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¿Menos tiempo de campaña, menos candidatos y menos votantes? Qué pasa con el cambio de fecha de las elecciones seccionales en Ecuador
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar la fecha de las votaciones, del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, y comprimir el calendario electoral, sorprendió al país entero la tarde del viernes y levantó una serie de cuestionamientos contra los consejeros del organismo, debido al impacto de la medida.
Durante el lunes siguiente, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el vicepresidente, Enrique Pita, desplegaron una campaña de justificación, a través de entrevistas en medios, en la que han repetido, de forma atropellada, los argumentos técnicos y legales que utilizaron para la dramática reducción de todos los plazos y procesos de las elecciones seccionales en Ecuador.
El adelanto de los comicios pondrá presión no solo sobre las organizaciones políticas, los aspirantes a candidatos, sino también sobre las propias autoridades. La decisión tendrá un impacto directo en el tiempo para que la ciudadanía conozca sus opciones, la cantidad de votantes que ingresarán al padrón y hasta los días para que se impriman los millones de papeletas necesarias.
Por todo esto, el discurso del adelanto de las elecciones seccionales como medida de prevención frente a un supuesto fenómeno de El Niño que causaría estragos en febrero de 2027 genera más dudas que certezas. La principal es la imposibilidad de vaticinar un evento climático de esa magnitud con tanta anticipación.
A continuación PRIMICIAS recoge las inquietudes que ha generado la polémica decisión del CNE:
1 Una excusa sin precedente
Desde el cambio de Constitución, y después del periodo inicial de transición, se han llevado a cabo tres elecciones presidenciales y tres seccionales en febrero, sin importar la intensidad de los inviernos y sin que los pronósticos climáticos interfirieran.
La alarma por el fenómeno de El Niño ya se instaló en Ecuador en 2023: se esperaba que llegue entre noviembre y diciembre y que se intensifique hasta marzo. Por lo que el gobierno de Guillermo Lasso tomó extensas previsiones para asegurar la respuesta estatal ya que se esperaban USD 4.000 millones en pérdidas.
En ese entonces la probabilidad técnica de ocurrencia fue del 100%, ahora es del 62%. Sin embargo, al final, la intensidad fue moderada y, en realidad, hubo una sequía intensa que afectó a la generación eléctrica del país. En ese febrero de 2024, el registro de la Secretaría de Riesgos ascendía a 2.875 personas afectadas. La cifra es baja en comparación con las casi 20.000 registradas entre enero y febrero de este 2026.
Pero ese lejano pronóstico no fue suficiente para que las autoridades electorales pasen del tradicional plan de contingencia (para los recintos electorales que durante los últimos 12 años han tenido riesgos de afectación por las frecuentes lluvias de febrero) a una abrupta reducción del calendario electoral.
Por ejemplo, para la segunda vuelta electoral del 13 de abril de 2025, el Consejo Nacional Electoral reubicó 24 recintos electorales, que estaban afectados por las lluvias o habían sido usados como albergues. Lo mismo que ha sucedido en cada votación.
2 Plazos legales reducidos
La reducción de todos los plazos para las etapas del calendario electoral pone presión sobre todos los actores del sistema; incluso, sobre las mismas autoridades electorales.
El mismo Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se ha visto en el problema de resolver todos los recursos que llegan a sus oficinas durante un periodo electoral ordinario, mucho más aún durante uno que ha sido modificado para ser más corto.
Los jueces del TCE han tenido desacuerdos en varias ocasiones con el CNE, puesto a que la carga procesal y los plazos fijos legales imponen ritmos imposibles para el Tribunal y su capacidad operativa.
Ya pasó en las seccionales de 2019, la demora en la resolución de los recursos electorales hizo que no se tenga autoridades definidas para el 14 de mayo, fecha de posesión de las dignidades locales. Los problemas se reportaron principalmente en Los Ríos.
Ni siquiera en momentos como la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, el TCE y el mismo CNE estuvieron de acuerdo con que se modifique el calendario electoral establecido para 2021, justamente por la afectación que implicaría para todos los eslabones del proceso.
No existe un artículo en la Constitución ni en el Código de la Democracia que faculte al CNE a adelantar la fecha de las votaciones, una vez establecida. Aunque los consejeros del organismo sostienen que mientras cumplan el plazo de convocar a elecciones, con al menos 120 días de anticipación, no hay problema.
