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Casos de tuberculosis en Ecuador suben 67% en un año, ¿por qué se habla de un aumento “inusual”?

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El aumento de casos nuevos de tuberculosis sugiere que en Ecuador la enfermedad está alcanzando niveles «inusuales», según médicos salubristas. Su principal argumento es que entre 2024 y 2025 el número de contagios reportados en Ecuador creció un 67%, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública.

Aunque esta Cartera de Estado no ha respondido a los pedidos de información de PRIMICIAS, las cifras publicadas por su gaceta epidemiológica revelan que en 2025 se registraron 9.142 casos de tuberculosis en el país, 3.666 más que los documentados en el 2024, cuando hubo 5.476 contagiados. En el 2023 se reportaron 4.692  casos.

Guayas alberga al 58% de los pacientes reportados en ese informe del Ministerio de Salud Pública.

El epidemiólogo Ricardo Cañizares, director de la maestría de Salud Pública en la Universidad Católica de Guayaquil, revisó estas estadísticas y concluyó que, a su criterio, los niveles de contagio en Ecuador sugieren que el país podría atravesar una epidemia de tuberculosis.

Según Cañizares, quien trabajó 20 años en el Ministerio de Salud, hay dos criterios para considerar eso:

1- Que haya un incremento inusual de casos, brusco, inesperado.

2- Que ese incremento sea más alto de lo que estaba ocurriendo en meses y años anteriores.

«La presente gaceta incluye casos nuevos notificados durante el 2025. La cantidad es mucho más alta que los casos que se estaban presentado desde 2022. Así que, según los datos del Ministerio de Salud, sí. Hay una epidemia», asegura Cañizares.

Cuatro factores para el aumento ‘inusual’
Al menos cuatro causas serían las que han incidido en el aumento ‘inusual’ de casos de tuberculosis en Ecuador. El infectólogo Washington Alemán y el epidemiólogo Ricardo Cañizares consideraron las siguientes como las de mayor relevancia:

1- Todos los programas fueron descuidados desde la pandemia, porque se priorizó al Covid-19; «prácticamente no se hizo vigilancia, el presupuesto para tuberculosis fue utilizado para otras causas, no se hizo búsqueda de casos», dice Washington Alemán.

2- Transmisión en las comunidades -fuera de las cárceles- debido a inequidad, pobreza, desempleo. «Si se conociera dónde están los casos se sabría que pertenecen a estratos populares», apunta Ricardo Cañizares.

3- A mediados de 2025 hubo una ruptura de stock, la causa fue la llegada tarde de los medicamentos que el Ministerio de Salud abastece con recursos externos del Fondo Global para el VIH, Tuberculosis y Malaria, dice Washington Alemán.

4.- En las cárceles -donde hay hacinamiento- no se ha hecho una suficiente detección, en los programas de control, para dar tratamiento y que los pacientes no descontinúen su atención, señala el médico Ricardo Cañizares.

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Guayas con la mayor cantidad de casos
En el Hospital de Infectología del Ministerio de Salud, en el norte de Guayaquil, se recibe a pacientes con síntomas de tuberculosis. Algunos, en condiciones de extrema delgadez, caminan por los patios de esta unidad médica. José lo hace acompañado de una biblia.

Con pasos lentos llega hasta una loza en la mitad del patio y comienza a leer algunos versículos que le fortalecen más que las pastillas que toma para contrarrestar la tuberculosis que padece desde hace seis meses. “Clama a mí y yo te responderé”, lee en Jeremías 33:3.

“La palabra de Dios es sabia, sanadora. En este mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo”, repite José, de 45 años y oriundo de Milagro.

La tuberculosis no es la mayor enfermedad que enfrenta, pero es la que podría ocasionarle la muerte. José se infectó del virus del sida hace cinco años y toma -cuando le provee el MSP- antirretrovirales, para fortalecer su sistema inmunológico.

“Estoy en tratamiento, pero no me puede faltar la medicina de la tuberculosis, porque me puedo hacer resistente. En este hospital me dan, cuando no hay tengo que comprar”. Paciente con tuberculosis

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Crisis en cárceles
La crisis sanitaria por los contagios de tuberculosis y desnutrición crónica en las cárceles de Guayas es más grave todavía. En 2025 esta enfermedad habría provocado unas 1.000 muertes, según las estimaciones del  Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil.

