La formulación de cargos dentro del caso Apagón evidenció que las investigaciones de la Fiscalía por el presunto delito de peculado se concentran en funcionarios públicos que actuaron alrededor de los millonarios contratos entregados a Progen Industries LLC en 2024. Sin embargo, entre los procesados no aparecen los administradores de los dos contratos, cuyos nombres y labores aparecen en múltiples ocasiones a lo largo de la investigación.

La Fiscalía decidió procesar a 21 personas, de las cuales 17 son funcionarios de Termopichincha, la Unidad de Negocios de Celec que contrató a Progen. La mayoría son ingenieros de rango medio y bajo, que firmaron los documentos del proceso precontractual y contractual.

Por ejemplo, entre los procesados están los miembros de la comisión de calificación de ofertas, que determinaron que Progen cumplía con todos los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas, aunque según la Fiscalía existían inconsistencias entre las especificaciones y la oferta. También están los miembros de la comisión que viajó a verificar los generadores de Progen en Estados Unidos.

Sin embargo, hay un cargo que durante el primer día de audiencias se repitió con frecuencia: el administrador del contrato. Según la ley ecuatoriana, el administrador del contrato es el responsable de vigilar el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales, y de la ejecución, seguimiento, recepción de productos, control de plazos, y aplicación de multas. Pero ninguno de estos funcionarios está procesado en el caso Apagón.

El contraste es evidente al analizar el proyecto Salitral. La Fiscalía decidió procesar a los tres técnicos de la comisión que viajaron a Estados Unidos (Celso Sánchez, Nelson Castro y Paul Flores), a pesar de que ellos se negaron a firmar el informe de verificación. Sin embargo, Marlon C., el administrador del contrato, no enfrenta cargos penales.

El papel del administrador del contrato Salitral
Dentro de la investigación de la Fiscalía presentada en la audiencia de formulación de cargos, destaca el nombre de Marlon C., el administrador del contrato de Progen para la central Salitral. Este ascendía a USD 99,4 millones, y Termopichincha desembolsó un pago de USD 69,58 millones, correspondientes al 70% del contrato.

Marlon C., sin embargo, no consta entre los procesados, a pesar de que la Fiscalía reveló el importante papel que tuvo en las irregularidades alrededor de este contrato, el más alto que obtuvo Progen. Incluso, a pesar de que él también fue parte de la comisión técnica que viajó a Estados Unidos para verificar los generadores, y fue el único responsable de tomar fotos de los generadores.

Según la versión de Byron Orozco (uno de los procesados), quien fue el gerente de Termopichincha que firmó los contratos con Progen, Marlon C. como administrador del contrato fue quien designó a AP Inspections como verificadora de los generadores.

Marlon C., además, fue quien dispuso que en las tres locaciones donde estaban ubicadas las unidades del proyecto Salitral se mantuviera, al menos, una unidad desempacada y abierta para la revisión. Según la investigación, en la verificación de AP Inspections se revisaron apenas tres unidades.

Además, según esta versión, Marlon C. emitió un memorando en el que recomendó y solicitó que se ejecutara el pago del 70% del valor total del contrato de Salitral, y entregó los documentos de respaldo, entre los cuales estaba la verificación hecha por AP Inspections.

Pero no entregó el informe de la comisión técnica de Celec que viajó, pues este nunca pasó de un borrador, por amenazas y problemas con los funcionarios que debían elaborarlo.

En su versión de los hechos, Celso Sánchez (otro de los procesados) aclaró que él no firmó ningún informe de inspección porque no era de su autoría y porque no estaba de acuerdo con las recomendaciones. Mientras que Paúl Flores (otro procesado) habría recibido una amenaza escrita que decía textualmente: «Te ubicamos y a tu familia te vamos a matar por los contratos torcidos».

Además, su currículum no fue elegido al azar. El entonces gerente Byron Orozco relató que la carpeta de Casillas le llegó como una recomendación, acompañada del mensaje explícito de que a Casillas «le interesaría ser administrador del contrato»

El administrador del contrato de Quevedo
Las investigaciones de la Fiscalía también apuntan al administrador del contrato de Quevedo con Progen. En este caso, el contrato fue por USD 49,7 millones, y Termopichincha pagó en total USD 34,79 millones en cinco desembolsos. Este funcionario no fue identificado durante la audiencia, sin embargo fuentes del proceso confirmaron a PRIMICIAS que ninguno de los varios administradores de este contrato está entre los procesados.

Según el relato del fiscal, en este contrato hubo una operación diferente, pues se modificó la forma de pago del 70% para que sea prorrateada. Esto se hizo a través de una adenda, firmada por Gonzalo Guerrón, quien reemplazó a Orozco en la gerencia de Termopichincha después de su renuncia.

Los pagos se hicieron, aunque en el relato de la Fiscalía no se mencionó cómo fueron aprobados. Fuente: Primicias