Nacionales
De cadena perpetua a 27 años de cárcel, la misteriosa negociación del ‘Gato Farfán’ en Estados Unidos que hace temblar a sus socios
El 7 de abril de 2026, la Fiscalía de los Estados Unidos presentó formalmente el cuadro resumen de sentencia en contra del narcotraficante ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias ‘Gato ‘Farfán’, en el cual recomendó una pena de 324 meses de prisión, el equivalente a 27 años, y cinco años de libertad supervisada.
‘Gato Farfán’ es considerado por Ecuador como uno de los narcotraficantes de mayor relevancia. Fue extraditado a Estados Unidos desde Colombia y actualmente es juzgado por su papel como enlace de los carteles mexicanos de la droga.
La condena de quien se considera uno de los mayores capos del mundo estaba prevista para ser leída inicialmente el 14 de abril de 2026 en la Corte del Distrito Sur de California. Sin embargo, un día después de la recomendación de sentencia, tanto la defensa de Sánchez, encabezada por el abogado Matthew J. Lombard, como el fiscal Kyle Martin ingresaron una moción conjunta para aplazar la audiencia.
El argumento principal fue la necesidad de otorgar a la defensa tiempo adicional para preparar los documentos de la sentencia, por lo que solicitaron a la Corte reprogramar la comparecencia judicial para el 18 de mayo de 2026, a las 10:00. La petición se aceptó de inmediato.
Este aplazamiento marca el clímax de un largo proceso judicial contra un hombre cuya pena original, según la Oficina de Libertad Condicional estadounidense, apuntaba irreversiblemente a una cadena perpetua, pero se redujo drásticamente tras una negociación.
El ‘Gato Farfán’
La vinculación de Sánchez Farfán con cabecillas del mundo del narcotráfico tomó fuerza alrededor de 2010. En sus inicios, la Policía lo señaló como el principal responsable de montar cinco laboratorios para la producción de cocaína en Ecuador, los cuales fueron desmantelados y destruidos entre mayo de 2010 y abril de 2012.
Su primer gran tropiezo con la justicia ocurrió el 6 de junio de 2013 durante el denominado operativo Galaxia, cuando fue detenido junto a Telmo Castro, un excapitán del Ejército ecuatoriano -enlace del Cartel de Sinaloa-, mientras intentaban enviar casi media tonelada de cocaína a México desde una pista de aterrizaje clandestina en El Empalme, provincia de Guayas.

Por este delito, Farfán fue condenado a cuatro años de cárcel, a finales de 2014, pero en enero de 2016 recuperó su libertad de manera anticipada gracias a un beneficio de prelibertad concedido por un cuestionado juez.
Desde ese momento, alias ‘Gato Farfán’ se sumergió en la clandestinidad y construyó un imperio, con el despacho de toneladas de cocaína desde el sur de Colombia hacia América Central, México y Estados Unidos, utilizando aviones privados, lanchas y contenedores comerciales.
El 10 de febrero de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, bloqueando todos sus bienes y calificándolo abiertamente como uno de los narcotraficantes más importantes del mundo.
Su reinado en las sombras terminó el 9 de febrero de 2023, cuando fue capturado en Pasto, Colombia, gracias al cruce de sus huellas dactilares y la identificación de un tatuaje, al intentar evadir un control policial de rutina presentando una cédula falsa. Casi un año después, el 25 de enero de 2024, fue extraditado a los Estados Unidos para rendir cuentas.
El acuerdo y la incógnita
La premisa central que envuelve este caso radica en que la sentencia de Sánchez Farfán pudo ser mucho más severa -hasta llegar a una cadena perpetua-, pero al haberse declarado culpable y negociado con la justicia de Estados Unidos, ahora la fiscalía busca un fallo más benevolente.
A su llegada a suelo estadounidense a principios de 2024, el capo ecuatoriano se declaró inocente de los cargos de conspiración internacional para distribuir cocaína. No obstante, tras revisar las pruebas, que incluían más de 7.000 páginas de evidencias documentales, descargas de teléfonos celulares y transcripciones de llamadas satelitales interceptadas, su defensa empezó a negociar un acuerdo legal en mayo de 2024.