Sin la presencia del Ministerio de Salud (MSP) o del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), una mesa técnica penitenciaria se reunió el 21 de enero de 2026 para analizar la problemática sanitaria.

PRIMICIAS solicitó el lunes 2 de febrero una entrevista al MSP, pero hasta el 4 de febrero de 2026 no hubo respuesta.

El hacinamiento agrava los contagios en la Penitenciaría del Litoral, cárcel que tiene una capacidad para 4.519 reclusos, pero que en diciembre de 2025 albergaba a 7.187 reos. La CDH pidió las cifras de contagios de tuberculosis al SNAI, pero no tuvo respuesta.

Guayas es la provincia con la mayoría de los casos de tuberculosis en el país. En el 2022 tenía el 47% de los 3.366 casos totales reportados ese año. Para 2025 Guayas cerró con el 58% de los 9.142 casos reportados a escala nacional.

“Guayas tiene más casos por ser puerto y al ser la provincia donde hay más casos de VIH. Por eso, vamos a tener más casos de tuberculosis” Washington Alemán, miembro de la Sociedad de Infectología de Guayas

En el 2025, Guayas registró 5.316 casos nuevos de tuberculosis, seguido de lejos por Los Ríos con 512 y de Manabí con 435 infectados. En las primeras dos semanas de 2026 se han presentado 138 casos nuevos de tuberculosis en Ecuador, de los cuales 85 (61,59%) se encuentran en Guayas.

Medidas frente a la tuberculosis
La creación de un plan multisectorial que involucre a entidades de salud, educación, economía, sistemas de rehabilitación, salir a buscar los casos y garantizar el cumplimiento de los tratamientos en los centros de rehabilitación social son algunas de las medidas planteadas por los salubristas para enfrentar la tuberculosis en el país.

  • Conformar una comisión externa de técnicos, delegados del MSP y de la academia, para revisar el funcionamiento del programa de control de la tuberculosis, que analice los datos epidemiológicos y haga recomendaciones.
  • Mejorar los diagnósticos en las prisiones, hacer detección masiva de nuevos casos e implementar estrategias de aislamiento de pacientes diagnosticados, garantizar tratamiento.
  • Salir con brigadas a detectar comunidades donde haya predominio de casos para dar tratamientos. Reducir el abandono de los tratamientos, estimado en el 15% de los casos, evitar la resistencia desarrollada por los pacientes a los esquemas de tratamiento de la tuberculosis.
  • Fortalecer los programas de control de la tuberculosis para reducir los contagios en la población vulnerable y promover la continuidad de los tratamientos. Fuente: Primicias

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Justicia restaurativa frente a la minería ilegal en Ecuador: El caso de Zamora Chinchipe

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Por: José Benavidez. Estudiante de derecho

La expansión incontrolada de la minería no autorizada en la provincia de Zamora Chinchipe constituye uno de los dilemas socioambientales y dogmáticos más críticos para el Estado ecuatoriano. Ante la evidente insuficiencia del modelo punitivo tradicional del Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuyo enfoque retributivo no logra revertir el colapso ecológico ni tutelar de forma efectiva los derechos del ecosistema, la dogmática penal contemporánea exige una reorientación hacia paradigmas complementarios orientados a la reparación integral y la sostenibilidad.

Contexto socio ambiental en Zamora Chinchipe

Zamora Chinchipe alberga importantes cuencas hidrográficas como los ríos Zamora, Bombuscaro, Nangaritza y Yacuambi, y ecosistemas de alta biodiversidad. Sin embargo, la proliferación de minería no regularizada en sectores como Yantzaza, El Pangui y la cuenca del Nangaritza ha derivado en:

1.- Degradación sistémica del suelo: Destrucción de la capa vegetal, deforestación masiva y alteración del cauce de los ríos por el uso de maquinaria pesada

2.- Contaminación por metales pesados: Vertimiento irrestricto de mercurio y cianuro, afectando la calidad del agua y la fauna acuática.

