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Caso Blanqueo Fito | Defensa pide expediente digitalizado y Fiscalía dice no tener recursos ni presupuesto asignado

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El caso Blanqueo Fito, por el presunto delito de lavado de activos, retoma su audiencia preparatoria de juicio este 5 de febrero de 2026. En esta jornada, la Fiscalía continuará con sus alegatos, aunque el proceso vuelve a iniciar en medio de un nuevo tropiezo.

El pasado 27 de enero de 2026, Willian Ezequiel Mieles, exdefensor público y actual abogado de Inda Penarrieta Tuárez, esposa de alias Fito y quien permanece prófuga de la justicia, presentó una solicitud de que se disponga a la Fiscalía General del Estado la entrega de la totalidad del expediente correspondiente a esta causa, en formato digital. Pero la Fiscalía respondió que no tiene fondos ni asignación presupuestaria para ello. Aquí los detalles.

Fiscalía sin recursos para digitalizar el expediente

Mediante un escrito, la fiscal del caso, María Belén Luna, expuso que el 12 de diciembre de 2025 se procedió a la digitalización del expediente cuando este contaba con 44.421 fojas contenidas en 444 cuerpos; gestión que implicó el pago de USD 4.441,10, «valor que fue registrado como gasto por concepto de servicio de escaneado y cargado previo aprobación presupuestaria a la Unidad Nacional de Antilavado de Activos».

Sin embargo, Luna enfatizó que ha garantizado de manera permanente «el acceso pleno, oportuno y suficiente», en días y horas laborables.

Por ello, reiteró que la digitalización integral del expediente fiscal «resulta material y presupuestariamente inviable», considerando que, a la presente fecha, el expediente consta de 449 cuerpos y 44.862 fojas, y que «el volumen documental excede de manera evidente cualquier previsión ordinaria de recursos asignados para tal finalidad» a la Fiscalía Provincial de Pichincha, «sin que exista disposición legal expresa ni asignación presupuestaria específica que obligue a la Fiscalía General del Estado a asumir dicho procedimiento».

«Resulta jurídicamente improcedente sostener que la Fiscalía se encuentra obligada a digitalizar íntegramente el expediente y a entregar copias digitales del mismo a las partes procesales, particularmente a defensas técnicas privadas que perciben honorarios por el ejercicio profesional de la defensa»

En respuesta, la jueza Karol Zambrano puso en conocimiento de los sujetos procesales la contestación emitida por la Fiscalía y dejó constancia expresa de que el acceso al proceso se encuentra garantizado, así como de las condiciones de acceso al expediente fiscal, con el fin de evitar futuras controversias procesales.

Blanqueo Fito: estos son los familiares del cabecilla investigados en el caso

La madrugada del pasado 2 de junio de 2025, la Fiscalía –en coordinación con la Policía Nacional– ejecutó un operativo simultáneo en tres provincias, durante el cual se cumplió con la detención de: Yandry Nicomedes M. V. (hermano de ‘Fito’), Jorge Alberto P. T. (cuñado), Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental, actualmente privada de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil), José Gregorio B. Z. (hermano de Verónica B.), Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S. (padres de Verónica B.).

A ellos se les formuló cargos por el presunto delito de lavado de activos y recibieron prisión preventiva.

Posteriormente, el Ministerio Público vinculó a 10 personas naturales más: José Adolfo M. V. (alias ‘Fito’), Inda Mariela P. T. (esposa), Michelle Jamilet M. P. (hija), Adolfo Jair M. P. (hijo), Ramón José M. I. (padre), Violeta Marisol V. C. (madre), Julio César P. T. (cuñado), Irene Jahaira P. T. (cuñada), Ronald Javier M. V. (hermano), Angie Darleny B. Z. (hermana de Verónica B).

A todos ellos se les dictó prisión preventiva, aunque la esposa del líder criminal, India, y sus hijos están prófugos de la justicia.

