Nacionales
Exabogados de Conto Patiño, Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida, habrían dado forma legal al pago de sobornos en el caso Sinohydro, según la Fiscalía
Un 77 % de los dineros supuestamente recibidos como coimas por la contratación de la empresa china Sinohydro para construir el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair se habría repartido entre los integrantes del círculo familiar y empresarial de Conto Patiño Martínez, uno de los 21 procesados en la causa penal que investiga el supuesto delito de cohecho.
Según las investigaciones de la Fiscalía General, que se expusieron en los tres primeros días de la audiencia del juicio del caso Sinohydro, Patiño, sus hijos y sus abogados Eduardo Carmigniani Valencia y Carlos Almeida Almeida recibieron en total $ 58,8 millones de los $ 76 millones que se habrían pagado como sobornos y que representarían -a su vez- el 4 % del valor del contrato, que ascendió a más de $ 1.970 millones.
En tanto que el exmandatario Lenín Moreno y su familia habrían recibido un poco más de un millón de dólares, esto es, el 1,3 % de los dineros.
Otro grupo, conocido como “los amigos de Coca Codo”, en el que estaban exfuncionarios estatales ecuatorianos y de la compañía china, habría recibido otro monto menor.
La audiencia de juicio se reinstalará este lunes, 18 de mayo del 2026, desde las 08:30. Así lo dispuso el Tribunal de Juzgamiento, integrado por Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio César Inga.
En los primeros días de la diligencia, el fiscal general Carlos Leonardo Alarcón se comprometió a demostrar 27 puntos relacionados con la participación de los acusados en el esquema de sobornos que habría operado entre el 2008 y el 2018, cuya finalidad fue favorecer a la empresa en la adjudicación del contrato de ingeniería, provisionamiento de equipos y materiales, la construcción de las obras civiles, el montaje, pruebas y la puesta en marcha del proyecto ya citado.
La mayoría de esos puntos tiene relación con el rol de Conto Patiño, sus familiares y hasta sus abogados.
Pagos por ‘consultorías’
El fiscal Alarcón contó que Conto Patiño y su yerno Xavier Macías Carmigniani, amigos de Moreno, actuaron como representantes comerciales privados de la empresa Sinohydro ante la empresa pública Coca Codo Sinclair para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico. El contrato se suscribió en 2009.
En febrero de 2010, los accionistas de Comercial Recorsa C. A., domiciliada en Ecuador, Beatriz Herdoíza Catandi, sus hijos María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño Herdoíza, y su nieta Priscila Burneo Patiño, resolvieron ampliar el objeto social de la empresa.
Según el fiscal, a su actividad original de comercialización de equipos de transporte le sumaron las actividades de “representación, asesoría y consultoría para empresas que constituyen y realizan obras de campo de la infraestructura del país”. Esto con el fin de “acondicionar la fachada empresarial a usarse” para recibir el soborno.
Ese mismo año, a través del gerente general, Conto Patiño, Recorsa C. A. abrió en Panamá una cuenta corriente en la sucursal de un banco local al cual le informó que los fondos que recibiría provendrían del 4 % por servicios de consultoría del contrato de Coca Codo Sinclair; y aparte tenía otra más en otra institución nacional.
Luego, meses más tarde, otra empresa del grupo, Gittelgen S. constituida en 2008 con domicilio en Panamá, resolvió reformar su denominación a Recorsa S. A. (sociedad anónima) y otorgar un poder general a favor de Patiño.
En 2017, Recorsa S. A. Panamá abrió una cuenta en ese país e informó que se utilizaría para el manejo operativo del contrato con consultor de la compañía Sinohydro en Ecuador.
La teoría de la Fiscalía indica que, del 2010 al 2018, “las empresas Recorsa, compañía anónima, Ecuador, y Recorsa, sociedad anónima, Panamá, actuaron como estructuras receptoras y canalizadoras de dineros indebidos provenientes de la empresa cohechadora Sinohydro, beneficiando a los procesados a través de terceras personas y compañías que facilitaron la circulación de dichos fondos”.
El rol de los abogados
Según el expediente, en esa línea, los abogados Carmigniani y Almeida habrían prestado sus servicios para supuestamente dar apariencia legal a las transacciones, y así facilitar la circulación y protección del dinero dentro de la red investigada.