3.- Impacto comunitario y social: Desplazamiento de economías tradicionales, conflictividad social e intromisión en territorios de comunidades indígenas y locales.

El modelo punitivo actual y sus limitaciones

El ordenamiento jurídico ecuatoriano tipifica los delitos contra los recursos naturales y la minería ilegal en el COIP. No obstante, la vía penal ordinaria presenta serias limitaciones operativas frente a los daños ambientales de Zamora Chinchipe:

1.- Insuficiencia de la pena privativa de libertad: La prisión del infractor de último eslabón no logra la remediación del ecosistema ni la compensación a las comunidades afectadas.

2.- Incapacidad de remediación técnica: Las sentencias penales tradicionales priorizan la sanción retributiva, dejando en segundo plano los planes de manejo ambiental y la restauración ecológica a largo plazo.

3.- Saturación del sistema de justicia: La persecución penal individualizada no desarticula las redes financieras detrás del extractivismo ilegal ni ofrece respuestas oportunas a las zonas impactadas.

  1. Marco conceptual de la justicia restaurativa ambiental

A diferencia de la justicia retributiva centrada en el castigo estatal al infractor, la justicia restaurativa en materia ambiental redefine el concepto de «víctima», incluyendo tanto a las comunidades locales como a la propia naturaleza o Pachamama, reconocida como sujeto de derechos en el artículo 71 de la Constitución del Ecuador.

En lugar de contraponer la sanción a la reparación mediante un esquema tabular, la tutela penal ambiental contemporánea exige integrar ambos enfoques: mientras la justicia retributiva tradicional focaliza su mecanismo en el juicio penal adversarial para sancionar al infractor con la privación de libertad y tutelar el cumplimiento abstracto de la norma estatal, la justicia restaurativa ambiental desplaza el centro de gravedad procesal hacia la Naturaleza y las comunidades afectadas como sujetos protegidos, priorizando acuerdos reparatorios y planes de remediación técnica cuyos resultados concretos trascienden el mero cumplimiento de una condena, garantizando la reforestación, la descontaminación y la efectiva restauración de los ecosistemas impactados.

Viabilidad de aplicación en Zamora Chinchipe

Para que la justicia restaurativa sea aplicable en casos de minería ilegal en Zamora Chinchipe, la doctrina y la praxis penal exigen diferenciar la tipología de los actores involucrados:

Minera artesanal / de pequeña escala no regularizada: Mecanismo: Acuerdos de mediación penal ambiental u homologación de planes de reparación.

Acciones: Obligación técnica de reforestación de riberas, descontaminación de pasivos ambientales, sustitución gradual de tecnologías, eliminación del mercurio y trabajo comunitario de restauración.

Minería a gran escala no autorizada:

Mecanismo: Vía penal estrictamente retributiva, con decomiso de bienes y activos para financiar fondos públicos de reparación ambiental en la provincia. Consideraciones finales y propuestas de reforma La aplicación rigurosa de la justicia restaurativa en Zamora Chinchipe no implica impunidad ante la minería ilegal ni una concesión de lenidad hacia el infractor; por el contrario, representa una reorientación estratégica y pragmática de la tutela judicial efectiva. El castigo punitivo tradicional y el encarcelamiento no sanan las cuencas hidrográficas contaminadas ni devuelven la cobertura vegetal destruida; por ello, el sistema procesal debe trascender la fijación dogmática con la pena y enfocarse en una retribución directa, tangible y obligatoria hacia la sociedad y la Naturaleza.

Para materializar este cambio de paradigma, se requiere una articulación técnica e interdisciplinaria entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la fiscalía general del Estado, la judicatura y las comunidades locales afectadas. Convertir la remediación ecológica, el trabajo comunitario especializado y la restitución del tejido social en la máxima prioridad del proceso penal es el único camino jurídicamente viable para frenar el colapso ambiental en la Amazonía sur.

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Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo son sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por caso Pruebas COVID-19

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El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron sentenciados este miércoles 9 de septiembre a 9 años y 4 meses de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada, dentro del caso Pruebas COVID-19 Agentes AMT.