3 Obstáculos para la participación
Aunque la presidenta del CNE, Diana Atamaint, insiste en que el tablero electoral está marcado de igual manera para todas las organizaciones políticas, no todas tienen los mismos recursos, ni las mismas capacidades. Tampoco todas están en la misma situación legal.
Por ejemplo, pese a que las autoridades electorales lo nieguen, su decisión de acortar el calendario pone en serios aprietos a partidos y movimientos nacionales, que enfrentan procesos electorales administrativos y contenciosos; al igual que a movimientos locales.
El impedimento de la participación del movimiento Revolución Ciudadana era una certeza no confirmada con el calendario original. Entonces, quedaba una remota posibilidad de sortear sus impedimentos legales, para ejecutar sus procesos de democracia interna hasta el 14 de agosto, incluyendo la participación del alcalde Aquiles Alvarez. Ahora les quedaría como única opción su inmediata desafiliación hasta el 19 de mayo, para poder así terciar por otras listas.
Algo similar ocurre con Unidad Popular y Construye, que están en proceso de eliminación por parte del CNE. Los dos tenían cuatro meses por delante para allanar su camino a las papeletas. Ahora tienen uno.
A esa lista se suman los movimientos nacionales y locales que buscan ser calificados por el Consejo para inscribirse y participar. Ahora tienen hasta el 3 de mayo, lo que no solo depende de que completen o subsanen los requisitos, sino de que el CNE tenga la capacidad operativa para procesar los registros.
4 Menos tiempo de campaña
Algo particularmente difícil en todas las elecciones seccionales es que la ciudadanía conozca a los candidatos a todas las dignidades que debe escoger. No sucede. La mayoría de votantes no reconocen los nombres en las papeletas, menos aún sus perfiles y propuestas de trabajo.
Esa es una realidad incluso cuando el CNE otorga largos periodos de campaña, permitidos por el Código de la Democracia, con un máximo de 45 días. Ahora, los candidatos pasaron de tener 30 días a apenas dos semanas para poder darse a conocer y convencer al electorado.
Esto solamente influirá en la cantidad de campaña anticipada (sancionada por la Ley) y el abuso de la pauta en redes, un agujero negro que el CNE no logra controlar.
5 Efectos en el registro electoral
Al mover el calendario electoral, también habrá un impacto directo en la población que podrá participar. Por ejemplo, ya no podrán votar aquellas personas que cumplan 16 años entre el 30 de noviembre y el 14 de febrero.
Tampoco podrán hacerlo aquellas que preveían concretar un cambio de domicilio electoral hasta mediados de mayo, porque esa posibilidad se reduce hasta mediados de abril.
6 Incertidumbre legal
La polémica decisión del CNE también genera un escenario de inseguridad jurídica, como lo han manifestado varias organizaciones políticas. Ya que la planificación de su participación en las elecciones seccionales se hizo con la meta de llegar a febrero de 2027.
Sin embargo, los consejeros aprobaron una reducción de 77 días que afecta todas las etapas del proceso. Esto pese a que, como lo establece la Constitución, la posesión de las autoridades tendrá que esperar de todas formas hasta el 14 de mayo de 2027.
Además, no hay certezas de cómo esto afectará el trámite de las apelaciones y medidas interpuestas ante el TCE. Sin contar que el Tribunal podría echar abajo la decisión del CNE o que la Corte Constitucional podría pronunciarse frente a una eventual demanda de inconstitucionalidad o pedido de medidas cautelares. Aunque la presidenta Atamaint advirtió que los magistrados no podrían interferir en sus decisiones. Fuente: Primicias
Nacionales
Exabogados de Conto Patiño, Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida, habrían dado forma legal al pago de sobornos en el caso Sinohydro, según la Fiscalía
Un 77 % de los dineros supuestamente recibidos como coimas por la contratación de la empresa china Sinohydro para construir el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair se habría repartido entre los integrantes del círculo familiar y empresarial de Conto Patiño Martínez, uno de los 21 procesados en la causa penal que investiga el supuesto delito de cohecho.
Según las investigaciones de la Fiscalía General, que se expusieron en los tres primeros días de la audiencia del juicio del caso Sinohydro, Patiño, sus hijos y sus abogados Eduardo Carmigniani Valencia y Carlos Almeida Almeida recibieron en total $ 58,8 millones de los $ 76 millones que se habrían pagado como sobornos y que representarían -a su vez- el 4 % del valor del contrato, que ascendió a más de $ 1.970 millones.
