En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, transmitido por Diario El Amazónico, participó la jurista, docente y conferencista Ginna Pasquel Andrade, quien realizó un análisis jurídico y académico sobre el tema «Violencia sexual como acto constitutivo de tortura: un análisis desde los derechos humanos y la perspectiva de género», abordando los desafíos que enfrenta el sistema de justicia para garantizar la protección efectiva de las víctimas.

Durante la entrevista, la especialista destacó su formación profesional como abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad Sorbona de París IV (Francia), así como estudios especializados en derechos humanos, derecho penal y derecho constitucional. Asimismo, señaló que su trayectoria profesional en instituciones del sector justicia y organizaciones de la sociedad civil la llevó a profundizar en la investigación sobre violencia basada en género desde un enfoque de derechos humanos.

Pasquel explicó que la violencia basada en género constituye una grave vulneración de los derechos humanos y recordó que la principal obligación del Estado es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de toda la población. En ese contexto, sostuvo que cuando el Estado falla en prevenir, investigar o sancionar estas violaciones, se generan escenarios de impunidad que agravan el sufrimiento de las víctimas.

La jurista afirmó que la violencia sexual no debe limitarse a una afectación contra la integridad sexual, sino que representa una agresión que impacta profundamente la dignidad, la integridad psicológica, el proyecto de vida y el entorno familiar de la víctima. Según explicó, las secuelas pueden ser permanentes y presentan similitudes con los efectos que experimentan las personas sometidas a tortura.

La especialista recordó cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) correspondientes a 2023, según las cuales una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual ejercida por terceros a lo largo de su vida, una realidad que evidencia la dimensión estructural del problema y la necesidad de incorporar el enfoque de género en la administración de justicia.

En su exposición también explicó que la violencia sexual constituye una expresión de relaciones de poder y discriminación históricamente construidas, donde los estereotipos de género influyen tanto en la comisión de estos delitos como en la respuesta institucional. Señaló que estos prejuicios provocan, en muchos casos, la revictimización de quienes denuncian y fortalecen la percepción de impunidad dentro de la sociedad.

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue el análisis jurídico de la violencia sexual como posible acto de tortura. La conferencista explicó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversos instrumentos internacionales, la tortura comprende sufrimientos físicos o psicológicos extremadamente graves, y puede configurarse cuando existe participación directa del Estado o cuando este permite, por acción u omisión, que dichas violaciones ocurran sin brindar una protección adecuada.

La especialista aclaró que no toda violación constituye automáticamente un acto de tortura; sin embargo, sostuvo que, dependiendo de las circunstancias y del nivel de sufrimiento ocasionado, sí puede alcanzar esa categoría desde el derecho internacional de los derechos humanos.

Añadió que reconocer esta dimensión contribuye a garantizar verdad, justicia, reparación integral y memoria para las víctimas y sus familias.

Entre las propuestas planteadas durante el diálogo, Pasquel consideró necesario ampliar el tratamiento jurídico de los delitos de violencia sexual, superar una visión exclusivamente penal, fortalecer las medidas de reparación integral y avanzar hacia la imprescriptibilidad de estos delitos, especialmente considerando que muchas víctimas denuncian años después debido a las secuelas psicológicas, la dependencia emocional o los ciclos de violencia que enfrentan.

Finalmente, la jurista enfatizó que combatir la violencia sexual requiere un trabajo interdisciplinario entre el derecho, la psicología, las ciencias sociales y las instituciones del Estado, con el propósito de garantizar investigaciones libres de estereotipos, fortalecer los mecanismos de protección y asegurar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

El presidente provincial de los Afiliados del Seguro Social Campesino de Loja, Luis Calle, anunció la participación de la provincia en una jornada de movilización nacional convocada para el próximo 27 de julio, con un plantón pacífico en los exteriores del edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Quito. Según indicó, la medida responde al descontento de los afiliados ante lo que calificó como una serie de deficiencias administrativas que afectan al Seguro Social Campesino a escala nacional.

Durante una entrevista, Calle explicó que la convocatoria se definió tras reuniones entre dirigentes provinciales y nacionales, y representantes de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC). Señaló que la problemática no se limita a la Zona 7, conformada por Loja, Zamora y El Oro, sino que, a su criterio, se presenta en distintas provincias del país.

El dirigente sostuvo que existen presuntas irregularidades en la administración del Seguro Social Campesino y cuestionó la actuación de autoridades nacionales y zonales. Asimismo, manifestó que persisten problemas relacionados con el abastecimiento de medicamentos e insumos, el mantenimiento de los dispensarios y la gestión del personal en la Zona 7. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a las declaraciones del entrevistado.

En cuanto a la organización de la movilización, informó que en la provincia de Loja participarán representantes de los 56 dispensarios distribuidos en los 16 cantones. Añadió que, de acuerdo con la información que mantiene, también se sumarán dirigentes y afiliados de Zamora Chinchipe y El Oro, mientras que tres integrantes de la directiva provincial de Loja viajarán a Quito para representar a la provincia en el plantón nacional del 27 de julio.

Respecto a la dirigencia del Seguro Social Campesino en Zamora Chinchipe, Luis Calle manifestó que ha mantenido comunicación con el vicepresidente provincial, debido a que, según afirmó, no ha logrado establecer contacto con el actual presidente provincial, argumentando dificultades para comunicarse y señalando que, a su criterio, no existiría una coordinación permanente desde esa dirigencia. Agregó que anteriormente mantenía una comunicación más constante con el expresidente provincial Jesús Calva, situación que, según dijo, ha cambiado con la actual administración. Estas declaraciones corresponden a la versión expresada por el entrevistado.

Finalmente, Calle informó que el próximo 27 de agosto, fecha en que se conmemora un nuevo aniversario del Seguro Social Campesino, los afiliados realizarán una nueva jornada de movilización en lugar de actos conmemorativos, con el propósito de exigir el respeto a los derechos de los asegurados y mejoras en la atención del sistema. Asimismo, hizo un llamado a los afiliados y a la ciudadanía a mantener la unidad y participar de forma pacífica en las acciones convocadas.