La decisión fue anunciada oralmente por el Tribunal luego de que, a las 17:47, se reinstalara la audiencia de juicio contra los Bucaram y otras dos personas procesadas dentro de esta causa.
La Fiscalía General del Estado informó que Leandro Berrones y Oren Sheinman también fueron declarados culpables, pero en calidad de autores directos del delito de delincuencia organizada. Para ambos, el Tribunal impuso una pena de 13 años y 4 meses de prisión.

El proceso investiga una estructura que habría operado durante la emergencia sanitaria de 2020 para lucrar de manera irregular con la comercialización de más de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico y otros insumos médicos, en momentos en que Ecuador atravesaba uno de los periodos más críticos de la pandemia de COVID-19.

Según la acusación, Bucaram habría mantenido almacenadas en su vivienda de Guayaquil miles de pruebas rápidas, mascarillas y lancetas relacionadas con la operación investigada.

Su hijo Jacobo, por su parte, fue señalado por presuntamente financiar la adquisición de la mercadería mediante un pago de USD 321.600 en efectivo.

Un proceso marcado por audiencias fallidas

El caso se ha extendido durante varios años y su avance estuvo marcado por reiteradas audiencias que no pudieron concretarse, entre ellas diligencias suspendidas por la ausencia del expresidente.

Una de las últimas audiencias fallidas ocurrió el 31 de agosto de 2026, Posteriormente, el Tribunal dispuso nuevas acciones para conseguir la comparecencia de Bucaram, quien permanecía hospitalizado, asegurando que sufría de afectaciones cardiacas.

Este miércoles, horas antes de su sentencia, Bucarám publicó una carta en la que dio a conocer que pidió el alta médica “a pesar de estar en peligro de muerte súbita”. Además, anticipó que sería sentenciado por el delito de delincuencia organizada.

A través de sus redes sociales, el exmandatario explicó que tomó esa decisión pese a tener “13K arritmias ventriculares». «Debemos entender que una sola puede originar mi muerte”, afirmó.

Dentro de la investigación también figuró Shy Dahan, ciudadano israelí señalado junto con Sheinman por la comercialización de los insumos médicos. Dahan fue asesinado en 2020 mientras permanecía recluido en la Penitenciaría del Litoral. Fuente: Vistazo
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Noboa dice que Dedalus trae a Ecuador el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo

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El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 9 de septiembre que Ecuador incorporará el sistema de gestión hospitalaria Dedalus, una plataforma tecnológica con la que el Gobierno prevé interconectar 1.742 centros de salud y centralizar información sobre pacientes, citas, medicamentos, insumos y equipos médicos.

El mandatario dio a conocer la medida durante la tarde a través de sus redes sociales, donde señaló que la herramienta forma parte de las acciones destinadas a modernizar el funcionamiento del sistema público de salud.

La salud pública necesita soluciones. La gente lo pide, nosotros cumplimos”, manifestó Noboa al presentar la iniciativa.

Según el presidente, uno de los principales cambios será contar con un único historial clínico para los ecuatorianos, de manera que la información de un paciente pueda estar disponible dentro de la red de establecimientos conectados.

La plataforma también apunta a agilizar el agendamiento de citas médicas, mediante herramientas que automaticen la asignación de turnos y reduzcan la dependencia de intermediarios para acceder a una consulta.

Otro componente estará dirigido al inventario y control de medicamentos, insumos y equipos médicos disponibles en los establecimientos de salud.

Contrato de USD 240 millones

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de la plataforma, utilizada en países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido

Para implementar este sistema, el MSP contratará a CNT, que se encargará de poner en marcha el servicio en la red pública de salud junto con la empresa italiana Dedalus.

Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.

Estamos hablando de transformar la gestión de 1.742 establecimientos de salud del país”, destacó el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.

En ese contexto, el MSP inició un proceso de contratación por régimen especial con CNT, que funciona como ejecutor tecnológico del Estado y presentó una propuesta que comprende tres componentes: conectividad, infraestructura y una plataforma integrada de información en salud.

De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.

Aveiga y Spina explicaron, en un video publicado por la Secretaría de Comunicación, que el país tiene un “sistema de salud fragmentado”, con “información dispersa y procesos que no siempre están conectados” entre los hospitales y otros centros médicos públicos. Fuente: Vistazo
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