Nacionales
Accidente aéreo en la Amazonía deja tres fallecidos en Morona Santiago
Un nuevo accidente aéreo se registró en la Amazonía ecuatoriana. Una avioneta se siniestró la tarde de este lunes, en una comunidad de Wishim, ubicada en el cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, dejando como saldo tres personas fallecidas.
De acuerdo con reportes preliminares difundidos por medios locales, la aeronave cumplía un vuelo de carácter misionero. Tras concluir una jornada de apoyo comunitario, el equipo tenía previsto trasladarse hasta la localidad de Wasakentsa.
El accidente ocurrió en el momento en que la avioneta intentaba despegar desde Wishim con rumbo a ese destino.
Las víctimas fueron identificadas como Danny López, piloto de la empresa Aero Morona; el sacerdote Enio Estevez; y Roberto Wisum, joven voluntario perteneciente a la comunidad.
Imágenes difundidas por medios locales muestran la magnitud del impacto en la zona del siniestro.
Información inicial apunta a que, tras el choque, se produjo una explosión que destruyó por completo la aeronave.
Pobladores del sector y equipos de apoyo acudieron rápidamente al lugar al conocer lo sucedido, pero únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de los ocupantes.
El Cuerpo de Bomberos de Gualaquiza expresó sus condolencias por la muerte del piloto Danny López, destacando su trayectoria y experiencia en operaciones aéreas hacia comunidades remotas de la región amazónica.
Las autoridades continúan recabando información para esclarecer las causas exactas de este nuevo percance aéreo en el oriente del país. Fuente: Vistazo
Nacionales
Ecuador regresa a los mercados internacionales de capitales con bonos de USD 4.000 millones
Ecuador emitió este lunes bonos por valor de 4.000 millones de dólares con vencimientos al 2034 y 2039, una operación calificada por el Gobierno como histórica al haber sido la primera emisión de deuda soberana del país en los mercados internacionales de capitales en siete años, a la vez que evalúa la recompra de bonos que vencen en 2030 y 2035.
Se trata de una emisión doble de eurobonos, uno por 2.200 millones de dólares con vencimiento en 2034 y un bono por 1.800 millones con vencimiento en 2039, con un rendimiento promedio de 8,975 %, «y reportando el diferencial más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos», señaló el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.
El Gobierno de Daniel Noboa ha dado este paso después de lograr que la prima de riesgo, indicador también conocido como ‘riesgo país’, quede por debajo de los 500 puntos, cuando se encontraba por encima de los 2.000 al llegar al poder en 2023, lo que ha alcanzado con una serie de reformas económicas para acortar el déficit fiscal en el marco de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).
Entre esas reformas estuvo la eliminación del subsidio al diésel, que desencadenó protestas sociales entre septiembre y octubre, y el recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, así como el despido de 5.000 funcionarios públicos.
El Ministerio de Economía indicó este lunes que la operación «recibió una demanda histórica»: alrededor de 18.000 millones de dólares en órdenes de más de 340 inversionistas, «equivalente a una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño final de la emisión».
«Esto permitió reducir el precio de los nuevos bonos en 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones iniciales de precio, el mayor ajuste jamás logrado por la república en una transacción de este tipo», añadió.
La cartera de Estado también indicó que la operación «atrajo una base amplia y diversificada de inversionistas, incluyendo gestores globales de activos de América, Europa, Asia y Medio Oriente».
Giras oficiales atrajeron inversiones
El anuncio de la emisión de bonos se enmarca en una gira que hicieron autoridades ecuatorianas por Londres, Nueva York, y Boston, donde se reunieron con más de 100 inversionistas, a quienes les presentaron el programa económico y la estrategia del manejo de la deuda, señaló el Gobierno.
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, señaló que el país «vuelve a ser visto como un socio serio y confiable» y que este retorno es el «inicio de una relación transparente y de largo plazo con inversionistas».
Además, señaló que al mejorar el perfil de la deuda se liberan recursos para «sostener el dinamismo económico y fortalecer un modelo social, donde el financiamiento de la obra pública y los servicios ciudadanos sean una prioridad». Fuente: Vistazo
Nacionales
Ecuador aumenta de USD 3 a USD 30 la tarifa de transporte de crudo colombiano por el SOTE
Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos, en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, según confirmó este lunes la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en «reciprocidad» a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30% a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.