Al mismo tiempo, la Fiscalía vinculó a cuatro personas jurídicas: Iris Limpieza Cia Ltda., Transporte de carga pesada Jomavi S.A., Queenwater S.A. y Ferro Mundo S.A. Aparentemente, estas compañías servían como fachada para lavar dinero de origen ilícito. Fuente: Vistazo

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Daniel Noboa expone fotos con precandidatos de ADN: «Como un buen encebollado, completos»

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El presidente de la República, Daniel Noboa, difundió este viernes 24 de julio una serie de fotos con sus precandidatos para las elecciones seccionales en la provincia del Guayas.

A través de Instagram, el mandatario publicó unas imágenes en las que se lo observa compartiendo una comida junto a Cynthia Viteri, Niels Olsen, Francisco Andrés Cevallos y Andrés Guschmer.

Ellos correrán por las alcaldías de Guayaquil, Samborondón, Milagro, así como por la prefectura del Guayas, respectivamente.

En las imágenes se ve que todos comieron en un restaurante en compañía de un trío musical.

Como un buen encebollado: completos”, escribió Noboa al describir las fotos.

Esta reunión habría ocurrido previo a la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil.

$!Precandidatos de ADN junto a Daniel Noboa.

¿Por qué Noboa incorporó a Viteri a ADN?

Inicialmente, Cynthia Viteri iba a participar por la Alcaldía de Guayaquil junto al movimiento Centro Democrático, pero luego Acción Democrática Nacional (ADN), la organización del presidente, informó que la exfuncionaria se incorporá a sus filas.

Esto sucedió pese a que Viteri no participó en las elecciones primarias de ADN. De hecho, el Gobierno contemplaba poner a Niels Olsen, ahora el expresidente de la Asamblea participará para la Alcaldía de Samborondón.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Radio Centro, Noboa explicó que la elección de Viteri responde tanto a su posicionamiento político como a la necesidad de impulsar una administración coordinada con el Ejecutivo.

Creo que es una buena candidata, está en contacto con las necesidades de la gente y está lejos de la discusión de los políticos; está cerca de la discusión de la gente”, manifestó.

Agregó que, según las encuestas que maneja su organización política, Viteri es la aspirante con mayores opciones en Guayaquil. Fuente: Vistazo

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Fiscalización aprobó el informe que recomienda el archivo del juicio político contra Inés Manzano

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La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó este viernes, 24 de julio de 2026, el informe que recomienda el archivo del juicio político contra la exministra Inés Manzano.

La mesa legislativa sesionó en Guayaquil para debatir el documento realizado tras las comparecencias y presentación de pruebas.

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) acusa a la exfuncionaria por presunto incumplimiento de funciones alrededor del fallido contrato con Austral Technical Management (ATM).

“Existiendo una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política”, dice el documento.

Esta conclusión tuvo el apoyo de seis legisladores, mientras que otros cuatro votaron en contra. Ahora el informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional.

Correístas reaccionan al archivo

La bancada de la RC había advertido un día antes que la mayoría de la Comisión de Fiscalización pretendía archivar el juicio.

No les bastaron las pruebas presentadas, ni las inconsistencias de la exministra, ni el millonario perjuicio para el país”, manifestaron los correístas en contra de ADN.

Mientras tanto, Mónica Palacios, una de las proponentes, anunció que su grupo político “irá hasta las últimas consecuencias” para que Manzano y otros ministros del Gobierno “le den la cara a todos los ecuatorianos”.

“Ella sabía que el contrato tenía problemas y aceptó el pago de USD 71 millones a esta empresa”, denunció Palacios.

Mientras tanto, el informe aprobado dice que el contrato con ATM y el pago mencionado ocurrieron antes de que Manzano asuma su puesto como ministra de Energía. Fuente: Vistazo

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Partidos y movimientos calculan sus alianzas e inscripción de candidaturas para esquivar el riesgo de otra suspensión

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La sorpresiva suspensión del movimiento Amigo, que había decidido acoger a múltiples candidatos de la también suspendida Revolución Ciudadana, sacudió el tablero electoral. Y ahora las organizaciones políticas temen que haya nuevas acciones contra los partidos y movimientos o sus futuros candidatos.

