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El 95 % de los asesinatos en Ecuador están relacionados a la violencia criminal y esta es la explicación

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Solo dos de las cuatro personas asesinadas dentro de un taxi en Machala, fueron identificadas. El crimen ocurrió el viernes 6 de febrero de 2026 cuando sicarios en una camioneta interceptaron el vehículo donde iban las víctimas.

Uno de los fallecidos registraba antecedentes penales por asociación ilícita y robo, pero el otro no. Según la información preliminar de la Policía, el asesinato múltiple estaría relacionado a la violencia criminal o microtráfico.

Pero aunque no todas las víctimas de esos ataques tenían antecedentes penales, eso no significa que podrían estar relacionadas a organizaciones delictivas. Así lo señaló el ministro del Interior John Reimberg, durante una entrevista en el programa Políticamente Correcto.

Reimberg sostuvo que no es posible establecer que “porque tienen antecedentes penales o no tienen antecedentes, la persona puede estar o no vinculada a un grupo delictivo”. Agregó que en los ataques armados, hay gente de todas las edades y son un 85 % los que podrían haber tenido algún tipo de relación.

Por ejemplo el caso del joven extranjero reportado como desaparecido, cuyo cuerpo fue hallado sepultado en una hostería de Sangolquí, en Pichincha. La víctima no tenía antecedentes penales pero uno de los dos detenidos sí, por receptación.

En Guayaquil, dos jóvenes fueron acribillados en el sector de Malvinas sur. Sus cadáveres estaban en la vereda donde fueron interceptados por sujetos en una tricimoto. Según la Función Judicial, las víctimas no tenían antecedentes.

Un caso similar ocurrió en la provincia de Orellana. Dos hombres fueron baleados cuando iban en una motocicleta. Tampoco tenían procesos judiciales.

La Policía -en su Plan Operativo Anual- reconoce que el aumento de los asesinatos está vinculado al fortalecimiento de las estructuras criminales en Ecuador. Los enfrentamientos se han dado por el control de territorios estratégicos, puertos, rutas de movilidad y hasta zonas de producción ilícita.

Esto ha ocasionado que la violencia deje de ser un fenómeno aislado y se convierta en una dinámica. Justamente en ataques múltiples o en hechos como los antes mencionados, se ha detectado que no todas las víctimas tenían antecedentes penales. Aunque eso no significa que no puedan estar vinculados a los grupos delictivos.

¿Por qué? El coronel Roberto Santamaría, director de la Academia de Estudios Estratégicos, explicó a Ecuavisa.com que en México tras la caída del Mayo Zambada, las bandas rivales no iban solo contra la persona, sino también tras la familia.

“Se rompieron los códigos. Antes veíamos que las muertes eran muy selectivas. Hoy no solo buscan a la cabeza de la organización o el mando medio, buscan a toda la estructura y muchas de ellas no tienen antecedentes porque fueron reclutadas tempranamente”, Roberto Santamaría.

Santamaría detalló que las investigaciones de las unidades como Dinased determinan posteriormente si las víctimas tenían algún tipo de relación a pesar de no tener antecedentes penales. Agregó que actualmente, en Ecuador, se están evidenciando casos de testaferrismo.

Las mafias reclutan a personas que tienen empresas legales, empresarios, con estudios, sin problemas judiciales para poner bienes a sus nombres o lavar dinero. Un ejemplo de ello, dijo, es el caso de alias Marino, asesinado en enero de 2026 en una zona exclusiva de Samborondón.

También el crimen de Bryan Soria, que murió acribillado en la vía La Puntilla, cuando manejaba un vehículo de alta gama. Ambas víctimas supuestamente estarían vinculadas.

El coronel Santamaría además indicó que con la caída o captura de cabecillas como Fito, Negro Willy, Tulio, Pipo, entre otros, los grupos criminales se han reconfigurado y buscan generar más violencia y reclutar más personas a sus filas, que podrían ser las que mueren en las disputas de territorio.

