Nacionales
Cerca de dos mil ecuatorianos habrían obtenido una falsa identidad colombiana, entre ellos, Pipo y Lobo Menor
Era un experto en buscar guaridas. Ángel Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, mantuvo un perfil discreto. Sin embargo, dirigía las actividades del grupo criminal ‘Los Lobos’ desde la sombra. Mientras tanto, su padrastro, Wilmer Cheverría o ‘Pipo’, pasaba por muerto, con documentos que fraguó durante la crisis sanitaria por Covid-19, hasta su captura en noviembre de 2025, en España.
La detención de su hijastro en México confirma un patrón. Aproximadamente, 2.000 documentos de identidad colombianos habrían sido obtenidos en forma fraudulenta por ciudadanos ecuatorianos, para evadir la justicia y viajar hacia terceros países, según explicaron a este medio fuentes de inteligencia.
La documentación falsa les habría permitido sacar pasaportes y viajar a nuevos destinos. En particular, su primera parada fue España, que no requiere visa para ciudadanos colombianos. Algunos se asentaron en ese territorio. Otros buscaron naciones distantes como sitio de operación, entre ellas, Turquía o Emiratos Árabes. Allí, adoptaron la apariencia de empresarios y gestores de negocios, sin pasado turbio.
Uno de los factores que pudo contribuir a que este fenómeno se acentuara sería la crisis pandémica que empezó en marzo de 2020. Certificados de defunción fueron forjados, como lo hicieron Chavarría (Pipo) y el narcolavador Leandro Norero.
Pero hubo otros desencadenantes. En abril de 2024, uniformados ecuatorianos incursionaron en la sede de la embajada mexicana en Quito. El objetivo fue detener al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, a la fecha prófugo. Según las autoridades ecuatorianas, él estaba a punto de volar hacia México para obtener un estatus de asilado político.
Eso enfrió las relaciones con Colombia. El presidente Gustavo Petro se distanció de su par ecuatoriano, al punto que no volvieron a realizarse los gabinetes binacionales que se convocaban anualmente. Petro suspendió en forma unilateral los gabinetes. El último se cumplió en Carchi, en enero de 2023, en presencia de los presidentes Guillermo Lasso y Gustavo Petro.
Petro asumió el poder en Colombia en 2022. Lasso asumió en mayo de 2021. Duró dos años en el cargo, pues en mayo de 2023 decretó la muerte cruzada y convocó a elecciones anticipadas. Le sucedió Daniel Noboa, quien no ha participado en este tipo de foros desde que asumió la función presidencial.
Tras la pista del Lobo Menor
La investigación se centró en la figura de Lobo Menor’ que, desde la clandestinidad, ejercía el mando del grupo criminal calificado como uno de los más peligrosos del país, con presencia en 18 provincias.
Por su vinculación familiar con Chavarría, Lobo Menor habría tenido una incorporación temprana y un posicionamiento directivo dentro de la estructura criminal.
Para agosto de 2025, era claro el rol del hijastro de Pipo en el grupo. “Desempeña un rol activo en su conformación, organización interna y expansión operativa, posicionándose como uno de los bastiones principales de la estructura, al que se le confían las coordinaciones entre grupos criminales locales y carteles y mafias internacionales”, según informes en poder de Vistazo.
A inicios de septiembre de 2025, Estados Unidos designó a este grupo como una organización terrorista. El anuncio lo hizo en Quito, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
La medida calificaba a la organización como una amenaza global, facilitando el bloqueo de sus activos financieros y la cooperación judicial internacional.
Esto permitió consolidar las labores de inteligencia y determinar la identidad de Ángel Esteban Aguilar Morales, como uno de los fundadores y principales cabecillas de ‘Los Lobos’.
La cooperación internacional permitió además confirmar que el hijastro de Pipo “coadyuvó a la cohesión de ‘Los Lobos’ con nexos y alianzas estratégicas con organizaciones criminales trasnacionales, entre ellas el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cartel de Sinaloa, lo que ha fortalecido sus capacidades logísticas, acceso a rutas internacionales de narcotráfico y sostenimiento de economías ilícitas”.