En tanto que el exmandatario Lenín Moreno y su familia habrían recibido un poco más de un millón de dólares, esto es, el 1,3 % de los dineros.
Otro grupo, conocido como “los amigos de Coca Codo”, en el que estaban exfuncionarios estatales ecuatorianos y de la compañía china, habría recibido otro monto menor.
La audiencia de juicio se reinstalará este lunes, 18 de mayo del 2026, desde las 08:30. Así lo dispuso el Tribunal de Juzgamiento, integrado por Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio César Inga.
En los primeros días de la diligencia, el fiscal general Carlos Leonardo Alarcón se comprometió a demostrar 27 puntos relacionados con la participación de los acusados en el esquema de sobornos que habría operado entre el 2008 y el 2018, cuya finalidad fue favorecer a la empresa en la adjudicación del contrato de ingeniería, provisionamiento de equipos y materiales, la construcción de las obras civiles, el montaje, pruebas y la puesta en marcha del proyecto ya citado.
La mayoría de esos puntos tiene relación con el rol de Conto Patiño, sus familiares y hasta sus abogados.
Pagos por ‘consultorías’
El fiscal Alarcón contó que Conto Patiño y su yerno Xavier Macías Carmigniani, amigos de Moreno, actuaron como representantes comerciales privados de la empresa Sinohydro ante la empresa pública Coca Codo Sinclair para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico. El contrato se suscribió en 2009.
En febrero de 2010, los accionistas de Comercial Recorsa C. A., domiciliada en Ecuador, Beatriz Herdoíza Catandi, sus hijos María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño Herdoíza, y su nieta Priscila Burneo Patiño, resolvieron ampliar el objeto social de la empresa.
Según el fiscal, a su actividad original de comercialización de equipos de transporte le sumaron las actividades de “representación, asesoría y consultoría para empresas que constituyen y realizan obras de campo de la infraestructura del país”. Esto con el fin de “acondicionar la fachada empresarial a usarse” para recibir el soborno.
Ese mismo año, a través del gerente general, Conto Patiño, Recorsa C. A. abrió en Panamá una cuenta corriente en la sucursal de un banco local al cual le informó que los fondos que recibiría provendrían del 4 % por servicios de consultoría del contrato de Coca Codo Sinclair; y aparte tenía otra más en otra institución nacional.
Luego, meses más tarde, otra empresa del grupo, Gittelgen S. constituida en 2008 con domicilio en Panamá, resolvió reformar su denominación a Recorsa S. A. (sociedad anónima) y otorgar un poder general a favor de Patiño.
En 2017, Recorsa S. A. Panamá abrió una cuenta en ese país e informó que se utilizaría para el manejo operativo del contrato con consultor de la compañía Sinohydro en Ecuador.
La teoría de la Fiscalía indica que, del 2010 al 2018, “las empresas Recorsa, compañía anónima, Ecuador, y Recorsa, sociedad anónima, Panamá, actuaron como estructuras receptoras y canalizadoras de dineros indebidos provenientes de la empresa cohechadora Sinohydro, beneficiando a los procesados a través de terceras personas y compañías que facilitaron la circulación de dichos fondos”.
El rol de los abogados
Según el expediente, en esa línea, los abogados Carmigniani y Almeida habrían prestado sus servicios para supuestamente dar apariencia legal a las transacciones, y así facilitar la circulación y protección del dinero dentro de la red investigada.
En el auto de llamamiento a juicio del juez Olavo Hernández se detalla que Carmigniani habría recibido, al menos, $ 4,5 millones procedentes de los supuestos sobornos. O sea, cuatro veces más que el expresidente Moreno.
Y Almeida, quien además fue asesor de Moreno en la Vicepresidencia, habría obtenido $ 2′925.000.
En total, Recorsa de Ecuador habría recibido $ 75,6 millones en el banco de Panamá; y Recorsa de Panamá, $ 585.0000, “configurándose una estructura en que la compañía domiciliada en Panamá operaba como entidad instrumental, lo que resulta particularmente relevante al advertirse que, pese a tratarse de un contrato de obra pública ejecutado en el Ecuador, se abrieron y utilizaron cuentas en el extranjero para la recepción de dichos fondos, evidenciando un mecanismo orientado a ocultar y canalizar pagos indebidos fuera del control nacional”.
