Mayra Salazar, sentenciada por delincuencia organizada dentro del caso Metástasis bajo un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, aseguró que ya cumplió con la justicia ecuatoriana y ahora exige la devolución de sus bienes, al sostener que estos no tienen origen ilícito. Salazar afirmó que ya cumplió su pena reducida y pagó la reparación correspondiente.

La relacionista reapareció públicamente con ese pronunciamiento luego de haber sido una de las piezas clave en la investigación del caso. En sus declaraciones, sostuvo que el error que cometió ya fue sancionado y que, tras haber colaborado con la Fiscalía y cumplir la condena impuesta, corresponde que se le restituyan los bienes que —según su versión— no provienen de actividades ilegales.

En julio de 2024, un juez acogió el procedimiento abreviado y la sentenció a 15 meses de prisión, tras aceptar su responsabilidad y formalizar un acuerdo de cooperación eficaz con el Ministerio Público. En ese momento, la justicia destacó que la reducción de la pena respondía justamente a su colaboración dentro del proceso.

El caso Metástasis investiga una presunta red de corrupción, delincuencia organizada y favores judiciales articulada alrededor del narcotraficante Leandro Norero, y el testimonio anticipado de Salazar fue uno de los insumos más sensibles para abrir nuevas líneas investigativas, incluidas derivaciones como el caso Purga.

Tras recuperar su libertad en 2025, Salazar salió de Ecuador bajo resguardo, en un contexto de seguridad delicado por su condición de colaboradora del proceso. Su reciente pedido de devolución de bienes vuelve a colocar su nombre en el centro del debate público, esta vez no por sus revelaciones judiciales, sino por las consecuencias patrimoniales de su condena.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, defendió este lunes 30 de marzo la “libertad” del organismo para fijar el calendario electoral, aunque no descartó que la decisión de adelantar las próximas votaciones pueda derivar en denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) o la Corte Constitucional (CC).

Sus declaraciones se producen tras la resolución adoptada el viernes 27 de marzo por el pleno del CNE, que decidió adelantar las elecciones seccionales y de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Inicialmente previstas para febrero de 2027, estas fueron reprogramadas para noviembre de 2026 debido al pronóstico de fuertes lluvias e inundaciones.

Pita explicó que la decisión se sustentó en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), que advierte posibles afectaciones en 488 parroquias de 143 cantones, con cerca de dos millones de personas expuestas. “¿No es acaso una razón suficiente para mover las elecciones?”, cuestionó.

En ese contexto, el funcionario insistió en que el CNE tiene competencia para definir las fechas de los comicios. “Las fechas hito que no se pueden mover son las de posesión de autoridades (…). El CNE tiene la libertad de fijar cuándo se realizan las elecciones”, afirmó en el programa Contacto Directo.

La decisión ha generado críticas desde la Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que fue suspendido recientemente por nueve meses por un juez electoral, en medio de una investigación fiscal por presunto lavado de dinero. La organización denunció que el cambio en el calendario busca impedir sus candidaturas y sostuvo que no se trata de “una decisión técnica”, sino de “una imposición política”.

Frente a ello, Pita respondió que no observa cuestionamientos generalizados. “No encuentro una sola organización política que haya objetado esta decisión, salvo la RC. Nosotros estamos actuando con responsabilidad y asumimos esa responsabilidad”, concluyó.

En las próximas elecciones se elegirán a prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de las juntas parroquiales, e integrantes del Cpccs para el periodo 2027-2031. La fecha de estos comicios se ha fijado para el 29 de noviembre de 2026 y las autoridades asumirán sus funciones el 14 de mayo de 2027.

Ecuador alcanzó en 2025 un máximo histórico en la importación legal de armas semiautomáticas tipo pistola, en un contexto marcado por una escalada de violencia criminal en el país y en medio de alertas por el desvío de armas legales al crimen organizado.

