El plantón pacífico que reunió a cerca de 5.000 personas en el sector El Pache, entre Portovelo y Piñas, evidenció el profundo malestar social generado por la suspensión total de las plantas de beneficio minero dispuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía. La movilización, realizada el miércoles 4 de febrero, congregó a trabajadores, familias, empresarios y autoridades locales que rechazan una medida que, aunque amparada en argumentos ambientales, no considera el impacto social y económico en territorios históricamente mineros.
La protesta se origina tras la Resolución Ministerial n.º MAE-MAE-2026-0005-RM, emitida el 2 de febrero de 2026, que ordena la suspensión de actividades mineras en Napo y el cierre de plantas de beneficio en El Oro y Loja, afectando directamente al distrito minero de Portovelo. La preocupación se extiende a otras provincias como Zamora Chinchipe, donde la minería no es una actividad reciente, sino una práctica histórica que hoy sostiene alrededor del 70 % de la economía local, mientras que en zonas de El Oro la dependencia supera el 90 % de la población de forma directa o indirecta.
El Ministerio sustenta la resolución en informes técnicos que evidencian contaminación en la cuenca Puyango–Tumbes, con presencia de metales pesados y cianuro por encima de los límites permitidos, situación que ha afectado la calidad del agua, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. Sin embargo, estos problemas ambientales son también consecuencia de la ausencia prolongada del Estado, que no ha implementado políticas públicas efectivas de control, regulación y capacitación para una minería responsable.
En Zamora Chinchipe y otras provincias mineras no se rechaza el control ambiental; lo que se cuestiona es que la decisión se haya adoptado sin un análisis integral del impacto social ni alternativas claras de empleo. La Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio de la Provincia de El Oro (Aproplasmin) anunció que acatará la resolución, pero exigirá la instalación de mesas de diálogo, un paso necesario para construir compromisos reales entre el Estado y el sector minero.
En un país con serias limitaciones para generar empleo, la criminalización y paralización del sector minero solo profundiza la informalidad y el conflicto social. La salida no es la represión ni las decisiones de escritorio, sino la legalización, regulación y acompañamiento técnico del Estado, que permita proteger el ambiente sin vulnerar el derecho al trabajo. La minería, bien regulada, puede y debe ser parte de una solución económica y social para provincias que, por historia y realidad, dependen de ella.
