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¿Menos tiempo de campaña, menos candidatos y menos votantes? Qué pasa con el cambio de fecha de las elecciones seccionales en Ecuador

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La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar la fecha de las votaciones, del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, y comprimir el calendario electoral, sorprendió al país entero la tarde del viernes y levantó una serie de cuestionamientos contra los consejeros del organismo, debido al impacto de la medida.

Durante el lunes siguiente, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el vicepresidente, Enrique Pita, desplegaron una campaña de justificación, a través de entrevistas en medios, en la que han repetido, de forma atropellada, los argumentos técnicos y legales que utilizaron para la dramática reducción de todos los plazos y procesos de las elecciones seccionales en Ecuador.

El adelanto de los comicios pondrá presión no solo sobre las organizaciones políticas, los aspirantes a candidatos, sino también sobre las propias autoridades. La decisión tendrá un impacto directo en el tiempo para que la ciudadanía conozca sus opciones, la cantidad de votantes que ingresarán al padrón y hasta los días para que se impriman los millones de papeletas necesarias.

Por todo esto, el discurso del adelanto de las elecciones seccionales como medida de prevención frente a un supuesto fenómeno de El Niño que causaría estragos en febrero de 2027 genera más dudas que certezas. La principal es la imposibilidad de vaticinar un evento climático de esa magnitud con tanta anticipación.

A continuación PRIMICIAS recoge las inquietudes que ha generado la polémica decisión del CNE:

1 Una excusa sin precedente
Desde el cambio de Constitución, y después del periodo inicial de transición, se han llevado a cabo tres elecciones presidenciales y tres seccionales en febrero, sin importar la intensidad de los inviernos y sin que los pronósticos climáticos interfirieran.

La alarma por el fenómeno de El Niño ya se instaló en Ecuador en 2023: se esperaba que llegue entre noviembre y diciembre y que se intensifique hasta marzo. Por lo que el gobierno de Guillermo Lasso tomó extensas previsiones para asegurar la respuesta estatal ya que se esperaban USD 4.000 millones en pérdidas.

En ese entonces la probabilidad técnica de ocurrencia fue del 100%, ahora es del 62%. Sin embargo, al final, la intensidad fue moderada y, en realidad, hubo una sequía intensa que afectó a la generación eléctrica del país. En ese febrero de 2024, el registro de la Secretaría de Riesgos ascendía a 2.875 personas afectadas. La cifra es baja en comparación con las casi 20.000 registradas entre enero y febrero de este 2026.

Pero ese lejano pronóstico no fue suficiente para que las autoridades electorales pasen del tradicional plan de contingencia (para los recintos electorales que durante los últimos 12 años han tenido riesgos de afectación por las frecuentes lluvias de febrero) a una abrupta reducción del calendario electoral.

Por ejemplo, para la segunda vuelta electoral del 13 de abril de 2025, el Consejo Nacional Electoral reubicó 24 recintos electorales, que estaban afectados por las lluvias o habían sido usados como albergues. Lo mismo que ha sucedido en cada votación.

2 Plazos legales reducidos
La reducción de todos los plazos para las etapas del calendario electoral pone presión sobre todos los actores del sistema; incluso, sobre las mismas autoridades electorales.

El mismo Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se ha visto en el problema de resolver todos los recursos que llegan a sus oficinas durante un periodo electoral ordinario, mucho más aún durante uno que ha sido modificado para ser más corto.

Los jueces del TCE han tenido desacuerdos en varias ocasiones con el CNE, puesto a que la carga procesal y los plazos fijos legales imponen ritmos imposibles para el Tribunal y su capacidad operativa.

Ya pasó en las seccionales de 2019, la demora en la resolución de los recursos electorales hizo que no se tenga autoridades definidas para el 14 de mayo, fecha de posesión de las dignidades locales. Los problemas se reportaron principalmente en Los Ríos.

Ni siquiera en momentos como la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, el TCE y el mismo CNE estuvieron de acuerdo con que se modifique el calendario electoral establecido para 2021, justamente por la afectación que implicaría para todos los eslabones del proceso.