Los asesinatos en Ecuador disminuyeron en enero de 2026

Ante las cifras de 2025 que catalogaron a ese año como el más violento de Ecuador, en 2026 el Gobierno anunció un nuevo plan de seguridad. El presidente Daniel Noboa comentó las nuevas acciones para enfrentar al crimen organizado, al igual que sus ministros Reimberg, Gian Carlo Loffredo y José Julio Neira.

Desde enero, la Policía y las Fuerzas Armadas intensificaron más los operativos en territorio. Y pese a casos como las cinco cabezas colgadas halladas en una playa de Puerto López, en Manabí, las cifras de enero evidencian una disminución en comparación al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo a los datos a los que accedió Ecuavisa.com, enero terminó con 769 casos. Esto muestra una reducción de 64 casos, pues en enero de 2025 hubo 823 crímenes. (Ver cuadro).

Una de las zonas más conflictivas es la 8 que congrega Guayaquil, Durán y Samborondón. Los tres cantones de Guayas tuvieron también una reducción de asesinatos: 262 versus los 309 que hubo en 2025.

Lo mismo pasó con Manabí. La provincia acumuló 131 muertes violentas en enero del año pasado y en el primer mes de 2026 tuvo 96.

Pero hay otras provincias que se mantienen con cifras altas, como El Oro. En este año se registraron 85 asesinatos y en enero de 2025 se contabilizaron 65. Los Ríos cerró enero con 100 casos y Quito con 24.

El coronel Santamaría manifestó que hay una reducción importante de crímenes que obedece a la estrategia que se está implementando en territorio por parte del Estado. Pero mantener la tendencia a la baja, puntualizó, depende del comportamiento paralelo del mundo del crimen.

Explicó que una captura, la muerte de un cabecilla, podría desencadenar un aumento de asesinatos y violencia. Santamaría enfatizó que un Estado no puede hacer un proceso de pacificación con pandillas o grupos criminales, sino atacar sus economías.

“Las consecuencias (de una pacificación) son a futuro y esto lo podemos ver en en en todos los países cuando se ha intentado hacer tratados de paz con estos grupos directivos. Lo que estamos dando es fuerza, reconocimiento social, sobre todo, a estas estructuras que se dedican al mal y las consecuencias las estamos pagando ahora”, Roberto Santamaría.

Contó que hace 10 años, las autoridades de ese entonces hicieron un proceso de pacificación y ahora “estamos pagando las consecuencias”. Esto porque, si bien en esa época bajaron las muertes violentas, causó una reconfiguración y los grupos adopten nuevas economías criminales.

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Justicia restaurativa frente a la minería ilegal en Ecuador: El caso de Zamora Chinchipe

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Por: José Benavidez. Estudiante de derecho

La expansión incontrolada de la minería no autorizada en la provincia de Zamora Chinchipe constituye uno de los dilemas socioambientales y dogmáticos más críticos para el Estado ecuatoriano. Ante la evidente insuficiencia del modelo punitivo tradicional del Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuyo enfoque retributivo no logra revertir el colapso ecológico ni tutelar de forma efectiva los derechos del ecosistema, la dogmática penal contemporánea exige una reorientación hacia paradigmas complementarios orientados a la reparación integral y la sostenibilidad.

Contexto socio ambiental en Zamora Chinchipe

Zamora Chinchipe alberga importantes cuencas hidrográficas como los ríos Zamora, Bombuscaro, Nangaritza y Yacuambi, y ecosistemas de alta biodiversidad. Sin embargo, la proliferación de minería no regularizada en sectores como Yantzaza, El Pangui y la cuenca del Nangaritza ha derivado en:

1.- Degradación sistémica del suelo: Destrucción de la capa vegetal, deforestación masiva y alteración del cauce de los ríos por el uso de maquinaria pesada

2.- Contaminación por metales pesados: Vertimiento irrestricto de mercurio y cianuro, afectando la calidad del agua y la fauna acuática.

3.- Impacto comunitario y social: Desplazamiento de economías tradicionales, conflictividad social e intromisión en territorios de comunidades indígenas y locales.