Alarcón indicó que el grupo familiar y empresarial de Patiño “cooperaron en la recepción de sobornos por medio de sus cuentas personales y empresariales, por un valor de $ 58,8 millones”.
A continuación un desglose de los montos de los sobornos que habría recibido cada grupo.
El grupo de Conto Patiño, su familia y sus abogados
| Acusado | Función en la trama de corrupción | Grado de acusación | Monto supuestamente recibido |
|---|---|---|---|
| Conto Patiño Martínez | Lobista de Sinohydro | Autor directo | $ 10′299.912,77 |
| María Auxiliadora Patiño Herdoíza | Hija de Conto Patiño | Cómplice | $ 39′508.925,46 (con su esposo) |
| Xavier Macías Carmigniani | Yerno de Conto Patiño | Cómplice | |
| Juan Carlos Patiño Herdoíza | Hijo de Conto Patiño | Cómplice | $ 839.790 |
| Patricia Patiño Herdoíza | Hija de Conto Patiño | Cómplice | $ 120.000 |
| Manuel Patiño Herdoíza | Hijo de Conto Patiño | Cómplice | $ 561.209,17 |
| Priscilla Burneo Patiño | Nieta de Conto Patiño | Cómplice | $ 70.921,45 |
| Eduardo Carmigniani Valencia | Exabogado de Conto Patiño | Cómplice | $ 4′549.955 |
| Carlos Almeida Almeida | Exabogado de Conto Patiño | Cómplice | $ 2′925.000 |
El grupo de Lenín Moreno y su familia
| Acusado | Función en la trama de corrupción | Grado de acusación | Monto supuestamente recibido |
|---|---|---|---|
| Lenín Moreno Garcés | Exvicepresidente de la República | Autor directo | $ 547.731,90 (con su esposa) |
| Rocío González Navas | Esposa de Lenín Moreno | Cómplice | |
| Irina Moreno González | Hija de Lenín Moreno | Cómplice | $ 52.000 |
| Guillermo Moreno | Hermano de Lenín Moreno | Cómplice | $ 10.000 |
| Edwin Moreno | Hermano de Lenín Moreno | Cómplice | $ 387.000 |
| Martha González Navas | Cuñada de Lenín Moreno | Cómplice | $ 15.000 |
Grupo de ‘los amigos de Coca Codo’
| Acusado | Función en la trama de corrupción | Grado de acusación | Monto supuestamente recibido |
|---|---|---|---|
| Luciano Cepeda Vasco | Exgerente de Coca Codo Sinclair | Autor directo | $ 175.000 |
| Henry Galarza Correa | Exgerente de Coca Codo Sinclair | Autor directo | $ 223.000 |
| Cai Runguo | Exembajador de China en Ecuador | Autor directo | $ 40.400 |
| Yang Huijin | Exrepresentante de Sinohydro | Autor directo | No consta |
| Song Dongsheng | Exrepresentante de Sinohydro | Autor directo | $ 60.000 |
| María Augusta Baquero Carvajal | Esposa de Luciano Cepeda | Cómplice | $ 148.000 |
Fuente: Expediente de la Fiscalía/EL UNIVERSO
(I) Fuente: El Universo
La Policía Nacional decomisó 560 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización durante un allanamiento ejecutado en el sector Tarifa, en Samborondón. La intervención estuvo a cargo de la Dirección General de Inteligencia, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y permitió afectar a una estructura criminal presuntamente vinculada a los Chone Killers.
Durante el operativo, los agentes localizaron una caleta subterránea en un área utilizada como criadero de cerdos, donde se ocultaban los paquetes de droga. Además, fue aprehendido José F. J., alias “Come Burra”, quien, según la información policial, estaría relacionado con esta organización delictiva.
Las autoridades señalaron que esta acción forma parte de las investigaciones orientadas a ubicar y capturar a alias “Matatán”, identificado como cabecilla del grupo criminal Chone Wutang. El caso se suma a las operaciones focalizadas contra estructuras dedicadas al tráfico de drogas y a otros delitos conexos en la provincia del Guayas.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, los detenidos estarían vinculados con varios hechos violentos registrados en Durán y Samborondón, incluido el ataque armado en el que fallecieron servidores policiales durante una emboscada. Los aprehendidos y los indicios encontrados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso investigativo y judicial. Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Cajas de ahorro siguen captando depósitos de terceros, pese a prohibición, mientras pocas se han regularizado
Las cajas de ahorro y comunales tienen prohibido captar dinero de terceros y otorgar créditos o captar dinero fuera de su círculo de socios, pero algunas continúan ofreciendo estos servicios, pese a que lo tienen prohibido.