Finalmente, el 15 de mayo de 2025, Sánchez Farfán cambió su versión y aceptó los cargos ante la jueza magistrada Bárbara Lynn Major.
Gracias a este acuerdo de culpabilidad, el fiscal Kyle Martin aplicó ajustes a la baja en la fórmula de la condena, restando tres niveles por aceptación de responsabilidad y dos niveles adicionales por la disposición del acusado a renunciar a su derecho de apelación.
Este cálculo matemático permitió reducir el rango de la pena de una cadena perpetua segura a un espectro de 324 a 405 meses de prisión.

Esta drástica rebaja abre una interrogante sobre los nombres y la información que el narcotraficante entregó a las autoridades para acceder a este beneficio.
En el sistema judicial de los Estados Unidos, los acuerdos de culpabilidad y las posibles reducciones de condena exigen ineludiblemente que el acusado admita todos los hechos y, como condición, delate a sus cómplices para desmantelar las operaciones transnacionales.
Sin embargo, según la normativa estadounidense, la parte de cooperación del acuerdo de culpabilidad pocas veces se hace pública, ya que sirve para otras investigaciones y para precautelar la seguridad del cooperante.
La red de vínculos del ‘Gato Farfán’
Para responder la incógnita sobre los secretos que podría guardar el capo para salvarse de la prisión de por vida, los expedientes judiciales y reportes de inteligencia revelan una extensa red de socios que el narcotraficante tuvo.
En Ecuador, Sánchez Farfán cimentó su seguridad y logística en una sociedad con Los Choneros, cuyo líder histórico, el asesinado Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, fue su principal escudo. Tras la caída de este aliado, alias ‘Gato Farfán’ formó el denominado Cartel Nueva Generación Ecuador, articulando a bandas sanguinarias como Los Lobos y Los Tiguerones.
A nivel financiero interno, construyó un entramado empresarial que lavó cerca de USD 17 millones a través de constructoras y camaroneras como Sanfarmar y Crealto, esquema en el cual utilizó a sus hermanos Lenín y Deice, a su esposa Mónica Chávez, y a colaboradoras como Diana Montiel y Gladis Solarte.
En el extranjero, su alcance era igualmente amplio. En Colombia, coordinaba la obtención de drogas en laboratorios fronterizos con el Frente Oliver Sinisterra -disidencia de las FARC- y operaba con figuras en proceso de extradición como Norberto Enrique Muriel Castrillón y D.M.A., quien el Gobierno ecuatoriano lo ubicó como uno de sus objetivos militares.
Sus conexiones en México eran de primer nivel, nutriendo de cocaína directamente al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación mediante emisarios como Miguel Ángel Valdez Ruiz, su enlace comprobado con Ismael Zambada, alias ‘El Mayo’, detenido en julio de 2024 y también extraditado a Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses también rastrean los fondos de Sánchez en Culiacán a través de Agrícola Sabael, una sociedad anónima misteriosamente ligada a Pedro Valenzuela Meza, alias ‘Pedrón Ántrax’, un sicario del Cartel de Sinaloa que fue asesinado por militares en 2011.
Como si fuera poco, el capo ecuatoriano tendió rutas directas hacia Europa aliándose con el Clan Devesa en puertos españoles y tejiendo lazos con la mafia albanesa, estructura representada por el ciudadano Artur Rrapaj, quien fue capturado en Samborondón en febrero de 2023 con teléfonos satelitales y cuantiosas sumas de dinero en efectivo.
¿Qué se viene?
Tras concretarse la declaración de culpabilidad, la Corte Sur de California ordenó la preparación de un informe presentencial, un documento técnico elaborado por la Oficina de Libertad Condicional que reúne el historial del reo, la gravedad del delito y plantea la sentencia recomendada para el magistrado.
La etapa culminante de todo este aparato de justicia es la audiencia de imposición de la condena, en la que el juez evalúa exhaustivamente los hechos probados, revisa las pautas de sentencia y calibra los acuerdos pactados con la Fiscalía para dictar el fallo final e inapelable.