El modelo punitivo actual y sus limitaciones

El ordenamiento jurídico ecuatoriano tipifica los delitos contra los recursos naturales y la minería ilegal en el COIP. No obstante, la vía penal ordinaria presenta serias limitaciones operativas frente a los daños ambientales de Zamora Chinchipe:

1.- Insuficiencia de la pena privativa de libertad: La prisión del infractor de último eslabón no logra la remediación del ecosistema ni la compensación a las comunidades afectadas.

2.- Incapacidad de remediación técnica: Las sentencias penales tradicionales priorizan la sanción retributiva, dejando en segundo plano los planes de manejo ambiental y la restauración ecológica a largo plazo.

3.- Saturación del sistema de justicia: La persecución penal individualizada no desarticula las redes financieras detrás del extractivismo ilegal ni ofrece respuestas oportunas a las zonas impactadas.

  1. Marco conceptual de la justicia restaurativa ambiental

A diferencia de la justicia retributiva centrada en el castigo estatal al infractor, la justicia restaurativa en materia ambiental redefine el concepto de «víctima», incluyendo tanto a las comunidades locales como a la propia naturaleza o Pachamama, reconocida como sujeto de derechos en el artículo 71 de la Constitución del Ecuador.

En lugar de contraponer la sanción a la reparación mediante un esquema tabular, la tutela penal ambiental contemporánea exige integrar ambos enfoques: mientras la justicia retributiva tradicional focaliza su mecanismo en el juicio penal adversarial para sancionar al infractor con la privación de libertad y tutelar el cumplimiento abstracto de la norma estatal, la justicia restaurativa ambiental desplaza el centro de gravedad procesal hacia la Naturaleza y las comunidades afectadas como sujetos protegidos, priorizando acuerdos reparatorios y planes de remediación técnica cuyos resultados concretos trascienden el mero cumplimiento de una condena, garantizando la reforestación, la descontaminación y la efectiva restauración de los ecosistemas impactados.

Viabilidad de aplicación en Zamora Chinchipe

Para que la justicia restaurativa sea aplicable en casos de minería ilegal en Zamora Chinchipe, la doctrina y la praxis penal exigen diferenciar la tipología de los actores involucrados:

Minera artesanal / de pequeña escala no regularizada: Mecanismo: Acuerdos de mediación penal ambiental u homologación de planes de reparación.

Acciones: Obligación técnica de reforestación de riberas, descontaminación de pasivos ambientales, sustitución gradual de tecnologías, eliminación del mercurio y trabajo comunitario de restauración.

Minería a gran escala no autorizada:

Mecanismo: Vía penal estrictamente retributiva, con decomiso de bienes y activos para financiar fondos públicos de reparación ambiental en la provincia. Consideraciones finales y propuestas de reforma La aplicación rigurosa de la justicia restaurativa en Zamora Chinchipe no implica impunidad ante la minería ilegal ni una concesión de lenidad hacia el infractor; por el contrario, representa una reorientación estratégica y pragmática de la tutela judicial efectiva. El castigo punitivo tradicional y el encarcelamiento no sanan las cuencas hidrográficas contaminadas ni devuelven la cobertura vegetal destruida; por ello, el sistema procesal debe trascender la fijación dogmática con la pena y enfocarse en una retribución directa, tangible y obligatoria hacia la sociedad y la Naturaleza.

Para materializar este cambio de paradigma, se requiere una articulación técnica e interdisciplinaria entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la fiscalía general del Estado, la judicatura y las comunidades locales afectadas. Convertir la remediación ecológica, el trabajo comunitario especializado y la restitución del tejido social en la máxima prioridad del proceso penal es el único camino jurídicamente viable para frenar el colapso ambiental en la Amazonía sur.

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Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo son sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por caso Pruebas COVID-19

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El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron sentenciados este miércoles 9 de septiembre a 9 años y 4 meses de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada, dentro del caso Pruebas COVID-19 Agentes AMT.

La decisión fue anunciada oralmente por el Tribunal luego de que, a las 17:47, se reinstalara la audiencia de juicio contra los Bucaram y otras dos personas procesadas dentro de esta causa.
La Fiscalía General del Estado informó que Leandro Berrones y Oren Sheinman también fueron declarados culpables, pero en calidad de autores directos del delito de delincuencia organizada. Para ambos, el Tribunal impuso una pena de 13 años y 4 meses de prisión.