No existe un artículo en la Constitución ni en el Código de la Democracia que faculte al CNE a adelantar la fecha de las votaciones, una vez establecida. Aunque los consejeros del organismo sostienen que mientras cumplan el plazo de convocar a elecciones, con al menos 120 días de anticipación, no hay problema.

 3 Obstáculos para la participación
Aunque la presidenta del CNE, Diana Atamaint, insiste en que el tablero electoral está marcado de igual manera para todas las organizaciones políticas, no todas tienen los mismos recursos, ni las mismas capacidades. Tampoco todas están en la misma situación legal.

Por ejemplo, pese a que las autoridades electorales lo nieguen, su decisión de acortar el calendario pone en serios aprietos a partidos y movimientos nacionales, que enfrentan procesos electorales administrativos y contenciosos; al igual que a movimientos locales.

El impedimento de la participación del movimiento Revolución Ciudadana era una certeza no confirmada con el calendario original. Entonces, quedaba una remota posibilidad de sortear sus impedimentos legales, para ejecutar sus procesos de democracia interna hasta el 14 de agosto, incluyendo la participación del alcalde Aquiles Alvarez. Ahora les quedaría como única opción su inmediata desafiliación hasta el 19 de mayo, para poder así terciar por otras listas.

Algo similar ocurre con Unidad Popular y Construye, que están en proceso de eliminación por parte del CNE. Los dos tenían cuatro meses por delante para allanar su camino a las papeletas. Ahora tienen uno.

A esa lista se suman los movimientos nacionales y locales que buscan ser calificados por el Consejo para inscribirse y participar. Ahora tienen hasta el 3 de mayo, lo que no solo depende de que completen o subsanen los requisitos, sino de que el CNE tenga la capacidad operativa para procesar los registros.

4 Menos tiempo de campaña
Algo particularmente difícil en todas las elecciones seccionales es que la ciudadanía conozca a los candidatos a todas las dignidades que debe escoger. No sucede. La mayoría de votantes no reconocen los nombres en las papeletas, menos aún sus perfiles y propuestas de trabajo.

Esa es una realidad incluso cuando el CNE otorga largos periodos de campaña, permitidos por el Código de la Democracia, con un máximo de 45 días. Ahora, los candidatos pasaron de tener 30 días a apenas dos semanas para poder darse a conocer y convencer al electorado.

Esto solamente influirá en la cantidad de campaña anticipada (sancionada por la Ley) y el abuso de la pauta en redes, un agujero negro que el CNE no logra controlar.

5 Efectos en el registro electoral
Al mover el calendario electoral, también habrá un impacto directo en la población que podrá participar. Por ejemplo, ya no podrán votar aquellas personas que cumplan 16 años entre el 30 de noviembre y el 14 de febrero.

Tampoco podrán hacerlo aquellas que preveían concretar un cambio de domicilio electoral hasta mediados de mayo, porque esa posibilidad se reduce hasta mediados de abril.

6 Incertidumbre legal
La polémica decisión del CNE también genera un escenario de inseguridad jurídica, como lo han manifestado varias organizaciones políticas. Ya que la planificación de su participación en las elecciones seccionales se hizo con la meta de llegar a febrero de 2027.

Sin embargo, los consejeros aprobaron una reducción de 77 días que afecta todas las etapas del proceso. Esto pese a que, como lo establece la Constitución, la posesión de las autoridades tendrá que esperar de todas formas hasta el 14 de mayo de 2027.

Además, no hay certezas de cómo esto afectará el trámite de las apelaciones y medidas interpuestas ante el TCE. Sin contar que el Tribunal podría echar abajo la decisión del CNE o que la Corte Constitucional podría pronunciarse frente a una eventual demanda de inconstitucionalidad o pedido de medidas cautelares. Aunque la presidenta Atamaint advirtió que los magistrados no podrían interferir en sus decisiones. Fuente: Primicias

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Estados Unidos pone bajo llave el expediente de ‘Patucho Celso’ para cuidar a sus testigos

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El 18 de junio de 2026, el capo Celso Miguel Moreira Heredia, alias ‘Patucho Celso’, fue extraditado a Nueva York. El proceso que afronta este líder de Los Choneros en la Corte del Distrito Sur de Nueva York avanza bajo un gran hermetismo.