Durante esta diligencia, reprogramada para el 18 de mayo de 2026, la defensa y la parte acusadora presentarán sus argumentos concluyentes.
Más allá del inminente encierro carcelario, las leyes federales establecen que se debe dictar una sanción económica de restitución y ejecutar el decomiso penal de las propiedades derivadas del narcotráfico.
El Gobierno de los Estados Unidos ya ha notificado formalmente su intención de confiscar USD 899.980 en efectivo incautados y más de USD 616.058 vinculados a las cuentas de Agrícola Sabael.
Una vez que el juez decida, y dado que Sánchez Farfán renunció expresamente a su derecho constitucional de apelar la decisión, el dictamen quedará en firme y el narcotraficante será trasladado a una prisión federal de alta seguridad. Fuente: Primicias
Nacionales
Ministerio de Salud reconoce discrepancias en sus propios datos sobre tuberculosis en Ecuador | Cárceles concentran uno de cada cuatro contagios
El Ministerio de Salud Pública (MSP) se vio obligado a sincerar sus cifras y ajustó el número de casos de tuberculosis (TB) registrados a escala nacional en 2025, admitiendo que Ecuador superó los 10.000 contagios en medio de una crisis sanitaria sin precedente en las cárceles del país.
Ecuador sumó el año pasado 10.562 casos de tuberculosis, 1.422 contagios más de los informados inicialmente. A través del Boletín de Transparencia de Datos de Tuberculosis 2023-2025, el Ministerio revela la muerte de 676 personas en 2025 a escala nacional, de las cuales solo 61 corresponden oficialmente a presos fallecidos durante el tratamiento.
Los datos oficiales contrastan con los del Comité Por la Defensa de los Derechos Humanos, que sumó 600 presos fallecidos en 2025 por causas derivadas de tuberculosis, desnutrición crónica y sus complicaciones -sólo en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil-. El Comité realizó el conteo a partir de reportes mensuales parciales del propio Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI).
Las cárceles se consolidaron el año pasado como epicentro de la enfermedad, concentrando un 24,4% del total de casos notificados en el país (uno de cada cuatro contagios), según los datos del MSP.
¿En qué consisten las discrepancias?
- El 13 de febrero de 2026, el subsecretario de Vigilancia, Protección y Control de la Salud, Andrés Carrazco, informó que en 2025 habían fallecido 609 personas por tuberculosis en las cárceles, confirmando además 2.649 contagios penitenciarios, de un total de 9.140 casos en el país.
- Sin embargo, en el documento publicado semanas después, como un ejercicio de transparencia, se ajustan los fallecidos a 676 personas, pero a diferencia del reporte de Carrazco estos se clasifican ahora como muertes comunitarias -fuera del sistema penitenciario-. Además, se sitúan los contagios en las cárceles en 2.576 en 2025, de los 10.562 reportados en todo el país.
- La discrepancia responde a un subregistro en el uso de dos sistemas de salud, según el MSP. En 2025, el sistema SinfoTB contabilizó 10.562 registros de TB, mientras que el sistema ViEpi notificó solo 9.140. El boletín reconoce que esta disparidad de información viene arrastrándose desde años anteriores, lo que «condiciona la oportunidad de la vigilancia epidemiológica».
Una enfermedad con altos niveles de subregistro
Frente a las altas tasas de subregistro de la enfermedad -que en ciertos contextos pueden alcanzar hasta el 20% y 80%-, el Ministerio señala que la falta de integridad de registros responde “a factores multicausales”, entre ellas “las diversas formas de presentación clínica de la enfermedad”.
La tuberculosis puede ser incluso asintomática. Y el boletín señala que el Ministerio fortaleció una estrategia de tamizaje en las prisiones desde mayo de 2025 (con pruebas moleculares, tras el aumento de muertes), que hasta fin de año alcanzó a cerca del 70% de la población carcelaria. La entidad se refiere al contexto penitenciario como un “entorno tuberculogénico” que limita la capacidad de protección de la salud.
