Zamora Chinchipe es una provincia construida con trabajo. Desde sus orígenes, la minería, especialmente la pequeña y artesanal, ha sido, es y será parte de la vida diaria de muchas familias, junto a la agricultura y el comercio. No es una actividad improvisada, sino una fuente histórica de sustento que ha dinamizado la economía local y ha generado empleo honrado.
Hoy, el país vive un momento político sensible. En medio de allanamientos, explosión de maquinaria, el Gobierno ha enviado a la Asamblea proyectos de ley urgentes que buscan cambiar reglas en minería, energía y en la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). No todo es negativo, pero sí es necesario analizar con responsabilidad lo que estas decisiones pueden significar para provincias como Zamora Chinchipe.
En minería, se habla de atraer inversión, generar empleo y combatir la ilegalidad. El riesgo está en que las facilidades beneficien principalmente a las grandes empresas, mientras la pequeña minería, la que sostiene a muchas familias amazónicas—, quede rezagada. Lo justo es que las leyes apoyen a todos: que los grandes aporten más, y que los pequeños mineros tengan acceso a regularización, capacitación, créditos y condiciones justas para trabajar y tributar.
Este no es un llamado a la confrontación, sino al diálogo. Las autoridades provinciales deben convocar a mesas de conversación con el sector minero y las comunidades. No podemos avanzar sin socialización ni tomar decisiones que nos lleven a un callejón sin salida.
Representantes del Gobierno: hoy es el momento de estar con el pueblo. Zamora Chinchipe necesita equilibrio, justicia y participación. La minería bien regulada puede seguir siendo una fuente de empleo y desarrollo para la provincia, siempre que sus beneficios lleguen a todos y no solo a unos pocos y que son las grandes transnacionales y un grupo de elites de Quito. Y que, además; quieren imponer desde sus escritorios, dejándonos sin oportunidades para quienes hacemos patria viva este cordón fronterizo del país.
