El asambleísta Héctor Valladares presentó este lunes 6 de abril, una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción en la Agencia de Regulación y Control Minero, específicamente en su dirección provincial en Zamora Chinchipe.
Según informó el legislador, la acción legal se fundamenta en hechos que se hicieron públicos el pasado 24 de marzo de 2026, cuando diversos medios locales difundieron un audio en el que, presuntamente, funcionarios de la entidad habrían solicitado pagos irregulares a mineros que operan con permisos legales. De acuerdo con la denuncia, se habría exigido un monto de 250 dólares semanales por cada maquinaria para permitir la continuidad de sus actividades extractivas.
El asambleísta indicó que, tras anunciar la presentación de la denuncia, recibió información adicional de carácter reservado que apunta a la posible existencia de una estructura organizada de corrupción al interior de la institución. Entre los datos proporcionados, se menciona que el acceso al cargo de director provincial de ARCOM en Zamora Chinchipe tendría un costo aproximado de 250.000 dólares, lo cual, de confirmarse, evidenciaría la participación de actores de alto nivel en una presunta red delictiva.
Asimismo, se detalló que las supuestas exigencias económicas no se limitarían únicamente a maquinaria pesada, sino que también incluirían otros equipos como volquetas, con pagos mensuales estimados en 500 dólares. Estas prácticas, según la denuncia, se habrían mantenido de manera sistemática durante un periodo prolongado.
El legislador manifestó su preocupación ante posibles intentos de obstaculizar la investigación, señalando que, tras la difusión del audio, personas presuntamente involucradas habrían contactado a los denunciantes para solicitar cambios de dispositivos móviles ante eventuales operativos, lo que podría evidenciar la existencia de mecanismos de encubrimiento.
En este contexto, Valladares solicitó a la Fiscalía la ejecución de diligencias investigativas exhaustivas, incluyendo allanamientos y recolección de evidencias, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Subrayó la necesidad de que el proceso se lleve a cabo con imparcialidad, rigor técnico y transparencia institucional.
De acuerdo con estimaciones expuestas por el asambleísta, los presuntos cobros ilegales podrían generar ingresos ilícitos superiores al millón de dólares mensuales en la provincia, afectando directamente al sector minero formal y a la economía local.
La Fiscalía General del Estado habría iniciado de oficio las investigaciones correspondientes, a las cuales el asambleísta indicó que dará seguimiento en su calidad de fiscalizador, con el fin de evitar el archivo prematuro del caso y garantizar resultados efectivos en la lucha contra la corrupción.
Finalmente, Valladares señaló que este caso podría no ser aislado, ya que su despacho también ha iniciado indagaciones preliminares sobre presuntas irregularidades en la gestión del Fondo Común amazónico, donde se investigaría la existencia de prácticas similares relacionadas con la aprobación de proyectos.
El legislador reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de control político y denuncias formales ante los organismos competentes, con el propósito de combatir estructuras de corrupción que, según afirmó, afectan gravemente al manejo de los recursos públicos y al desarrollo del país.
