De lo poco que se sabe sobre la Cárcel del Encuentro, el centro de privación de libertad de máxima seguridad abierto en noviembre de 2025 en Santa Elena, opera bajo un régimen que, según el mismo Gobierno, restringe visitas de abogados y familiares a los reclusos.

El Centro de Privación de Libertad CPL Santa Elena N° 1 -nombre oficial del presidio en la Costa de Ecuador- comenzó sus operaciones con 321 internos y alberga actualmente cerca de 650 privados de libertad, según datos del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

El modelo, defendido por el Ejecutivo como un ejemplo de control y seguridad, ha encendido alertas entre organizaciones de derechos humanos que denuncian similitudes con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, donde se limitan severamente las visitas, alimentos y actividades para los presos.

«Muy pocos sabrán el día que es y se enteran que amanece porque ven el rayito de sol que está entrando», relató el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista reciente en un canal de YouTube, al describir las condiciones en las que funciona ese presidio.

Restricción total de visitas, como en la Penitenciaría
En declaraciones recientes, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que «nadie» -ni abogados ni familiares- puede ingresar al nuevo centro penitenciario, aunque los primeros sí mantienen contacto con sus clientes por canales telemáticos.

Ninguna organización independiente o medio de comunicación, ha podido corroborar el funcionamiento del penal que comenzó a operar con un avance de obras de entre 35% y 45%, según reveló el presidente de la República, Daniel Noboa.

El centro tiene capacidad para unos 800 privados de libertad y, según el Gobierno, actualmente las obras de construcción están totalmente concluidas. Aunque el personal militar que vigila el perímetro penitenciario tuvo que dormir en carpas inundadas de lodo ante las primeras lluvias fuertes en el sector de la comuna Juntas del Pacífico.

En un Ecuavisa Reimberg fue consultado si es que las restricciones de visitas violan los derechos humanos, y respondió: “Estamos trabajando en asegurar, en educar a las personas (…) para que sepan que esto es distinto a otros centros penitenciarios. Vamos a ir paso a paso”.

En otras cárceles, como la Penitenciaría del Litoral, la restricción de visitas de familiares completan un año y cinco meses. Esto, a decir de comités de familiares, ha contribuido a agravar la crisis sanitaria de tuberculosis y desnutrición crónica, pues se impide la entrega de alimentos y medicinas.

Según los familiares, esa medida contraviene el artículo 51 de la Constitución, que garantiza explícitamente a las personas privadas de libertad el derecho a la comunicación y visitas de familiares y de profesionales del derecho, al menos de manera presencial.

Ausencia de programas de rehabilitación
Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), advierte que la restricción de visitas en las cárceles vulnera también estándares internacionales.

Señala que la visita forma parte del derecho a la rehabilitación social y de la prohibición del aislamiento, por lo que su limitación prolongada puede configurar tratos inhumanos o degradantes.

Respecto a la falta de acceso presencial a los abogados, subraya que eso restringe el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y el ejercicio profesional en condiciones adecuadas.  A su criterio, el control del ingreso de objetos ilícitos puede lograrse mediante «alternativas menos lesivas».

Desde el plano legal, enfatiza que no existe una ley que habilite al Estado a suspender visitas y que, al no existir un estado de excepción en el sistema carcelario, la decisión carece de sustento jurídico, configurando “un acto ilegal que genera violaciones de derechos humanos”.

“El principio de seguridad jurídica establece la existencia de normas claras, previas y públicas. Pero no existe ley que restrinja el derecho a la visita ni estamos en estado de excepción en el sistema de rehabilitación social”. Fernando Bastias, CDH.

En cuanto a la carencia de mecanismos de rehabilitación, según el ministro, los reclusos «conversarán entre ellos» en las celdas, sin acceso a libros ni ningún tipo de material educativo o recreativo.

«No tienen nada, solo el colchón», afirmó Reimberg, quien explicó que no se proporcionan almohadas «para evitar que se ataquen entre ellos” (por ahogamiento). El régimen incluye el confinamiento de cuatro personas por celda, la mezcla de internos de distintas estructuras criminales, la prohibición de comunicación externa y la ausencia total de objetos considerados no esenciales

¿Por qué es clave gestionar el ocio de los reclusos?
El régimen implementado en la Cárcel del Encuentro presenta paralelismos con el Cecot, la megacárcel de El Salvador, donde desde 2022 se restringieron las visitas bajo el régimen de excepción de Bukele.

Sin embargo, existe una diferencia crucial: mientras en Ecuador no hay programas de rehabilitación en el sistema carcelario, El Salvador implementó en 2024 el «Plan Cero Ocio», que involucra a decenas de miles de reclusos en trabajo productivo dentro y fuera de los centros penitenciarios.

El incentivo consiste en la reducción de condena «2×1» por día trabajado, aunque no aplica para criminales de alta peligrosidad, y ha sido cuestionado también por organismos de derechos humanos.

En Ecuador, la falta de programas de rehabilitación ha convertido a las prisiones tradicionales en verdaderas “universidades del crimen”, según expertos.  “El problema es que si no hay nada más que hacer, todo ese tiempo se usa para perfeccionar actividades delictivas”, señaló una fuente policial, bajo reserva.

Los presos -dice la fuente- salen de la cárcel con mayor rango criminal y redes consolidadas dentro de las estructuras delictivas. Pero hasta ahora la cárcel del Encuentro mantiene a los cabecillas aislados de sus huestes en las calles, destacó.

El gobierno ecuatoriano anunció la construcción de una nueva megacárcel con capacidad para 15.000 personas, que se prevé empezar a construir en abril de 2026, para paliar el problema de hacinamiento.

Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), señala que el sistema penitenciario se ha convertido en un centro de poder criminal y  “deshumanización extrema” por la falta de control y el afianzamiento de estructuras de autogobierno.

«Hay que establecer estándares mínimos de derechos y acceso a servicios esenciales, incluidos la educación y el trabajo, para impedir que los grupos criminales monopolicen estos recursos». Renato Rivera, GI-TOC.

En el informe «Captura carcelaria: La gobernanza criminal en el sistema penitenciario de Ecuador» (enero 2026), Rivera recomienda «priorizar establecimientos penitenciarios pequeños y medianos con poblaciones manejables y entornos de control más eficaces, en lugar de depender de megacárceles hacinadas con baja gobernabilidad». Fuente: Primicias