El acusado ecuatoriano enfrenta cargos por conspiración para enviar cocaína hacia Estados Unidos y uso de ametralladoras.

Su equipo de defensa legal sufrió demoras para poder acreditar a su nueva abogada. Ya que Silvia Pinera-Vazquez no litiga normalmente en Nueva York, sino en Florida, y tuvo que tramitar una licencia pro hac vice para revalidar su accionar en esta zona del país norteamericano.

El avance federal del caso de Moreira en Estados Unidos tuvo su primera definición el 6 de julio de 2026, durante la comparecencia inicial ante la jueza Laura Taylor Swain. El líder criminal decidió renunciar a su derecho a la lectura pública de la acusación impuesta.

Inmediatamente después, se declaró no culpable frente a los tres cargos por conspiración para el narcotráfico y posesión de ametralladoras.

La Corte de Nueva York ordenó la ratificación de su prisión preventiva y fijó la conferencia previa al juicio para el 8 de octubre de 2026 a las 11:00.

Un cerco documento y sin IA
Debido a la alta peligrosidad de la red criminal de Moreira, la Fiscalía de Estados Unidos y su defensa firmaron una orden de protección que fue aprobada el 22 de julio de 2026. Este documento revela el nivel de amenaza que rodea actualmente a los colaboradores del gobierno en este proceso.

La resolución evidencia que las evidencias recopiladas hasta ahora contienen información que permitiría identificar a los testigos protegidos.

Para neutralizar estas amenazas inminentes, las pruebas fueron blindadas bajo clasificaciones extremas y reservadas. El material fue designado exclusivamente para la posesión del abogado titular, lo que impide que los expedientes salgan del control del equipo.

Esta rigurosa medida legal prohíbe incluso que el propio procesado pueda revisar libremente los documentos, para evitar que memorice las identidades.

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Medida de seguridad en el caso de ‘Patucho Celso’ en Estados Unidos.Captura de pantalla / Pacer

Dentro de estas estrictas medidas de seguridad documentales, la justicia norteamericana implementó una cláusula tecnológica innovadora. La Corte busca adaptar sus normas de confidencialidad a la inclusión de la tecnología.

La resolución judicial prohíbe a todo el equipo de defensa del ‘Patucho Celso’ procesar la evidencia mediante modelos de inteligencia artificial fácilmente accesibles al público. Los abogados defensores no pueden utilizar herramientas como ChatGPT para analizar los expedientes.

El objetivo de este veto es impedir que los algoritmos absorban o retengan los datos confidenciales durante su uso.

El escurridizo ‘Patucho Celso’
Los registros judiciales ecuatorianos evidencian la capacidad de Moreira para evadir las prisiones. Su trayectoria criminal despuntó formalmente en 2009 al intentar enviar cargamentos de droga desde el puerto de Manta, pero un año después logró una polémica sentencia absolutoria.

Según la acusación en Estados Unidos, luego de esa liberación, Moreira siguió aumentando su operación ilegal.

Mientras tanto, a nivel judicial, en un intento por borrar sus delitos, en diciembre de 2023 el criminal y su exesposa exigieron a un juez que eliminara todo su pasado judicial del sistema informático nacional. La petición fue negada.

El narcotraficante, además, empleaba múltiples recursos de habeas corpus, en los que alegaba sufrir padecimientos físicos como hipertensión y dolorosos cálculos renales. Su único objetivo era forzar traslados inmediatos o presionar al sistema de salud para ser liberado.

thumbDarío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, y Celso Miguel Moreira Heredia, alias “Patucho Celso”, extraditados a Estados Unidos, el 18 de junio de 2026.X/@JohnReimberg

Su último intento de liberación ocurrió en junio de 2026 mientras permanecía recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Sin embargo, desistió de la acción un día antes de ser enviado a territorio norteamericano junto a ‘Topo’, el lugarteniente de ‘Fito’: todos parte de la cúpula de Los Choneros. Fuente: Primicias

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«No existe impedimento legal para la candidatura de José Bolívar Castillo», afirma Jorge Jaramillo

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Durante una entrevista difundida en la cuenta Fabián Armijos Informa, el abogado Jorge Jaramillo se pronunció sobre la situación jurídica del exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, y sostuvo que, conforme a la normativa vigente, no existe impedimento legal que le impida participar como candidato en las próximas elecciones seccionales, cuyo proceso de inscripción de candidaturas se desarrollará durante el mes de agosto.

