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Policías implicados en femicidios en Ecuador: al menos nueve casos entre 2022 y 2026

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Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.

Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.

La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.

El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.

En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.

El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.

El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.

Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.

Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.

En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.

Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.

Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.

Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.

En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.

María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía

María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.

11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.

Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.

Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.

Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista

La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.

Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.

Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.

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José Serrano sigue bajo custodia migratoria de Estados Unidos, pero ya no se conoce en qué cárcel

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El complejo encierro del exministro del Interior, José Serrano, habría sido modificado. Tras permanecer recluido desde agosto de 2025 en la prisión de Krome en Miami, el localizador del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrojó este 22 de junio de 2026 que el político ecuatoriano ya no figura bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Pero horas más tarde, el exministro volvió a aparecer bajo custodia de ICE.

Su posible liberación coincidía con el plazo máximo que la corte federal del Distrito Sur de Florida otorgó al Departamento de Justicia para contestar a un recurso de habeas corpus. En esa demanda, la defensa de Serrano exigía su salida inmediata al considerar ilegal y arbitraria su retención tras haber ganado el bloqueo a su deportación.

Sin embargo, aparentemente se trató de un traslado. Horas después de la primera consulta de PRIMICIAS, Serrano aparece bajo custodia de ICE pero no se especifica en qué cárcel está. Esto sugeriría que el exministro fue movido a otra prisión.

Fuentes consultadas por PRIMICIAS aseguraron que los detenidos que están en tránsito desaparecen del sistema de localizador de ICE.

En el ámbito administrativo, el sistema migratorio corroboró que el gobierno estadounidense no apeló la medida protectora hasta el doce de junio, bloqueando su entrega a Ecuador de forma definitiva.

PRIMICIAS contactó al abogado defensor en el ámbito federal, Andrew Clopman, a la representante legal migratoria, Alejandra Chinea, a Eduardo León, abogado de Serrano en Ecuador, y a voceros del gobierno estadounidense para obtener una confirmación oficial del pago de la fianza y de su salida del centro de detención. Pero todavía no ha habido respuestas.

Con la protección humanitaria asegurada y su supuesta salida del centro de detención de Krome, el político ecuatoriano podría permanecer en Estados Unidos y frenar cualquier retorno a Ecuador, donde enfrenta una orden de prisión preventiva tras ser procesado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Nota de la Redacción: En la versión original de esta nota, publicada el 22 de junio de 2026, se hablaba de una posible liberación de José Serrano, por su desaparición del sistema de localización de ICE. La nota fue actualizada a las 15:15 con la reaparición de Serrano en el sistema, aunque no se especifica en qué cárcel o prisión. Fuente: Primicias

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Ecuarunari pide que Noboa y Pinto remitan respuesta sobre la revocatoria de su mandato

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La Ecuarunari, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció que el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto fueron notificados con la solicitud de revocatoria del mandato.

La organización indígena pidió que ambos mandatarios se pronuncien, tomando en cuenta que el plazo para presentar una respuesta vence el 22 de junio de 2026.

Daniel Noboa y María José Pinto deben pronunciarse frente a la notificación enviada sobre la solicitud de revocatoria de mandato”, indicó la organización presidida por Leonidas Iza.

Dirigentes sociales y sindicales anunciaron acciones para impulsar una iniciativa constitucional contra el Gobierno.

Dirigentes sociales y sindicales anunciaron acciones para impulsar una iniciativa constitucional contra el Gobierno.ANGELO CHAMBA

El pasado 9 de junio de 2026, colectivos sociales, entre ellos la Ecuarunari, formalizaron la solicitud de revocatoria del mandato. Ese día acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, para entregar la documentación de manera individual y evitar posibles impugnaciones jurídicas durante el trámite.

“Los sectores sociales permanecerán vigilantes ante este proceso. La ciudadanía merece transparencia, respeto y respuestas claras”, manifestó la organización indígena en un comunicado difundido este 22 de junio.

El plazo al que se refiere la Ecuarunari está relacionado con el tiempo que tienen las autoridades cuestionadas para ejercer su derecho a la defensa. Paralelamente, la autoridad electoral dispone de siete días para admitir o negar la solicitud ciudadana.

Solo en caso de que esta sea admitida, los promotores podrán iniciar la recolección de firmas de respaldo. De acuerdo con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, para impulsar la revocatoria de un presidente de la República se requiere el apoyo de al menos el 15 % de los ciudadanos inscritos en el último padrón electoral.

Otro de los impulsores de la iniciativa, el abogado Washington Andrade, señaló que este plazo permite que Noboa presente una respuesta, se allane o se oponga a la solicitud de revocatoria. También hizo un llamado para que organizaciones como la UNE, la Fenocín y el Frente Popular se sumen a la iniciativa.

Diferencias entre la Conaie y la Ecuarunari

Dentro de la Conaie, la Ecuarunari ha sido la única organización que ha impulsado la revocatoria. Esa diferencia quedó en evidencia cuando la Confederación retiró el préstamo de su sede para el encuentro de las organizaciones que promueven la iniciativa.

Dirigentes de la Conaie, como Simón Velasco, responsable del área de comunicación, aclararon en esa ocasión que las bases habían decidido no formar parte del proceso y se desmarcaron de la revocatoria impulsada en contra del presidente Daniel Noboa. Fuente: Expreso

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John Reimberg confirma que fuerzas extranjeras gozarán de inmunidad en el combate contra el crimen organizado

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El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que personal extranjero trabajará junto a las fuerzas del orden del Ecuador para combatir a grupos delictivos y gozará de inmunidad.

El pasado jueves, 18 de junio, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 424 con el que ratificó la existencia de un conflicto armado interno “por circunstancias fácticas complejas que amenazan gravemente la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población”.

Luego, indicó que el país recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización contra grupos criminales.

En este sentido, detalló que las fuerzas extranjeras acompañarán a los agentes ecuatorianos para ejecutar operaciones conjuntas, por lo cual también gozarán de indultos y amnistías.

“Este es un delito transnacional que tenemos que combatirlo entre todos los que estamos en la misma línea de atacar y acabar al crimen organizado y por qué no contar con la ayuda, experiencia, tecnología de otros países”, apuntó el funcionario.

¿Habrá toque de queda?

Reimberg ratificó que el estado de excepción no implica un toque de queda, como se había hecho en otras ocasiones.

La medida se tomó porque “la justicia no está a la misma velocidad” que las operaciones policiales. “Pedir una orden de allanamiento no puede ser que nos tome dos o tres días, no podemos detenernos o anunciar a los delincuentes que estamos en camino”, sostuvo.

Hay jueces y fiscales que trabajan no para los 18 millones de ecuatorianos, sino en contra de ellos, que buscan rápido como atacar a la Policía y tratar de intimidarlos”, comentó Reimberg.
También, aseguró que ya ha puesto cerca de 21 denuncias a diferentes miembros de cortes y fiscalías. “No puede ser que unos cuantos vengan a ocupar nuestro trabajo”, agregó.

¿Quiénes gozarán de inmunidad tras el decreto de Noboa?

En el decreto 424 también se menciona que el presidente concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y de los civiles que participen en las acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado.

Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial y de los civiles.

El personal extranjero de los Estados cooperantes, que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno, también gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos por el Ecuador. Fuente: Vistazo

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