En lo que va de 2026, el Ministerio solo ha publicado datos de tuberculosis hasta la primera semana de febrero, en medio de traslados de presos y de alertas por tres muertes en la cárcel del Encuentro de Santa Elena, entre ellas un caso de tuberculosis y dos atribuidas a «muerte natural», la más reciente por pancreatitis.
Desde el Comité de Familiares de Privados de Libertad por una Vida Digna reclaman la actualización de los datos de contagios y de muertes, la atención integral de los enfermos y apuntan a una supuesta “estrategia deliberada” de debilitamiento y exterminio paulatino de los presos. Sólo entre marzo y abril, el Comité contabiliza a 85 presos fallecidos por enfermedad en la cárcel Regional, en el norte de Guayaquil.
*El Oro y Guayas cerraron 2025 con las tasas de incidencia más altas del país, alcanzando 138,2 y 126,6 casos respectivos por cada 100.000 habitantes, como se puede revisar en el siguiente gráfico:
El riesgo de cepas resistentes que salten a las calles
El infectólogo Washington Alemán considera «un verdadero caos» llevar registros epidemiológicos precisos en las cárceles debido a limitaciones de acceso y al control de grupos delictivos en pabellones.
La tuberculosis, enfermedad infectocontagiosa bacteriana, afecta sobre todo a los pulmones, pero también provoca inflamación y daños en otros órganos.
Alemán explica que no todos los pacientes mueren por tuberculosis -la enfermedad puede derivar en insuficiencia renal, neumonía, paro respiratorio o infarto de miocardio-, sobre todo en pacientes con problemas de adicciones o que padecen comorbilidades como VIH o diabetes.
Tampoco descarta que antes de la llegada de los respectivos tamizajes, un gran número de presos enfermos pudiera haber fallecido sin ingresar al radar estadístico.

«Se requiere de una autopista para confirmar si la bacteria fue la causa directa de la muerte o si el colapso se debió a una combinación de enfermedades; si es que el paciente muere por tuberculosis o con tuberculosis». Washington Alemán, médico especialista en enfermedades infecciosas.
El grave hacinamiento, la mala ventilación y una alimentación deficiente facilitan una evolución mucho más agresiva de la enfermedad en los centros penitenciarios de Ecuador, convertidos en “incubadoras masivas” de TB, según el especialista.
Se trata de un escenario ideal para el desarrollo de peligrosas cepas de tuberculosis resistentes a los medicamentos, advierte Alemán. “Este foco infeccioso amenaza a la comunidad general, ya que la bacteria puede ser transportada por familiares, guías, policías y abogados desde los recintos”, dijo. Fuente: Primicias
Nacionales
Junio y julio, los meses más lluviosos en la Amazonía, amenazan con acelerar la erosión regresiva en el río Coca
Junio y julio concentran históricamente las lluvias más intensas en la Amazonía de Ecuador. Este incremento de precipitaciones provoca un aumento del caudal del río Coca.
Pero, además, en esos meses crece el riesgo de una nueva reactivación de la erosión regresiva del río, un fenómeno que desde 2020 se acerca más a las obras de captación de Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande del país.
La erosión regresiva es un extraño fenómeno que socaba el lecho del río Coca y «carcome» sus márgenes, dejando a su paso gigantescos socavones y quebradas.
Daños en el dique permeable encienden alertas
El 21 de mayo, una parte del dique permeable construido para proteger la captación de agua de la hidroeléctrica colapsó, lo que volvió a encender las alertas sobre el avance de la erosión y la vulnerabilidad a la que está expuesto lo que queda del dique.
Pero también preocupa que la erosión regresiva se acerque más y pueda dañar la infraestructura de captación de la central hidroeléctrica.
El dique sufrió daños apenas 38 días después de entrar en funcionamiento, tras una crecida del río Coca que alcanzó aproximadamente los 2.800 metros cúbicos por segundo (m³/s).
Esta creciente marca el inicio de la temporada lluviosa en la Amazonía de Ecuador. Sin embargo, los meses con los caudales más altos todavía están por llegar.
