En el espacio académico Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación de la abogada constitucionalista Tanya Torres Castillo, quien desarrolló el tema “Los retos de la justicia constitucional ante la creación de judicaturas especializadas”, generando un análisis profundo sobre el estado actual del sistema de justicia en el país y los desafíos estructurales que enfrenta.
Durante su intervención, Torres Castillo, con más de 10 años de experiencia en el sector público, expuso su trayectoria profesional, que incluye funciones como asesora en la Corte Constitucional, directora del Sistema de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en la ex Secretaría de Derechos Humanos, y fundadora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. Actualmente, se desempeña en el ámbito académico en programas de pregrado y posgrado, además de ejercer la litigación en Derecho Constitucional.
En su exposición, la especialista contextualizó la importancia del sistema de justicia como mecanismo fundamental para la protección de derechos, especialmente en un Estado constitucional de derechos como el ecuatoriano, establecido a partir de la Constitución de 2008. En este marco, abordó la evolución y los desafíos de las garantías jurisdiccionales, tales como la acción de protección, el habeas corpus y el habeas data, señalando que su uso indebido y la falta de control por parte de los operadores de justicia han generado procesos de desnaturalización.
Torres Castillo explicó que, como respuesta a estas problemáticas, se aprobó en la consulta popular del 21 de abril de 2024 la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia en la resolución de casos relacionados con derechos fundamentales. No obstante, advirtió que esta reforma no constituye una solución estructural por sí sola, debido a la persistencia de problemas como la corrupción, la sobrecarga procesal y la debilidad institucional del sistema judicial.
Según el análisis presentado, el Consejo de la Judicatura ha determinado la necesidad de implementar 259 jueces especializados a nivel nacional, distribuidos en 184 jueces de primera instancia y 75 de segunda instancia. Sin embargo, solo una parte de estos cargos será cubierta mediante concurso público, mientras que el resto corresponderá a jueces ya en funciones que asumirán esta especialización mediante procesos de capacitación.
Entre los principales retos identificados, la constitucionalista destacó el fortalecimiento del sistema oral en los procesos judiciales, en concordancia con lo establecido en la Constitución, así como la necesidad de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para optimizar la ejecución de sentencias y garantizar mayor celeridad y eficacia.
Asimismo, subrayó la preocupación respecto a la falta de un adecuado dimensionamiento de la carga procesal, lo que podría generar una saturación del sistema y afectar la naturaleza ágil de la justicia constitucional. En este sentido, advirtió que existe el riesgo de que estos procesos adopten dinámicas similares a otras jurisdicciones más lentas, como la contencioso-administrativa.
Otro de los aspectos críticos abordados fue la situación institucional del Consejo de la Judicatura, cuya inestabilidad podría afectar la implementación efectiva de las judicaturas especializadas, especialmente en lo referente a los concursos de méritos y oposición necesarios para la designación de nuevos jueces.
Finalmente, Torres Castillo hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer un rol activo en los procesos de selección de jueces, resaltando la importancia de garantizar transparencia, idoneidad y probidad en los operadores de justicia, dado que su labor implica la protección directa de los derechos fundamentales.
El espacio Tertulia Jurídica se consolida así como un escenario de análisis y debate académico sobre temas de relevancia nacional, promoviendo la reflexión crítica y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en la sociedad.
