes ingresos económicos para el país gracias a la minería, señalando que para 2026 se proyecta una facturación cercana a los 4.500 millones de dólares por concepto de producción minera.
El legislador sostuvo que una adecuada redistribución de esos recursos permitiría financiar obras estratégicas para la provincia, entre ellas el nuevo hospital, la universidad amazónica y el avance del cuarto eje vial.
Finalmente, reiteró su compromiso de continuar impulsando procesos de fiscalización y defensa de los intereses de Zamora Chinchipe y la región amazónica. “Seguiremos trabajando con valentía y sin claudicar en la defensa de las causas del pueblo”, concluyó.