La obra de captación de Coca Codo es clave, ya que en ella se toma el agua del río Coca para que la central genere electricidad, con la que puede abastecer alrededor del 25% de la demanda nacional.
Junio y julio serán los meses más críticos
La Amazonía registra lluvias durante todo el año, pero entre mayo y agosto se concentra la temporada de mayores precipitaciones.
Según información de la Comisión Ejecutora del Río Coca, junio y julio presentan históricamente los caudales más altos del afluente, lo que ya ha reactivado la erosión regresiva en otras ocasiones y ha acercado el fenómeno a las obras de captación de Coca Codo Sinclair.
La Comisión Ejecutora del Río Coca es parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y monitorea este fenómeno desde 2020, cuando se inició el problema.
Según sus registros, seis veces se han registrado avances de la erosión regresiva del río Coca desde 2020. En cinco de esas veces,el evento ocurrió entre junio y julio, por los altos caudales, como muestra la gráfica:
Caudal del río Coca
En estas fechas se reactivó la erosión regresiva del río Coca desde 2020.
| 21 de Junio de 2020 | 2.349 |
|---|---|
| 19 de Julio de 2021 | 3.400 |
| 3 de Julio de 2022 | 2.357 |
| 4 de Marzo de 2023 | 2.453 |
| 21 de Junio de 2024 | 3.354 |
| 17 de Junio de 2025 | 3.094 |
Por ejemplo, el 19 de julio de 2021, el caudal alcanzó un pico récord de 3.400 m³/s. Y el 21 de junio de 2024, el caudal llegó a un pico de 3.354 m³/s.
La docente de la Escuela Politécnica Nacional, Carolina Bernal, explicó que los meses más críticos para el río Coca recién comienzan en los últimos días de mayo, y que el incremento de caudales complicará cualquier intento de mitigar la erosión regresiva y su posible avance hacia las obras de captación.
“Los picos van a ser junio y julio. De ahí agosto y septiembre irán bajando y en octubre ya estaremos nuevamente en época baja”, indicó.
¿El frente erosivo permanece a 3,6 kilómetros de Coca Codo Sinclair?
Según el último reporte de la Comisión Ejecutora del Río Coca, publicado el 20 de mayo (antes de que parte del dique se dañe por el alto caudal) el frente de la erosión regresiva continuaba a 3,6 kilómetros de las obras de captación. En ese punto se encuentra desde hace 290 días.
Cuando el fenómeno comenzó, en 2020, se encontraba a unos 20 kilómetros. Es decir, en seis años, el fenómeno ha recorrido más de 16 kilómetros.
Sin embargo, hasta la tarde de este 28 de mayo de 2026 se desconoce si la crecida del 21 de mayo reactivó la erosión, ya que la Comisión Ejecutora no publica reportes desde entonces.
Celec tampoco ha explicado la falta de actualizaciones, pese a que antes del colapso parcial del dique los informes se difundían con un retraso máximo de dos días.
Persisten las dudas sobre la erosión regresiva
Marco Acuña, presidente ejecutivo de la Cámara de Electricidad de Energía Renovable, sostuvo que la erosión regresiva continúa siendo una de las principales amenazas para Coca Codo Sinclair.
“Al ser un fenómeno natural inédito en el mundo todavía no existe certeza sobre cómo evolucionará ni sobre la efectividad de las soluciones aplicadas”, señaló.
Acuña recordó que en años anteriores se han registrado crecidas superiores a los 3.300 metros cúbicos por segundo.
También explicó que el comportamiento de la erosión ha sido variable. En ciertos periodos avanzó hasta 500 metros en pocos días, mientras actualmente permanece detenida cerca del kilómetro 3,6 desde hace varios meses.
Sobre el dique permeable construido para contener la erosión, cuestionó que la obra se ejecutó cuando el fenómeno de la erosión ya había sobrepasado el punto donde se levantó la estructura.
Según indicó, el proyecto inicialmente buscaba frenar el avance de la erosión, pero finalmente terminó enfocado en mitigar impactos aguas abajo, a 7,8 kilómetros de la captación.