El intercambio de información corroboró que el crecimiento del grupo se vinculó con el incremento de actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. “Para conseguir supremacía nacional no han escatimado esfuerzos, se apalancan de la violencia criminal para su expansión, el sicariato es su principal medio de presión y control de territorios”. Por eso, se cataloga al grupo como una de las organizaciones criminales con mayor incidencia a nivel nacional y proyección internacional.
La identidad falsa y la doble vida del Lobo Menor
Los informes de inteligencia identifican que fue un contacto clave con Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el líder de las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC).
Se trata de un guerrillero de jerarquía mediana en la estructura irregular del país vecino. No aceptó el acuerdo de paz que propuso el entonces presidente Manuel Santos. Se convirtió en jefe del autodenominado estado mayor central, autodefinido como el legítimo continuador de la bandera de lucha de las FARC.
Quienes investigaron el caso no descartan que a partir de esta relación, el líder de Los Lobos hubiera accedido a una red ilegal para obtener la identidad falsa con la que se movía con soltura.
Bajo el nombre de Juan Carlos Montero Mestre, alias Lobo Menor había vivido en varias ciudades colombianas. De este país es su expareja, Tatiana, de quien se había separado tiempo atrás, revelan las investigaciones.
A ella la había conocido en el tiempo en que cumplió prisión, acusado del crimen del hermano del entonces ministro del correísmo, José Serrano.
Esta sentencia no la completó. Evadió la justicia y se movía entre Colombia y México, en los últimos meses. En las facilidades aeroportuarias de este país fue detenido. Posteriormente trasladado a Colombia. En este territorio se confirmó que su identidad había sido adulterada. Por tanto, fue traído hasta Ecuador, para que pague sus cuentas pendientes con la justicia.
Según inteligencia, tiene al menos seis procesos judiciales pendientes.
El caso de Pipo o El Tuerto
Wilmer Chavarría, Pipo o Tuerto, usó el nombre de Danilo Ramón Fernández Calderón, con documentos falsos emitidos en Colombia, en agosto de 2021.
Viajaba como ciudadano colombiano a España y países europeos. Fue detenido en el aeropuerto de Málaga, de un vuelo procedente de Dubai, uno de los miembros de los Emiratos Árabes Unidos.
Se le atribuyen alrededor de 300 muertes. Al igual que su hijastro, su accionar esquivo y violento dejó un rastro de sangre.
A pesar de la detención de ambos cabecillas, padrastro e hijastro, Inteligencia advierte que la estructura tendría ya definido un mecanismo de sucesión, en un esquema con fuerte jerarquía al estilo militar.
El posible sucesor ya está identificado. Además, hay siete comandantes en la segunda línea. De ellos, dos estarían directamente involucrados en el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Seis figuras han sido identificadas, adicionalmente, como integrantes del ‘brazo operativo’ de ‘Los Lobos’. Fuente: Vistazo
Nacionales
Vender pan o endeudarse para comprar medicinas: el costo humano del desabastecimiento en Ecuador
Estefanía Sánchez vive con un tumor cerebral. Asegura que, desde hace casi dos años, no recibe de forma constante los medicamentos que necesita para controlar sus convulsiones. Para cubrir sus gastos, vende pan puerta a puerta en Conocoto, una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito.
Los prepara con zapallo, chocho y zucchini, además de empanadas con dulce de zambo. Cada día recorre las calles de ese sector y hay jornadas en las que alcanza a vender USD 20, pero en otras apenas llega a los USD 5, una cantidad que apenas le alcanza para comprar sus tabletas de carbamazepina, un anticonvulsivo que estabiliza la actividad eléctrica cerebral.