En el auto de llamamiento a juicio del juez Olavo Hernández se detalla que Carmigniani habría recibido, al menos, $ 4,5 millones procedentes de los supuestos sobornos. O sea, cuatro veces más que el expresidente Moreno.
Y Almeida, quien además fue asesor de Moreno en la Vicepresidencia, habría obtenido $ 2′925.000.
En total, Recorsa de Ecuador habría recibido $ 75,6 millones en el banco de Panamá; y Recorsa de Panamá, $ 585.0000, “configurándose una estructura en que la compañía domiciliada en Panamá operaba como entidad instrumental, lo que resulta particularmente relevante al advertirse que, pese a tratarse de un contrato de obra pública ejecutado en el Ecuador, se abrieron y utilizaron cuentas en el extranjero para la recepción de dichos fondos, evidenciando un mecanismo orientado a ocultar y canalizar pagos indebidos fuera del control nacional”.
Alarcón indicó que el grupo familiar y empresarial de Patiño “cooperaron en la recepción de sobornos por medio de sus cuentas personales y empresariales, por un valor de $ 58,8 millones”.
A continuación un desglose de los montos de los sobornos que habría recibido cada grupo.
El grupo de Conto Patiño, su familia y sus abogados
| Acusado | Función en la trama de corrupción | Grado de acusación | Monto supuestamente recibido |
|---|---|---|---|
| Conto Patiño Martínez | Lobista de Sinohydro | Autor directo | $ 10′299.912,77 |
| María Auxiliadora Patiño Herdoíza | Hija de Conto Patiño | Cómplice | $ 39′508.925,46 (con su esposo) |
| Xavier Macías Carmigniani | Yerno de Conto Patiño | Cómplice | |
| Juan Carlos Patiño Herdoíza | Hijo de Conto Patiño | Cómplice | $ 839.790 |
| Patricia Patiño Herdoíza | Hija de Conto Patiño | Cómplice | $ 120.000 |
| Manuel Patiño Herdoíza | Hijo de Conto Patiño | Cómplice | $ 561.209,17 |
| Priscilla Burneo Patiño | Nieta de Conto Patiño | Cómplice | $ 70.921,45 |
| Eduardo Carmigniani Valencia | Exabogado de Conto Patiño | Cómplice | $ 4′549.955 |
| Carlos Almeida Almeida | Exabogado de Conto Patiño | Cómplice | $ 2′925.000 |
El grupo de Lenín Moreno y su familia
| Acusado | Función en la trama de corrupción | Grado de acusación | Monto supuestamente recibido |
|---|---|---|---|
| Lenín Moreno Garcés | Exvicepresidente de la República | Autor directo | $ 547.731,90 (con su esposa) |
| Rocío González Navas | Esposa de Lenín Moreno | Cómplice | |
| Irina Moreno González | Hija de Lenín Moreno | Cómplice | $ 52.000 |
| Guillermo Moreno | Hermano de Lenín Moreno | Cómplice | $ 10.000 |
| Edwin Moreno | Hermano de Lenín Moreno | Cómplice | $ 387.000 |
| Martha González Navas | Cuñada de Lenín Moreno | Cómplice | $ 15.000 |
Grupo de ‘los amigos de Coca Codo’
| Acusado | Función en la trama de corrupción | Grado de acusación | Monto supuestamente recibido |
|---|---|---|---|
| Luciano Cepeda Vasco | Exgerente de Coca Codo Sinclair | Autor directo | $ 175.000 |
| Henry Galarza Correa | Exgerente de Coca Codo Sinclair | Autor directo | $ 223.000 |
| Cai Runguo | Exembajador de China en Ecuador | Autor directo | $ 40.400 |
| Yang Huijin | Exrepresentante de Sinohydro | Autor directo | No consta |
| Song Dongsheng | Exrepresentante de Sinohydro | Autor directo | $ 60.000 |
| María Augusta Baquero Carvajal | Esposa de Luciano Cepeda | Cómplice | $ 148.000 |
Fuente: Expediente de la Fiscalía/EL UNIVERSO
(I) Fuente: El Universo
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
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