Por su parte Celec señaló a PRIMICIAS que todavía se está evaluando los daños del dique permeable, que tuvo un costo de USD 19 millones, y que la próxima semana se pronunciarán al respecto. Fuente: Primicias
Nacionales
Ecuador busca importar medicamentos «urgentes» desde la India; Arcsa ha emitido informes con observaciones sobre la «calidad»
El Gobierno de Ecuador ha anunciado que trabaja para importar desde la India, en las próximas semanas, un cargamento de medicamentos “urgentes”, que incluye fármacos para el tratamiento de pacientes con cáncer o con problemas renales. Informes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) han hecho advertencias sobre la calidad de fármacos de ese país.
En los últimos años, la potencia asiática ha logrado que 20 países acepten la Farmacopea India (IP, por sus siglas en inglés), es decir, los estándares que regulan la elaboración de medicamentos.
India cuenta con una de las tres industrias farmacéuticas de genéricos más grandes del mundo. Sus medicinas acceden a mercados fuertemente regulados como los de Estados Unidos, Europa, Australia y Japón.
Sin embargo, dentro del ecosistema de fármacos indios, también existen laboratorios que han sido señalados por su baja calidad e incluso han llegado a ser acusados por la muerte de niños en países africanos y asiáticos.

En el Informe a la Nación del 24 de mayo de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció un acuerdo con la India para la compra de medicamentos de “primer nivel” para Ecuador, con estándares de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos). El mensaje llegó en medio de una grave y sostenida crisis de desabastecimiento en la red de salud pública de Ecuador.
Los detalles de cómo funcionará esta adquisición aún no han sido informados. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, adelantó que se trataría de “casi el 100%” de los fármacos “prioritarios” que precisa el sistema de salud ecuatoriano. Noboa dijo que será una negociación de «gobierno a gobierno» con India.
El anuncio coincidió con la creación de una nueva empresa pública, que centralizará la distribución y abastecimiento de medicamentos para la red del Ministerio de Salud, así como la compra de fármacos a otros gobiernos.
Diálogos con la India desde 2023
El anuncio de la adquisición a India es el capítulo más reciente de una serie de conversaciones que Quito y Nueva Delhi mantienen desde, al menos, marzo de 2023. Es decir que estos diálogos vienen desde el Gobierno de Guillermo Lasso.
Según documentos gubernamentales de India, las autoridades de ese país mantuvieron una reunión virtual el 20 de marzo de 2023 con el entonces embajador ecuatoriano, Teodoro Maldonado, con quien se discutió la adopción en Ecuador del esquema estatal indio de medicamentos de bajo costo, el Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP o simplemente Aushadhi).
Un informe de febrero de 2024, firmado por tres técnicos de Arcsa y al que PRIMICIAS tuvo acceso, detalla que el Viceministerio de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública (MSP) tomó acciones poco tiempo después de la reunión con el embajador.
Específicamente, el informe indica que, en agosto de 2023, el MSP pidió a Arcsa que revise un borrador de una propuesta de Memorando de Entendimiento para Cooperación Farmacopea, en el que se incluía “la aceptación de la Farmacopea India como un libro de estándar para medicamentos en el país”.
Pero el informe de Arcsa sostenía que el reconocimiento de la Farmacopea India “no es viable” desde los puntos de vista normativo, técnico y regulatorio. Los técnicos señalaron que la IP carecía de “relevancia internacional, calidad científica, amplia aceptación, transparencia y accesibilidad, armonización, consistencia y validación internacional”.
Además, el documento concluía que la IP “no cuenta con el reconocimiento internacional por parte de las Agencias Reguladoras que tienen un alto nivel de madurez, según lo establecido en el artículo 26 del Acuerdo Ministerial 586”.

Derogatoria del Acuerdo Ministerial 586
En el acuerdo citado por Arcsa se indicaba que Ecuador aceptaba únicamente las farmacopeas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China, así como el código de regulaciones de la FDA, los informes técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las guías del Comité Internacional de Armonización (CIH).