Ella es parte de los pacientes que viven un calvario para conseguir medicamentos en Ecuador. Con base en el aplicativo web de monitoreo de medicamentos del Ministerio de Salud Pública (MSP), un informe del Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas del Ecuador señala que la disponibilidad de medicamentos en la red pública descendió del 79 % en enero de 2025 al 68 % en mayo de 2026. En el mismo período, el abastecimiento pasó del 71 % al 59 %, lo que significa que actualmente cuatro de cada diez medicamentos planificados no están disponibles para los pacientes.
Con un abastecimiento del 59 %, el sistema de salud ecuatoriano se ubica por debajo de ese parámetro. Diego Jimbo es coordinador nacional del Observatorio y afirma que la situación por la que atraviesan los pacientes del sistema público del país es muy grave. Explicó que algunos enfrentan tratamientos cuyos valores superan ampliamente sus posibilidades económicas.
Contó que pacientes han recurrido a préstamos informales con chulqueros por desesperación. Hubo el caso de una familia que, tras un accidente y la necesidad de cubrir los gastos en una clínica privada, solicitó un préstamo informal de USD 3 000 a un prestamista que entrega dinero bajo la modalidad ‘gota a gota’. Es decir, créditos informales e ilegales que ofrecen dinero rápido sin requisitos, pero con intereses muy altos y cobros diarios mediante hombres motorizados que amenazan a quienes no alcanzan a pagar.
“Esto demuestra hasta dónde está llegando la desesperación de las personas por acceder a la salud”.
Aumentaron las consultas sobre eutanasia
Jimbo mencionó casos de medicamentos que pueden costar entre USD 15 mil y USD 20 mil, así como tratamientos para enfermedades como la esclerosis múltiple que pueden tener un precio que supera los USD 20 mil mensuales. Por eso, hay familias que han buscado alternativas privadas y se endeudan.
Con tristeza -afirma el activista y médico especialista en cuidados paliativos– se han incrementado las consultas sobre eutanasia. No obstante, aclara que no se trata de solicitudes formales para acceder al procedimiento, sino de asesorías relacionadas con los requisitos y posibilidades.
Por todo lo que está sucediendo, los representantes del Observatorio y dirigentes de las organizaciones de pacientes con enfermedades catastróficas, raras y de alta complejidad recorren los hospitales del país para recopilar información sobre la situación del acceso a medicamentos e insumos. Asimismo, han enviado solicitudes al Gobierno para plantear cambios en el sistema sanitario.
Actualmente, analizan alternativas legales para solucionar la problemática. Por ejemplo, la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General por un presunto incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC) relacionada con el acceso a medicinas e insumos para enfermedades catastróficas, raras y de alta complejidad.
“Analizamos qué podemos obtener y también qué consecuencias puede tener esta decisión”.
Esperan tomar una resolución sobre el tema en los próximos días…
Gremios se organizan para recolectar morfina
Gustavo Dávila es presidente nacional de la Alianza Nacional por la Salud y director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Relata que hay gente que ni siquiera puede conseguir morfina para sus terapias del dolor. Explicó que las organizaciones, familiares y amigos han recurrido a colectas voluntarias para adquirir morfina y entregarla a quienes atraviesan por la etapa final de su vida.
De hecho, la última vez se reunieron cerca de 200 ampolletas para entregarlas en Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas. De acuerdo con el grado de la enfermedad, hay quienes necesitan hasta cuatro dosis diarias y es casi imposible conseguirlas en el sector público.
“Hay pacientes que están al final de la vida y los dolores son intensos. Llegar al punto de que no exista morfina para una persona que sufre es una situación muy delicada”.
A su criterio, la crisis no es reciente. Se ha evidenciado en los últimos años y se ha agravado en los últimos meses con manifestaciones de personas con distintas patologías, incluidos enfermos renales y personas con enfermedades crónicas. Ante esta situación, organizaciones de pacientes y actores del sector salud plantean fortalecer la presión ciudadana, recurrir a mecanismos legales y exigir respuestas concretas de las autoridades para garantizar el acceso oportuno a servicios sanitarios completos.