Manzano había dicho inicialmente que la tarifa que se modificaría era la correspondiente al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro más grande del país.
Sin embargo, este lunes indicó en una entrevista radial que la medida se aplicará al crudo que pasa por el Sote, que pertenece a Ecopetrol, la principal empresa de petróleo del país vecino.
Por el OCP, en cambio, pasa crudo de empresas privadas colombianas.
La ministra indicó que Ecuador le está dando «un servicio importantísimo» a Ecopetrol al transportar el petróleo por el Sote, manejado por la empresa pública Petroecuador, para que pueda llegar desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para ser exportado.
La guerra comercial entre ambos países la inició Noboa el pasado miércoles, cuando anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una «tasa de seguridad» del 30% a los productos colombianos, ante la supuesta «falta de reciprocidad y acciones firmes» por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.
El mandatario indicó que la medida se mantendría «hasta que exista un compromiso real» por parte de Colombia «para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera».
En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30% a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.
El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que habían recibido una propuesta de Colombia para reunirse el 25 de febrero y tratar la imposición de aranceles, pero que desde el Gobierno ecuatoriano plantearon que la cita se realice esta semana, aunque aún no se ha anunciado públicamente cuándo se dará.
En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones. Fuente: Vistazo
Nacionales
Experto internacional analiza la relación entre Justicia Ordinaria y Justicia Indígena
En el marco del programa Tertulia Jurídica, se desarrolló un conversatorio académico con la participación del doctor Bruno Teixeira Lins, experto internacional en Derechos Humanos, quien abordó el tema “Justicia Ordinaria y Justicia Indígena: un análisis comparado desde los estándares internacionales de derechos humanos”.
El doctor Teixeira Lins, de nacionalidad brasileña, es abogado y profesor universitario. Cuenta con un máster en Derechos Humanos, cursa su segunda maestría en Antropología Social y desarrolla su doctorado en Derecho en la Universidad Tiradentes de Brasil. Actualmente realiza una estancia de investigación vinculada a un instituto académico de carácter nacional, además de desempeñarse como profesor invitado en universidades de Brasil y en la Universidad Católica de Quito.
Durante el diálogo, el invitado explicó que la diferencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena debe analizarse desde el pluralismo jurídico, entendido como un hecho social permanente. Señaló que ambos sistemas cumplen la misma función esencial, organizar la vida social y resolver conflictos—, pero se estructuran a partir de perspectivas, normas, autoridades y procedimientos distintos, por lo que no pueden ser evaluados bajo un criterio de superioridad, sino desde un enfoque intercultural y comparado.
En relación con los límites de la justicia indígena, Teixeira Lins indicó que, en el caso ecuatoriano, estos se encuentran establecidos principalmente por la Constitución de la República y por los tratados internacionales de derechos humanos, y no por la justicia ordinaria.
Destacó que Ecuador, a diferencia de otros países de la región, reconoce no solo la jurisdicción indígena, sino también a las comunidades, pueblos y nacionalidades como fuentes del derecho, lo que constituye un avance significativo dentro del constitucionalismo plurinacional.
Asimismo, explicó que las decisiones de la justicia indígena pueden ser impugnadas únicamente a través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, la cual no actúa como instancia de apelación, sino que verifica el respeto a los derechos constitucionales, la territorialidad, el carácter interno del conflicto y la compatibilidad con los derechos humanos. En casos excepcionales de privación de libertad, procede el hábeas corpus, limitado a analizar la legalidad, legitimidad y no arbitrariedad de la medida.
En el debate sobre la interculturalidad jurídica, el experto sostuvo que persisten tensiones entre el reconocimiento constitucional del derecho indígena y su aplicación práctica, debido a la tendencia del sistema jurídico a jerarquizar y simplificar la complejidad social, lo que en ocasiones deriva en limitaciones jurisprudenciales. No obstante, resaltó la importancia de decisiones judiciales que incorporan peritajes antropológicos, al permitir una comprensión más adecuada de los sistemas normativos indígenas desde su propio contexto cultural.
Finalmente, el doctor Teixeira Lins fue enfático al señalar que la justicia indígena no puede ser eliminada como hecho social, aun cuando no sea reconocida formalmente por el Estado, ya que responde a una necesidad inherente de organización y resolución de conflictos dentro de las comunidades.
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