El proceso investiga una estructura que habría operado durante la emergencia sanitaria de 2020 para lucrar de manera irregular con la comercialización de más de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico y otros insumos médicos, en momentos en que Ecuador atravesaba uno de los periodos más críticos de la pandemia de COVID-19.

Según la acusación, Bucaram habría mantenido almacenadas en su vivienda de Guayaquil miles de pruebas rápidas, mascarillas y lancetas relacionadas con la operación investigada.

Su hijo Jacobo, por su parte, fue señalado por presuntamente financiar la adquisición de la mercadería mediante un pago de USD 321.600 en efectivo.

Un proceso marcado por audiencias fallidas

El caso se ha extendido durante varios años y su avance estuvo marcado por reiteradas audiencias que no pudieron concretarse, entre ellas diligencias suspendidas por la ausencia del expresidente.

Una de las últimas audiencias fallidas ocurrió el 31 de agosto de 2026, Posteriormente, el Tribunal dispuso nuevas acciones para conseguir la comparecencia de Bucaram, quien permanecía hospitalizado, asegurando que sufría de afectaciones cardiacas.

Este miércoles, horas antes de su sentencia, Bucarám publicó una carta en la que dio a conocer que pidió el alta médica “a pesar de estar en peligro de muerte súbita”. Además, anticipó que sería sentenciado por el delito de delincuencia organizada.

A través de sus redes sociales, el exmandatario explicó que tomó esa decisión pese a tener “13K arritmias ventriculares». «Debemos entender que una sola puede originar mi muerte”, afirmó.

Dentro de la investigación también figuró Shy Dahan, ciudadano israelí señalado junto con Sheinman por la comercialización de los insumos médicos. Dahan fue asesinado en 2020 mientras permanecía recluido en la Penitenciaría del Litoral. Fuente: Vistazo
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Noboa dice que Dedalus trae a Ecuador el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo

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El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 9 de septiembre que Ecuador incorporará el sistema de gestión hospitalaria Dedalus, una plataforma tecnológica con la que el Gobierno prevé interconectar 1.742 centros de salud y centralizar información sobre pacientes, citas, medicamentos, insumos y equipos médicos.

El mandatario dio a conocer la medida durante la tarde a través de sus redes sociales, donde señaló que la herramienta forma parte de las acciones destinadas a modernizar el funcionamiento del sistema público de salud.

La salud pública necesita soluciones. La gente lo pide, nosotros cumplimos”, manifestó Noboa al presentar la iniciativa.

Según el presidente, uno de los principales cambios será contar con un único historial clínico para los ecuatorianos, de manera que la información de un paciente pueda estar disponible dentro de la red de establecimientos conectados.

La plataforma también apunta a agilizar el agendamiento de citas médicas, mediante herramientas que automaticen la asignación de turnos y reduzcan la dependencia de intermediarios para acceder a una consulta.

Otro componente estará dirigido al inventario y control de medicamentos, insumos y equipos médicos disponibles en los establecimientos de salud.

Contrato de USD 240 millones

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de la plataforma, utilizada en países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido

Para implementar este sistema, el MSP contratará a CNT, que se encargará de poner en marcha el servicio en la red pública de salud junto con la empresa italiana Dedalus.

Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.

Estamos hablando de transformar la gestión de 1.742 establecimientos de salud del país”, destacó el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.

En ese contexto, el MSP inició un proceso de contratación por régimen especial con CNT, que funciona como ejecutor tecnológico del Estado y presentó una propuesta que comprende tres componentes: conectividad, infraestructura y una plataforma integrada de información en salud.

De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.

Aveiga y Spina explicaron, en un video publicado por la Secretaría de Comunicación, que el país tiene un “sistema de salud fragmentado”, con “información dispersa y procesos que no siempre están conectados” entre los hospitales y otros centros médicos públicos. Fuente: Vistazo
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