“El pedido es que la salud vuelva a ser parte de la agenda política. Los pacientes tienen derecho a morir con dignidad y a recibir tratamiento para aliviar su dolor”, afirmó Dávila.
Solicitó una reunión con José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, para presentarle las necesidades de los diferentes frentes de salud y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a largo plazo.
El pasado 21 de julio, la Alianza Nacional por la Salud —que agrupa a 38 asociaciones de pacientes con diversas enfermedades, además de médicos y jubilados— ofreció una rueda de prensa para expresar su preocupación por la falta de avances en la compra de medicamentos a la India. Se trata de fármacos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), uno de los referentes mundiales en regulación sanitaria.
La adquisición fue anunciada por el presidente Daniel Noboa Azín durante su informe a la nación del 24 de mayo como una medida para enfrentar el desabastecimiento. Sin embargo, dos meses después, las organizaciones aseguran que la compra aún no se ha concretado.
De igual forma, tampoco se cumplieron otros ofrecimientos como la aprobación del cuadro básico de medicamentos. Se creó un Comité Nacional de la Salud, pero no hubo resultados. “En 30 días volveremos a evaluar los resultados”, dijo Dávila.
Nacionales
Daniel Noboa anuncia la comitiva oficial que lo acompañará a la posesión de Keiko Fujimori en Perú
El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará este lunes 27 de julio a Lima para asistir a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, quien asumirá oficialmente el cargo el martes 28 de julio.
En el documento se detalla que la comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades de la Administración Pública que, en el ámbito de sus competencias y en atención a los objetivos de la agenda presidencial, participen en las actividades previstas.
Asimismo, se estableció que los viáticos y demás gastos que genere el presente desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva
El decreto también ordena poner en conocimiento de la Asamblea Nacional el viaje del presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 de la Constitución de la República.
Keiko Fujimori, que relevará al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031. Fuente: Vistazo
El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) dejó abierta la posibilidad de respaldar candidaturas de la Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones seccionales de noviembre, luego de la suspensión del movimiento AMIGO, organización que había aceptado auspiciar a los aspirantes correístas.
Así lo confirmó este jueves el presidente del PSE, Gustavo Vallejo, quien señaló que la definición sobre posibles alianzas será adoptada luego de que las dirigencias provinciales de la organización alcancen una resolución.
«El tema de las alianzas las decide el Consejo Nacional. Así hemos aprobado las alianzas anteriores y así las vamos a aprobar», manifestó.
El Partido Socialista confirma conversaciones con la RC
Consultado sobre si la Revolución Ciudadana ha buscado un acercamiento tras perder la posibilidad de competir bajo el movimiento AMIGO, Vallejo confirmó que ha habido un diálogo.
No obstante, insistió en que la decisión definitiva dependerá de los organismos internos del partido y deberá adoptarse antes del cierre del plazo para inscribir alianzas.
«El plazo será cuando los provinciales decidan y esto significa que es previo al 2 de agosto, es decir, hasta el 31 (de julio) aproximadamente, y no habrá problema en comunicarle al país y a las ciudades que esa decisión se ha tomado«, sostuvo.
Las declaraciones de Vallejo se producen horas después de que el presidente Daniel Noboa afirmara, en una entrevista con Radio Centro, que la Revolución Ciudadana todavía puede participar en las elecciones si lo hace a través de un partido que «haya cumplido con la legalidad». Como ejemplo, el mandatario mencionó al Partido Socialista Ecuatoriano, entre otras organizaciones nacionales.
El escenario político cambió tras la suspensión del movimiento AMIGO. La medida fue dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, y acatada este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Revolución Ciudadana ya había sido suspendida en marzo de este año dentro del denominado caso Caja Chica, investigación en la que la Fiscalía indaga un presunto esquema de financiamiento irregular de campañas políticas.
Como consecuencia, la organización no puede presentar candidaturas bajo su propia lista para las elecciones anticipadas, previstas a realizarse el 29 de noviembre de 2026, en las que los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS. Fuente: Vistazo
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