Al ser consultado sobre si una presunta mora con el Estado impediría la participación política de Castillo, Jaramillo explicó que ni la Constitución de la República del Ecuador ni el Código de la Democracia contemplan la mora ordinaria con el Estado como una causal para suspender los derechos políticos.

En ese sentido, precisó que el derecho constitucional de elegir y ser elegido permanece vigente, por lo que, desde su interpretación jurídica, José Bolívar Castillo podría inscribirse como candidato sin que exista una prohibición legal que limite su participación electoral.

Respecto a la polémica generada en torno al tema, el abogado señaló que el debate público debe desarrollarse con objetividad y buena fe, reconociendo el papel de los medios de comunicación en la fiscalización de asuntos de interés ciudadano. No obstante, manifestó que también debe respetarse el debido proceso y evitar que las discusiones públicas se conviertan en mecanismos de descalificación política.

Jaramillo indicó que el exalcalde ha sido objeto de diversos actos administrativos y procesos de control por parte de organismos competentes, situación que —afirmó— forma parte de los mecanismos de fiscalización previstos para quienes ejercen funciones públicas.

Asimismo, sostuvo que José Bolívar Castillo ha enfrentado dichas actuaciones administrativas «con valentía, determinación, claridad y transparencia», señalando que, hasta el momento, los resultados de esos procesos han sido favorables para el exalcalde. En ese contexto, añadió que la revisión de las actuaciones públicas por parte de los medios de comunicación resulta legítima siempre que se realice con responsabilidad y permita explicar los antecedentes de cada caso.

Durante la entrevista también hizo referencia a los cuestionamientos existentes sobre determinadas actuaciones de organismos de control en administraciones anteriores, señalando que algunas de las resoluciones emitidas en esos períodos han sido objeto de controversia jurídica y pública, aspecto que, a su criterio, también debe considerarse al analizar este tipo de procesos.

Finalmente, Jorge Jaramillo reiteró que, desde el punto de vista jurídico, José Bolívar Castillo no registra ninguna causal que suspenda sus derechos políticos, por lo que considera que puede ejercer plenamente su derecho constitucional a participar como candidato en las próximas elecciones seccionales.

Además, afirmó que existe un importante grupo de ciudadanos lojanos que respaldan el proyecto político encabezado por el exalcalde, el cual —según indicó— busca impulsar propuestas orientadas al progreso y a la transformación del cantón Loja.

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José Delgado rechaza propuesta de Daniel Noboa para ser concejal de Guayaquil

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José Delgado, presentador de televisión, descartó oficialmente su participación electoral para ocupar una concejalía en la ciudad tras recibir una propuesta formal del equipo de trabajo del presidente de la República, Daniel Noboa.

Asuntos familiares impidieron al presentador aceptar la candidatura para el Cabildo

La confirmación de su negativa trascendió el 23 de julio a través de un documento público. Esto ocurrió horas después de que el primer mandatario, durante un diálogo con Radio Centro, reconociera que mantenían acercamientos con el reportero, aunque aclaró que todavía no existía una respuesta definitiva sobre su integración a las listas.

En su escrito dirigido a la opinión pública, el radiodifusor explicó los motivos detrás de su resolución. «Lamentablemente, después de analizar dicha invitación por asuntos estrictamente de índole personal, decidí que no era el momento indicado», detalló el involucrado, subrayando que sus compromisos actuales le impedirían otorgar el espacio y tiempo que demanda un cargo en la función pública.

Pese a la declinación, la figura mediática expresó su agradecimiento por haber sido considerado para representar a la urbe y deseó éxito a quienes finalmente resulten designados por las autoridades para la contienda política en representación de los guayaquileños. Fuente: El Expreso

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