Nacionales
¿Cuál sería la fortuna de Alex Saab y qué vínculo tenía con el candidato colombiano Abelardo de la Espriella?
Alex Nain Saab Morán, una de las personas de mayor confianza del exlíder venezolano Nicolás Maduro, se encuentra en Estados Unidos después de que fue deportado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela.
El gobierno de Rodríguez, mediante el Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería de Venezuela (SAIME), aseguró que Saab fue deportado por estar «incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América».
En 2017, la exfiscal venezolana Luisa Ortega ya había acusado a Saab de ser un testaferro de Maduro y en 2021 había sido extraditado por primera vez al país norteamericano, en donde el gobierno le acusaba de conspirar para lavar activos en una red de corrupción sustentada en sobornos.
En 2023, durante la administración de Joe Biden, Washington entregó a Saab a Caracas a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses y unos 20 presos políticos venezolanos.
A raíz de su reciente deportación, la fortuna de este testaferro de Maduro ha despertado curiosidad entre venezolanos y ciudadanos del mundo entero.
¿Cuál sería la fortuna de Alex Saab?
En años previos, Estados Unidos había acusado a Saab de lavar cerca de USD 350 millones en ese país, junto a su socio Álvaro Pulido.
Una investigación de Transparencia Internacional publicada en 2021 había señalado que Saab manejaba una estructura de gran tamaño conformada por «unas 89 empresas, registradas en 15 países y más de una docena de abogados en su equipo de defensa».
El Fondo Global de Construcción (Foglocons) era una de las tres firmas vinculadas a Saab que operaban en Ecuador, y que ha sido señalada por haber realizado presuntamente exportaciones ficticias a Venezuela con el sistema SUCRE.
Colombia y Panamá eran los dos países donde la mega estructura de Saab mantenía más empresas, con 22 y 27 firmas respectivamente.
Belice, Estados Unidos, Emiratos Árabes, España, Hong Kong, Italia, Malta, México, Reino Unido, Suiza y Turquía también figuraban en el listado de naciones donde Saab mantenía empresas, según el reporte de Transparencia Internacional.
Gerardo Reyes, autor del libro ‘Alex Saab: La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro’ y actual director de investigación en Univisión, decía en 2021 que el gobierno de Estados Unidos calculaba que el aliado de Maduro tenía un patrimonio de entre USD 1.000 millones y USD 1.500 millones.
La relación de Saab con el candidato colombiano Abelardo de la Espriella
A la par del interés sobre el dinero que habría manejado Saab, y en medio de un contexto de campañas electorales en Colombia, la deportación del empresario nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla ha causado reacciones en el debate público.
Paloma Valencia, candidata presidencial por Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, consideró que Saab «debe estar buscando abogado» y que «ojalá se conozca toda la verdad y que Alex Saab no vaya a contratar a ningún candidato de abogado. Ni de otro partido ni de otra candidatura».
Si bien Valencia no se refirió a nadie específicamente, uno de los candidatos que busca llegar a la presidencia colombiana es el derechista Abelardo de la Espriella, quien desde 2015 había sido el abogado de Saab.
En una entrevista con el periódico colombiano El Espectador publicada en abril de 2021, Saab había descrito a De la Espriella como un «gran abogado y amigo».
Durante una entrevista con El Tiempo publicada en febrero de este 2026, el abogado y ahora candidato dijo que empezó su relación con Saab cuando este se le presentó como un empresario de textiles, hace más de una década.
Tras enterarse de que Saab era señalado por sus vínculos con el chavismo, le había recomendado al aliado de Maduro que se siente con los estadounidenses y coopere.
«Si tú cooperas con los americanos, puedes quedarte en Estados Unidos pero tienes que pagar un día de cárcel, podrás quedarte con parte de tu dinero», dijo el abogado en esa entrevista, en la que afirmó que fue por su gestión que Saab se reunión con agencias estadounidenses.
De la Espriella ha asegurado que cuando Estados Unidos le notificó que se iba a presentar una acusación contra Saab, optó por terminar su relación con el aliado de Maduro. «No atendió mi consejo y terminó mal», comentó ante El Tiempo.
En su libro, Reyes había escrito que De la Espriella y la exsenadora Piedad Córdoba eran «personajes colombianos que son clave para entender» los logros de Saab.
Tras las declaraciones de la cantidad Valencia, el presidenciable De la Espriella no se ha referido públicamente a la deportación de Saab hacia Estados Unidos, ni tampoco a su relación con él en el pasado. Fuente: Primicias
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
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