El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expidió este lunes 18 de mayo de 2026 el Decreto Ejecutivo 387, con el objetivo, según el texto, de orientar el régimen de zonas francas hacia el desarrollo de servicios tecnológicos y la economía del conocimiento para posicionar a Ecuador como un hub regional de exportación.

Se trata de una reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que entró en vigor el 20 de diciembre de 2023. Esta fue una de las primeras propuestas de Noboa que tramitó la Asamblea con el carácter de económico-urgente y la promesa de impular el empleo juvenil.

El Decreto llega nueve meses después de que el Gobierno anunciara la instalación de la primera zona franca tecnológica en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay.

Según el documento, el Gobierno considera “necesario reformar determinadas disposiciones” del reglamento vigente para orientar el régimen de zonas francas hacia actividades vinculadas a la innovación, tecnología y exportación de servicios.

El Ejecutivo sostiene que los cambios permitirán posicionar a Ecuador como un “hub regional de exportación de servicios tecnológicos”, en medio de la estrategia oficial para atraer inversión y fortalecer sectores de alto valor agregado.

Con la reforma, se crean espacios delimitados diseñados específicamente para albergar actividades de telecomunicaciones, sistemas de información, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, ciberseguridad, así como investigación científica y tecnológica.

Además, se detallan los servicios tecnológicos autorizados, los cuales incluyen el desarrollo de software y servicios en la nube (SaaS, PaaS, IaaS), tecnologías Blockchain, Inteligencia Artificial (IA), Fintech, animación digital, biotecnología, nanotecnología y creación de videojuegos.

La reforma abarca la flexibilidad laboral (teletrabajo y modalidad híbrida) para este tipo de actividades. Para mantener el control, se exige un mínimo mensual del 51% de presencialidad en las instalaciones, el cual puede ser menor únicamente con un informe técnico motivado.

Los colaboradores podrán entrar y salir de la zona franca con equipos como celulares, laptops, discos duros, cámaras, sin pagar tributos de comercio exterior, siempre y cuando estén registrados de forma automatizada y se usen exclusivamente para los fines de la zona franca.

Para más detalles puede revisar el Decreto 387 en este documento adjunto:

https://drive.google.com/file/d/1aZCDlee392qBkTDU7PDiAlsjLkWs2OcP/view

Cambio físico de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil. (Foto: redes sociales)

¿Por qué Aquiles Alvarez está en la Cárcel del Encuentro?

• Caso Triple A: presunto tráfico de combustibles.
• Caso Grillete: Fiscalía investiga las irregularidades alrededor del instrumento electrónico que el alcalde se retiró en la época que estaba libre.
• Caso Goleada: presunto lavado de activos relacionado con la distribución de combustible subsidiado. En este proceso inicialmente se le dictó prisión preventiva, pero luego la medida fue revocada.

Fuente: Vistazo

En una nueva edición del programa “La Tertulia Jurídica”, se contó con la participación del abogado Luigi Cruz Ponce, subcoordinador jurídico de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, quien desarrolló una amplia exposición académica sobre el tema: “La teoría de la imputación objetiva como óbice al poder penal”.

El jurista compartió su trayectoria profesional y académica, destacando su formación como abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista y magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, además de magíster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja.

Cruz Ponce señaló que actualmente cuenta con cerca de once años de experiencia dentro de la Corte Nacional de Justicia, desempeñándose como subcoordinador jurídico en una de las salas especializadas más relevantes del sistema judicial ecuatoriano. Asimismo, resaltó su aporte académico mediante publicaciones y artículos científicos relacionados con el derecho penal y el derecho procesal penal.

En el desarrollo de la ponencia, el expositor abordó la teoría de la imputación objetiva como una herramienta dogmática fundamental para delimitar el alcance del poder penal del Estado y establecer cuándo un resultado lesivo puede ser jurídicamente atribuido a una determinada conducta.

El jurista explicó que la imputación objetiva constituye un límite frente al ejercicio arbitrario o excesivo del poder punitivo estatal, comparando este fenómeno con la obra “Saturno devorando a su hijo” del pintor español Francisco de Goya, utilizada como metáfora de un poder penal descontrolado y autoritario.

“Cuando el poder penal actúa sin límites puede convertirse en una estructura arbitraria y discrecional, alejada de los principios garantistas del Estado constitucional de derechos”, manifestó.

Durante su intervención, Cruz Ponce desarrolló un análisis histórico y doctrinario sobre la evolución de las teorías de imputación, iniciando con la teoría de la equivalencia de las condiciones, posteriormente la teoría de la adecuación y finalmente la teoría de la relevancia típica, hasta llegar a la moderna teoría de la imputación objetiva.

El especialista sostuvo que no toda causa que antecede a un resultado lesivo debe generar responsabilidad penal, ya que corresponde determinar si la conducta creó un riesgo jurídicamente desaprobado y si dicho riesgo se concretó en el resultado producido.

Para ejemplificar el tema, expuso diversos casos doctrinarios y jurisprudenciales internacionales, entre ellos el caso “Burrage vs. Estados Unidos”, relacionado con responsabilidad penal en delitos vinculados al tráfico de drogas; así como el caso “Kennedy” resuelto por la House of Lords del Reino Unido, referente a la autoadministración de sustancias estupefacientes.

Asimismo, explicó conceptos esenciales como el riesgo permitido, la previsibilidad objetiva, el fin de protección de la norma y la autoprotección de la víctima, elementos fundamentales para comprender la aplicación contemporánea de la imputación objetiva dentro del derecho penal moderno.

Cruz Ponce también enfatizó que el principio de mínima intervención penal, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), constituye un mecanismo esencial para evitar que el derecho penal se convierta en una herramienta de represión desproporcionada.

“El poder penal debe actuar como última ratio, únicamente frente a conductas verdaderamente lesivas para bienes jurídicos protegidos”, puntualizó.

En otro momento de la exposición, el funcionario judicial destacó que la teoría de la imputación objetiva no se limita únicamente a delitos culposos o de tránsito, sino que resulta aplicable a todas las infracciones penales, permitiendo una interpretación racional y garantista del sistema jurídico.

Finalmente, Luigi Cruz Ponce reflexionó sobre los desafíos actuales del sistema de justicia ecuatoriano y la necesidad de fortalecer el debate jurídico tanto en la academia como en la práctica judicial, con el objetivo de consolidar criterios jurisprudenciales que permitan limitar adecuadamente el ejercicio del poder penal.

“La administración de justicia debe nutrirse permanentemente del debate académico y doctrinario para garantizar decisiones coherentes con los principios constitucionales y con una adecuada protección de derechos”, concluyó.