El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, Frank Ricardo Caamaño, informó que la provincia enfrenta actualmente un déficit de cinco jueces, situación que incide directamente en la carga laboral y en los tiempos de respuesta del sistema judicial.
De acuerdo con la autoridad, en condiciones normales la provincia debería contar con 22 jueces en funciones; sin embargo, actualmente operan con una reducción significativa: dos vacantes en la Corte Provincial, una en tribunales penales y dos en unidades judiciales. Estas vacantes se han generado principalmente por procesos de jubilación y traslados administrativos que no han sido cubiertos oportunamente.
Caamaño señaló que esta problemática no solo preocupa a la ciudadanía, sino también a los servidores judiciales, quienes enfrentan una creciente presión en la atención de causas. “Hacemos nuestro máximo esfuerzo, pero la falta de personal se siente en el trabajo diario”, enfatizó.
Sobrecarga laboral y agenda saturada
En este contexto, explicó que, aunque regularmente se programan dos audiencias diarias, en la práctica los jueces deben atender entre cuatro y cinco audiencias por día, debido a la atención de casos urgentes como apelaciones a prisión preventiva y procesos relacionados con grupos vulnerables.
Asimismo, informó que la agenda de audiencias de la Corte Provincial se encuentra copada hasta el mes de noviembre, lo que evidencia el alto nivel de acumulación de procesos. Esta situación se agrava por la implementación del sistema procesal civil vigente desde 2016, el cual obliga a resolver incluso trámites menores mediante audiencias, incrementando la carga operativa.
Multicompetencia y limitaciones estructurales
Una de las particularidades de la Corte Provincial de Zamora Chinchipe es su carácter multicompetente, lo que implica que los jueces conocen materias civiles, penales, laborales, constitucionales y de niñez y adolescencia. Actualmente, la sala provincial está conformada por tres jueces, una secretaria y dos ayudantes judiciales, quienes atienden todas las causas de la provincia.
Esta realidad contrasta con otras jurisdicciones como Loja, donde existen tribunales especializados y mayor número de personal, lo que permite una distribución más eficiente de los casos.
Gestiones ante autoridades nacionales
El presidente de la Corte indicó que se han realizado múltiples gestiones ante la Dirección Provincial y la planta central en Quito, responsable de las contrataciones. En este sentido, anunció que se prevé un desplazamiento a la capital para exponer directamente la situación ante las autoridades nacionales y buscar soluciones concretas.
Aclaró además que la solicitud institucional no implica la creación de nuevas plazas, sino la restitución de al menos cinco jueces y cerca de 30 funcionarios de apoyo que fueron retirados desde el año 2020.
Impacto en los tiempos de respuesta
Como consecuencia del déficit de personal, los tiempos de resolución de causas han aumentado considerablemente. Mientras anteriormente las decisiones podían emitirse en aproximadamente un mes, actualmente el promedio se sitúa entre cuatro y cinco meses, lo que afecta el derecho ciudadano a una justicia oportuna.
Procesos disciplinarios y control judicial
En cuanto al ámbito disciplinario, Caamaño informó que durante el presente año se han tramitado varias declaraciones jurisdiccionales previas, mecanismo necesario para determinar posibles responsabilidades de operadores de justicia. Hasta la fecha, ha sustanciado cuatro casos, de los cuales algunos han sido remitidos al Consejo de la Judicatura para su análisis, mientras que otros han sido archivados por no cumplir los requisitos legales.
Llamado a fortalecer el sistema judicial
Finalmente, la autoridad reiteró la necesidad urgente de fortalecer el sistema judicial en la provincia, señalando que, pese al compromiso del personal existente, las condiciones actuales limitan una atención ágil y eficiente.
