En una nueva edición del programa “La Tertulia Jurídica”, se contó con la participación del abogado Luigi Cruz Ponce, subcoordinador jurídico de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, quien desarrolló una amplia exposición académica sobre el tema: “La teoría de la imputación objetiva como óbice al poder penal”.
El jurista compartió su trayectoria profesional y académica, destacando su formación como abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista y magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, además de magíster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja.
Cruz Ponce señaló que actualmente cuenta con cerca de once años de experiencia dentro de la Corte Nacional de Justicia, desempeñándose como subcoordinador jurídico en una de las salas especializadas más relevantes del sistema judicial ecuatoriano. Asimismo, resaltó su aporte académico mediante publicaciones y artículos científicos relacionados con el derecho penal y el derecho procesal penal.
En el desarrollo de la ponencia, el expositor abordó la teoría de la imputación objetiva como una herramienta dogmática fundamental para delimitar el alcance del poder penal del Estado y establecer cuándo un resultado lesivo puede ser jurídicamente atribuido a una determinada conducta.
El jurista explicó que la imputación objetiva constituye un límite frente al ejercicio arbitrario o excesivo del poder punitivo estatal, comparando este fenómeno con la obra “Saturno devorando a su hijo” del pintor español Francisco de Goya, utilizada como metáfora de un poder penal descontrolado y autoritario.
“Cuando el poder penal actúa sin límites puede convertirse en una estructura arbitraria y discrecional, alejada de los principios garantistas del Estado constitucional de derechos”, manifestó.
Durante su intervención, Cruz Ponce desarrolló un análisis histórico y doctrinario sobre la evolución de las teorías de imputación, iniciando con la teoría de la equivalencia de las condiciones, posteriormente la teoría de la adecuación y finalmente la teoría de la relevancia típica, hasta llegar a la moderna teoría de la imputación objetiva.
El especialista sostuvo que no toda causa que antecede a un resultado lesivo debe generar responsabilidad penal, ya que corresponde determinar si la conducta creó un riesgo jurídicamente desaprobado y si dicho riesgo se concretó en el resultado producido.
Para ejemplificar el tema, expuso diversos casos doctrinarios y jurisprudenciales internacionales, entre ellos el caso “Burrage vs. Estados Unidos”, relacionado con responsabilidad penal en delitos vinculados al tráfico de drogas; así como el caso “Kennedy” resuelto por la House of Lords del Reino Unido, referente a la autoadministración de sustancias estupefacientes.
Asimismo, explicó conceptos esenciales como el riesgo permitido, la previsibilidad objetiva, el fin de protección de la norma y la autoprotección de la víctima, elementos fundamentales para comprender la aplicación contemporánea de la imputación objetiva dentro del derecho penal moderno.
Cruz Ponce también enfatizó que el principio de mínima intervención penal, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), constituye un mecanismo esencial para evitar que el derecho penal se convierta en una herramienta de represión desproporcionada.
“El poder penal debe actuar como última ratio, únicamente frente a conductas verdaderamente lesivas para bienes jurídicos protegidos”, puntualizó.
En otro momento de la exposición, el funcionario judicial destacó que la teoría de la imputación objetiva no se limita únicamente a delitos culposos o de tránsito, sino que resulta aplicable a todas las infracciones penales, permitiendo una interpretación racional y garantista del sistema jurídico.
Finalmente, Luigi Cruz Ponce reflexionó sobre los desafíos actuales del sistema de justicia ecuatoriano y la necesidad de fortalecer el debate jurídico tanto en la academia como en la práctica judicial, con el objetivo de consolidar criterios jurisprudenciales que permitan limitar adecuadamente el ejercicio del poder penal.
“La administración de justicia debe nutrirse permanentemente del debate académico y doctrinario para garantizar decisiones coherentes con los principios constitucionales y con una adecuada protección de derechos”, concluyó.