De acuerdo con estadísticas de comercio exterior del Banco Central del Ecuador (BCE), las compras de pistolas superaron los USD 4 millones el año pasado, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido desde que se levantó la prohibición del porte civil de armas en abril de 2023. Las adquisiciones de revólveres  -en tanto- ascenderon a casi medio millón de dólares en 2025.

Entre 2023 y enero de 2026, el país importó más de USD 10,6 millones en armas cortas -entre pistolas y revólveres- en valores CIF (Costo, Seguro y Flete, por sus siglas en inglés) según los datos de BCE, con un peso acumulado total de 57 toneladas métricas.

Helicópteros, radar y patrullero marítimo | Este es el armamento pesado que importó Ecuador en 2025

Así se movieron las importaciones de revólveres y pistolas en el país:

• En 2009, previo a las restricciones al porte legal de armas, Ecuador adquiría menos de USD 100.000 en este tipo de armas, según las estadísticas del BCE
• En 2023, cuando se volvieron a autorizar adquisiciones, las importaciones de revólveres y pistolas totalizaron USD 1,2 millones
• En 2024 el valor combinado de estas adquisiciones se incrementó a USD 4,74 millones en Ecuador, su punto más alto hasta ahora.
• En 2025 las compras internacionales se mantuvieron en niveles elevados, por USD 4,5 millones en los dos ítems, y con las armas semiautomáticas alcanzando su punto más alto.

Riesgos de desvío hacia el crimen organizado
Un informe de caracterización del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) recuerda que el Decreto Ejecutivo 707, que eliminó la prohibición de portar armas de fuego en 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso, modificó las dinámicas de adquisición de armamento internacional. Y destaca que previamente estas compras no habían superado los USD 100.000 anuales en el país.

El documento señala que un 60% de las armas que están siendo incautadas en el país corresponde a pistolas y revólveres en calibres .22, .38, .380 y 9 milímetros, lo que coincide con el perfil de las armas importadas. El estudio alerta sobre el riesgo de desvío de armamento legal hacia circuitos ilegales.

“La logística que involucra el tráfico de armas, municiones y explosivos responde a dinámicas asociadas a la importación de armas a través de rutas legales del comercio internacional y el contrabando a través de los controles fronterizos, marítimos y aéreos laxos del territorio ecuatoriano”, dice OECO.

Los niveles históricos de importaciones de armas semiautomáticas el año pasado coincidieron también con un récord de violencia para el país.

La mayor parte de estas armas cortas se destina a empresas de seguridad privada que necesitaban con urgencia renovar un armamento obsoleto, tras 14 años de prohibición. El sector cuenta con más de 90.000 guardias privados que requerían al menos 20.000 armas para actualizar su equipamiento, según estimó en su momento la Cámara de Empresas de Seguridad Privada (Casepec).

Seguridad privada bajo escrutinio
El sector de la seguridad privada, uno de los principales destinos del armamento importado, también constituye un foco de riesgo. La falta de registros actualizados sobre empresas, armas y calibres, según el Observatorio, abre la puerta a desvíos hacia redes criminales.

Casos recientes refuerzan esta preocupación. En enero de 2026, la Policía allanó una empresa de seguridad en el sector Kennedy Norte de Guayaquil, vinculada a Stalin Rolando Olivero Vargas, alias ‘Marino’, cabecilla asesinado de Los Lagartos. En el operativo se incautaron más de 200 armas de fuego (largas y cortas), muchas con series numéricas alteradas o sin permisos. Días después, otra compañía en la misma zona fue intervenida con resultados similares.

Las autoridades reconocen el problema. El ministro del Interior, John Reimberg, ha advertido sobre la proliferación de empresas de seguridad que operarían como fachadas del crimen organizado y anunció controles más estrictos y el cierre de compañías con vínculos comprobados con estructuras criminales.

“No vamos a permitir que compañías de seguridad privada sigan funcionando como escudos de delincuentes. Muchas de las armas decomisadas a bandas están registradas a nombre de empresas de seguridad, lo cual evidencia un uso irregular y amerita una revisión completa de los permisos emitidos”. John Reimberg, ministro del Interior.

Fuente: Primicias