Las cajas de ahorro son estructuras financiera básicas en las que grupos pequeños de personas forman un fondo común para ahorrar y prestarse dinero mutuamente, pueden ser vecinos, familiares, compañeros de trabajo o miembros de una comunidad.
Por esta razón, las cajas de ahorro no pueden captar nuevos socios ni promocionar créditos fuera de su círculo de miembros.
Sin embargo, en una simple búsqueda en redes sociales se observan publicaciones de supuestas cajas de ahorro que ofrecen préstamos de hasta USD 120.000, con plazos de hasta 15 años y «tasas de interés bajas».
Pocas se han regularizado
Esa restricción se ratificó mediante la Regulación JPRF-F-2025-0154 de la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF), emitida el 20 de mayo de 2025. Además, la norma dispuso que las cajas comunales y de ahorro registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria deben regularizarse y obtener autorización para operar. Antes, solo debían registrarse, sin cumplir requisitos adicionales.
Pero, un año después de eso, solo 36 entidades han cumplido los requisitos para operar de manera formal. El plazo para cumplir con esta obligación vence en noviembre de 2026.
Es un número menor si se considera que, antes de la entrada en vigencia de la regulación de la JPRF, existían 572 cajas comunales y de ahorro registradas y en funcionamiento, según un listado elaborado en febrero de 2025 por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Sin embargo, se estima que hay al menos 1.600 de estas entidades operando en el país, según señaló Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD).
Es decir, hay más cajas comunales y de ahorro que cooperativas de ahorro y crédito, que son 394.
Nuevos requisitos para operar
El objetivo de la resolución, según la Junta, era redefinir las reglas para estas organizaciones para fortalecer su supervisión, prevenir riesgos financieros y mejorar la transparencia.
Según la nueva normativa, las cajas comunales y de ahorro deben constituirse como personas jurídicas ante la SEPS, demostrar que sus socios mantienen un vínculo común verificable y presentar estatutos, reglamentos internos y políticas de prevención de lavado de activos.
Además, tendrán que contar con al menos 10 socios fundadores y obtener autorización oficial para realizar actividades financieras.
La normativa también limita sus operaciones: solo podrán captar depósitos de sus socios, otorgar créditos exclusivamente a sus miembros y mantener activos máximos de hasta USD 400.000.
Durante el actual proceso de regularización, pueden participar solo las organizaciones que se encontraban en funcionamiento hasta mayo de 2025.
Para hacerlo, deben demostrar actividades recurrentes durante al menos los seis meses previos a la entrada en vigor de la norma.
El proceso busca ordenar el sector antes de permitir nuevas constituciones, evitando que operen entidades fuera del marco legal actualizado.
Mayor supervisión y sanciones
La idea de la resolución es que la SEPS cree un catastro público de cajas autorizadas e imponga sanciones por incumplimientos.
La normativa también aclara que los depósitos en estas cajas no estarán protegidos por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), que cubre a clientes de bancos, cooperativas y mutualistas.
Esta disposición no representa un cambio, sino que mantiene lo establecido previamente en la normativa vigente.
Un cambio para fortalecer al sector
El proceso de regularización representa uno de los cambios regulatorios más relevantes para este segmento en los últimos años.
Sin embargo, Margarita Hernández, exsuperintendenta Economía Popular y Solidaria, advierte que supervisar directamente a las cajas de ahorro es complejo, porque fueron creadas para grupos pequeños con vínculos comunes, como compañeros de trabajo o padres de familia, y no para operar como intermediarios financieros tradicionales, es decir, como bancos o cooperativas.
Según explica, aplicar controles similares a los de cooperativas o bancos puede resultar «absurdo y costoso».
Esto, debido a la gran cantidad de estas estructuras en el país, muchas de carácter temporal o con fines específicos. «Esto podría generar una falsa sensación de control sin reducir realmente los riesgos de fraude o mal uso», dice.
Además, podría desmotivar la creación de estas opciones financieras que alientan el ahorro en grupos pequeños y cerrados de personas, pues ahora se exige personería jurídica.
Estas estructuras existen desde hace décadas en Ecuador y su objetivo es fomentar inclusión financiera local, sin captar dinero del público ni funcionar como bancos o cooperativas tradicionales, explicó Hernández. Fuente: Primicias
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