Por: Lic. Alonzo Cueva Rojas. Analista Político
La deuda acumulada que el gobierno mantiene con prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales por conceptos como equidad territorial, el fondo de financiamiento para gobiernos autónomos y la devolución del IVA ha superado los USD 716 millones, según informes previos presentados por AME y CONGOPE. Sin embargo, esta cifra podría ser considerablemente mayor si se divulgan los datos completos con transparencia, agravando aún más una situación que ya resulta insostenible.
Las autoridades locales, particularmente en provincias y cantones pequeños del Ecuador, se encuentran en una situación crítica. No solo enfrentan la incapacidad de atender las demandas de infraestructura pública y servicios básicos para sus comunidades, sino que, en muchos casos, no han podido cumplir con el pago de salarios y sueldos a su personal, ya que algunos de estos entes locales llevan entre cuatro y cinco meses sin recibir las transferencias legales correspondientes por parte del Estado.
En este contexto, el gobierno nacional parece priorizar el pago de la deuda externa, a la que asignó 6551 millones de dólares en su presupuesto para 2026, dejando al descubierto una realidad donde se opaca el bienestar del pueblo que sostenidamente cumple con sus deberes tributarios para llenar las arcas fiscales.
Es imprescindible alzar la voz y exigir al Ministerio de Finanzas respuestas claras sobre cómo y cuándo se saldará esta deuda interna. Este clamor demanda liderazgo, unidad y compromiso por parte de las autoridades democráticamente electas. Asimismo, es fundamental que cuenten con el respaldo popular para legitimar estas exigencias justas y urgentes.