Este informe fue incluido como anexo en dos oficios emitidos por Arcsa y el MSP, en enero y febrero de 2025, al Viceministerio de Comercio Exterior. Esa institución solicitó actualizar el estado de los compromisos adquiridos con la “autoridad india competente”.
En esos oficios, a los que PRIMICIAS tuvo acceso, Arcsa y el Ministerio advertían que “no es viable” que Ecuador acepte la Farmacopea India, y adjuntaban el informe técnico.
Sin embargo, el 28 enero de 2025, el Ejecutivo derogó el Acuerdo Ministerial 586 y publicó en el Registro Oficial una Normativa Técnica Sanitaria sustitutiva en la que se indica que también se aceptarán «otras farmacopeas reconocidas por la OMS, previa revisión y aprobación por la Arcsa».

La Farmacopea India consta en el índice de farmacopeas mundiales de la OMS de 2025. No obstante, hasta marzo de 2026 la agencia de regulación de la India no aparece catalogada con el nivel más alto de madurez (ML4) para medicamentos, siendo el nivel 1 el más básico y el 4 el más avanzado. Según la OMS, India cuenta con un nivel de madurez ML3, específico para la producción de vacunas.
En Ecuador ya existen medicamentos de origen indio. De hecho, Arcsa reconoce más de 400 certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de laboratorios indios que trabajan con farmacéuticas establecidas en el país.
Sin embargo, aceptar la farmacopea de la India otorgaría a los laboratorios y fármacos indios un ingreso preferencial indiscriminado, sin considerar el cumplimiento de los estándares de calidad, explicó a PRIMICIAS el exrepresentante de la OPS/OMS y exministro de Salud José Rúales, consultado sobre la aplicación de criterios de la OMS.
Cuando Arcsa levantó su primer informe técnico, en febrero de 2024, solo cinco países aceptaban la IP o Farmacopea de la India: Afganistán, Ghana, Nepal, Mauricio y Surinam.
Casi tres años después, en mayo de 2026, a esa lista se sumaron Nicaragua, Bután, Mozambique, las Islas Salomón, Sri Lanka, Nauru, Malawi, Guyana, FIji, Cuba, Trinidad y Tobago, Maldivas, Botsuana, Liberia, Seychelles, Barbados, Venezuela y Dominica, llegando a un total de 23 países.
De estos, solo Cuba aparece en el listado de agencias de alta vigilancia sanitaria de la Arcsa, elaborado con base en agencias que la OPS y la OMS consideran estrictas. India no aparece en el listado de Arcsa.
Canciller visita centro estatal de distribución en India
Después de una reunión entre el Viceministerio de Atención Integral en Salud y la Embajada de India a inicios de abril de 2026, la canciller Gabriela Sommerfeld visitó India el 29 y 30 del mismo mes. Según un comunicado oficial del Gobierno de la India, la visita dejó «avances» en cooperación bilateral; uno de ellos, que Ecuador reconozca la Farmacopea India.
Según los registros, la canciller Sommerfeld visitó el Jan Aushadhi Kendra, uno de los mayores centros de distribución de medicamentos, que forma parte del PMBJP.

India ha informado que Sommerfeld también visitó una universidad y un centro de investigación pública de ese país que trabaja con el PMBJP para comparar los costos de las medicinas «y explorar la introducción de un modelo similar en Ecuador».
La Canciller no solo habló con el Ministro de Salud de la India sobre el reconocimiento de la IP o Farmacopea, sino que ambos gobiernos acordaron tener un Memorando de Entendimiento en Cooperación Sanitaria, según informó el Gobierno del país asiático el 2 de mayo de 2026.
PRIMICIAS consultó a Arcsa, el miércoles 27 de mayo de 2026 y vía correo electrónico, sobre el estado actual de la aprobación de la Farmacopea India en Ecuador. También solicitó detalles de cómo han sido subsanadas las observaciones hechas desde 2024 por su personal técnico. Aún no hay respuestas. Fuente: Primicias
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