Ese fue el principal tema que atravesó el extenso primer consejo consultivo, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, este 23 de julio de 2026. En la cita participaron representantes de Unidad Popular (UP), Sociedad Patriótica (PSP), Pueblo Igualdad y Democracia (PID), Partido Social Cristiano (PSC), Avanza, Izquierda Democrática (ID) Partido Socialista (PSE), Pachakutik (PK), Futuro y Creo.

El gran ausente fue Acción Democrática Nacional (ADN), dirigido por la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert. Pero tampoco acudieron SUMA, Renovación Total (RETO), ni Centro Democrático. Mientras que RC y Amigo no fueron invitados, ya que después de la intervención de la Fiscalía General no pueden participar en las elecciones seccionales 2027, adelantadas para el 29 de septiembre de 2026.

El tema oficial de análisis iba a ser la inscripción de candidaturas y alianzas, a través del sistema del CNE. Sin embargo, la tónica la marcó el temor de las organizaciones políticas a que se repita la suspensión de un participante activo en el periodo electoral.

Eso se evidenció cuando Juan Fernando Flores, representante de Creo, se abstuvo de nombrar posibles aliados, candidatos y hasta jurisdicciones en sus ejemplos, porque «no voy a mencionar ninguna aquí, porque cuidado terminamos todos fuera».

El exasambleísta por la lista 21 advirtió, además, que el sistema del CNE impone un orden y continuidad en la inscripción de sus candidatos. Y explicó que esto es «sumamente delicado» porque eso implica que las delegaciones provinciales del Consejo y «otros interesados» conozcan de antemano a los postulantes y esto abra la puerta a que «los empiecen a bajar».

El punto de Flores fue que el movimiento Creo prefiere «jugar a carta tapada», para no exponer a sus candidatos. Rechazó que el sistema del CNE les impida a las organizaciones políticas mantener una estrategia de mantener en secreto los perfiles de sus candidatos definitivos. Y afirmó que esas listas deberían conocerse solo a partir del 17 de agosto, cuando termina el plazo de inscripción.

Este temor de quedar fuera de las seccionales a última hora, sea como organizaciones políticas o candidatos, también tuvo eco en los cuestionamientos y dudas de Pachakutik, Sociedad Patriótica, Futuro, Unidad Popular y el Partido Socialista.

«No puede utilizarse la Fiscalía ni la Función Electoral para eliminar adversarios políticos, eso no es democracia». Giovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular

Este último debido a sus negociaciones con el correísmo para ser el nuevo auspiciante de sus candidatos y a los comentarios del presidente Daniel Noboa de que la RC «se lancen con el partido que quieran, que haya cumplido con la legalidad», pero bajo la advertencia de que otros movimientos no habrían cumplido con sus primarias, presentación de cuentas y reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Al final todos los presentes concordaron en la petición de que el CNE elimine los limitantes para la libre inscripción de candidatos, sin obligaciones de continuidad, género, edad, lista, ni fechas. Así como la garantía de que el sistema de inscripción no colapsará el último día del plazo, ya que eso pondría en riesgo el derecho de participación de aquellos que guardarán la confidencialidad de sus listas hasta último momento.

¿Qué dice el CNE?
Dentro del CNE, las visiones son divididas. Los técnicos se encargaron de recordar a las organizaciones los artículos del Código de la Democracia que validaron la suspensión de la Revolución Ciudadana y, posteriormente, de Amigo. Reiteraron que se trata de decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y afirmaron que, «de momento», el Consejo «no está realizando ningún examen relacionado con las causales de cancelación» de agrupaciones.

La consejera Elena Nájera cuestionó el papel del TCE y comentó la posibilidad de que el pleno del Consejo debata «si tenemos que cumplir a rajatabla las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral», porque violentan el principio universal de la presunción de inocencia. Y lamentó que no haya habido una votación dentro del CNE para decidir el futuro de la suspensión de Amigo.

Mientras tanto, el consejero Enrique Pita compartió su inquietud por la «ligereza» de quienes afirman que el CNE podría estar por encima del TCE y no hacer caso a sus decisiones, menos aún con una simple votación del pleno del Consejo. «No es posible», afirmó. Fuente: Primicias

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